01-01-2012 por Estitxu Martínez de Guevara
En las últimas semanas, a raíz del nombramiento del
nuevo gobierno español, se han publicado sorprendentes datos en torno al nuevo
ministro de Defensa, el “ministro vasco” del ejecutivo. Curiosamente ha sido
omitida mucha información, así como algunas de sus “grandes hazañas”, que aún
pagamos todas, y que seguiremos pagando durante décadas. Vayamos a ello.
Un currículo de “armas vender”
Este vizcaíno, de Getxo, procede de una de las grandes
familias burguesas de Las Arenas (segundo hijo del Vizconde de Alerón y nieto
de los condes del Asalto, grandes de España), es poseedor de la Gran Cruz de la
Orden de Isabel la Católica y, hasta hace poco, ha sido Presidente del elitista
“Club Puerta de Hierro” madrileño y Secretario General del Círculo de
Empresarios.
Por lo que respecta a su trayectoria en la
Administración, de la mano de los gobiernos de Aznar, fue Secretario de Estado
de Defensa entre 1996 y 2000 (siendo ministro Eduardo Serra), Secretario de
Estado de Seguridad entre 2000 y 2002 (siendo ministros Jaime Mayor y Mariano
Rajoy) y Secretario de Estado de Ciencia y Tecnología de 2002 a 2004 (siendo
ministro Josep Piqué). A parte de todo ello (o gracias a ello) ahora llega a la
titularidad del Ministerio de Defensa, eso sí, tras acumular en los años posteriores
a sus cargos administrativos un extenso currículo por buena parte de las
empresas que componen el mercadeo de la muerte que constituye la industria de
armamento.
Así, desde mediados de 2005 y hasta hace pocos meses,
ha sido consejero o representante de Instalaza, empresa fabricante de
municiones y bombas especialmente deleznables como, por ejemplo, las llamadas
“bombas racimo”, sobre las que en 2008 un tratado internacional suscrito por
107 países estableció la prohibición de uso, desarrollo y fabricación. Esto no
debió gustarle a la empresa representada por Morenés, pues recientemente ha
reclamado al gobierno español una “compensación de 40 millones de euros en
concepto de daño emergente y lucro cesante” (Cinco Días, 09-05-2011) por dejar
de producirlas. No podemos hacernos una idea, aunque nos lo podemos imaginar,
de qué pensará, por ejemplo, la población civil libia que ha sido uno de los
“objetivos” contra los que (según denunciaba el New York Times el pasado 15 de
abril) se han utilizado las “bombas racimo” MAT-120 fabricadas por la empresa
aragonesa defendida por el actual ministro de Defensa, y que exporta sus
criminales producciones a más de 90 ejércitos.
No obstante, al actual ministro, sin duda un “hombre
de armas tomar” (para luego venderlas, se supone), no le debía parecer
suficiente este tipo de armamento, por lo que en los últimos meses se decidió a
compatibilizar su cargo en Instalaza con el de Presidente ejecutivo de la
empresa paneuropea de misiles MBDA. Esta empresa ha suministrado dos grandes
contratos de misiles al gobierno español del que ahora forma parte Morenés; el
primero, de casi 28 millones de euros, por la venta de misiles Mistral para los
helicópteros de ataque “Tigre”; el segundo se trata de un contrato de más de
100 millones de euros para el suministro de misiles a los “Eurofighter”
españoles. Este programa sigue actualmente en vigor, por lo que Morenés tendrá
que abonar la cuenta a sus, hasta ahora, compañeros de empresa (o no; ahora
entraremos en ello). De paso también se ven favorecidos unos antiguos vecinos
de Morenés, ya que la vizcaína empresa SENER (ubicada en Las Arenas, qué
casualidades) es responsable del diseño y producción del sistema de
actuación y control del misil contratado por Defensa.
Pero no pensemos que esta casualidad es el
único contacto de Morenés con los mercaderes de la muerte made in
Euskadi, qué va. También ha formado parte del Consejo de Administración de
SAPA, la empresa guipuzcoana de la familia del presidente de la Real, Jokin
Aperribay, especializada en carros de combate, cañones y otro elementos de
artillería, en cuyo consejo coincidía con otro de sus amigos del “Club Puerta
de Hierro”, Enrique Falcó y Carrión, también miembro de la “nobleza” por ser
Conde de Elda.
