De izquierda
a derecha, Tomás Burgos, secretario de Estado de Seguridad Social, José María
Marín Vigeras, Miguel Ángel García, Ignacio Conde-Ruiz, Francisco Castellano,
José Enrique Devesa, la ministra Fátima Báñez, Mercedes Ayuso, Víctor Pérez
Díaz, Manuel Lagares, Miguel Ángel Vázquez y Rafael Doménech. Faltan Santos
Ruesga y José Luis Tortuero. / ULY MARTIN (EL PAÍS)
El
'comité de sabios' propone dos fórmulas que se traducen en menores prestaciones
El
documento ha recibido el respaldo de la mayoría de los 12 'sabios' y tres votos
particulares
El
Gobierno elude pronunciarse con el argumento de que no ha recibido el texto
El consejo de expertos a los que el Gobierno ha
encargado la elaboración de un informe para reformar el sistema de pensiones ha
sido aprobado por una amplia mayoría. El informe, cuyo
borrador ha sido publicado este viernes por EL PAÍS, consagra
legalmente algo que ya ha sucedido en los últimos dos años: que las pensiones
pierdan poder adquisitivo en tiempos de crisis, incluso que queden casi
congeladas por un largo periodo si la economía va mal durante mucho tiempo,
como sucede ahora. Traducción: que en las malas épocas las pensiones sean más
bajas.
El informe de los expertos, que ha sido asumido por
10 de los 12
miembros del grupo, con tres votos particulares (y con un voto en
contra y una abstención), ha sido entregado hoy al Ejecutivo. Los votos
particulares corresponden a Miguel Angel García, jefe del gabinete de estudios
de CC OO, quien no obstante ha votado a favor del texto. También,
a Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada y que entró a propuesta
del PSOE, que lo ha rechazado. El último es de José Luis
Tortuero, catedrático de Seguridad Social y también propuesto por el PSOE,
que ha optado por abstenerse.
Cuando reciba el informe, el Gobierno lo remitirá
al Pacto de Toledo, la comisión parlamentaria donde se negocian las reformas de
pensiones, y abrirá las conversaciones con los sindicatos y la patronal que ha
prometido Rajoy. La reforma final y el momento de su entrada en vigor —“el
comité se pronuncia a favor de una aplicación lo más temprana que sea posible y
prudente, dentro del periodo 2014-2019”— tiene que estar lista en septiembre,
según se ha comprometido el Ejecutivo con la Comisión Europea.
Sobre este extremo, la vicepresidenta, Soraya Sáenz
de Santamaría ha aplazado una respuesta oficial del Gobierno sobre las
propuestas de los expertos hasta que no reciban el documento. "No tenemos
todavía el informe y no puedo confirmar si va a ser remitido en el día de hoy o
el lunes", ha dicho Santamaría. "De momento, solo puede agradecer al
comité su trabajo", ha añadido antes de asegurar que el Gobierno da mucha
importancia a los acuerdos del Pacto de Toledo.
Independientemente del contenido del texto, desde el
entorno del presidente matizan que el
Gobierno trabaja ya en fórmulas para intentar incorporar a los
sindicatos y al PSOE en un pacto complejo pero no imposible, informa Carlos
É. Cué.
Hace más
de un mes que la docena de académicos a los que el Gobierno encargó
el diseño del factor de sostenibilidad comenzó sus trabajos. Su conclusión pasa
por poner en marcha un doble mecanismo de ahorro para la Seguridad Social: por
un lado, desvinculando las pensiones de la marcha de los precios y ligándola a
la salud de las cuentas del instituto público; y, por otro, estableciendo que
la pensión inicial de los recién jubilados quede encadenada a la esperanza de
vida en el momento de retirarse. Así figuraba ya en el borrador, de 43 páginas
fechado el pasado 4 de junio que ha sido aprobado este viernes.
