martes, 31 de diciembre de 2013

Donaciones de las empresas y las subvenciones de las fundaciones de los partidos políticos





Resolución de 11 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, por la que se conceden subvenciones para la realización de actividades en el marco del Plan Director de la Cooperación española a fundaciones y asociaciones dependientes de partidos políticos con representación parlamentaria en el ámbito estatal.


FAES se queda con la mitad de las subvenciones de Cultura destinadas a fundaciones
La organización de Aznar, la más favorecida con el dinero de los contribuyentes, ha obtenido un 5,4% más de ayudas de Exteriores
La Fundación FAES, que preside José María Aznar, es la que más dinero de los contribuyentes recibe e, incluso, en algunas de las partidas, la subvención recibida es mayor que otros años, a pesar de que la política de recortes del Gobierno ha ido en sentido contrario. Del importe destinado por Cultura a fundaciones y asociaciones vinculadas a partidos con representación en el Parlamento, FAES acapara la mitad.
Casi un millón de euros
El Ministerio de Educación ha invertido dos millones de euros a subvencionar actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político, social y cultural de organizaciones vinculadas a los partidos políticos, y FAES ha recibido 968.927 euros, según publica 
El Confidencial Digital.
Las ayudas a otras fundaciones
El resto se reparte entre la fundación Pablo Iglesias, ligada al PSOE y que encabeza Alfonso Guerra, que recibe 536.200 euros; la Fundación Rafael Campalans (PSC), con 81.266 euros; la Fundación Progreso y Democracia (UPyD), 84.375 euros; Europa de los Ciudadanos (IU): 119.269 euros; Catdem (Convergencia Democrática de Catalunya): 61.860.
Las otras entidades que reciben ayudas de Cultura son la Fundación Sabino Arana, del PNV (28.301), Alkartasuna Fundazioa , vinculada a Eusko Alkartasuna, 23.573; el Instituto de Estudios Humanísticos Miquel Coll i Alentorn (UDC),21.430, la Fundación Josep Irla (ERC),19.812; Nous Horitzons (ICV), 17.789; Galiza Sempre (BNG), 14.959; Centro de Estudios Canarios Siglo XXI (Coalición Canaria), 11.929; L’Alternativa (Esquerra Unida i Alternativa), 5.864, y la Fundación Gaspar Torrente (Chunta Aragonesista), 4.446.
Exteriores aumentó su subvención a FAES un 5,4%
FAES es la gran favorecida por el Gobierno, que no sigue en este caso su política inamovible de recortes a los ciudadanos. En noviembre pasado, se supo que la organización que dirige Aznar obtuvo este año 558.230 euros por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. La cifra, que significó un incremento del 5,4% de la ayuda a FAES
 respecto a 2012, representa el 64% del total de la subvención de ese ministerio para las actividades de cooperación de las fundaciones. Según datos del Boletín Oficial del Estado, citados por El Economista, FAES es la fundación que recibió más fondos del Estado en 2012: 1.188.071 euros.





"Lo que las empresas dejen de donar a los partidos lo darán a las fundaciones, PSOE y PP lo saben"

Por Qué Hacemos Jueves, 12 de diciembre de 2013
Entrevista con Manuel Maroto: "La dependencia de los partidos de la banca limita el margen de la acción política”.
Manuel Maroto es uno de los mejores conocedores del sistema español de partidos, sobre todo de sus problemas de financiación y de la corrupción resultante. Profesor de Derecho Penal en la Universidad de Castilla-La Mancha, acaba de publicar el libro Qué hacemos con la financiación de los partidos, escrito junto a Victoria Anderica, Suso Baleato y Miguel Ongil: un análisis político y jurídico de uno de los principales problemas de la democracia española, y que está en el centro de tantos escándalos de corrupción: la forma en que los partidos se financian, cada vez menos de sus militantes y más mediante donantes privados y créditos bancarios. En esta entrevista Maroto señala las debilidades del sistema español y sus posibles soluciones, y analiza propuestas como la prohibición de donaciones empresariales que ayer mismo llevó el PSOE al Congreso y que el PP anuncia también.

El PSOE propone prohibir las donaciones de empresas a partidos, y parece que el gobierno considera una medida similar. ¿Cómo valoras estas propuestas?

La idea es de agradecer, pero por sí sola, sin cambios en el régimen de fiscalización y sanción, es una medida puramente cosmética. Lo que las empresas dejen de dar a los partidos lo darán a las fundaciones. PSOE y PP lo saben, y es de imaginar que por eso eliminaron el límite de donaciones a las fundaciones políticas en 2012. Además, si el Tribunal de Cuentas tiene ya serios problemas supervisando el cumplimiento de la actual legislación, añadir nuevas prohibiciones sin nuevos mecanismos de control es un brindis al sol. Otro ejemplo: en la proposición de ley de septiembre en la que el PSOE proponía la eliminación de la financiación empresarial, proponía también acortar a tres meses el plazo que tiene el Tribunal de Cuentas para presentar sus informes sobre las cuentas de los partidos. Eso está muy bien, pero es que la Ley de Financiación de Partidos de 2007 ya habla de un plazo de seis meses para publicar esos informes, y el Tribunal de Cuentas ha venido tardando… ¡hasta cinco años! Hace poco se publicó el informe del ejercicio 2011, y eso que el Tribunal ha intentado ponerse al día a toda prisa publicando el informe de tres ejercicios a la vez. También decía la Ley de 2007 que el Tribunal de Cuentas tenía que aprobar un plan contable específico para las formaciones políticas en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, y al final ese plan contable entrará en vigor… el año que viene, siete años después. Hay que acabar, urgentemente, con esta política legislativa de parches y pequeñas concesiones de cara a la galería que se compensan por otras vías.

¿Es el sistema español de partidos más corrupto que los de otros países?

Si por corrupción entendemos que un sistema de partidos se desvíe de sus fines constitucionales debido a una excesiva permeabilidad al poder económico, sí, el sistema español de partidos funciona peor que el de otros países con una tradición democrática más sólida. El nuestro tiene unas características que debemos tomarnos más en serio en el debate público en torno a la corrupción: un índice de afiliación y participación muy bajo, un funcionamiento interno oligárquico en el que brilla por su ausencia la democracia interna, una fuerte dependencia de la financiación pública y del endeudamiento bancario, una dinámica bipartidista que distorsiona el juego electoral, un alto índice de patrimonialización y colonización de las instituciones estatales, etc. Es fundamental empezar a identificar la "corrupción" con este tipo de características asociadas al funcionamiento democrático, y evitar los discursos meramente moralistas o de simple expresión de descontento. Hay que redirigir la indignación por la corrupción hacia algo políticamente constructivo y transformador.

