miércoles, 25 de julio de 2012
Convocatorias "espontáneas" y las sombras del 15-M , del blog de Julián Jiménez
Es el mismo de las cartas a los mineros
"La burguesía no quiere que los trabajadores se unan"
Según la interpretación marxista de la historia (materialismo histórico) la burguesía se identifica por su papel en el modo de producción capitalista, donde se caracteriza por su posición en las estructuras de producción y por las relaciones de producción que establece con otras clases, especialmente con el proletariado. Su función es la posesión de los medios de producción, por la que establece su relación desigual con el proletariado, que al no poseer estos medios debe venderle su fuerza de trabajo. La extracción de la plusvalía de ese trabajo permite la acumulación de capital por parte de la burguesía.
"La burguesía no quiere que los trabajadores se unan"
El portavoz y secretario del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Sindicato de Obreros del Campo, Diego Cañamero, reflexiona sobre los tijeretazos del Gobierno. "Los recortes no pueden recaer sobre la gente más débil", asevera
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Diego Cañamero (Campillos, Málaga, 1956) acaba de participar a
mediodía en una concentración de los trabajadores del ayuntamiento de Jerez, a
las puertas del Parlamento de Andalucía: "La situación está penosa en
todos sitios", reflexiona el portavoz y secretario del Sindicato Andaluz de Trabajadores y Sindicato de Obreros del Campo, el legendario SOC que promoviera Diamantino
García treinta y tantos años atrás. En una reciente biografía publicada por la Editorial Atrapasueños, Joaquín Recio le definía desde su título como "el hombre con los pies en la tierra". Así que no es extraño que, mientras reflexiona sobre los nuevos recortes del Gobierno, malicie que más temprano que tarde la Unión Europea puede exigir que se supriman los subsidios al campo andaluz, tal y como pretende suprimir las subvenciones a la minería: "Todo es posible. Cada consejo de Ministros hay que echarse a temblar. Cualquier día proponen que se elimine el subsidio agrario, el PER. Estamos temiendo cualquier cosa de esas".
"Evidentemente, hemos tenido una delegación del sindicato apoyando los mineros su lucha, a lo largo de su marcha. Nos parece justo. Los recortes no pueden recaer con la gente más débil, sobre los trabajadores, los parados, los mileuristas, los jornaleros o los mineros. No pueden acabar con la seguridad social o reducir el desempleo como acaba de anunciar Rajoy. Desde luego, la lucha de los mineros es nuestra lucha".
Desde comienzos de año, Diego Cañamero se declaró insumiso judicial, ante la persecución que, desde su punto de vista, se venía haciendo sobre los jornaleros y los miembros del sindicato que lidera. Desde entonces, sale y entra continuamente de los cuartelillos: "Habrá que preguntarle el por qué a quienes tienen el poder. Yo no me he declarado insumiso judicial por un capricho o por una bravuconería sino porque hay una represión brutal contra nuestros sindicatos, contra los militantes".
"Así que no voy a los juzgados ni atiendo llamamientos porque nos siguen condenando igual, reprimiendo igual. Notamos que hay listas negras que la policía o la guardia civil elaboran sin pruebas documentales de ningún tipo. Tras cualquier protesta, nos damos cuenta que hay gente que no participó en ella pero la policía le acusa en falso".
Cañamero asegura que él si cuenta con pruebas de tales acusaciones falsas: "Lo hemos podido demostrar en Córdoba por ejemplo, donde hubo 47 personas acusadas por llevar a cabo un corte en la circulación del AVE en 2009. Sin embargo, a la hora de aportar evidencias sólo han podido demostrar que había quince, ya que el resto de los denunciados no estaba allí, no había participado en la acción. Para probarlo, han aportado certificados médicos u otros documentos probatorios de que no pudieron estar allí y, al mismo tiempo, estar en otro sitio. Ni siquiera hay fotografías que puedan inculparles. Lo que hay es, sencillamente, una persecución descompensada contra nuestro sindicato".
"La lucha de los mineros es nuestra lucha", asegura el líder sindical "El último caso -prosigue- se ha dado en Bornos, en Cádiz. Llevamos a cabo un corte de carretera, en el que participaron decenas de personas. Sin pedir carnet ni nombre a ninguno de ellos, las autoridades se descuelgan imponiendo a cincuenta personas una multa de ochenta euros cada una por interrupción del tráfico. Hasta al alcalde de Bornos, le ha venido la multa. Habrán dado listas falsas y multan a los que les parece. Por eso he asumido la actitud de declararme insumiso judicial. Los jueces, en su mayoría, tienen decidido el fallo de antemano. No importa lo que digamos".
