viernes, 27 de mayo de 2016

Represión política de clase, algo de lo que los partidos no hablarán en esta campaña




Por Jean Paul Marat -    26/05/2016


“En España no hay presos políticos” (Jorge Fernández Díaz. Ministro del Interior del Gobierno en funciones del PP)


Y esto lo dice alguien que pertenece a un gobierno que reformó el Código Penal (Ruíz Gallardón) hasta convertirlo en el más represor desde el inicio de la transición en España. Un Código Penal que presenta artículos directamente pensados para reprimir la protesta social (550, 551, 553, 554, 556, 557, 557bis, 557ter, 558, 559, 560)


El reformado Código Penal, se concentra en castigos de tipo carcelario, con penas que pueden alcanzar, en lo relativo a los artículos que les he señalado, en algún caso hasta los 6 años de prisión.


La compilación normativa de dichos artículos revela la obsesión del legislador por la “seguridad ciudadana” (“desórdenes públicos”), que se concreta aún más en el apartado “resistencia y desobediencia a la autoridad”: la legislación punitiva por excelencia del Estado español como “ataque preventivo” a la luchas contra las políticas de recortes sociales y austeridad.


Y si esta legislación se queda corta, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana vela por la paz social mediante multas que van desde 601 hasta 600.000 €. Con la bolsa recaudando y con la porra golpeando.


Hace tiempo que el capital y sus Estados (“Hoy, el poder público viene a ser, pura y simplemente, el Consejo de administración que rige los intereses colectivos de la clase burguesa”. K. Marx y F. Engels. “Manifiesto Comunista”) son conscientes de que van ganando la lucha de clases, como diría Warren Buffet, pero saben que nada es perenne, que el capitalismo no puede superar su propia crisis porque se encuentra ya en su etapa senil. Si lo que ellos llaman “largo período de estancamiento” se torna severo agravamiento de la recesión (sus expertos y gurús económicos ya avisan de que hay señales de ello), bien podría producirse una agudización de la lucha de clases con perfiles mucho menos pacíficos que hasta ahora. Ese es el peligro que el capital, sus aparatos estatales (policiales, jurídicos, legislativos y, por supuesto, también ideológicos y mediáticos) intentan conjurar anticipándose, como tantas veces han hecho, a la aparición de los acontecimientos.


Al señor Ministro del Interior y al Gobierno del PP hay que decirles que mienten y que lo hacen al menos con el mismo cinismo y desparpajo con el que lo hicieron ante las ejecuciones criminales de los “sin papeles” en la playa del Tarajal (Ceuta) En España hay presos políticos.


Un preso político español es Alfonso Fernández (Alfon), condenado por su participación en la huelga general del 12 de noviembre del 2012 y que, según denunció en su día el desaparecido Shangay Lily, sufrió un proceso judicial con rasgos de farsa y más que posible fábrica de pruebas por la policía para encausarle como terrorista. Alfon ha estado sometido al régimen carcelario FIES en las dos ocasiones en las que ha estado preso, aunque la Audiencia Provincial de Madrid acaba de aprobar que se le retire este denigrante tratamiento.

Otro preso político es Andrés Bódalo, del SAT, por su participación en unas protestas ante el Ayuntamiento de Jodar, acusado injustamente de agresiones al ex teniente de alcalde del PSOE, Juan Ibarra, y condenado a 3 años y medio de prisión. Juzguen ustedes en este vídeo si la actuación del sindicalista, al que reconocerán por su pañuelo negro en la cabeza, es constitutivo de delito castigable con cárcel.






Ingresar en prisión por participar en protestas, manifestaciones, huelgas o cualesquiera otra forma de movilización y lucha contra unas medidas políticas supone ser preso político porque conlleva la represión más drástica contra una toma de posición política.
Sólo la huelga del 29 de Marzo de 2012 ha dejado en el aire posibles penas para cerca de 300 sindicalistas con penas que pueden alcanzar los 120 años de cárcel en conjunto. Imagínense lo que suma el resto de movilizaciones contra la violencia de las políticas de desigualdad social.


Otras personas que participaron en la huelga, aún no siendo sindicalistas, como Carlos Cano, de Granada, sí han estado en prisión, aunque éste afortunadamente hace tiempo que ya está libre.