¿Qué peso tiene la financiación de los partidos en la corrupción?

Se suele decir que la financiación ilegal de partidos es “la madre de todas las corrupciones”. Y sin duda, además de sus efectos sobre la credibilidad de las instituciones, ha cumplido un papel fundamental alimentando la corrupción urbanística, la burbuja inmobiliaria y el descontrol en la insostenible política pública de infraestructuras. Los papeles de Bárcenas han sido bastante esclarecedores en ese sentido. Si los partidos fueran organizaciones políticamente fuertes e internamente democráticas, servirían como diques de contención del poder antidemocrático de los mercados. Su permeabilidad al dinero debilita esa función, cuando no la invierte. En cualquier caso, en cierto punto se sobrevalora el papel de la financiación ilegal de partidos como mecanismo de “captura política”, en el sentido de que los grandes poderes económicos tienen medios de influencia más eficaces y coactivos que la financiación ilegal y la burda corrupción. Para obligar a un gobierno a reformar la Constitución en unos pocos días, no hizo falta financiar ilegalmente a ningún partido.
Decís que los escándalos de corrupción son “una de las pocas oportunidades de transformación interna dentro de los partidos”, pero hasta ahora la respuesta ha sido el enroque.

A falta de una vida interna democrática “sana” y transparente, los escándalos de corrupción se han convertido, efectivamente, en una forma patológica de canalizar las pugnas entre élites dentro de los partidos. Filesa supuso un periodo de fuerte tensión entre “guerristas” y “renovadores” en el PSOE. El caso Gürtel refleja también luchas de poder entre los distintos clanes del partido popular. Ahí tenemos a Esperanza Aguirre presentándose como la persona que “destapó” la trama. Si ha prevalecido el enroque es, precisamente, porque son formas patológicas de contestación de élites ajenas a mecanismos de democracia interna. No hay que olvidar que quien controla los recursos financieros (legales o ilegales) de una organización, tiene una posición de poder privilegiada dentro de la misma, y eso genera jerarquías y relaciones de sujeción. Los escándalos deberían servir dentro de los partidos para abrir procesos de depuración y renovación de élites que impliquen a la militancia y a la sociedad.

¿A qué llamáis “financiarización del sistema de partidos”?

Llamamos “financiarización” al incremento del protagonismo del dinero en la vida de los partidos, un fenómeno que se ha dado, en mayor o menor medida, en todas las democracias occidentales. Los partidos dependen hoy, fundamentalmente, no del trabajo de sus militantes y cuadros, de su capacidad de movilización, etc., sino de su capacidad de acceso a recursos financieros, sean subvenciones, créditos bancarios, o donaciones empresariales. Las formas de movilización política basadas en el trabajo de los militantes (las clásicas pegadas de carteles, mítines, redes de solidaridad, campañas de diverso tipo, etc) se han convertido, en los grandes partidos, en meras liturgias: lo que importa es tener suficiente dinero para mantener el aparato del partido y gastar en campañas publicitarias y actos mediáticos de todo tipo. Los militantes se han convertido, así, en figurantes: el PP, por ejemplo, que se vanagloria de tener 800.000 militantes, ni siquiera les exige pagar cuotas.


“El sistema de partidos está en crisis desde su mismo origen”, decís. ¿Nació defectuoso en la Transición?

Dijo una vez Vazquez Montalbán que la transición fue el fruto de una correlación no de fuerzas, sino más bien de debilidades. Del nacimiento de nuestro sistema de partidos se puede decir algo parecido. Hubo que crear un sistema de partidos rápidamente tras cuarenta años de dictadura, y además tocó hacerlo en el contexto de la Guerra Fría, lo que impuso claros condicionantes.

¿Por qué tras cuatro décadas de democracia seguimos sin tener una legislación sobre financiación de partidos a la altura de otros países europeos? ¿Hubo avance en las últimas reformas más recientes?

No, no ha habido verdaderos avances sustanciales. Al revés, diría que ha habido retrocesos. En la última reforma de la Ley Orgánica de Financiación de Partidos, aprobada a finales de 2012, se eliminaron, por ejemplo, los topes a la financiación de las fundaciones políticas, que ahora pueden recibir dinero ilimitadamente. La legislación en materia de financiación de partidos está presidida, solo hay que leerse las exposiciones de motivos de las leyes, por una tensión entre el control de la corrupción y las necesidades de suficiencia financiera de los partidos. Este último interés ha prevalecido claramente, aunque las reformas se hayan querido presentar como avances en los mecanismos de control y transparencia. ¿Por qué ocurre esto? En primer lugar, porque son los propios partidos los que legislan sobre sí mismos, y además lo han hecho siempre de forma particularmente poco inclusiva y exponiéndose muy poco o nada al debate público. Se han aprovechado, en ese sentido, del desapego que la sociedad siente por los partidos. Como además los partidos son incapaces de autofinanciarse por vía de cuotas, y tienen fuertes presiones financieras, existen todos los incentivos para aferrarse al sistema de financiación pública y a otros paralelos, y para minimizar el alcance de los sistemas de fiscalización y control. Solución: intensificar la movilización social contra este tipo de actuaciones y forzar procedimientos legislativos inclusivos que no dejen la elaboración y vigilancia de la norma solo en manos de los intereses de los partidos.

Los partidos suelen repetir que sus recursos proceden de las cuotas de sus afiliados, ¿cuánto hay de cierto en esto?

Es falso. Los partidos españoles se financian muy minoritariamente a través de las cuotas de sus militantes. Según el último informe del Tribunal de Cuentas, de los 128 millones de euros que recibió el Partido Popular en concepto de subvenciones y de financiación privada, solo 12 millones (el 9,4%) provenían de las cuotas de los militantes. En el caso del PSOE, de 120 millones, 18 provenían de cuotas (el 15%), y en el de IU, de 18 millones, 1,6  millones (el 9,1%). A esto hay que añadirle que los partidos tienen otras fuentes de financiación además de esas, por ejemplo los créditos bancarios o las fundaciones, lo que reduce aún más el protagonismo financiero de los militantes, hasta hacerlo insignificante y prescindible.