Desde el cuatro de marzo, el sindicato que lidera Cañamero lleva ocupando una finca de titularidad pública. Se llama Somontes y radica en el término cordobés de Palma del Rio y por allí no sólo han pasado los antidisturbios sino también José Chamizo, Defensor del Pueblo de Andalucía, entre otras personalidades que se han interesado por la suerte de dicha iniciativa. No parecen tan lejanos los tiempos en que Cañamero se encadenaba a los tractores para exigir una distribución justa del trabajo en el campo: "Vamos a mantener la ocupación pero también estamos preparando la legalización de la cooperativa para cuando el Gobierno negocie la cesión de esta finca de titularidad pública".
"Si se decide convocar concurso público estamos dispuestos a concurrir para que no haya discriminación sobre ningún trabajador de Andalucía. Lo que queremos, en todo caso, es que las tierras públicas no pasen a manos privadas ni terminen gestionándolas especuladores".
"Yo no me he declarado insumiso judicial por un capricho", dice Cañamero Antes del primero de mayo, hubo un primer desalojo con nocturnidad y alevosía, a las seis de la madrugada. Luego se le abrió expediente a ocho de los jornaleros que se habían hecho fuertes en tal enclave. "El desalojo se llevó a cabo de malas maneras y hubo que prestar declaración en Posadas. Pero al día siguiente volvimos. Y allí estamos. Ya hemos puesto en marcha una huerta, desde la que se están vendiendo sandías, melones, pimientos del piquillo".
Aunque la lucha jornalera en Andalucía goza de sobrado prestigio, tampoco faltan detractores. Con cierta regularidad, responsables políticos como Durán i Lleida arremeten contra el mito de la Andalucía subsidiada en la que también se incluye a los jornaleros.
"La burguesía en general está en contra de todo lo que concite a los trabajadores. Los ricos no quieren que los trabajadores tengan derechos. Durán forma parte de esa burguesía y utiliza tales argumentos con intencionalidad política, populista, para ganarse a un sector del pueblo catalán, ojo, no a todo el pueblo catalán. El argumenta que mientras los catalanes pagan impuestos nosotros somos unos holgazanes. Utiliza a Andalucía en plan populista de cara a fidelizar el apoyo de gente de Cataluña que desconoce las reconversiones que ha venido sufriendo la Andalucía del campo y que han afectado a un millón de personas. No pueden pretender, en todo caso, que los males de Cataluña sean debidos al pueblo andaluz".
La herencia de Diamantino García
Diecisiete años después de su muerte, Cañamero sigue echando de menos a Diamantino García y aquel tiempo de los gigantes que cantara Carlos Cano. Diamantino, a pesar del tiempo transcurrido, sigue constituyendo un mito popular de enorme calado: "Diamantino fue una persona fundamental para el sindicato. De él hemos aprendido mucho. De su comportamiento, actitud, militancia, humanismo, solidaridad, desprendimiento, de todo. Ha aportado mucho a la teoría pero, sobre todo, a la forma de ser del sindicato".Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda y miembro activo del SAT-SOC, sigue siendo parlamentario de Izquierda Unida. Pero Diego Cañamero asistió el pasado fin de semana al Congreso del Partido Andalucista, en cuyo transcurso Antonio Jesús Ruiz fue elegido como nuevo secretario general del Partido Andalucista. Cabría preguntarle a Cañamero si su central sindical se sitúa en un amplio ámbito político que iría desde el andalucismo a la izquierda: "Mi presencia en el congreso del PA se justifica por el hecho de que se trata fundamentalmente de un acto diplomático al que debemos acudir. Esto es, si me invitan al congreso de un partido de aquí, de Andalucía, nos prestamos a asistir al mismo. Como sindicato, estamos muy cerca de los problemas que tiene Andalucía, de sus problemas reales, del abandono, de la discriminación que sufre. Nunca apoyaremos al folklore mal entendido o un cierto nacionalismo artificial, pero todo el que defienda a la Andalucía profunda va a contar con nuestro apoyo".
Opiniones
Himno Nacional de Andalucía http://www.youtube.com/watch?v=futXfREnh9g&feature=youtu.be
La bandera blanca y verde
vuelve, tras siglos de guerra,
a decir paz y esperanza,
bajo el sol de nuestra tierra.
