Por Jean Paul Marat - 26/05/2016
“En
España no hay presos políticos” (Jorge Fernández Díaz. Ministro del Interior del
Gobierno en funciones del PP)
Y esto lo
dice alguien que pertenece a un gobierno que reformó el Código Penal (Ruíz
Gallardón) hasta convertirlo en el más represor desde el inicio de la
transición en España. Un Código Penal que presenta artículos directamente
pensados para reprimir la protesta social (550, 551, 553, 554, 556, 557,
557bis, 557ter, 558, 559, 560)
El reformado
Código Penal, se concentra en castigos de tipo carcelario, con penas que pueden
alcanzar, en lo relativo a los artículos que les he señalado, en algún caso
hasta los 6 años de prisión.
La
compilación normativa de dichos artículos revela la obsesión del legislador por
la “seguridad ciudadana” (“desórdenes públicos”), que se concreta aún
más en el apartado “resistencia y desobediencia a la autoridad”: la
legislación punitiva por excelencia del Estado español como “ataque
preventivo” a la luchas contra las políticas de recortes sociales y
austeridad.
Y si esta legislación
se queda corta, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana vela
por la paz social mediante multas que van desde 601 hasta 600.000 €. Con la
bolsa recaudando y con la porra golpeando.
Hace tiempo
que el capital y sus Estados (“Hoy, el poder público viene a ser, pura y
simplemente, el Consejo de administración que rige los intereses colectivos de
la clase burguesa”. K. Marx y F. Engels. “Manifiesto Comunista”)
son conscientes de que van ganando la lucha de clases, como diría Warren Buffet,
pero saben que nada es perenne, que el capitalismo no puede superar su
propia crisis porque se encuentra ya en su etapa senil. Si lo que ellos
llaman “largo período de estancamiento” se torna severo
agravamiento de la recesión (sus expertos y gurús económicos ya avisan de que
hay señales de ello), bien podría producirse una agudización de la lucha de
clases con perfiles mucho menos pacíficos que hasta ahora. Ese es el peligro
que el capital, sus aparatos estatales (policiales, jurídicos, legislativos y,
por supuesto, también ideológicos y mediáticos) intentan conjurar
anticipándose, como tantas veces han hecho, a la aparición de los
acontecimientos.
Al señor
Ministro del Interior y al Gobierno del PP hay que decirles que mienten y que
lo hacen al menos con el mismo cinismo y desparpajo con el que lo hicieron ante
las ejecuciones
criminales de los “sin papeles” en la playa del Tarajal (Ceuta)
En España hay presos políticos.
Un preso
político español es Alfonso Fernández (Alfon), condenado por su participación
en la huelga general del 12 de noviembre del 2012 y que, según denunció en su día el desaparecido Shangay Lily,
sufrió un proceso judicial con rasgos de farsa y más que posible fábrica de
pruebas por la policía para encausarle como terrorista. Alfon ha estado
sometido al régimen carcelario FIES en las dos ocasiones en las que ha
estado preso, aunque la Audiencia Provincial de Madrid acaba de aprobar que se
le retire este denigrante tratamiento.
Otro preso
político es Andrés Bódalo, del SAT, por su participación en unas protestas ante
el Ayuntamiento de Jodar, acusado injustamente de agresiones al ex teniente de
alcalde del PSOE, Juan Ibarra, y condenado a 3 años y medio de prisión. Juzguen
ustedes en este vídeo si la actuación del sindicalista, al que reconocerán por
su pañuelo negro en la cabeza, es constitutivo de delito castigable con cárcel.
Ingresar en
prisión por participar en protestas, manifestaciones, huelgas o cualesquiera
otra forma de movilización y lucha contra unas medidas políticas supone ser
preso político porque conlleva la represión más drástica contra una toma de
posición política.
Sólo la
huelga del 29 de Marzo de 2012 ha dejado en el aire posibles penas para cerca
de 300 sindicalistas con penas que pueden alcanzar los 120 años de cárcel en
conjunto. Imagínense lo que suma el resto de movilizaciones contra la violencia
de las políticas de desigualdad social.
Otras
personas que participaron en la huelga, aún no siendo sindicalistas, como
Carlos Cano, de Granada, sí han estado en prisión, aunque éste afortunadamente
hace tiempo que ya está libre.