¿Qué papel juegan los bancos?

Los bancos han jugado desde la Transición misma un papel fundamental financiando los gastos de las campañas electorales. La deuda histórica que han acumulado los grandes partidos explica en parte tanto algunas de las prácticas de financiación ilegal (se suele explicar Filesa como un intento de pagar las deudas asumidas para la campaña de la OTAN), como la necesidad de aumentar la financiación pública por vía legislativa. En 2011, el PP tenía una deuda bancaria de 77 millones de euros; el PSOE, de 70, e Izquierda Unida, de 17. Es ilustrativo comparar esas cifras con las de las cuotas. En total, los partidos españoles le deben 275 millones de euros a la banca, lo cual es francamente preocupante en la medida en que otorga a los bancos capacidad de influencia sobre las formaciones políticas (17 partidos españoles tienen un patrimonio neto negativo, según el último informe del Tribunal de Cuentas).

¿Podríamos pensar que la impunidad del sistema financiero en la crisis (y su rescate masivo con dinero público) se explica también por esa estrecha relación entre bancos y partidos?

Sin duda es un factor a tener en cuenta. Hace poco un medio digital publicaba que la banca le habría hecho llegar al PSOE un mensaje: “estamos dispuestos a dejar caer al partido si se sigue promoviendo extender la normativa de expropiar pisos vacíos a otras zonas de España”. Que la dependencia de los partidos de la banca limita el margen de la acción política es un hecho que ha preocupado desde hace tiempo. No quiere eso decir que los bancos no hubieran tenido otros medios para ejercer su influencia y forzar ese resultado, pero ser los grandes acreedores de las formaciones políticas sin duda les ayuda mucho.

¿El sistema de donaciones privadas es una puerta abierta a la corrupción?

Es una de ellas, sobre todo porque las donaciones de empresas operan en la más absoluta opacidad. Tan solo desde la entrada en vigor de la Ley de Financiación de Partidos de 2007 los partidos tienen la obligación de identificar a sus donantes en la información que remiten al Tribunal de Cuentas. Y aún ahora, esos datos no se hacen públicos, porque se incluyen en la memoria contable, que la actual ley no obliga a publicar. Así que los ciudadanos no sabemos quién dona a los partidos. Por lo demás, las leyes de financiación de partidos nunca han previsto sanciones para las empresas que financian ilegalmente a un partido. La única posibilidad de sancionar a esas empresas pasa por probar que se ha cometido algún delito, como el cohecho, lo cual es por lo general muy difícil.

¿Tiene arreglo el actual sistema de partidos?

La pregunta del millón. En su forma actual, yo me atrevería a decir que no. El sistema español de partidos parece haber dejado de ser capaz de cumplir las funciones que cumplía hasta la fecha. De alguna forma, ha acabado ya una fase marcada por un cierto equilibrio bipartidista, y se abre una oportunidad para el cambio, en el sentido de que quizás una transformación radical, un nuevo horizonte constituyente, sea la única vía de “arreglo” del sistema de partidos.

¿Por qué no os parece fiable el Tribunal de Cuentas, al que consideráis un “escudo institucional” de los partidos?

Solo hay que leer sus informes para darse cuenta de que el propio Tribunal de Cuentas, en el que hay profesionales muy serios y solventes, no considera fiable su labor fiscalizadora, y no digamos ya la sancionadora, que siempre ha aceptado a regañadientes y no ha podido aplicar nunca. El Tribunal de Cuentas no tiene ni la independencia política, ni los medios, ni la competencia, ni la base jurídica para realizar un verdadero control del dinero de los partidos. Se limita a evaluar, con la información que le mandan las propias organizaciones políticas, si éstas cumplen los requisitos para recibir subvenciones. Y sin embargo, los partidos lo utilizan como excusa para mandar constantemente el mensaje de que sus cuentas son públicas y están auditadas. Poner fin a esa práctica es urgente. Las instituciones de control deberían ser parte de la solución, no del problema.

¿Cómo debería reformarse el Tribunal de Cuentas para que cumpliese bien su función? ¿O debería ser otro organismo?

Una opción es crear otra institución de control y sanción. En otros países son órganos electorales, o el propio parlamento, los que ejercen esas funciones. En algunos países esos controles se compaginan además con auditorías externas, cosa que en España no ocurre. Otra es reformar profundamente el Tribunal de Cuentas. Acabar con el reparto partidista de los cargos del Tribunal, y dotarle de independencia. Ampliar sus competencias más allá del estrecho corsé de control contable que ahora tiene. Dotarle de verdaderas facultades de inspección y de sanción, y de medios materiales. Exigir auditorias y controles internos eficaces en los partidos. Lograr eso sería, en la práctica, casi como crear otra institución.

¿Tenemos un problema de leyes aplicables o de jueces que las apliquen?

Los obstáculos para enjuiciar eficazmente la delincuencia de cuello blanco son muchos: legales, procesales, políticos, económicos, culturales, ideológicos... La corrupción en partidos no es en eso una excepción, y hay que luchar contra ello. Pero aquí el primer problema es que, contra lo que se suele creer, los grandes partidos han fomentado la judicialización penal de los escándalos, por ser éste un mecanismo particularmente lento y complicado de determinar responsabilidades. Convirtiéndolo en un problema penal, al final, la atención recae más sobre las dificultades de la jurisdicción para investigar y enjuiciar los hechos, que sobre los propios hechos. Solo hay que recordar que la financiación ilegal de partidos ni siquiera es en España un delito: aunque el gobierno anunció hace meses su introducción en el Código Penal, no lo introdujo en el anteproyecto. En resumen, es un problema tanto de leyes como de los jueces que aplican las leyes, que tienen en muchos sentidos las manos atadas. La sensación de impunidad hay que combatirla, además de reivindicando un poder judicial independiente y eficaz, exigiendo que existan formas de responsabilidad política que no pasen por los juzgados de lo penal.

¿Consideráis imitable el modelo de algún país de nuestro entorno?