No acaban aquí las relaciones de Morenés con la
industria de la muerte. Este ínclito personaje ha sido, hasta ahora, presidente
de la empresa KuitVer Estudios SL, especializada en I+D+i, y que se define como
“asesores tecnológicos que basan su acción en el conocimiento del sistema y de las
personas que lo gestionan”; y si algo conoce Morenés a fondo y por dentro es el
sistema y las personas que gestionan los recursos del Ministerio de Defensa y
los de Interior. Algunos de los que hasta ahora eran los principales clientes
de KuitVer, en concreto, los ligados al sector de “Seguridad y Defensa”, como
INDRA, Instalaza, INTA, Amper, Ariex Complex… o las vascas SENER,
SAPA-Placencia, ITP o Aernnova, es decir, “lo más granado” de la vergonzante
industria militar vasca, estarán encantados de su nombramiento.
Por si fuera poco, en el caso de Morenés se demuestra
que también en otros sectores han sabido valorar su conocimiento de los
entresijos de los Ministerios de Interior y Defensa, por los que ha pasado.
Buena prueba de ello es su recientísimo nombramiento como Presidente y
Consejero de la empresa de seguridad privada, Segur Ibérica, la que, por
cierto, ha recibido adjudicaciones de contratos en los últimos tres años
(algunos aún en vigor) por valor de más de 4 millones de euros para la
vigilancia y seguridad de diversas dependencias… del Ministerio de Defensa.
También es la empresa de seguridad privada contratada para custodiar los
atuneros vascos en el océano Índico.
El impulsor del tremendo derroche militar: una deuda
de más de 30.000 millones de euros
El pasado 13 de agosto, El País publicaba
que “Defensa
renegocia 26.000 millones en armamento que no puede pagar”. La noticia
hacía referencia a un mecanismo de financiación puesto en marcha a finales de
los 90, que buscaba no contabilizar como gasto militar lo derrochado en los
grandes programas de armamento. Consistía en que el Ministerio de Industria
concedía a las empresas adjudicatarias de los grandes programas de armamento
unos anticipos reintegrables sin intereses, con la finalidad de que las empresas
fabricantes hicieran frente a las fases de desarrollo y al inicio de la
producción; cuando Defensa recibiera el armamento debía realizar el pago a las
empresas para que, entonces, estas devolvieran los anticipos a Industria.
Con ese mecanismo, como señala Constantino Méndez
-hasta hace unos días Secretario de Estado de Defensa-, en un reciente informe
sobre la situación financiera presupuestaria de los programas especiales de
armamento que han generado esa deuda, “el proceso seguido se ha desarrollado
de forma incoherente y poco planificada, sobre la base de un modelo obsesionado
en las adquisiciones pero indiferente al impacto financiero de las mismas y a
su sostenimiento posterior. Un modelo que creó una ilusión financiera totalmente
alejada de la senda de gasto que los presupuestos de Defensa podían y pueden
soportar, un modelo alejado de la disciplina propia del gasto público. Esa
falta de disciplina es la causa central de los problemas analizados y está
referida a un tiempo concreto: el periodo que va desde el año 1997 al año 2004
en el que se generan más del 80% de las obligaciones que han de ser atendidas
en el presente y futuro”.
Pues bien, cabría preguntarse quién ha sido el
responsable directo de lo que el Secretario de Estado de Defensa cesante
califica tan duramente, y parecería lógico responderse que no es otro que el
Secretario de Estado de Defensa que lo puso en marcha, en 1997, esto es, Pedro
Morenés Eulate, el actual Ministro de Defensa. Él fue quien impulsó los principales
programas de armamento (Avión de Combate Europeo Eurofighter; Carro de
Combate Leopard y las Fragatas F-100) cuyo coste supone hoy más de la mitad de
la deuda acumulada por Defensa. Y para completar el rizo, de 2002 a 2004 siguió
aprobando nuevas partidas para las empresas de armamento a través del sistema
por él impulsado, solo que en esta ocasión desde su cargo de Secretario de
Estado de Ciencia y Tecnología, que sustituía al Ministerio de Industria.
Pero, claro, cuando Morenés presentaba en el Congreso
ese “mecanismo de financiación” para ponerse en marcha en los presupuestos de
1997, lo hacía como si fuera a ser la panacea: “(…) ha arbitrado mecanismos
para la financiación, por vía del Ministerio de Industria, de proyectos de
armamento y material, que sin duda redundarán en beneficio de la condición
industrial de España en este área y en otras afines. En el ejercicio de 1997
este mecanismo financiero del Ministerio de Industria incluirá créditos por
valor de 35.000 millones de pesetas (…) Este acuerdo entre Defensa y Industria
permitirá a la primera iniciar inmediatamente programas que, de otra manera,
deberían posponerse con incidencias desde el punto de vista de la operativa
militar (…) En las actuales circunstancias de austeridad presupuestaria, el
Ministerio de Defensa debe ser capaz de arbitrar soluciones a los problemas de
modernización de las Fuerzas Armadas en paralelo y como parte fundamental del
proceso de profesionalización. En ese entorno es a lo que se debe la
participación del Ministerio de Industria (…)”.