El factor de sostenibilidad es un mecanismo de
ajuste y contención de gasto en el sistema público de pensiones que se
contempló en la última reforma, la que se aprobó en 2011 y entró en vigor este
año, que contempla el incremento paulatino de la edad de jubilación hasta los
67 años en 2027. Para definir este factor, que ya funciona en diversos países
europeos bajo distintas modalidades, el Gobierno designó un grupo de 12
expertos el pasado abril que ha estado trabajando durante todo el mes de mayo
en su diseño.
Una reforma para pensiones presentes y futuras
La principal novedad de la reforma que se avecina,
según proponía el borrador al que tuvo acceso este diario, es que afectará
tanto a los pensionistas futuros como, sobre todo, a los actuales. Si la
propuesta sale adelante en los términos redactados hasta ahora, esto
significará que por primera vez una reforma de este tipo se aplica sobre
quienes ya son pensionistas en el momento de su entrada en vigor. Hay que tener
en cuenta que la actualización anual es el elemento que más contribuye al
incremento anual de la factura de las pensiones (una media de 2.000 millones
anuales desde los años ochenta, teniendo en cuenta la inflación).
La propuesta no aconseja seguir retrasando la edad
legal de jubilación más allá de los 67 años ni anticipar su llegada antes de
2027, ni tampoco modificar o acelerar los cambios en el periodo del cómputo de
la pensión ya previstos. En cambio, sí propone una nueva fórmula para
actualizarlas cada año. En ella, tendrían un protagonismo fundamental los
ingresos y los gastos del sistema, tanto en el ejercicio vigente como en varios
anteriores como en posteriores, según las previsiones.
El resultado de esta fórmula en situaciones como la
actual puede dar como resultado incluso recortes sobre la pensión y no solo la
congelación. Para que eso no suceda, el informe aconseja “la fijación de una
cláusula suelo que impida la caída de las pensiones de quienes ya estén
jubilados de momento de aplicar el factor”. Sí que deja abierta la puerta a que
eso suceda con quienes se retiren en el futuro. Aunque estudiada con atención
la fórmula y leído el informe se deja un mecanismo en manos del Gobierno de
turno para que esto no suceda: aportar más ingresos al sistema a través de los
impuestos y no solo por las cotizaciones. Claro que esto, en épocas de
estrecheces financieras y con una ley de estabilidad presupuestaria como la
vigente no resulta nada sencillo si ese dinero no se retira de otras partidas.
De quedar así la propuesta en la reforma
definitiva, esto complicaría enormemente el escenario anual de actualización de
las pensiones. El propio informe lo contempla cuando aconseja que “por razones
de justicia y de prudencia el factor de revalorización anual debe aplicarse a
los pensionistas actuales y futuros en grados y bajo modalidades distintas”. Y
todo eso teniendo en cuenta que se hace en el marco de un periodo transitorio
de retraso paulatino de la edad de jubilación hasta los 67 años en 2027 y
aumento del periodo de cálculo de las pensiones hasta 25 años en 2022.
Los funcionarios
No se olvida el comité de sabios de los
funcionarios y recomienda que también en este caso se ligue la actualización
anual de las pensiones de este colectivo a la fórmula propuesta. “Debería
considerarse la posibilidad de aplicarse el factor de sostenibilidad diseñado
en este informe a dichas pensiones [en referencia a los empleados públicos]”.
En este punto y en esta versión hay
retoques sobre el borrador anterior, adelantado por EL PAÍS. En él
se proponía que si en épocas de bonanza de la aplicación de la fórmula
resultara un aumento de pensiones significativo, se estableciera un límite en
el índice de precios al consumo. Esta vez ha desaparecido este límite. Se abre
así la posibilidad de que en los años de crecimiento se pueda compensar el
sacrificio de las crisis.
El factor de sostenibilidad que propone el comité
contempla un segundo mecanismo de ajuste: la vinculación de la primera pensión
del jubilado a la esperanza de vida al retirarse. Esto se traduce en una merma
de las pensiones futuras como admite el informe: “implica un ajuste a la baja
en el cálculo de la pensión inicial, aunque en magnitudes del 5% cada 10 años”.