No hay ningún sistema perfecto, pero se puede aprender de muchos. Alemania tiene un sistema interesante en el que la financiación pública se hace depender de la privada, los partidos rinden cuentas ante el parlamento, realizan auditorias, tienen guías de gestión financiera interna, topes máximos de subvenciones, etc. Los países anglosajones, por lo general, confían en mecanismos de transparencia y en la financiación privada. Ha habido en los últimos años propuestas originales desde el ámbito político y académico para democratizar el reparto de la financiación pública de los partidos, a través de la declaración de la renta o de “cheques fiscales”, que sería interesante explorar. El modelo español no es, realmente, un modelo: acoge lo peor de los modelos de financiación pública de los partidos, y lo peor de los modelos de financiación privada. En ese sentido, hay mucho margen de mejora y hay que ser creativos.

El gobierno también anuncia próximas medidas contra la corrupción, y acaba de aprobarse la ley de transparencia, ¿cómo las valoráis?

Todo apunta a que las medidas van a ser cosméticas, a menos que un fuerte descontento social organizado fuerce las circunstancias. Cierto punto de esperanza lo pone la tramitación de la ley de transparencia, por deficiente que ésta sea. Gracias a campañas de presión como las de Access-Info y la Coalición Pro Acceso (Victoria Anderica es una de las coautoras del libro), no se ha excluido totalmente a los partidos del ámbito de la ley. La movilización social y mediática tiene repercusiones, y hay que aprovechar los resquicios de los procesos legislativos.



Proponéis el “empoderamiento de los militantes” para el control de los partidos, ¿cómo se hace? ¿No es algo que corresponde a los propios militantes?

Sí, corresponde en último término a los militantes y simpatizantes organizarse, desbordar el aparato desde abajo y abrir nuevos procesos democráticos internos. Pero se puede y se debe crear incentivos desde arriba para permitir y fomentar la participación de las bases en las organizaciones. El primero sería eliminar los obstáculos estatutarios y organizativos que impiden una vida interna democrática. No hay que olvidar que el PP, por ejemplo, prohíbe las corrientes internas y ni siquiera hace públicos sus estatutos. Algo así no puede considerarse respetuoso con el artículo 6 de la Constitución. Las élites bienintencionadas y/o inteligentes de los partidos deberán darse cuenta de que esa es una de sus pocas oportunidades de dar una imagen de regeneración. Por lo demás, el potencial transformador de los militantes es incierto y limitado, pero no por ello dejan de ser una de las pocas fuerzas de transformación interna existentes.

¿Qué es el “decrecimiento electoral”?

Es una analogía con el decrecimiento como teoría económica que enfatiza la necesidad de limitar el crecimiento económico insostenible, y virar hacia un decrecimiento orientado hacia valores sociales y ecológicos. El decrecimiento electoral consiste en reducir el protagonismo del dinero en política. Si no se le pone coto a ingresos y gastos, las campañas electorales y la vida partidista en general se convierten en auténticas carreras armamentísticas de propaganda, y la calidad de la comunicación democrática no puede sino caer en picado en favor del efectismo publicitario. Esto no es nada nuevo: nuestra misma legislación electoral, como casi la de todos los países, impone topes de ingresos y gastos por esa razón. Pero hay que ahondar en ese decrecimiento y promover formas sustantivas de deliberación y participación democrática en la vida política, que no dependan de la disponibilidad de capital. Las nuevas tecnologías, por ejemplo, abren un mundo de experimentación que vemos en efervescencia en los movimientos sociales, y que sin embargo hasta ahora permanece absolutamente inexplorado por parte de los partidos y el sistema de participación institucional.

¿Podemos ampliar las formas de participación política en el actual sistema de partidos, o debemos pensar en otras vías?

Es indispensable que se abran otras vías, sin dejar de ampliar las existentes. Ese ejercicio de expansión de la imaginación y la práctica política es, en sí mismo, imprescindible. Y creo que es un proceso en marcha tanto en las luchas de organizaciones políticas, sociales y sindicales “tradicionales”, como en iniciativas surgidas al hilo del 15M: #cuentasclaras  (Miguel Ongil, del colectivo, es uno de los coautores del libro), Democracia 4.0, la Fundación CivioOpenkratio, y otros muchos, están generando nuevas culturas políticas. Plataformas como la del Manifiesto por una nueva Ley de Partidos, el foro +Democracia, o el Foro ético por la regeneración democráticaestán contribuyendo al debate público desde una perspectiva de cambio “desde dentro”. La presión desde abajo ampliará las formas de participación políticas en el sistema institucional actual, en mayor o menor medida, dependiendo de la flexibilidad y capacidad de adaptación que sea capaz de demostrar. La PAH es un ejemplo extraordinario del impacto institucional de la movilización social organizada. Por lo demás, esta cuestión, en el fondo uno de los problemas clásicos de la política, también supera a la de la financiación.

Más información y propuestas en esta entrevista con Miguel Ongil, y en el libro Qué hacemos con la financiación de los partidos, así como en la web de la colección Qué hacemos.



"Lo que las empresas dejen de donar a los partidos lo darán a las fundaciones, PSOE y PP lo saben"



El Tribunal de Cuentas solo audita tres de cada diez euros de fundaciones políticas


Los partidos ingresaron 77 millones en sus entidades afines entre 2009 y 2011


Cuando Luis Bárcenas, extesorero el PP, acusó al empresario Juan Miguel Villar Mir (OHL) de haber querido financiar al partido con 300.000 euros, este reaccionó malhumorado: “Nunca he dado ni un céntimo a partidos políticos, y ni se lo daré nunca”. El constructor, que no se declara “ni del PP ni del PSOE”, es sin embargo un generoso colaborador de la fundación FAES, el laboratorio de ideas que preside José María Aznar, a quien entregó 280.000 euros entre 2004 y 2011. También lo fue de la fundación Manuel Fraga, a la que donó 273.635 euros entre 2010 y 2011 para pagar los gastos de rehabilitación de la casa familiar del político gallego fallecido. Esos actos de mecenazgo por parte de quien dirige una firma que tiene contratos millonarios con la Administración no están prohibidos por la ley.

Tras la última modificación de la norma de financiación de partidos, en octubre de 2012, se han relajado los controles sobre estas fundaciones hasta el punto de que los límites que regían hasta el 2011 para los donantes (161.706 euros) simplemente han desaparecido. Eso abre la puerta a un flujo ilimitado de recursos del sector privado hacia la política. Una vía que seguirá siendo legal, porque el Gobierno ya ha aclarado que la prohibición de donaciones de empresas solo afectará a los partidos, no a sus fundaciones.

