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Jueves, 18 de abril de 2013
Comunicado de Iniciativa de Clase
La decisión de la Junta de Andalucía de
expropiar viviendas a los bancos, si los desahuciados por los mismos corren
riesgo de exclusión social, y que les obliga a ofrecer viviendas en régimen de
alquiler, si no quieren ser penalizados por no hacerlo con una multa de 9.000
euros, es progresista y necesaria aunque no suficiente.
Es una medida positiva en medio de la
falta de respuestas institucionales por parte del Gobierno central del PP y del
resto de Comunidades Autónomas. Lo es porque por primera vez pone las
necesidades y los derechos sociales y humanos por delante de los principios de
beneficio y de propiedad y lo es también porque es el primer desafío después de
todos estos años de desahucio de las familias de clase trabajadora frente a la
dictadura del capital.
Pero no deja de ser una medida tímida
por cuanto que la expropiación de las viviendas a los bancos será temporal –no
definitiva-, tendrá un límite de 3 años, ofrecerá a las entidades financieras
un 2% de justiprecio por incautación temporal de la vivienda (cuando no tendría
que dar ni un €), está prevista sólo para desahuciados (sin tener en cuenta a
familias que, no siendo desahuciadas, no pueden acceder al alquiler por su alto
precio) y se aplicará en los casos en los que el esfuerzo para atender la
hipoteca se haya multiplicado al menos por 1,5 y suponga más de un tercio de
los ingresos familiares.
Por otro lado, la medida no contempla la
penalización a los particulares con más de una vivienda, que se niegan a
alquilarla, ni de los promotores de vivienda, que han dejado miles de casas
desocupadas ante su no venta.
A pesar de todo, desde Iniciativa de
Clase consideramos que desde la Junta de Andalucía, que hasta el momento no se
había caracterizado por una especial sensibilidad social hacia la dramática
situación de amplísimos sectores de la clase trabajadora (recortes sociales en
sanidad, educación y otros ámbitos, planes de austeridad hacia empleados
públicos y funcionarios, desinversión en sectores claves,…), se ha abierto una
nueva pauta de actuación desde lo institucional inédita hasta el momento que no
dudamos en saludar y animar en su continuación y profundización.
Creemos que la virtualidad de esta
medida radica no sólo en que da una respuesta, al menos parcial, a las demandas
de los colectivos y plataformas de afectados por la hipoteca sino también en que
rompe con la dinámica de actuación de la derecha reaccionaria del PP en los
niveles central y autonómico.
En contexto de intento de criminalizar a
los movimientos de afectados por la hipoteca por parte del PP y su Brunete
mediática, con la anuencia de antiguos dirigentes del PSOE como Felipe González
o José María Maravall, la decisión de la Junta de Andalucía libera presión
sobre dicho movimiento y teje alianzas entre iniciativas institucionales, por
reformistas que éstas sean, y la lucha social.
Si el gobierno de coalición reformista
PSOE-IU mantiene y lleva adelante, con todas sus consecuencias, este conjunto
de medidas y resiste cualquier presión, bajo coartada legal, jurídica o de
intervención en sus competencias autonómicas de la derecha política y
económica, nos encontrará, en el caso de esta medida específica, crítica pero
lealmente a su lado. Pero para ello deberá estar dispuesto a desafiar cualquier
intento del Gobierno del PP de echar abajo su decisión, manifestando su
insumisión ante dichas presiones y llamando a la movilización popular en la
defensa del decreto-ley, del mismo modo que se hizo cuando se intentó burlar en
su día el acceso de Andalucía a su autonomía. De lo contrario, si la Junta de
Andalucía claudicara ante posibles presiones del Gobierno del PP, encontrará en
Iniciativa de Clase el más claro enfrentamiento contra un comportamiento
cobarde y pusilánime y contra lo que quedaría como un acto de mero oportunismo
electoralista.
En otro orden de cosas, Iniciativa de Clase manifiesta
su apoyo decidido a la estrategia de escraches seguida por la PAH, por
considerarla un acto necesario de visibilización del drama de los desahucios y
de señalamiento de las responsabilidades de cada representante político del
partido del Gobierno, el PP. Este apoyo de Iniciativa de Clase a la PAH no es
un cheque en blanco a la misma ya que consideramos que su propuesta de dación
en pago, además de poner por encima del derecho humano a la vivienda el
supuesto de los bancos al cobro de la deuda y al principio de la propiedad
sobre lo colectivo, no resuelve el hecho de que aunque las familias
desahuciadas pudieran liberarse de la deuda pendiente acabarían en la calle, al
perder su vivienda.
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