Detenciones, cacheos, malos tratos en comisarías, denuncias de torturas, brutalidad policial en manifestaciones, condenas de prisión, legislación represiva, criminalización por parte de los medios de desinformación del capital,…Esto es la forma de ejercer la lucha de clases desde la burguesía y sus aparatos del Estado. Frente a ello es más necesaria que nunca superar la división de decenas de plataformas y coordinadoras de solidaridad con los reprimidos. Sólo la unidad de acción y de clase en la lucha antirrepresiva logrará romper el cerco de al que el capital somete a quines luchan.


Sé que me dejo muchos, muchísimos casos de trabajadores conscientes, sean estos antifascistas, militantes comunistas, anarquistas o sindicalistas que, o están en prisión, o han pendido sobre ellos la amenaza de tal cosa (los 8 de Airbús).


Pero ninguno de los partidos que aspiran a ser relevantes en la configuración política del Parlamento español hablará de ellos (unos por convicción, otros por cálculo), salvo que pueda usar a alguno en provecho electoral propio. En ese caso lo harán con sordina. Decir que vivimos en una dictadura de clase que ha acabado con los derechos de expresión, manifestación y reunión para imponer su “paz social” es demasiado radical para la imagen de moderación que desean proyectar participando del manto de silencio sobre la esperpéntica realidad española. Cínicos.


Sería la campaña, con sus mítines de globitos, músicas horteras y cheerleaders en lugar de militantes, un gran momento para presentarse en ella pacíficamente con pancartas y octavillas en las que aparezca todo el listado de personas reprimidas, condenadas, agredidas policialmente y encarceladas por luchar contra las agresiones del capital y sus gobiernos y preguntar a cada partido y a sus dirigentes qué piensan hacer con ellos. Pero, ¡cuidado!, no sea que en virtud de la “democrática” Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana les casquen una multa de entre 601 y 30.000 € por “perturbar la seguridad ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas personas”. Lleven el DNI consigo si lo hacen.







Los lobbies del juego, feliz con el nombramiento del nuevo ministro de Justicia Rafael Catalá Polo de Catalá: ‘uno de los nuestros’, al frente de Justicia


Catalá: En España no hay presos políticos desde hace muchos años



Perfil del ministro de interior Jorge Fernández Díaz (homófobo, del OPUS y fascista de toda la vida)



Fernández Díaz arremete contra Otegi en un homenaje a víctimas del 11M: "En España no hay presos políticos"




El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz y el director de la Guardia Civil, Arsenio Fernández de Mesa Díaz del Río, dos fascistas representantes de las fuerzas represivas del Estado español, miente más habla, sobre la tragedia en Ceuta.




Dieciséis participaciones en los cursos de FAES ‘avalan’ al nuevo presidente del poder judicial, artículos relacionados con el CGPJ



Pedro Morenés, un ministro de Defensa de armas vender y gasto militar disparar y artículos relacionados







La Audiencia de Madrid ordena sacar a Alfon del fichero de presos terroristas
Publicado: 23.05.2016

En el auto se estima el recurso presentado por la defensa contra su inclusión en el FIES al entender que está condenado por tenencia de explosivos y que, en este caso, el delito no se cometió en concurrencia con el de pertenencia a banda terrorista.


La Audiencia Provincial estima el recurso de «Alfon» y ordena sacarle del fichero de presos terroristas

Régimen F. I. E. S.


FIES: la cárcel dentro de la cárcel
12/12/2012
Alfonso Fernández Ortega, 'Alfon', tiene 21 años. Fue detenido el 14-N y este viernes cumplirá un mes en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real. Está en FIES



Alfon, 52 días de montaje jurídico-policial a cargo de la burguesía y su partido el P.P. Dossier de prensa y vídeos.