Detenciones,
cacheos, malos tratos en comisarías, denuncias de torturas, brutalidad policial
en manifestaciones, condenas de prisión, legislación represiva, criminalización
por parte de los medios de desinformación del capital,…Esto es la forma de
ejercer la lucha de clases desde la burguesía y sus aparatos del Estado. Frente
a ello es más necesaria que nunca superar la división de decenas de plataformas
y coordinadoras de solidaridad con los reprimidos. Sólo la unidad de acción y
de clase en la lucha antirrepresiva logrará romper el cerco de al que el
capital somete a quines luchan.
Sé que me
dejo muchos, muchísimos casos de trabajadores conscientes, sean estos
antifascistas, militantes comunistas, anarquistas o sindicalistas que, o están
en prisión, o han pendido sobre ellos la amenaza de tal cosa (los 8 de Airbús).
Pero ninguno
de los partidos que aspiran a ser relevantes en la configuración política del
Parlamento español hablará de ellos (unos por convicción, otros por cálculo),
salvo que pueda usar a alguno en provecho electoral propio. En ese caso lo
harán con sordina. Decir que vivimos en una dictadura de clase que ha acabado
con los derechos de expresión, manifestación y reunión para imponer su “paz
social” es demasiado radical para la imagen de moderación que desean proyectar
participando del manto de silencio sobre la esperpéntica realidad española.
Cínicos.
Sería la
campaña, con sus mítines de globitos, músicas horteras y cheerleaders en lugar
de militantes, un gran momento para presentarse en ella pacíficamente con
pancartas y octavillas en las que aparezca todo el listado de personas
reprimidas, condenadas, agredidas policialmente y encarceladas por luchar
contra las agresiones del capital y sus gobiernos y preguntar a cada partido y
a sus dirigentes qué piensan hacer con ellos. Pero, ¡cuidado!, no sea que en
virtud de la “democrática” Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana les
casquen una multa de entre 601 y 30.000 € por “perturbar la seguridad
ciudadana en actos públicos, espectáculos deportivos o culturales, solemnidades
y oficios religiosos u otras reuniones a las que asistan numerosas personas”.
Lleven el DNI consigo si lo hacen.
Los lobbies
del juego, feliz con el nombramiento del nuevo ministro de Justicia Rafael
Catalá Polo de Catalá: ‘uno de los nuestros’, al frente de Justicia
Catalá:
En España no hay presos políticos desde hace muchos años
Perfil del
ministro de interior Jorge Fernández Díaz (homófobo, del OPUS y fascista de
toda la vida)
Fernández
Díaz arremete contra Otegi en un homenaje a víctimas del 11M: "En España
no hay presos políticos"
El ministro
del Interior, Jorge Fernández Díaz y el director de la Guardia Civil, Arsenio
Fernández de Mesa Díaz del Río, dos fascistas representantes de las fuerzas
represivas del Estado español, miente más habla, sobre la tragedia en Ceuta.
Dieciséis
participaciones en los cursos de FAES ‘avalan’ al nuevo presidente del poder
judicial, artículos relacionados con el CGPJ
Pedro
Morenés, un ministro de Defensa de armas vender y gasto militar disparar y
artículos relacionados
La
Audiencia de Madrid ordena sacar a Alfon del fichero de presos terroristas
Publicado: 23.05.2016
En el auto se estima el recurso presentado por la defensa contra su
inclusión en el FIES al entender que está condenado por tenencia de explosivos
y que, en este caso, el delito no se cometió en concurrencia con el de
pertenencia a banda terrorista.
La Audiencia
Provincial estima el recurso de «Alfon» y ordena sacarle del fichero de presos
terroristas
Régimen F.
I. E. S.
FIES: la
cárcel dentro de la cárcel
12/12/2012
Alfonso
Fernández Ortega, 'Alfon', tiene 21 años. Fue detenido el 14-N y este viernes
cumplirá un mes en prisión preventiva en la cárcel de Soto del Real. Está en
FIES
Alfon, 52
días de montaje jurídico-policial a cargo de la burguesía y su partido el P.P.
Dossier de prensa y vídeos.
