viernes, 10 de octubre de 2014

La UE y Correa preparan desde 2011 cómo violar la Constitución de Ecuador. El interminable viaje a la derecha de Rafael Correa, el referente del partido Podemos.





08 de octubre de 2014




Mientras que el presidente de Ecuador, Rafael Correa, negaba públicamente en enero de 2012 que su país fuese a firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con la Unión Europea, un alto cargo de su Cancillería negociaba en secreto con la Comisión Europea la firma de un agresivo texto que amenazaba la joven Constitución del país. La Carta Magna, que el propio Correa firmó en 2008, veía amenazados con el Tratado europeo más de 40 artículos que protegían pilares como la gestión del agua, la salud, la contratación pública o la soberanía alimentaria y de la biodiversidad, entre otros.


Así lo revelan nueve cables diplomáticos –fechados entre el 22 de noviembre de 2011 y el 18 de enero de 2012– a los que ha tenido acceso La Marea, publicados Associated Whistleblowing Press (AWP). La información fue recibida a través de una colaboración con la AWP, mediante su plataforma EcuadorTransparente.org, de la red de Filtrala (la plataforma confidencial de envío de documentos en la que este medio trabaja con eldiario.esDiagonal y Mongolia).


La mayoría de cables los escribió el embajador de Ecuador ante la UE, Fernando Yepez, que alertó al viceministro de relaciones exteriores, Kintto Lucas, izquierdista, del cambio de rumbo con el que amenazaba el ala tecnócrata del gobierno de Correa, favorable al TLC. Yepez desconocía entonces si la operación contaba con el visto bueno de Correa.
En su misiva del 4 de enero de 2012, el embajador alertó a Lucas sobre una comunicación de otro viceministro, Francisco Rivadeneira, cercano a las corrientes neoliberales: “La lectura que esa comunicación suscita en las autoridades de la Unión Europea es clara, precisa y unívoca: el Ecuador quiere negociar su adhesión al TLC concluido con Colombia y Perú, que es el único instrumenta [sic] sobre la mesa de negociaciones (…) Es indudable”. Esta postura era opuesta a la línea que siempre había defendido Correa.


En la campaña de las elecciones de 2006, que ganó su movimiento Alianza País, la candidatura de Correa abanderó una férrea oposición a los TLC. Lo recuerda Alberto Acosta, ex ministro de Energía y ex presidente de la Asamblea Nacional Constituyente (2007-2008). Decepcionado, recuerda en una entrevista con La Marea, la evolución del presidente desde que se conocieron en 1991: “Llegamos a establecer una amistad muy estrecha. Entre nuestras luchas estaba la de contra el TLC. Correa llegó a decir que se cortaría una mano, pero que no firmaría un TLC”, enfatiza Acosta, que recuerda el libro que escribieron juntos, El rostro oculto del TLC. Yepez también hace referencia al mismo libro en uno de los cables diplomáticos. Y recuerda que él también escribió, en 2001, un manuscrito en el que condenaba los TLC, titulado Política Internacional del Ecuador en el Siglo XXI.


Tensiones de la UE y la Cancillería


Los correos también ponen en evidencia dos grandes tensiones. Por un lado, reflejan el chantaje del todo o nada al que estaba sometiendo la UE a Ecuador, aprovechando que se acercaba el vencimiento del acuerdo comercial anterior (el SGP, más suave y pensado para países en desarrollo). “Que nuestro país sea excluido del SGP+ es un elemento de presión por parte la Comisión Europea y de ciertos sectores empresariales”, aseguró el diplomático desde Bruselas el 22 de noviembre de 2011. Estas presiones de la UE servían para plantear a Ecuador el TLC como la “única alternativa para evitar la pérdida de acceso a este mercado y sus eventuales efectos económicos, comerciales y sociales”. La UE se negó a renovar el SGP alegando que el Banco Mundial ya cataloga a Ecuador como país de renta “media alta”.


Por otro lado, los cables ponen de manifiesto la división interna en la Cancillería ecuatoriana, entre la corriente tecnocrática, favorable al TLC; y la izquierdista, contraria al acuerdo.