Las agresiones a los trabajadores continúan





SÓLO LA UNIDAD DE CLASE DERROTARÁ A LA REPRESIÓN






V. I. LENIN. EL ESTADO Y LA REVOLUCIÓN

Citas:

 De una parte, los ideólogos burgueses y especialmente los pequeñoburgueses, obligados por la presión de hechos históricos indiscutibles a reconocer que el Estado sólo existe allí donde existen las contradicciones de clase y la lucha de clases, "corrigen" a Marx de manera que el Estado resulta ser el órgano de la conciliación de clases. Según Marx, el Estado no podría ni surgir ni mantenerse si fuese posible la conciliación de las clases. Para los profesores y publicistas mezquinos y filisteos -- ¡que invocan a cada paso en actitud benévola a Marx! -- resulta que el Estado es precisamente el que concilia las clases. Según Marx, el Estado es un órgano de dominación de clase, un órgano de opresión de una clase por otra, es la creación del "orden" que legaliza y afianza esta opresión, amortiguando los choques entre las clases .En opinión de los políticos pequeñoburgueses, el orden es precisamente la conciliación de las clases y no la opresión de una clase por otra. Amortiguar los choques significa para ellos conciliar y no privar a las clases oprimidas de ciertos medios y procedimientos de lucha para el derrocamiento de los opresores.



Verdades elementales. Andreu Nin Por la unificación marxista
Cita:
Los escritores liberales burgueses oponen a menudo la “libertad humana” a la “justicia social”. No comprenden que sin justicia social la libertad humana no es posible, porque el origen de la esclavitud nace en la desigualdad económica. “Proclamar” la libertad de los hombres no tiene valor si las causas de la esclavitud social subsisten. La “libertad” no tiene necesidad de ser proclamada; lo que es necesario es destruir las causas que la hacen imposible.


Es también una actitud corriente de los liberales burgueses la de declararse adversarios de la lucha de clases. La lucha de clases no es un procedimiento de combate, sino un hecho social. Se puede estar o no de acuerdo con la teoría marxista según la cual la historia de la sociedad es la historia de la lucha de clases; se puede considerar esta lucha como un hecho de importancia secundaria, ninguno sin embargo, puede negar su existencia. Declararse adversario de ella, por tanto, está tan falto de sentido como si uno se niega a reconocer la lluvia o el frio. Al hombre razonable no se le ocurrirá combatir estos fenómenos naturales subiéndose a un banco de la plaza de Cataluña para proclamar las excelencias del buen tiempo. A decir verdad, el reformismo se vale del paraguas de la colaboración de clases y del abrigo de las pequeñas reformas para resguardarse del vendaval de la batalla social. Ahora que el viento y la lluvia siguen existiendo, como sigue existiendo la lucha de clases a pesar de los que se tapan los ojos para no verla o se refugian en la “democracia” y “la paz social”.


La igualdad y libertad como categorías políticas independientes, si no se ligan con el sistema económico, son una atopía. No puede haber libertad ni igualdad políticas mientras haya desigualdad y esclavitud económica. La igualdad y la libertad son fundamentalmente incompatibles con el régimen de producción capitalista, basado en el privilegio y en la explotación.


La igualdad únicamente puede existir en una sociedad en la cual hayan desaparecido las clases. La libertad es únicamente posible en un régimen en el cual es únicamente posible en un régimen en el cual una minoría que dispone de los medios de producción y del poder político. En una sociedad sin clases el Estado (instrumento de dominación de una clases sobre otra) no tendrá razón de existir. El “gobierno de los hombres” será sustituido por la “administración de las cosas”.


 No es suficiente con “querer” la libertad y con proclamarla en los editoriales de los periódicos. Para conquistarla, la condición indispensable es derrocar a la clase cuya dominación engendra la esclavitud: la burguesía. Únicamente hay un medio para llegar a este objetivo: la toma violenta del poder (pues la burguesía no lo cederá de grado, aun en el caso de que se encuentre en minoría en el parlamento) y la instauración de la dictadura del proletariado, que durará mientras duren las clases y desaparecerá automáticamente cuando las clases dejen de existir. Nadie es partidario de la violencia por placer, como no es por placer que uno es sometido a una operación quirúrgica cuando la ciencia no conoce otro procedimiento para curar una enfermedad.


Combatir esta solución al problema, o, mejor dicho, este desenlace inevitable del desarrollo del proceso histórico social, en nombre de los principios democráticos y liberales generales, equivale a defender, objetivamente, la perpetuación del régimen capitalista, esto es, de la desigualdad y de la esclavitud. “La victoria de la Revolución- decía Pléjanov cuando no había abandonado todavía el marxismo revolucionario- es el fin supremo, y si por la victoria de la revolución es necesario limitar la acción de este o aquel principio democrático, sería un crimen no hacerlo.