Las agresiones a los trabajadores continúan
SÓLO LA
UNIDAD DE CLASE DERROTARÁ A LA REPRESIÓN
V. I. LENIN.
EL ESTADO Y LA REVOLUCIÓN
Citas:
De una
parte, los ideólogos burgueses y especialmente los pequeñoburgueses, obligados
por la presión de hechos históricos indiscutibles a reconocer que el Estado
sólo existe allí donde existen las contradicciones de clase y la lucha de
clases, "corrigen" a Marx de manera que el Estado resulta ser el
órgano de la conciliación de clases. Según Marx, el Estado no
podría ni surgir ni mantenerse si fuese posible la conciliación de las clases.
Para los profesores y publicistas mezquinos y filisteos -- ¡que invocan a cada
paso en actitud benévola a Marx! -- resulta que el Estado es precisamente el
que concilia las clases. Según Marx, el Estado es un órgano de dominación de
clase, un órgano de opresión de una clase por otra, es la
creación del "orden" que legaliza y afianza esta opresión,
amortiguando los choques entre las clases .En opinión de los políticos pequeñoburgueses, el orden es precisamente la
conciliación de las clases y no la opresión de una clase por otra. Amortiguar
los choques significa para ellos conciliar y no privar a las clases oprimidas
de ciertos medios y procedimientos de lucha para el derrocamiento de los
opresores.
Verdades
elementales. Andreu Nin Por la unificación marxista
Cita:
Los
escritores liberales burgueses oponen a menudo la “libertad humana” a la
“justicia social”. No comprenden que sin justicia social la libertad
humana no es posible, porque el origen de la esclavitud nace en la desigualdad
económica. “Proclamar” la libertad de los hombres no tiene valor si las causas
de la esclavitud social subsisten. La “libertad” no tiene necesidad de ser
proclamada; lo que es necesario es destruir las causas que la hacen imposible.
Es también
una actitud corriente de los liberales burgueses la de declararse adversarios
de la lucha de clases. La lucha de clases no es un procedimiento de combate,
sino un hecho social. Se puede estar o no de acuerdo con la teoría marxista
según la cual la historia de la sociedad es la historia de la lucha de clases;
se puede considerar esta lucha como un hecho de importancia secundaria, ninguno
sin embargo, puede negar su existencia. Declararse adversario de ella, por
tanto, está tan falto de sentido como si uno se niega a reconocer la lluvia o
el frio. Al hombre razonable no se le ocurrirá combatir estos fenómenos
naturales subiéndose a un banco de la plaza de Cataluña para proclamar las
excelencias del buen tiempo. A decir verdad, el reformismo se
vale del paraguas de la colaboración de clases y del abrigo de las pequeñas
reformas para resguardarse del vendaval de la batalla social. Ahora que el
viento y la lluvia siguen existiendo, como sigue existiendo la lucha de clases
a pesar de los que se tapan los ojos para no verla o se refugian en la “democracia”
y “la paz social”.
La igualdad
y libertad como categorías políticas independientes, si no se ligan con el
sistema económico, son una atopía. No puede haber libertad ni igualdad
políticas mientras haya desigualdad y esclavitud económica. La igualdad y la
libertad son fundamentalmente incompatibles con el régimen de producción
capitalista, basado en el privilegio y en la explotación.
La igualdad
únicamente puede existir en una sociedad en la cual hayan desaparecido las
clases. La libertad es únicamente posible en un régimen en el cual es
únicamente posible en un régimen en el cual una minoría que dispone de los
medios de producción y del poder político. En una sociedad sin clases el Estado
(instrumento de dominación de una clases sobre otra) no tendrá razón de
existir. El “gobierno de los hombres” será sustituido por la “administración de
las cosas”.
No es
suficiente con “querer” la libertad y con proclamarla en los editoriales de los
periódicos. Para conquistarla, la condición indispensable es derrocar a la
clase cuya dominación engendra la esclavitud: la burguesía. Únicamente hay un
medio para llegar a este objetivo: la toma violenta del poder (pues la
burguesía no lo cederá de grado, aun en el caso de que se encuentre en minoría
en el parlamento) y la instauración de la dictadura del proletariado, que
durará mientras duren las clases y desaparecerá automáticamente cuando las
clases dejen de existir. Nadie es partidario de la violencia por placer, como
no es por placer que uno es sometido a una operación quirúrgica cuando la
ciencia no conoce otro procedimiento para curar una enfermedad.