El último informe del Tribunal de Cuentas, que fiscaliza las fundaciones políticas entre los años 2009 y 2011, está realizado bajo los parámetros más restrictivos de la legislación anterior. Aún así, el organismo lamenta el corsé de una ley que “limita las competencias fiscalizadoras a las donaciones percibidas, sin establecer la obligación de rendir ni las cuentas anuales ni documentación contable alguna”. Las conclusiones de Cuentas, además, son completamente estériles en lo que respecta a las posibles sanciones, que no puede imponer porque no están tipificadas en un reglamento.

El organismo no puede imponer sanciones porque no hay reglamento

Ese es el campo de juego del organismo frente a unas organizaciones que mueven cantidades ingentes de dinero. Entre 2009 y 2011 las fundaciones de los partidos ingresaron 76,9 millones de euros, pero solo 21 millones, los donativos, se sometieron al control de Cuentas: un 28% de los fondos. El resto —subvenciones públicas, convenios con la Administración, promociones, patrocinios o cuotas de afiliados— no se someten a ningún otro control público.

El órgano fiscalizador detectó que muchas donaciones no se identifican correctamente ni se consignan en una cuenta bancaria abierta expresamente para este fin. Además, los partidos y fundaciones que reciben dinero de empresas deben librar al Tribunal de Cuentas un certificado donde se refleje claramente la decisión de donar dinero, algo que en muchas ocasiones no sucede.

Las fundaciones del PSOE ingresaron 26 millones de euros y las del PP, 18

En ese periodo las 11 organizaciones afines al PSOE tuvieron unos ingresos totales de 26 millones, de los que apenas un millón en forma de donativos. Ideas para el Progreso ha sido la mejor dotada del PSOE, y la más polémica. Cuentas la incluyó a la fuerza en su radio de fiscalización porque el partido no había comunicado que se trataba de una entidad con la que tenía una estrecha vinculación. La auditoría hizo que aflorasen otros dos millones de euros que se habían contabilizado como “convenios de colaboración”, pero que realmente tienen la consideración de “donaciones” por tratarse de ayudas “esencialmente gratuitas”, que no conllevan como contraprestación la realización de un servicio. La entidad no publica su balance en su página web, aunque de la escasa información que divulga Cuentas se derivan unas pérdidas en 2011 de 1,4 millones. Desde que el PSOE apartó al director de la fundación, Carlos Mulas, tras calificarlo de “golfo” después de que trascendiera que una colaboradora fantasma había facturado 60.000 euros a Ideas, el partido decidió terminar con esa organización y agrupar sus fundaciones. La fundación Pablo Iglesias y otra de nueva creación, que no ha sido definida, heredarán el trabajo de Ideas.

La legislación es más laxa desde 2012 y elimina el tope de donativos

Instrumentos de difusión del ideario y hábiles estructuras para captar fondos, las fundaciones vinculadas al PP (FAES, Estudios Vascos y Fundescam) ingresaron 18 millones en ese trienio. Sobre FAES se analizaron 4,3 millones en donativos, la gran mayoría procedentes de empresas (4,1 millones) y de ellos, 3,7 millones a través de 58 convenios “debidamente acreditados”, según Cuentas. Fundescam, que estuvo bajo el foco de la Agencia Tributaria dentro de la investigación de Gürtel por la emisión de facturas falsas, no declaró haber recibido en ese trienio ni un euro como donativos. Sin embargo, el órgano fiscalizador descubrió que hasta 375.000 euros por convenios merecían ese calificativo.

La falta de identificación de los donantes es un problema extendido

IU manejó en su fundación Europa de los Ciudadanos casi un millón de euros, pero solo ingresó 4.400 como donativos particulares que fueron “debidamente identificados”. La fundación madrileña del partido, Fundeste, logró incluso más fondos, 1,2 millones, de los que 425.000 fueron donaciones correctamente identificadas. Sin embargo, no apuntó como donación un convenio de 373.888 euros, por lo que en 2009 el dinero que recibió sobrepasó el límite legal.

Otra incumplidora fue la fundación de Convergència Democrática (CatDem): no documentó correctamente donativos de empresas que suman 624.000 euros y no entregó otros datos requeridos por Cuentas

Rajoy suprime las donaciones de empresas a los partidos políticos



Las empresas del PP entre 1979 y 1993


Las donaciones declaradas de empresas al PP crecieron un 862% en pleno caso Gürtel
08/11/2013
La crisis ha puesto contra las cuerdas la situación financiera de las familias y las empresas por la restricción del crédito bancario, pero el Partido Popular ha encontrado suficiente liquidez en el mercado para costear su actividad. De 2009 a 2011, en plenas investigaciones sobre la presunta financiación irregular del PP en el caso Gürtel y coincidiendo con las elecciones generales de noviembre de ese año, los ingresos declarados de Génova por donaciones privadas crecieron un 215%, según el último informe del Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad de los partidos políticos correspondiente a esos tres años. 

El documento refleja que los populares ingresaron por donaciones 679.820 euros en 2009 y 537.679 en 2010, pero en 2011 esa partida se disparó hasta los 2,1 millones de euros. Crecieron tanto sus ingresos por donaciones de particulares como las correspondientes a personas jurídicas, a pesar del deterioro generalizado de las condiciones económicas. Así, las aportaciones de personas físicas declaradas por el PP pasaron de 491.120 euros en 2009 y 394.470 en 2010, a incrementarse en 2011 hasta los 766.670. En total, en ese lapso, las donaciones de particulares crecieron un 56,1%.

Sin embargo, el concepto que registró la mayor subida fue el de las donaciones procedentes de personas jurídicas. Las empresas privadas contribuyeron a la financiación del PP con 188.700 euros en 2009 y con otros 143.200 en 2010. Pero en 2011 Génova batió esas marcas consiguiendo, según el informe del Tribunal de Cuentas, engrosar su caja con 1.378.400 euros mediante esta vía. Es decir, en sólo 12 meses sus ingresos por donaciones de personas jurídicas aumentaron un 862%.