De no sufrir modificaciones sustanciales en estos
dos puntos durante las negociaciones políticas y sociales, España pasaría a ser
el primer país europeo con un doble mecanismo automático de ajuste y contención
de gasto en el sistema de pensiones: uno sobre la pensión inicial, basado en un
elemento demográfico, y otro sobre la actualización anual, asentado en la
coyuntura económica.
Cambios más allá de la pensión
Aunque no cae estrictamente dentro de sus
propuestas, el comité también señala que caben otros cambios en el sistema como
cambiar al “considerar las cotizaciones de toda la vida laboral”. De hecho,
afirma que este mecanismo “no sustituye la necesidad de otras reformas internas
del propio sistema para mejorar su eficiencia y equidad”.
Conscientes de la impopularidad de la propuesta, aunque
el objetivo sea la “sostenibilidad del sistema público de pensiones”, el
borrador estaba ya redactado en tono defensivo. “El factor de sostenibilidad no
es sinónimo de recorte”, defiende el texto. Y argumenta: “A medio y largo
plazo, la pensión media representará un porcentaje menor del salario medio, sin
embargo, la pensión media real aumentará”. Es cierto que la pensión media puede
crecer por otras causas, pero en todo caso será menor que si no se aplicasen
las nuevas fórmulas.
También responde las posibles críticas de modelo
tecnocrático diseñado por personas ajenas a los votos de la ciudadanía que
probablemente recibirá la propuesta. “Aunque el factor de sostenibilidad impone
una serie de restricciones que han de cumplirse anualmente para asegurar el
equilibrio presupuestario, no impide la actuación del pacto político y social”,
apunta. “No sustituye a la soberanía popular, y ni siquiera la erosiona
o matiza”, prosigue. Y, a continuación, pasa a justificar por qué
dejan margen de maniobra en las fórmulas (años a tener en cuenta, parámetros
correctores, cláusulas amortiguadoras o momento de entrada en vigor). La pelota
está en el tejado del Gobierno.
Artículos relacionados:
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banca y las aseguradoras
Dossier Pensiones 2013
Los 12 sabios que calculan las pensiones
Voto
particular de Miguel Ángel García Díaz
al informe del comité de expertos sobre
el factor de sostenibilidad del sistema público de pensiones.
Cita:
Miguel Ángel García. El
director del gabinete económico de CC OO y profesor colaborador de la
Universidad Rey Juan Carlos concitó este viernes (a su pesar) parte de la
atención en el comité de sabios por su voto favorable al informe definitivo,
que contrastó con el único voto en contra de uno de los expertos elegidos por
el PSOE, Santos Ruesga, colaborador habitual de UGT. García defendió que estaba
en el comité por su condición de estudioso del tema, lo que ya le hizo
participar, en 1996, como negociador en representación de CC OO, en el
desarrollo del Pacto de Toledo. Aquella negociación acabó en un acuerdo con la
patronal y el Gobierno en 1997, del que se desvinculó UGT, representado
entonces también por Santos Ruesga. En su voto particular, García apuesta por
retrasar la aplicación del factor de sostenibilidad hasta 2019, mientras CC OO
insistía poco después en no a hacerlo hasta 2027. En
su blog Pensar sobre economía, que se publica en la
versión digital de EL PAÍS, ya anticipaba la dificultad de “pagar en 2050
cualquier cantidad de pensión a casi el doble de personas, debido a la
evolución de la demografía y gracias a la mejora en la esperanza de vida”.
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El representante de CCOO
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de la Moncloa
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6º Congreso de CCOO: Destitución de Marcelino Camacho, fundador (1996)
VI Congreso CCOO
Marcelino
Camacho se ve obligado a abandonar la presidencia de CC.OO.
El segundo secretario general
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El tercero secretario general
José María Fidalgo (2.000-2.008)
José
María Fidalgo un traidor y un renegado
Ignacio Fernández Toxo (2008
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