Estas apreciaciones de Morenés chocan de frente con lo
declarado por el citado Constantino Méndez en una comisión parlamentaria el 6
de octubre de 2010, cuando afirmó que “No deberíamos haber adquirido
sistemas [de armas] que no vamos a usar, para escenarios de confrontación que
no existen y con un dinero que no teníamos entonces ni ahora”.
Y sin embargo, la auténtica carrera armamentística
impulsada por Morenés no terminó ahí. También fue él quien puso en marcha el
mecanismo por el cual el Ministerio de Defensa podía dedicar el importe de su
particular desamortización a la adquisición de más armamento (vendiendo
terrenos que, en su día, expropió a ayuntamientos y poblaciones, a los que
deberían haber revertido). Así, en la presentación de los presupuestos para
1997 afirmaba que “En cuanto a la Gerencia de Infraestructura, deseo
manifestarles que es firme voluntad del Ministerio y del Gobierno darle una
agilización a sus procedimientos que permita una mejor gestión del patrimonio
inmobiliario de la Defensa. En ese sentido se ha introducido en la ley de
acompañamiento al presupuesto una disposición mediante la cual se permitirá
destinar fondos provenientes de la gestión inmobiliaria de la Gerencia de
Infraestructura no solamente a infraestructura, sino también a modernización
del armamento y material de los Ejércitos”. Esta nueva operación de
financiación de la carrera armamentística se calcula que ha supuesto, en estos
años, más de 3.000 millones de euros adicionales para nuevas compras de
armamento.
Con todo el dineral que, gracias a las gestiones de
Morenés, hemos visto derrochado en gasto militar para la adquisición de nuevo
armamento, aun a costa de vaciar las arcas públicas, ¡cómo no iba a encontrar a
numerosas empresas de armamento dispuestas a incluirle en sus Consejos de
Administración al terminar sus cargos públicos!
Concluyendo
El nombramiento del vasco Pedro Morenés como ministro
de Defensa español deja claras una serie de graves cuestiones. En primer lugar,
la podredumbre de un sistema que permite que un alto cargo del Estado,
responsable, en buena medida, de una serie de tropelías que han supuesto
esquilmar las arcas del Estado impulsando una absurda y obscena carrera
armamentística con partidas multimillonarias entregadas a empresas de
armamento, pase a formar parte de los Consejos de Administración de empresas de
este sector una vez finalizan sus competencias como cargo público. Y no solo
eso: que sea posible un “camino de vuelta” para que, ahora como máximo
responsable del Ministerio de Defensa pueda conceder nuevas partidas
millonarias a esas empresas del sector entre las que se encuentran aquellas que
le han tenido en sus Consejos de Administración.
Y mucho más grave aún: ¿cómo se puede entender -más
allá de la demostración evidente de que se ríen de la población, en nuestra
cara- que se pueda “premiar” con el nombramiento como ministro del ramo a uno
de los principales responsables de un colosal despilfarro en gasto militar que
ha generado una deuda de más de 30.000 millones de euros, el doble de lo que,
según el gobierno español, se ha de recortar en gastos -principalmente
sociales- para “hacer frente al déficit público”? No tenemos respuesta para
esto, pero lo que sí sabemos es que una de las principales causas de la “crisis
económica” con la que intentan someter y rebajar todos nuestros derechos
sociales y laborales es el obsceno gasto militar y la criminal carrera de
armamentos que este financia. Sin duda, si acaban de nombrar ministro a uno de
sus impulsores, podemos temernos lo peor para los próximos cuatro años.
Mientras cientos de miles de personas en el Estado
español (y miles de millones en el mundo) sufren diariamente las consecuencias
de haber sido empobrecidas y esquilmadas por el sistema, el poder político muestra
el verdadero rostro de sus entrañas. En casos como el analizado con Pedro
Morenés, premiando con el Ministerio de Defensa a un distinguido impulsor y
colega de los mercaderes de la muerte, corresponsable del gasto militar que ha
esquilmado las arcas públicas en los últimos años. Será porque ese sistema
necesita del monopolio de la violencia para mantenerse que le ofrecen las
fuerzas militares y policiales, tanto como estas deben su existencia a los
mercaderes de la muerte que les suministran las armas.
Quizá llegue el día en que las poblaciones seamos
conscientes de ello y actuemos en consecuencia. Solo así se les acabará el
chollo a personajes como Pedro Morenés y a quienes le nombran. Por el bien de
todas, hagamos que sea pronto.
Estitxu Martínez de Guevara, en nombre del Colectivo
Gasteizkoak
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