Este fuerte incremento contrasta con el comportamiento que registraron las donaciones del PP en 2008 tras la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Financiación de Partidos del año anterior, que obligó a las formaciones a revelar los datos de todos sus donantes. A partir de ese momento, las donaciones privadas de los populares cayeron un 72%. Sin embargo, en el periodo fiscalizado ahora por el Tribunal de Cuentas, que coincide con los primeros tres años del caso Gürtel (saltó en febrero de 2009), el caso que investiga la presunta financiación irregular de los populares mediante aportaciones opacas de contribuyentes privados, las donaciones declaradas por el PP, en especial las de personas jurídicas, crecieron exponencialmente.

Desfase en las sedes de Barcelona y Lérida

Esa nueva normativa, más exigente con la contabilidad de los partidos, no ha evitado que siga existiendo un desfase en la caja del Partido Popular. La inspección del Tribunal de Cuentas subraya que en los tres años sometidos a escrutinio han aparecido donaciones por valor de 379.594 euros indebidamente justificadas. En concreto, no fueron canalizadas a través de las cuentas bancarias habilitadas por el partido para estas aportaciones, tal y como obliga la ley. Además, los autores de las entregas no fueron identificados. Esas cantidades “corresponden en su mayoría a las sedes territoriales [del PP] de Barcelona y Lérida”, asegura el informe. “A este respecto, el partido manifiesta en el trámite de alegaciones que, si bien el importe a nivel global coincide, existen dificultades para conciliar los importes individuales que figuran en la relación de la memoria con los datos registrados en las cuentas contables”.

El documento también detalla que el PP recibió en 2009 aportaciones de 17 sociedades diferentes, en 2010, de seis compañías distintas y, en 2011, coincidiendo con las elecciones generales, el número de donantes jurídicos diferentes se disparó hasta el medio centenar.

El Tribunal de Cuentas ha detectado otra irregularidad en dos estas aportaciones al PP porque las empresas que las efectuaron tenían contratos vigentes con la Administración Pública en el momento de realizarlas. En concreto, el informe menciona una entrega de 1.500 euros en 2010 y otra de 15.000 en 2011. Se trata de otra prevención establecida en la reforma de la Ley de Financiación de Partidos de 2007. En este caso, el objetivo es combatir que el sector privado pueda utilizar las aportaciones a los partidos para tratar de conseguir adjudicaciones públicas. En la práctica, el alcance del control es muy limitado. De hecho, la alarma no se activa si la empresa donante acaba de concluir su relación contractual con el Estado o está a punto de comenzarla.


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Los bancos sí condonan deudas a los partidos políticos
16-12-2013
El viernes 13 de diciembre de 2013 el Consejo de Ministros aprobó el Anteproyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económica-financiera de los partidos políticos (*).

Es decir, una serie de medidas para fiscalizar la gestión económica de los partidos. Algunas de las más importantes previstas por el anteproyecto son la prohibición de condonaciones de deuda por entidades de crédito o la obligación de todos los partidos, sin excepción, de presentar sus cuentas al Tribunal de Cuentas.

Sobre esta última, el texto prevé que el Gobierno retenga las subvenciones a los partidos políticos que no hayan presentado sus cuentas. Asimismo, el anteproyecto promete nuevas infracciones y sanciones en la financiación de los partidos.

Nuevos delitos de financiación ilegal de partidos
Como explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría tras el Consejo de Ministros, introducirán estas sanciones mediante enmiendas en la reforma del Código Penal que tramita el Congreso.

Prevén introducir el delito de financiación ilegal de partidos; endurecerán las penas por prevaricación; reforzarán la persecución del cohecho, el tráfico de influencias o los delitos patrimoniales, y revisarán el delito contable.

Prohibición de donaciones de personas jurídicas a los partidos políticos
Hasta ahora los partidos podían recibir donaciones con un límite de 100.000 euros anuales. Ahora el Gobierno quiere prohibir todas las donaciones que tengan su origen en personas jurídicas (es decir, una organización, entidad o institución).

Sáenz de Santamaría aclaró que el Gobierno mantiene las donaciones por parte de las personas físicas, que no se pueden prohibir, entiende el Ejecutivo, porque forman parte de la “libertad individual” y suelen realizarse por simpatía con la formación política o por interés en colaborar con ella.

Un punto que pasó inadvertido de la reforma de la Ley Orgánica de Financiación de partidos políticos de 2012, según apuntó en septiembre Cuentas Claras, fue la eliminación del límite de 150.000 euros a las donaciones privadas a fundaciones de partidos políticos.

Es decir, desde la entrada en vigor de la reforma de 2012, es posible donar dinero sin límite alguno a las fundaciones de los partidos políticos, y por tanto, indirectamente, a los partidos, como puso de manifiesto el propio Tribunal de Cuentas en su informe de 2006 (pág. 220 y 221):

En los resultados de los últimos Informes se viene poniendo de manifiesto las relaciones que la mayoría de los partidos políticos mantienen con diversas fundaciones, entre las que hay que destacar las referidas a su constitución, a la concesión de préstamos o subvenciones de funcionamiento, a la adquisición de inmuebles por parte de la fundación y la posterior cesión de uso al partido, al ingreso en la fundación de las aportaciones realizadas por los cargos públicos y a la prestación de aval por parte del partido en operaciones de deuda suscritas por la fundación.

Los periodistas preguntaron a Sáenz de Santamaría sobre el papel de las fundaciones vinculadas a los partidos, como recoge 20 minutos.

La vicepresidenta indicó que a partir de ahora habrá unos “criterios muy claros para determinar si una fundación está vinculada o no a un partido” y si es así, habrá más transparencia y un mayor control sobre ella. No obstante, al no tener el mismo esquema jurídico de un partido, “la norma no podía ser la misma”.

Condonaciones de los bancos a los partidos
Indagando sobre condonaciones de deudas a partidos hemos encontrado un informe de 2009 titulado “La financiación de los partidos políticos” del catedrático de Derecho administrativo Gaspar Ariño.