¡Andaluces, levantaos!,
¡Pedid tierra y libertad!,
Sea por Andalucía libre,
los pueblos y la humanidad.
Los andaluces queremos
volver a ser lo que fuimos:
hombres de luz, que a los hombres,
alma de hombres les dimos.
¡Andaluces, levantaos!,
¡Pedid tierra y libertad!,
Sea por Andalucía libre,
los pueblos y la humanidad.
Jornaleros Andaluces
http://www.youtube.com/watch?v=C7Cd2Uc9sgo&feature=youtu.bemartes, 24 de julio de 2012
BOE: Las 91 páginas de la infamia. Así se consolida la demolición controlada del estado social
BOE: Las 91 páginas de la infamia. Así se consolida la demolición controlada del estado social
Por Kaos.
Tijeretazos y recortes sociales, sábado, 14 de Julio de 2012
El Boletín
Oficial del Estado (BOE) ha publicado este sábado el paquetazo antisocial de
Mariano Rajoy, la consolidación definitiva de la demolición controlada del
estado social, iniciada en su última fase por Zapatero en Mayo de 2010 y de la
que aún quedan por vivir muchos episodios dramáticos.
AgenciasEn total, 91 páginas en las que se resumen un extenso abanico de iniciativas con las que el Ejecutivo pretende obtener en dos años y medio hasta 65.000 millones de euros, y mediante el cual se pone contra la pared a las clases trabajadoras de este estado, ya antes arrinconadas por las diferentes reformadas aprobadas desde 2010.
El Real Decreto-ley aprobado entra en vigor este domingo 15 de Julio, si bien muchas de sus disposiciones empezarán a estar vigentes con posterioridad, como ocurre con una de las medidas 'estrella' de este macroajuste: la subida del IVA, que entrará en vigor a partir del 1 de septiembre.
Además del alza del IVA, otras medidas destacables de esta norma son la supresión en 2012 de la paga extraordinaria de Navidad a los empleados públicos, el recorte de los 'moscosos' y la eliminación de los 'canosos' al colectivo de funcionarios, y la reducción de la base reguladora de las prestaciones por desempleo desde el 60% al 50% a partir del sexto mes para los nuevos perceptores, entre otras. Entre otras muchas sorpresas: subida del IRPF para los autónomos, eliminación del subsidio especial de desempleo para mayores de 45 años, y un largo etcétera de medidas que dejan los derechos de las clases trabajadoras a la altura del betún, y con tendencia a la baja.
Para más inri, en el preámbulo del Decreto, el Gobierno señala que las medidas de ajuste fiscal son "imprescindibles" en estos momentos para garantizar que España cumple "rigurosamente" sus compromisos fiscales dentro del marco de déficit excesivo establecido por Bruselas. Es decir, se reconoce que se entrega la sangre del obrero para satisfacer las demandas de los mercados, y, en concreto, para que los bancos españoles puedan ser rescatados, con el estado como avalista, por la UE.
Asimismo, deja claro que estos recortes deben combinarse con nuevas reformas estructurales, las cuales están por anunciarse. Pero esa será otra etapa del plan neoliebral que no parará hasta dejarnos sin nada, si es que, claro, no somos capaces de derrocarlo antes y mandar a sus ejecutores a un tribunal por delitos de la humanidad.
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La reforma laboral definitiva se publica en el BOE y entra en vigor
La reforma laboral definitiva se publica en el BOE y entra en vigor
El BOE
publica el texto aprobado por el Congreso de los Diputados el pasado 28 de
junio
La reforma laboral definitiva ha entrado en vigor. El Boletín Oficial del Estado publicó el pasado sábado la versión
que aprobó el Congreso de los Diputados el 29 de junio, por lo que empieza a
regir ya. No obstante, la reforma laboral está vigente desde
el pasado febrero,
ya que el Gobierno la aprobó a través de un decreto ley. Esta vía permite que
una norma entre en vigor inmediatamente y luego se modifique durante la
tramitación parlamentaria.
Esta última reforma
del Estatuto de los Trabajadores ha sido la más profunda desde que se aprobó
esta norma en 1980 y es muy contestada desde el mundo sindical por considerar
que abre la puerta a la decisión unilateral del empresario en muchos aspectos
de las relaciones laborales (despido, negociación colectiva, cambios de
condiciones sustanciales de trabajo,…). Los sindicatos mayoritarios, UGT y
CCOO, han convocado varias manifestaciones en su contra desde que se aprobó el
pasado 10 de febrero y una huelga general,
que se celebró el pasado 29 de marzo.