En enero de 2012 se produjo un acalorado cruce de correos entre Yepez y Rivadeneira, en los que se acusan mutuamente de impulsar iniciativas en contra de la línea marcada por Correa. El primero, criticando las negociaciones de Rivadeneira sobre el TLC. El segundo, acusando a Yepez de poner palos en la rueda del proceso. Fue el propio ministro de Relaciones Exteriores, Comercio e Integración, Ricardo Patiño, quien terminó mediando en la discusión. Contundente, zanjó en un correo el 17 de enero: “La decisión de nuestro Gobierno es desarrollar el diálogo con MERCOSUR y paralelamente avanzar las conversaciones con la Unión Europea. Conocidos los resultados de ambos procesos, tomaremos las decisiones definitivas”.


Sin pelos en la lengua, el embajador había definido el Tratado como “propio del modelo de desarrollo neoliberal impulsado en la década de los 90”. Y destacó: “Se encuentra reñido con la letra y espíritu de nuestra actual Constitución, así como con las Leyes de Empresas Públicas y de la Economía Popular y solidaria”.


Un año después del envío de estos cables, el presidente separó el departamento de comercio del ministerio de asuntos exteriores, dando al tecnócrata Rivadeneira rango de ministro.


Consecuencias para los ciudadanos de Ecuador


El TLC supondrá la supresión de aranceles y la liberalización del comercio entre la UE y Ecuador. El acuerdo beneficiará a grandes empresarios exportadores de productos no petroleros de los que carece Europa (banano, cacao, camarones, flores, brócoli…), pero “destrozará a los productores que tienen que competir en inferioridad de condiciones con los europeos, con precios muy inferiores debido a las grandes subvenciones que reciben de la UE”, apunta Paulina Muñoz, portavoz de Ecuador Decide, una plataforma contra el TLC. Muñoz destaca el impacto que tendrá en sectores como el lácteo, la industria cárnica o el agua mineral, entre otros. El de la patata –curiosamente, un alimento que importó Europa de América Latina, siglos atrás– también se enfrentará a los agresivos precios de las empresas europeas subvencionadas por la UE.


Pero el TLC no sólo afectará a las relaciones comerciales y a la protección de las empresas ecuatorianas. También amenaza, entre otros muchos, a los derechos de propiedad intelectual. Esto provocará, según los opositores al Tratado, que el precio de los medicamentos se encarecerá por la concesión de patentes a multinacionales farmacéuticas. Además, empresas europeas de servicios médicos, bancarios, de telecomunicaciones y de servicios ambientales podrán desembarcar en el país con más facilidades para competir con las empresas nacionales.


El director de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, Pablo Lucio, asegura que hubo un punto de inflexión la visita que realizó Correa a la canciller alemana, Angela Merkel, en 2013. “Merkel le hizo ver que el margen de negociación era mínimo”, asegura Lucio. “Ahora tenemos que esperar que el tratado lo aprueben los 25 países, un proceso que durará al menos un año y medio”, calcula. Así, el TLC entraría en vigor a mediados de 2016. La incógnita está en si la UE prolongará el acuerdo actual, que vence el 31 de diciembre de 2014, o si Ecuador tendrá que afrontar costosos aranceles hasta entonces.


Aunque las primeras conversaciones sobre el TLC arrancaron en 2007, según Yepez, Correa siguió haciendo manifestaciones públicas contrarias al acuerdo. Por este motivo, el embajador ante la UE solicitó en reiteradas ocasiones que el gobierno ecuatoriano abandonase el doble discurso:


Luego de más de cuatro años de proceso negociador y pronunciamientos tan claros por parte del Jefe del Estado, no hay lugar para equívocos, juegos de palabras y falsos tecnicismos para dar cabida a los intereses de las partes, que generan expectativas infundadas, confusiones y afectan la seriedad y transparencia que caracterizan la política exterior. Nada más perjudicial que continuar con aproximaciones ilusorias que nunca cambiarán la esencia de un instrumento que ha sido rechazado por el Jefe del Estado.