La dominación de la burguesía adopta, según las circunstancias la forma democrática (incluso la coalición con los socialistas reformistas) o la forma abiertamente dictatorial (fascismo). La esencia de clase de esta dominación permanece sin embargo, invariable. Y la burguesía tiene plena conciencias de ello, puesto que si emplea una u otra forma es únicamente por conservar su posición. Si habla de “democracia”, de “libertad”, de los “intereses de la civilización humana”, etc., es para encubrir con frases llamativas su dictadura de clase, esto es, la “democracia burguesa”, la “libertad burguesa”, los intereses de la civilización burguesa…

La pequeña burguesía, la cual, por el papel que ocupa en la sociedad, no tiene una posición privilegiada que defender, cree a menudo sinceramente en la posibilidad de superar los antagonismos de clase mediante la instauración de una vasta democracia política. Es precisamente esto lo que constituye el carácter “ilusorio” de las aspiraciones democráticas y liberales de la pequeña burguesía. Pero cedamos la palabra a los clásicos. En su der XVIII Brumaire de Louis Bonaparte, Marx, hablando del partido democrático socialista fundado en 1849 en Francia, escribe:


“El carácter peculiar de la democracia socialista consiste en lo siguiente: se exigen instituciones republicanas democráticas no para suprimir los dos extremos, el capital y el trabajo asalariado, sino que para atenuar el antagonismo y transformarlo en armonía. Sea cual sea la diversidad de medios propuestos para realizar este fin, a pesar del carácter más o menos revolucionario de las ideas con las que se adorne, el contenido es el mismo: se trata de transformar la sociedad por vía democrática, pero sin superar el marco de la pequeña burguesía. No hay que creer, fundándose en una idea estricta, que la pequeña burguesía quiere, por principio, hacer prevalecer un interés egoísta de clase. Ella se figura, al  contrario que las condiciones particulares de su emancipación son las únicas condiciones generales que permiten salvar a la sociedad moderna y evitar la lucha de clases. No se debe creer tampoco que los representantes demócratas sean todos unos tenderos o sigan siempre a estos últimos. Por su cultura y su situación individual pueden estar considerablemente alejados de ellos. Lo que los hace representantes de la pequeña burguesía es el que no puedan superar en la teoría los límites que estos últimos no pueden superar en la práctica, y que teóricamente se ven impulsados hacia los mismos problemas y las mismas soluciones a los que el interés material y la situación social impulsa en la práctica a los segundos. Esta es en general por otra parte, la relación que existe entre una por otra parte, la relación que existe entre una clase y sus representantes políticos y literarios”.





KARL MARX: EL DIECIOCHO BRUMARIO DE LUIS BONAPARTE



Victor Serge. LO QUE TODO REVOLUCIONARIO DEBE SABER SOBRE LA REPRESION



La represión es una de las funciones esenciales de todo poder político. El Estado revolucionario, en su primera fase de existencia por lo menos, lo necesita más que cualquiera. Pero parece que, en sus tres elementos fundamentales -policía, ejército, tribunales, prisiones- el mecanismo de la represión y de la coerción casi no varía. Acabamos de estudiar una policía secreta. Hemos descendido hasta sus más sucios y secretos reductos. Y hemos constatado su impotencia. Esta arma, en manos del antiguo régimen, dijimos, no podía salvarlo ni matar a la revolución. Admitimos, sin embargo, la decisiva eficacia de esta arma en manos de la revolución. El arma es la misma sólo en apariencia: una institución, repitámoslo, sufre profundas transformaciones según la clase a la que sirve y los fines que persigue.

La Revolución Rusa destruyó el aparato coercitivo del antiguo régimen, de abajo arriba. Sobre esas ruinas jubilosamente amontonadas creó el suyo propio.
Esforcémonos por esbozar las diferencias fundamentales entre la represión tal y como la ejerce la clase dominante y la represión tal y como la ejerce la clase revolucionaria. De los principios generales que un análisis somero nos revele, deduciremos algunos corolarios sobre el papel de la policía en uno y otro lado.

