La
vicepresidenta denuncia un fraude de 520.000 parados que no existe en las
cifras oficiales
Por Belén Carreño Viernes, 11 de octubre de 2013
Según los datos de Empleo, en el primer semestre de 2013 solo
60.004 personas se encontraban en esta situación. Para llegar a la cifra manejada por Santamaría,
en todo 2012 se tendría que haber pillado a 460.000 infractores.
Esta no es la semana del Ejecutivo con las
estadísticas. Después del lío de los salarios, en el que el vicepresidente
Montoro habló de moderada subida de las remuneracionescuando se está
registrando una caída según todas las estadísticas, ahora la vicepresidenta
económica saca pecho con unas cifras de falsos parados hinchadas adrede o por
error.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Soraya
Sáenz de Santamaría se enredó en una espiral de cifras sobre los parados a los
que se les había quitado la prestación por haber cometido fraude. En un primer
momento, la vicepresidenta dice que se han abierto comprobaciones a 520.000
perceptores de prestaciones para ver si estaban cometiendo algún tipo de fraude
en el último año y medio. Pero a lo largo de su intervención, Sáenz de
Santamaría se ha ido encendiendo con la cifra y ha asegurado que "medio
millón de personas cobran fraudulentamente la prestación por desempleo".
Además, ha explicado que este fraude consiste en que estas personas
"cobran prestación por desempleo y que sin embargo trabajan
fraudulentamente y trabajan en B".
Los datos que ha anunciado la vicepresidenta están muy lejos de
las estadísticas oficiales que proporciona el propio Ministerio de Empleo. En agosto, la ministra
envió una "carta abierta" a los medios de comunicación para hacer
este mismo balance de la lucha contra el fraude. Pero las cifras eran muy
diferentes. Según publicaron en su página web, en el primer semestre del año se
les retiró la prestación por desempleo "a 60.004 beneficiarios de la
prestación por falta de disponibilidad para el empleo, incumplimiento de los
requisitos de acceso y mantenimiento de la misma, frente a 52.269 en
2012". Así, en el segundo semestre de 2012 se le tendría que haber
retirado la prestación a 408.000 personas para que cuadrarán las cuentas de la
vicepresidenta.
Pero el equívoco va más alla. Según Empleo, se detectó
"a 5.833 trabajadores que compatibilizaban indebidamente las
prestaciones con el trabajo, o que las han obtenido fraudulentamente".
Además, según el informe completo sobre lucha contra el fraude de
2012, solo 9.452 personas estuvieron en esta situación. Teniendo en cuenta que
de media hay 2,7 millones de beneficiarios de prestaciones por desempleo, la
proporción es casi anedótica y apenas un 3% de lo que ha dicho la
vicepresidenta.
Fuentes del Ministerio de Empleo han intentado dar otra
explicación a las cifras que ha dado la vicepresidenta pero que no encuentran
en su base de datos. Así, desde Empleo dicen que se han debido de sumar también
las suspensiones, es decir, la gente a la que se retira la prestación durante
un mes.
En total, se les suspendió temporalmente la prestación a 123.000
beneficiarios en el primer semestre del año. Sumados a los 60.000 a los que se
les quitó definitivamente la cifra da 183.000 por lo que en 2012 deberían haber
sido 337.000 beneficiarios los que hubieran defraudado al sistema.
Sin embargo, Empleo no dio estos datos en agosto porque esto no
se considera fraude. La mayor parte de estas personas olvidó renovar su demanda
de desempleo a tiempo y se les suspendió el cobro durante un mes. Pero el
error, como es lógico, no aparece en el plan de lucha contra el fraude.
En la referencia del Consejo de Ministros, que se publica con
posterioridad a la rueda de prensa, se especifica que "la mayoría de estos
perceptores -por los 520.000- han sido sancionados por el incumplimiento de
requisitos tales como la ausencia de comunicación de rentas o de prestaciones,
así como la no renovación de demanda". Es decir, faltas que no se
consideran fraude. Además, se asegura que se hicieron 2,5 millones de
"actuaciones de control". Una cifra ingente si se tiene en cuenta que
la plantilla de inspectores de la Seguridad Social apenas está en 2.000
efectivos. Es decir, en este año y medio cada inspector habría hecho 120.000
controles.
Las desorbitadas cifras ofrecidas por la vicepresidenta hubieran
obligado a una tarea hercúlea a los inspectores laborales si se tiene en cuenta
que en un año y medio abrieron 334.214 inspecciones en materia de empleo. Es
decir, que por cada expediente abierto habrían pillado a 1,5 parados
defraudando.
Las cifras hablan por sí solas.
El anuncio de los resultados de plan de lucha contra el fraude
(con un batiburrilo de cifras que ya se conocían con anterioridad) se enmarcan
dentro del inminene anuncio que hará el Ejecutivo de que impondrá sanciones más
fuertes a quienes rechacen una oferta de trabajo. Así, la vicepresidenta ha
dicho que "se reforzarán las medidas y consecuencias" derivadas
de la no aceptación de ofertas adecuadas de empleo por parte de los
desempleados y del cobro indebido de prestaciones.