La reforma laboral
abarata considerablemente el coste del despido por una doble vía. Por un lado
se facilita el despido objetivo, el más bajo con 20 días por año trabajado, al
definir como causa económica el encadenamiento de tres trimestres consecutivos
con caída de facturación tanto en los despidos individuales como en los
colectivos. Esto limita mucho el margen de actuación de los jueces a la hora de
dictar si un despido es procedente o no. Al mismo tiempo, acaba con la
autorización administrativa de los expedientes de regulación de empleo, lo que
permite que una vez se acaba el periodo de negociación (un mes) el empresario
ejecute su decisión sin acuerdo con los representantes de los trabajadores. La
otra vía que abarata el despido es la rebaja del precio del despido
improcedente de 45 días por año trabajado a 33.
La reforma laboral abarata el despido por una doble
vía: aclara las causas y rebaja la indemnización
Además de facilitar
los despidos en el sector privado, la reforma también elimina obstáculos al
sector público. Los redactores de la norma han tenido muy presente a la hora de
confeccionarla los ajustes fiscales que Bruselas exige a España y han puesto un
puente de plata para las extinciones de contratos en la Administración y
organismos dependientes de ella (empresas, entes, fundaciones…). La reforma fija
como causa económica la “insuficiencia presupuestaria” durante tres trimestres
consecutivos para poder llevar adelante despido colectivo.
Uno de los grandes
objetivos de la reforma es facilitar la rebaja de salarios. Con la nueva norma,
se permite que un empresario modifique unilateralmente las condiciones
sustanciales de trabajo (jornada, horario, traslados o cuantía salarial hasta
la base fijada en el convenio colectivo) si esgrime razones como la
competitividad o encadena dos trimestres consecutivos de caída de facturación.
También hay grandes
cambios en la negociación colectiva. Desde febrero los convenios tienen fecha
de caducidad: la ultra actividad, la prórroga indefinida de los convenios
aunque no se renovaran, pasó a mejor vida. El decreto ley fijó en dos años esta
prorroga. Y el Congreso de los Diputados la ha acortado a una, en lo que ha
sido una de las vueltas de tuerca más significativas durante el trámite
parlamentario. Además, para impulsar el incumplimiento de un convenio (el
llamado descuelgue) cuando una empresa está en dificultades se fijó un árbitro
último en la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.
El último cambio
profundo de la negociación colectiva cambió las jerarquías de los convenios.
Dio preferencia a los pactos firmados en las empresas frente a los que se
alcanzaran en los sectores, autonomías o provincias.
La reforma laboral
también creó un nuevo contrato de trabajo del que solo puede hacer uso los
autónomos y las empresas con menos de 50 trabajadores. Esta figura, que lleva
aparejada bonificaciones, fija un periodo de prueba de un año durante el que se
puede despedir al empleado sin indemnización alguna.
Durante la tramitación
parlamentaria, este contrato sufrió un cambio al establecer que solo estaría en
vigor mientras el paro estuviera por encima del 15%. A pesar de que el cambio
parece trascendente a primera vista, el alto nivel de paro actual (24,4%) y las
previsiones de tasas elevadas de desempleo durante mucho tiempo, le auguran una
larga vida a este contrato que el director general de Empleo, Xavier Thibault,
llamó “contrato de crisis”.
El Congreso también
estableció algún límite a la posibilidad de que las empresas puedan despedir
por reiteración en las bajas, aunque estén justificadas. La reforma permitió el
despido cuando un trabajador falte a su puesto durante nueve días en dos meses.
En el parlamento, se excluyeron las bajas producidas por enfermedades graves o
las consecuencias de sus tratamientos (cáncer) de este cómputo.
El Senado, por su
parte, fijó la jerarquía de los despidos el sector público. Con la redacción
que salió de la Cámara Alta se establece que cuando la Administración ponga en
marcha una regulación de empleo, los últimos en ser despedidos serán aquellos
trabajadores fijos que han pasado algún tipo de oposición para obtener el
empleo.
Una vez aprobada,
publicada y vigente la reforma laboral, los conocedores del mercado laboral
esperan que aumente el número de despidos colectivos ya que se acaban con las
incertidumbres por los posibles cambios que se podían producir durante el
trámite parlamentario.
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