¿El TLC pudo haberse fraguado al margen del presidente? “En el gobierno de Ecuador nada se hace sin la supervisión de Correa”, explica un antiguo miembro de la Cancillería, que añade dos otros dos detalles: “El presidente es economista de formación y tiene a Europa como referencia internacional”.


Desde la llegada de Correa al gobierno en 2006, y tras haber reconstruido la educación, sanidad e infraestructuras de un país pobre como era Ecuador, el ex cargo de la Cancillería afirma que Correa ha terminado abrazando el “neoliberalismo”, al igual que hizo, en España, Felipe González.




El interminable viaje a la derecha de Rafael Correa

Las últimas medidas adoptadas en materia económica por el Gobierno de Ecuador abren un debate sobre el cambio de rumbo del proyecto político de Rafael Correa.

08/10/14 

Rafael Correa triunfó en las elecciones de 2006 con un proyecto político basado en un proceso constituyente inspirado en la refundación del Estado, el arrinconamiento de los grupos económicos que históricamente habían dominado el país a través de una corrupta y deslegitimada “partidocracia”, y en darle la puntilla al sistema económico neoliberal, hasta entonces vigente.


Bajo esta lógica política, los conflictos entre el Gobierno y las instituciones de Bretton Woods han sido permanentes, por lo menos hasta hace poco. Apenas tres meses después de que iniciara su mandato, Rafael Correa expulsó y declaró “persona no grata” al representante del Banco Mundial (BM) en el país. En aquel momento, el mandatario ecua­to­riano declaró: “Aquí tenemos un país altivo, soberano y digno, y no vamos a aceptar chantajes de ninguna burocracia internacional”.


 “Aquí tenemos un país altivo, y no vamos a aceptar chantajes de ninguna burocracia internacional”, dijo Correa poco después de asumir


Coherentes con esta posición, las delegaciones del Gobierno ecuatoriano en los diversos foros internacionales donde han tenido presencia, se han caracterizado por un cuestionamiento permanente al Fondo Monetario Internacional (FMI) y al BM. “Remendar el sistema Bretton Woods, que no controlamos, no tiene sentido para los países en desarrollo”, diría el propio presidente Correa en la Cumbre de la ONU, en junio de 2009, sugiriendo la abolición de ambas entidades financieras internacionales.


Unos meses antes, en noviembre de 2008, a través de una auditoría independiente, Ecuador documentaba centenares de irregularidades e ilegalidades en contratos de deuda con prestamistas internacionales. De esta manera, el Gobierno declaraba el cese de pagos del 70% de la deuda externa en bonos. Meses después, alcanzaba un acuerdo con la mayoría de sus acreedores para readquirir esta deuda.


Con esta operación y la inversión de 800 millones de dólares, el país logró liberarse de 3.000 millones de deuda externa, lo que le supuso un ahorro de unos 7.000 millones de dólares. Sin embargo, esta medida supuso una mayor dificultad para conseguir nuevos préstamos en los mercados financieros, lo que convirtió a China –con un tipo de interés mucho más elevado– en la tabla de salvación de la economía ecuatoriana.


Según Alberto Acosta, cofundador de Alianza País y presidente de la Asamblea Constituyente, “esto supuso un monto global entre créditos y ventas anticipadas de petróleo superior a 10.000 millones de dólares con los chinos”, de los cuales –según datos del Minis­terio de Fi­nanzas– quedaba un saldo de 6.300 millones de dólares.


El último incidente notable del jefe de Estado ecuatoriano con el Banco Mundial tuvo lugar en Asun­ción, en octubre de 2011. Allí, Co­rrea abandonó la sala donde se desarrollaba la Cumbre Iberoame­ricana ante la intervención de la vicepresidenta del Banco Mundial, Pamela Cox, tras acusarla de haber “chantajeado” a su país en el pasado. “Al menos que empiece pidiendo disculpas por el daño que le ha hecho a América Latina y al resto de países del planeta”, manifestó el mandatario visiblemente molesto por la presencia de la funcionaria internacional.