Combatir
esta solución al problema, o, mejor dicho, este desenlace inevitable del
desarrollo del proceso histórico social, en nombre de los principios
democráticos y liberales generales, equivale a defender, objetivamente, la
perpetuación del régimen capitalista, esto es, de la desigualdad y de la
esclavitud. “La victoria de la Revolución- decía Pléjanov cuando no había
abandonado todavía el marxismo revolucionario- es el fin supremo, y si por la
victoria de la revolución es necesario limitar la acción de este o aquel
principio democrático, sería un crimen no hacerlo.
La
dominación de la burguesía adopta, según las circunstancias la forma
democrática (incluso la coalición con los socialistas reformistas) o la forma
abiertamente dictatorial (fascismo). La esencia de clase de esta dominación
permanece sin embargo, invariable. Y la burguesía tiene plena conciencias de
ello, puesto que si emplea una u otra forma es únicamente por conservar su
posición. Si habla de “democracia”, de “libertad”, de los “intereses
de la civilización humana”, etc., es para encubrir con frases llamativas su
dictadura de clase, esto es, la “democracia burguesa”, la “libertad
burguesa”, los intereses de la civilización burguesa…
La pequeña
burguesía, la cual, por el papel que ocupa en la sociedad, no tiene una
posición privilegiada que defender, cree a menudo sinceramente en la
posibilidad de superar los antagonismos de clase mediante la instauración de
una vasta democracia política. Es precisamente esto lo que constituye el
carácter “ilusorio” de las aspiraciones democráticas y liberales de la pequeña
burguesía. Pero cedamos la palabra a los clásicos. En su der XVIII Brumaire de
Louis Bonaparte, Marx, hablando del partido democrático socialista fundado en
1849 en Francia, escribe:
“El carácter
peculiar de la democracia socialista consiste en lo siguiente: se exigen
instituciones republicanas democráticas no para suprimir los dos extremos, el
capital y el trabajo asalariado, sino que para atenuar el antagonismo y
transformarlo en armonía. Sea cual sea la diversidad de medios propuestos para
realizar este fin, a pesar del carácter más o menos revolucionario de las ideas
con las que se adorne, el contenido es el mismo: se trata de transformar la sociedad
por vía democrática, pero sin superar el marco de la pequeña burguesía. No hay
que creer, fundándose en una idea estricta, que la pequeña burguesía quiere,
por principio, hacer prevalecer un interés egoísta de clase. Ella se figura,
al contrario que las condiciones particulares de su emancipación son las
únicas condiciones generales que permiten salvar a la sociedad moderna y evitar
la lucha de clases. No se debe creer tampoco que los representantes demócratas
sean todos unos tenderos o sigan siempre a estos últimos. Por su cultura y su
situación individual pueden estar considerablemente alejados de ellos. Lo que
los hace representantes de la pequeña burguesía es el que no puedan superar en
la teoría los límites que estos últimos no pueden superar en la práctica, y que
teóricamente se ven impulsados hacia los mismos problemas y las mismas
soluciones a los que el interés material y la situación social impulsa en la
práctica a los segundos. Esta es en general por otra parte, la relación que
existe entre una por otra parte, la relación que existe entre una clase y sus
representantes políticos y literarios”.
KARL
MARX: EL DIECIOCHO BRUMARIO DE LUIS BONAPARTE
Victor
Serge. LO QUE TODO REVOLUCIONARIO DEBE SABER SOBRE LA REPRESION
La represión
es una de las funciones esenciales de todo poder político. El Estado
revolucionario, en su primera fase de existencia por lo menos, lo necesita más
que cualquiera. Pero parece que, en sus tres elementos fundamentales -policía,
ejército, tribunales, prisiones- el mecanismo de la represión y de la coerción
casi no varía. Acabamos de estudiar una policía secreta. Hemos descendido hasta
sus más sucios y secretos reductos. Y hemos constatado su impotencia. Esta
arma, en manos del antiguo régimen, dijimos, no podía salvarlo ni matar a la
revolución. Admitimos, sin embargo, la decisiva eficacia de esta arma en manos
de la revolución. El arma es la misma sólo en apariencia: una institución,
repitámoslo, sufre profundas transformaciones según la clase a la que sirve y
los fines que persigue.
La
Revolución Rusa destruyó el aparato coercitivo del antiguo régimen, de abajo
arriba. Sobre esas ruinas jubilosamente amontonadas creó el suyo propio.
Esforcémonos
por esbozar las diferencias fundamentales entre la represión tal y como la
ejerce la clase dominante y la represión tal y como la ejerce la clase
revolucionaria. De los principios generales que un análisis somero nos revele,
deduciremos algunos corolarios sobre el papel de la policía en uno y otro lado.