En la sociedad burguesa, el poder es ejercido por la minoría rica contra las mayorías pobres. Un gobierno no es más que el comité ejecutivo de una oligarquía de financieros apoyados por las clases privilegiadas. La legislación destinada a mantener en la obediencia al conjunto de asalariados -la mayoría de la población- debe ser forzosamente muy compleja y muy severa. Hace que todo atentado serio a la propiedad entrañe de una u otra manera la supresión del culpable. Ya no se ahorca al ladrón; y no porque los principios "humanitarios" hayan "progresado", sino porque la proporción de fuerzas entre las clases poseedoras y no poseedoras y también el desarrollo de la conciencia de clase de los pobres, ya no permite al juez lanzarle un reto semejante a la miseria. Pero nos limitamos a seguir la legislación francesa que es de una ferocidad media- el robo calificado es penado con trabajos forzados; y la pena de trabajos forzados se cumple en condiciones tales, se agrava de tal manera con penas accesorias", que la vida del culpable queda casi destruida. Toda pena de trabajos forzados significa el doble: el condenado está obligado a residir en alguna colonia un tiempo igual a la duración de su estadía en la prisión; los condenados a más de 8 años de trabajos forzados quedan obligados a residencia perpetua en la Guayana. ¡ Se trata de la más malsana de las colonias francesas! El confinamiento, pena "accesoria" perpetua, que también se cumple en la Guayana, bastante parecida de hecho a los trabajos forzados, es precisamente el destino de los reincidentes de robo no calificado. Cuatro condenas por robo, estafas, etc. -el robo sucesivo de 4 piezas de cien sous constituiría un caso ideal; he visto muchos expedientes de confinados para saber qué es de los casos de este tipo- pueden entrañar confinamiento; también siete condenas por vagabundaje: en otras palabras, hallarse siete veces seguidas sin pan ni albergue en los adoquinados de París es un crimen castigado con pena perpetua. En Inglaterra y en Bélgica, donde existen workhouses (casas de trabajos forzados) y asilos de mendicidad, la represión de la mendicidad y del vagabundaje no es menos implacable. Otro rasgo. El patronazgo tiene necesidad de mano de obra y de carne de cañón: la ley castiga implacablemente el aborto.

Con la propiedad privada y el sistema asalariado como principio, ningún remedio eficaz puede ser aplicado a las enfermedades sociales tales como la criminalidad. Una batalla permanente se libra entre el orden y el crimen; el "ejército del crimen" se dice, ejército de miserables, ejército de victimas, ejército de inocentes inútil e indefinidamente diezmado. Lo siguiente todavía no ha sido recalcado con suficiente insistencia: la lucha contra la criminalidad es un aspecto de la lucha de clases. Tres cuartas partes de los criminales de derecho común, por lo menos, pertenecen a las clases explotadas.

El código penal del Estado proletario, por regla general, no admite la pena de muerte en materia criminal (otra cosa es que la supresión física de ciertos anormales incurables y peligrosos sea a veces la única solución). Tampoco admite penas a perpetuidad. La pena más severa es de diez años de prisión. La privación de libertad, medida de seguridad social y de reeducación, que excluye la idea medieval del castigo, es la pena que se impone. En ese dominio y en la situación actual de la Unión de Soviets, las posibilidades materiales son naturalmente muy inferiores a lo apetecido. La edificación de la sociedad nueva -que será sin prisiones no comienza por la erección de prisiones ideales. El impulso existe, sin duda; ha comenzado una reforma profunda. Igual que el legislador, los tribunales tienen en cuenta, con un claro sentido de clase, las causas sociales del delito, los orígenes y las condiciones sociales del delincuente. Veíamos que el hecho de hallarse sin pan ni techo constituye un delito grave en París; en Moscú es, si está en relación con otro delito, una importante circunstancia atenuante.
Frente a la ley burguesa, ser pobre es frecuentemente un crimen, siempre una circunstancia agravante o una presunción de culpabilidad. Frente a la ley proletaria, ser rico incluso dentro de los estrictos limites en que durante la NEP se permitía el enriquecimiento es siempre una circunstancia agravante









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