Aunque de hace tres años, recoge unos datos publicados por UPyD sobre la deuda que los bancos han perdonado a los partidos (sin indicar la fuente y no sabemos hasta qué fecha):
- El PSOE y PSC han logrado acuerdos de condonación desde 2004 por un valor superior a los 40 millones de euros (La Caixa perdonó 7,1 millones de euros al PSC en diciembre de 2004. La BBK, 21 millones de euros al PSOE en marzo de ese mismo año. El Santander perdonó 12 millones al PSOE en mayo de 2006, tras 19 años de impago). - ERC se benefició tras el gobierno tripartito de una condonación de La Caixa por valor de 2,7 millones. - Caixa Galicia condonó 2,6 millones al PP cuando éste partido llegó al poder en 1996.

Aparte, en Twitter los usuarios han recuperado la noticia de que La Caixa perdonó al PSC un préstamo de 6,5 millones (la mitad de una deuda) en 2005.

Condonaciones según el Tribunal de Cuentas
Esto no es todo. En años anteriores también hubo condonaciones de la banca a los partidos. El Tribunal de Cuentas cifró las condonaciones habidas entre 1993 y 2002 en 25,4 millones de euros. Fue en su informe sobre el año 2002 (publicado en 2005).
Mientras que en el informe de 1999 (publicado en 2002), el Tribunal de Cuentas observó que de 1997 a 1999 la banca perdonó deudas de 19,1 millones a los partidos.
El 51% de esa cantidad, 9,78 millones, corresponde a condonaciones al PSOE, la mayoría de ellas de créditos impagados del BBVA. En 1998 el Central Hispano perdonó a los socialistas 5,7 millones de euros.
Según afirma Ariño en su informe, “prácticas análogas han sido denunciadas, aunque no en tanta cuantía, en el caso del PP, de CiU, de IU. El asunto viene de atrás y afecta a todas las entidades“. Bancos como BBV, Caja Madrid, Banesto, Central Hispano, La Caixa, BBK y otras entidades menores.
El Banco de España sabe qué cantidad han perdonado los bancos a los partidos
En el informe del catedrático hay más y diversos datos sobre las condonaciones. En algunos casos no son coincidentes ya que provienen de diferentes fuentes. Ariño apunta que los bancos “no tienen la obligación de hacer públicos los créditos a los partidos”, así como que el Banco de España, a pesar de tener los datos, no los hace públicos.
Los partidos debían 226 millones a los bancos en 2007
El último informe del Tribunal de Cuentas (del año 2007) refleja que los partidos debían en ese año 226,7 millones de euros a los bancos (página 22). Las deudas más elevadas eran las del PSOE (59,7 millones), PP (59,2), PNV (17,1), CiU (15,9), IU (15), UDC (12) o el PSC (10,3), entre otros.
Está por ver cómo podrán devolver esas abultadas deudas después de que el Congreso introdujera en la Ley 8/2007 sobre financiación de los partidospolíticos una enmienda a propuesta de UPyD en la que las condonaciones de los bancos a los partidos están limitadas a 100.000 euros anuales.
En noviembre de 2012 preguntamos al Banco de España a través de Tu derecho a saber cuánto y qué bancos condonan deuda a los partidos políticos. Nunca contestaron.
[Este artículo fue publicado originalmente en Qué hacen los diputados]



La ley prohibirá a los bancos perdonar deuda a los partidos políticos


Claves | Plan anticorrupción del Gobierno



Los Presupuestos de 2013 destinan 2,9 millones a fundaciones de partidos políticos


PP y PSOE se reparten el 90% de las subvenciones de Cooperación Internacional



Los partidos políticos cuentan con 39 fundaciones “caza-subvenciones”


El PP certifica que hasta el 87% de su financiación proviene de ayudas públicas



El PP se lleva casi la mitad de las subvenciones de los partidos políticos en 2013



Mercadona, salpicada por el escándalo de los supuestos papeles de Bárcenas




Dieciséis participaciones en los cursos de FAES ‘avalan’ al nuevo presidente del poder judicial, artículos relacionados con el CGPJ



La empresa de la esposa de Velasco siguió recibiendo subvenciones tras su dimisión



Mercadona y El Corte Inglés, detrás de la nueva reforma del Código Penal


Por Antonio Maestre Lunes, 30 de diciembre de 2013 

Mercadona, El Corte Inglés, Coca Cola, Caprabo, Fnac, Carrefour y Mango son algunas de las 30 grandes empresas que, a través del Comité de Prevención de Pérdida, tienen como una de sus finalidades presionar a las administraciones y hacer lobby para que sus exigencias empresariales se hagan ley.

La Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC) se fundó en 1977 y sus empresas asociadas representan aproximadamente el 20% del Producto Interior Bruto nacional. Mercadona, El Corte Inglés, Coca Cola, Caprabo, Fnac, Carrefour y Mango son algunas de las 30 grandes empresas de AECOC que, a través del Comité de Prevención de Pérdida, tienen como una de sus finalidades presionar a las administraciones y hacer lobby para que sus exigencias empresariales se hagan ley. En lo que llevamos de año, varias reformas legales han seguido el camino señalado por las empresas de Juan Roig (Mercadona) o Isidoro Álvarez (El Corte Inglés): la reforma del Código Penal, que ha convertido el hurto en delito; la Ley de Seguridad Privada, que ha atribuido mayores poderes a los vigilantes y les concede estatus de autoridad; la Ley de Seguridad Ciudadana, que penaliza desobedecer a dicha autoridad; y la ordenanza municipal de Madrid, que prohíbe la mendicidad junto a los supermercados.

Las empresas de distribución sufren unos 130.000 hurtos al año, según fuentes del sector. De ellos, sólo se denuncia un 18%, ya que se considera que con la ley actual no compensa interponer una denuncia por la escasez de resultados. Es por ello que las modificaciones de la Ley de Seguridad Privada y la inclusión del hurto como delito en el Código Penal ayudarán a paliar uno de los problemas del sector.

Las declaraciones del secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, el pasado 11 de diciembre, –en las que reconocía que la Ley de Seguridad Privada pretendía ayudar al sector de la seguridad privada, abriendo nuevos mercados y posibilidades de negocio– dejaban fuera de duda que habían prestado atención a las exigencias que el lobby de las distribuidoras realiza desde hace muchos años. AECOC ha tenido un papel muy activo en la concesión del rango de autoridad a los vigilantes privados, lo que les permite detener e identificar, así como en la atribución de nuevas competencias en materia de orden público para los vigilantes de polígonos y áreas comerciales. Durante 2012, AECOC mantuvo reuniones con las direcciones generales de los Mossos d’Esquadra, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía para explicar la labor que se está desarrollando a través del Comité de Prevención de Pérdida y establecer vínculos de participación entre la esfera pública y la privada en materia de seguridad.