En la
sociedad burguesa, el poder es ejercido por la minoría rica contra las mayorías
pobres. Un gobierno no es más que el
comité ejecutivo de una oligarquía de financieros apoyados por las clases
privilegiadas. La legislación destinada a mantener en la obediencia al
conjunto de asalariados -la mayoría de la población- debe ser forzosamente muy
compleja y muy severa. Hace que todo atentado serio a la propiedad entrañe de
una u otra manera la supresión del culpable. Ya no se ahorca al ladrón; y no
porque los principios "humanitarios" hayan "progresado",
sino porque la proporción de fuerzas entre las clases poseedoras y no
poseedoras y también el desarrollo de la conciencia de clase de los pobres, ya
no permite al juez lanzarle un reto semejante a la miseria. Pero nos limitamos
a seguir la legislación francesa que es de una ferocidad media- el robo
calificado es penado con trabajos forzados; y la pena de trabajos forzados se
cumple en condiciones tales, se agrava de tal manera con penas
accesorias", que la vida del culpable queda casi destruida. Toda pena de
trabajos forzados significa el doble: el condenado está obligado a residir en
alguna colonia un tiempo igual a la duración de su estadía en la prisión; los
condenados a más de 8 años de trabajos forzados quedan obligados a residencia
perpetua en la Guayana. ¡ Se trata de la más malsana de las colonias francesas!
El confinamiento, pena "accesoria" perpetua, que también se cumple en
la Guayana, bastante parecida de hecho a los trabajos forzados, es precisamente
el destino de los reincidentes de robo no calificado. Cuatro condenas por robo,
estafas, etc. -el robo sucesivo de 4 piezas de cien sous constituiría un caso
ideal; he visto muchos expedientes de confinados para saber qué es de los casos
de este tipo- pueden entrañar confinamiento; también siete condenas por
vagabundaje: en otras palabras, hallarse siete veces seguidas sin pan ni
albergue en los adoquinados de París es un crimen castigado con pena
perpetua. En Inglaterra y en Bélgica, donde existen workhouses (casas
de trabajos forzados) y asilos de mendicidad, la represión de la
mendicidad y del vagabundaje no es menos implacable. Otro rasgo. El patronazgo
tiene necesidad de mano de obra y de carne de cañón: la ley castiga
implacablemente el aborto.
Con la
propiedad privada y el sistema asalariado como principio, ningún remedio eficaz
puede ser aplicado a las enfermedades sociales tales como la criminalidad. Una
batalla permanente se libra entre el orden y el crimen; el "ejército del
crimen" se dice, ejército de miserables, ejército de victimas, ejército de
inocentes inútil e indefinidamente diezmado. Lo siguiente todavía no ha sido
recalcado con suficiente insistencia: la lucha contra la criminalidad
es un aspecto de la lucha de clases. Tres cuartas partes de los criminales
de derecho común, por lo menos, pertenecen a las clases explotadas.
El código
penal del Estado proletario, por regla general, no admite la pena de muerte en
materia criminal (otra cosa es que la supresión física de ciertos anormales
incurables y peligrosos sea a veces la única solución). Tampoco admite penas a
perpetuidad. La pena más severa es de diez años de prisión. La privación de
libertad, medida de seguridad social y de reeducación, que excluye la idea
medieval del castigo, es la pena que se impone. En ese dominio y en la
situación actual de la Unión de Soviets, las posibilidades materiales son
naturalmente muy inferiores a lo apetecido. La edificación de la sociedad nueva
-que será sin prisiones no comienza por la erección de prisiones ideales. El
impulso existe, sin duda; ha comenzado una reforma profunda. Igual que el
legislador, los tribunales tienen en cuenta, con un claro sentido de clase, las
causas sociales del delito, los orígenes y las condiciones sociales del
delincuente. Veíamos que el hecho de hallarse sin pan ni techo constituye un
delito grave en París; en Moscú es, si está en relación con otro delito, una
importante circunstancia atenuante.
Frente a la
ley burguesa, ser pobre es frecuentemente un crimen, siempre una circunstancia
agravante o una presunción de culpabilidad. Frente a la ley proletaria, ser
rico incluso dentro de los estrictos limites en que durante la NEP se permitía
el enriquecimiento es siempre una circunstancia agravante
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