He traducido los
artículos que están en inglés
“Problemática”, “autoritaria”, “camino a
una dictadura”, “amenaza a la democracia”. Estos son algunos de
los términos que han aparecido en la prensa europea en relación al anteproyecto
de Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana que el Consejo de Ministros
aprobó el pasado viernes. Una nueva normativa que ha despertado el recelo de
columnistas del diario británico The
Guardian o del alemán Die Tageszeitung (TAZ), y de cuya polémica generada se
han hecho eco varios rotativos europeos.
En el Reino Unido, The
Guardian abría la semana
pasada con el titular “De Québec a España, las leyes contra la protesta
amenazan verdadera democracia” una
información firmada por Richard Seymour (en castellano aquí) en la que aseguraba que “el choque
entre la austeridad neoliberal y la democracia popular” ha producido una
crisis de “ingobernabilidad” en las autoridades. “La reorganización de los
estados en una dirección autoritaria es parte de un proyecto a largo plazo para detener la democracia manteniendo
un mínimo de legitimidad democrática,
de eso es lo que van las leyes antiprotesta”, mantenía el rotativo británico,
que calificaba la reforma legal en España como “un ataque a la democracia”.
“No se trata sólo de un elemento más de disuasión de las
protestas, sino que tiene un efecto
de domesticación a largo plazo para
este tipo de manifestaciones”, señalaba el artículo. The Guardian repasaba las modificaciones legales en
varios países y extraía una tajante conclusión: en aquellos donde ha habido
recortes y retrocesos en derechos y libertades, los gobiernos han endurecido
las leyes para evitar que los ciudadanos protesten.
El columnista señalaba, además, la diferencia del trato policial
entre las protestas convocadas por organismos “oficiales”, como podrían ser los
sindicatos, y las manifestaciones protagonizadas por ciudadanos que no están
bajo ningún ente de este tipo. “Al tratar con las protestas más grandes en
representación de entes ‘oficiales’, la policía tiende a preferir enfoques
consensuados y negociados, y tienden a tener una mayor distancia física sobre
las personas”, indicaba el artículo. “Por el contrario, los pequeños grupos de
manifestantes que representan coaliciones sociales independientes son más propensos a ser considerados
extremistas, terroristas o
incluso -suspiro teatral- anarquistas, y por lo tanto sujetos a la policía
militarizada, la vigilancia directa y la coerción física, con la invocación de
la ley ‘anti- terrorista’ u otras leyes represivas”.
“Te deja sin palabras”
En un sentido similar, el diario cooperativo alemán Die Tageszeitung publicaba un artículo fechado en el
21 de noviembre (
en castellano aquí)con el titular “Camino a la dictadura”. En su columna, el
corresponsal del TAZ en España, Reiner Wandler, criticaba
las limitaciones legales de la protesta afirmando que el hecho de que a las “víctimas
de la política de estabilidad europea y
los que protestan” se las amenace con multas “deja sin palabras”.
“En Madrid no sólo se debe prevenir la protesta social, sino
también erradicar la pobreza mediante multas. Quien
duerme en la calle puede esperar multas de hasta 750 euros. Y si se queja,
puede conllevar 30.000 euros adicionales por insultar o amenazar a la policía”,
denunciaba el artículo, publicado antes de que el Ejecutivo español rebajara
algunas de las sanciones que preveía inicialmente el borrador.
“En España, claro, no se ha llevado a cabo un golpe de Estado, y
el Parlamento todavía está allí, pero ya
no defiende más los derechos civiles”, concluía.
“Una ley contra los indignados”
También el semanario alemán Der
Spiegel se hacía
eco de la reforma legal (
en castellano aquí)y recogía las declaraciones de la portavoz de la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca, Ada Colau, quien denunciaba el “autoritarismo
máximo” que supone la norma. También las del director de Greenpeace en España,
Mario Rodríguez: “Esta es la nueva arma del Gobierno para intimidar a los
desobedientes, a los ‘niños malos’”. “La ley se dirige contra el movimiento de
los indignados”, aseguraba Der Spiegel, a la vez que destacaba que “sólo las
dictaduras negarían a sus ciudadanos el derecho a manifestarse”.
En Italia, Il
Giornale informaba de que
“indignarse en España saldrá caro”, y destacaba como “muy discutible” la
confección de un “registro de infractores” que prevé la reforma legal, “con
nombres y apellidos de los autores, y la fecha y el lugar del evento”. En una
información firmada por Giuliana De Vivo (en castellano aquí)el pasado domingo, se hacía eco de la “polémica” suscitada por el
anteproyecto de ley y constataba que, “si estuviera en vigor en Italia,
aligeraría gran parte de la cuenta bancaria de algunos de los participantes en
manifestaciones”.
En este sentido recordaba el “provocador beso” de
una manifestante a un policía antidisturbios durante una protesta contra la
construcción de una línea de tren de alta velocidad en la ciudad de Susa:
“Según lo declarado por la protagonista, ‘no era un mensaje por la paz, sino
que quería ridiculizar a la policía’”. Así que, insinuaba el artículo, con la
Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana en vigor, en España este acto
podría llegar a sancionarse con hasta 1.000 euros por “vejar o injuriar a los
agentes de las fuerzas de seguridad”, una sanción que inicialmente se preveía
como grave, con multas de hasta 30.000 euros.
Europa
considera la reforma “altamente problemática”
El Consejo de Europa también ha manifestado sus reparos a la
reforma legal del Gobierno. El comisario europeo de derechos humanos, Nils
Muiznieks, afirmó este lunes en Bruselas que el borrador presentado por el
Ministerio del Interior es “altamente problemático”, y planteó sus dudas acerca
de la necesidad de mantener estas “restricciones en una sociedad
democrática, sin interferir demasiado en la libertad de reunión“.
Muiznieks, que se mostró “seriamente preocupado” por el impacto
que pueda tener la ley sobre los derechos fundamentales y declaró que espera
que el Ejecutivo “no vaya más allá” en la limitación de la protesta porque la
ciudadanía tiene derecho a
expresar “el desacuerdo con
las medidas de un Gobierno”.
España de
vuelta a la dictadura, denuncian diarios anglosajones
Europa considera "altamente problemática" la Ley de
Seguridad
http://www.eldiario.es/politica/Consejo-Europa-restricciones-Seguridad-Ciudadana_0_203330376.html
http://www.eldiario.es/politica/Consejo-Europa-restricciones-Seguridad-Ciudadana_0_203330376.html
Fernández Díaz se
enfrenta al Consejo de Europa por la Ley de Seguridad Ciudadana
http://www.eldiario.es/politica/Fernandez-Consejo-Europa-Seguridad-Ciudadana_0_204029810.html
http://www.eldiario.es/politica/Fernandez-Consejo-Europa-Seguridad-Ciudadana_0_204029810.html
El Consejo de Europa ve "muy problemática" la ley
de seguridad ciudadana
España de
vuelta a la dictadura, denuncian diarios anglosajones
La ‘ley antiescrache’ limitará la democracia en España, según The
Guardian
Fernández Díaz se enfrenta al Consejo de Europa por la Ley de
Seguridad Ciudadana
http://www.eldiario.es/politica/Fernandez-Consejo-Europa-Seguridad-Ciudadana_0_204029810.html
http://www.eldiario.es/politica/Fernandez-Consejo-Europa-Seguridad-Ciudadana_0_204029810.html
"La Ley
de Seguridad Ciudadana española es la antesala del fascismo"
Golpe de
estado popular
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