Horas antes, el presidente de la comunidad de Madrid, Ignacio
González, aseguró que las personas desempleadas "que no quieran
atender" ofertas de trabajo del servicio público de Empleo deberían tener
algún tipo de sanción.
La
vicepresidenta ofrece datos irreales sobre el fraude en el desempleo
Fraude de la burguesía
Los grandes
patrimonios y empresas concentran el fraude fiscal español
El presidente de
los Técnicos de Hacienda (Gestha), Carlos Cruzado, advierte de la urgencia de
desterrar una creencia común "errónea" que sitúa el grueso del fraude
fiscal en el pequeño autónomo y en las pymes puesto que el 71 % "es
atribuible" a patrimonios altos y grandes empresas. Siga leyendo
Los grandes patrimonios y empresas concentran el fraude fiscal español,Datos macroeconómicos, economía y política - Expansión.com
http://www.expansion.com/2013/07/20/economia/1374319420.html
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http://www.expansion.com/2013/07/20/economia/1374319420.html
El 94% de
empresas del Ibex tenía presencia en paraísos fiscales en 2011
Es una de
las principales conclusiones que arroja la novena edición del estudio ‘La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales
de las empresas del IBEX 35', elaborado por el Observatorio de la RSC, que
señala que el número de empresas del principal índice bursátil español
instaladas en paraísos fiscales se incrementó un 8% con respecto a 2010.
La evasión
de impuestos de los ricos provoca los recortes
Si las grandes empresas hubieran pagado
sus impuestos el total recaudado hubiera acabado con el problema del déficit.
Los recortes de los presupuestos generales del
estado de 2012, realizados por el gobierno de Mariano Rajoy, permitirán un
ahorro al estado de 27.300 millones de euros destinado a reducir déficit y
pagar deuda. Estos recortes en sanidad, educación y servicios públicos y
sociales más básicos no hubieran sido necesarios si el estado hubiese combatido
el fraude fiscal, según la Comisión de Derechos Económicos y Sociales de la
ONU. Si las arcas de la hacienda pública hubieran ingresado lo que debían, en
un año el estado contaría con 38.000 millones de euros, cifra que supera en más
de diez mil millones la cuantía total de todos los recortes del periodo
2011-2012.
El informe continúa mostrando una estimación del
Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (GESTHA) que indica que
la tolerancia del fraude fiscal hizo perder en total al estado alrededor de
88.000 millones de euros sólo en 2010, un dinero que podría haber mitigado el
déficit público -91.000 millones en 2011- al menos en un 90%. Estas ingentes
pérdidas de ingresos sólo han dejado como alternativa la financiación exterior
a través de los mercados financieros -con el consiguiente aumento de la deuda-
hasta que el aumento de la prima de riesgo también ha cerrado ese grifo,
dejando a España expuesta al rescate de la troika.
Las grandes empresas del Ibex y la CEOE,
las que más defraudan.
Según GESTHA, el 72% del fraude fiscal es
responsabilidad de las grandes empresas del Ibex35 como Repsol o el Banco
Santander y grandes fortunas como las de Emilio Botín y otros. Repsol sólo paga
contribuye en España un 20% de lo que debería, siendo una de las empresas que
más opera en paraísos fiscales. La causa abierta contra Emilio Botín por el
fiscal del estado por fraude fiscal fue abortada por el gobierno del PSOE
durante el mandato de Zapatero. Los cálculos de los técnicos de hacienda no
incluyen el resultado de enmendar aberraciones como que las grandes fortunas
tributen un 1% a través de las SICAV. Sólo hacen estimaciones con la ley en la
mano. Ley que los muy ricos se saltan a la torera con la aquiescencia del poder
político.
De esta manera son las rentas del trabajo, los autónomos y el IVA
los principales ingresos del país, haciendo que el estado lo estén
sosteniendo las clases populares, precisamente las clases más perjudicadas por
los severos recortes en servicios públicos.
Mientras tanto, los grandes empresarios a través
de la CEOE, pidieron el jueves el despido de funcionarios, bajadas de sueldos y
la subida del IVA.
Nueve de cada diez empresas del IBEX 35
operan en paraísos fiscales
- Gestha
propone medidas para ingresar 63.300 millones anuales y 'acabar de una
vez' con el déficit (30 de mayo de 2012)
- GESTHA
propone alternativas para recaudar más que con ajustes que reclama UE
(7 de julio de 2012)
- Gestha
propone triplicar el Impuesto de Patrimonio y eximir a la Deuda Pública
para evitar nuevo rescate (2 de septiembre de 2012)
- España
solventaría su problema de la deuda en 2013 si sitúa el fraude en la media
de la UE (1 de octubre)
- Los
técnicos de Hacienda piden publicar la lista de firmas que evaden
impuestos (28 de enero de 2013)
- Gestha pide investigar
las empresas de Arturo Fernández por presunto delito fiscal (14 de
febrero de 2013)
Las SICAVs
Las SICAV y
otros trucos para evadir impuestos
Pese a la crisis, con las
SICAV crecen los millonarios
"Las grandes fortunas utilizan las
SICAV para pagar un 1% de impuestos"
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