Reencuentro con el BM y FMI


Pese a todos los discursos y gestos, en julio de 2013 el Banco Mundial otorgaba un crédito al Estado ecuatoriano por 205 millones de dólares para la realización del metro de Quito y, un mes después, otros 100 millones para mejorar los servicios de agua, sanidad y transporte en la municipalidad de Man­ta. Este cambio conllevó la eliminación en el discurso oficialista de las críticas contra la institución presidida por Jim Yong Kim.


Pese a todos los discursos, en 2013 el Banco Mundial otorgaba un crédito a Ecuador por 205 millones de dólares


Según señala Jorge León, analista político ecuatoriano, “Correa promueve en el Gobierno desde hace algún tiempo a un sector político cercano a tradiciones de la Iglesia católica en detrimento de la izquierda; de hecho, en la cúspide del poder apenas quedan personas alineadas a esa tendencia ideológica”.
En abril de este año, el Banco Mundial duplicaba la línea de crédito a este país andino. Y, dos meses después, Ecuador aceptaba el monitoreo por parte del FMI de su economía, lo que permitió la emisión de 2.000 millones de dólares en bonos del Estado. Según Acosta, “esta operación se hizo a un interés del 7,95%, es decir, incluso superior al de los préstamos chinos”.


De igual manera, el pasado junio el país transfería más de la mitad de sus reservas de oro al poderoso grupo de inversión Goldman Sachs para asegurarse liquidez. En paralelo, se cerraba un acuerdo comercial con la Unión Europea.


En paralelo se cerraba un acuerdo comercial con la UE. Para Paul-Emile Dupret, asesor para asuntos de comercio internacional del grupo Izquierda Unitaria del Parlamento Europeo, “desafortunadamente es una simple y acelerada adhesión al leonino acuerdo de libre comercio de última generación ya firmado con Colombia y Perú”. Según señala este asesor belga, la Comisión Europea no accedió de ninguna manera a negociar un acuerdo comercial para el desarrollo, como pedía Ecuador al principio.


A pesar de esto, el ministro de Comercio Exterior, Francisco Riva­deneira, quien con anterioridad ejerciera como gerente del banco Citi­bank, niega que se haya firmado un acuerdo asimétrico y contraproducente para el desarrollo endógeno del país, indicando que se han diseñado estrategias para “tratar de compensar a los grupos afectados”.


Según Óscar Ugarteche, coordinador del Observatorio Económico de América Latina, estamos asistiendo a un discreto viraje político. “El Gobier­no está adoptando medidas de carácter ortodoxo que rechazó durante mucho tiempo. ¿Hay algo más ortodoxo que planear la eliminación de subsidios y la reestructuración de subvenciones? Es lo que siempre pide el FMI”, afirma este reconocido académico peruano.


En todo caso queda para la reflexión una frase utilizada por el presidente Correa: “Básicamente estamos haciendo mejor las cosas con el mismo modelo de acumulación, antes que cambiarlo, porque no es nuestro deseo perjudicar a los ricos, pero sí es nuestra intención tener una sociedad más justa y equitativa”.


 
Reducción de la pobreza y desigualdades


Las 500 mayores empresas que operan en Ecuador registraron ingresos de más de 78.000 millones de dólares, lo que supone un crecimiento del 7% en relación a 2012. El salario básico pasó de 292 dólares en 2012 a 340 dólares en el presente año.


Con respecto a la reducción de la pobreza, Ecuador es uno de los países con mejores resultados en América Latina. En 2006, la pobreza afectaba al 37,6%. En la actualidad, al 25,6%. El desempleo se sitúa en el 7,31%, aunque según datos de la OIT la economía informal en el país es del 52,2%.


Las desigualdades persistentes en el país se notan especialmente en la posesión de la tierra: unas 6.000 familias ligadas a la agroindustria concentran más del 70% de las parcelas cultivables, mientras que 700.000 familias de pequeños productores apenas tienen acceso al 20%. Ecuador es considerado como uno de los países con mayor desigualdad de acceso a la tierra del subcontienente.




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Publicado el 28/7/2013


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