Ferran Masip, miembro del Comité de Prevención de Pérdida de AECOC y del Comité de Seguridad de la Asociación Española de Distribuidoras, Autoservicios y Supermercados (ASEDAS), en la que figuran como miembros importantes Mercadona y Día, ya expresaba en junio de 2012 la necesidad de otorgar mayores poderes a los vigilantes de seguridad. “Permitamos que los vigilantes de seguridad sean ‘agentes de la autoridad’, como lo fueron antes de la modificación de la Ley en 1995, en las empresas, organismos y entidades en los que por su quehacer diario se considere necesario”. Finalmente, la medida ha sido recogida en el proyecto de Ley de Seguridad Privada: el artículo 31 dice que “se considerarán agresiones y desobediencias a agentes de la autoridad las que se cometan contra el personal de seguridad privada debidamente identificado con ocasión o como consecuencia del ejercicio de sus funciones”.

En el seminario de AECOC sobre la prevención de pérdida que se celebró en Madrid en noviembre y que contó con la presencia del secretario de Estado de Justicia, se abordaron las nuevas reformas y su incidencia en el sector. El catedrático de Derecho de la UCM Jesús Zarzalejos declaró que el interés de AECOC “no se agota con la reforma del Código Procesal Penal, sino que se busca un procedimiento más ágil y eficiente. Por ello, para lograr el sistema integral de seguridad en el comercio, se necesita la reforma procesal junto a la modificación de la Ley de Vigilancia, y realizar enmiendas al proyecto de Ley de Seguridad Privada”. Esta reforma legal, aprobada con los votos de PP, PNV y CiU, recoge todas las exigencias relativas al modo de actuación de los vigilantes de seguridad, ya que les permitirá detener a quienes cometan un hurto al estar ya considerado un delito.

El hurto como delito
Uno de los preceptos de la asociación empresarial es detectar oportunidades de mejora a través de comités, que funcionan como verdaderos lobbys. Uno de estos es el Comité de la Prevención de Pérdida Desconocida. Este grupo de presión tiene, entre otros muchos cometidos, el de intentar trasladar a la opinión pública y al Gobierno sus exigencias en lo relativo a la penalización del hurto, ya que, en 2009, el 93% de las empresas de AECOC consideraba que el Código Penal era muy laxo con el hurto. Uno de los puntos referidos al hurto dice así: “Al igual que en el hurto interno, en el caso de los hurtos ocasionados por los clientes debemos extremar las precauciones a la hora de establecer conexiones entre éstos y determinadas etnias, clases sociales, etc… A pesar de que existan datos fiables que revelen la existencia de grupos poblacionales de mayor riesgo, es fácil que alguna declaración o comentario pueda ser malinterpretado adquiriendo carácter xenófobo o clasista”.

El lobby empresarial lleva muchos años pidiendo a la administración la inclusión del hurto como un delito, tal y como reconoce en su memoria de 2012. En ella, AECOC indica que desde el Comité de Prevención de Pérdida se han mantenido reuniones con el Ministerio de Justicia, la Fiscalía General del Estado y el Consejo General del Poder Judicial para que se incluyesen sus peticiones en el Anteproyecto de Reforma del Código Penal.

AECOC recoge en su memoria como un logro del año la inclusión del hurto como delito en el código penal: “AECOC consigue trasladar sus propuestas para que sean recogidas en el Anteproyecto de Reforma con el fin de conseguir un endurecimiento de las penas por este tipo de acciones y de frenar la reincidencia”.

La estrecha colaboración con el Ministerio de Justicia quedó patente cuando, en el XV Seminario AECOC de Prevención de Pérdida celebrado en 2012, el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, se expresó en los términos exigidos por la asociación empresarial. Ulloa transmitió ante los empresarios la convicción del Gobierno para que el hurto dejara de figurar como una falta y fuera incluido en el Código Penal como delito, independientemente del valor del producto sustraído. Ulloa defendió que el hurto era una “acción criminal” que estaba siendo abordada desde una concepción garantista.

En su proyecto de Ley Orgánica, el Gobierno incluyó la supresión de las faltas por infracciones contra el patrimonio. Así pues, todos los supuestos, incluido el hurto, pasan a ser delitos y a estar castigados con penas de entre 6 y 18 meses de cárcel, incluyendo como atenuante la situación económica cuando el valor de lo sustraído no supere los 1.000 euros.

Mendicidad y prostitución en la puerta del súper
No sólo en lo relativo a la seguridad privada y a la modificación del Código Penal han sido sensibles las administraciones públicas con estas grandes empresas. El borrador de la ordenanza de convivencia del Ayuntamiento de Madrid recoge en su artículo 10.2 que “no se permite ejercer la mendicidad en las entradas y salidas de centros educativos, de atención social, hospitales, establecimientos comerciales y empresariales”. Según una información de Quico Alsedo en El Mundo, un abogado de Mercadona agradeció en una reunión celebrada en Madrid con Carlos Martínez Serrano, coordinador de Asuntos Sociales del Ayuntamiento, la inclusión de este punto, debido al supuesto perjuicio que la mendicidad ocasiona en sus establecimientos, dada la existencia de una mendicidad organizada muy dolosa. El representante de Mercadona llegó a pedir al Ayuntamiento un cambio en la ley en lo relativo a la prostitución: “Querríamos que en la norma que lo persigue se dijera no sólo centros comerciales, sino establecimientos, porque los centros son un tipo de establecimiento comercial, un tipo muy definido, y no queremos que se excluya al pequeño ni mediano comercio”.

El modelo de seguridad que se ha instaurado con estas modificaciones es el que lleva persiguiendo AECOC desde hace años. Gracias a la nueva Ley de Seguridad Privada, el Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana, un vigilante privado podrá detener, cachear e identificar a un sospechoso de haber sustraído una barra de pan. El ciudadano que lo desobedezca por saberse inocente podría ser sancionado con una multa de 1.000 a 30.000 euros, según la nueva Ley de Seguridad Ciudadana.
La labor del lobby de AECOC se rige por un decálogo de comunicación que recomienda, entre otras cosas, no ir a tertulias televisivas de máxima audiencia.




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