Por Luisa Lores Agüin | El Gobierno de la
Comunidad de Madrid ha aprobado la privatización de la gestión de las
donaciones de sangre, que ceden a la Cruz Roja a cambio de 9,3 millones de
euros (67 euros por donación).
Realizar cualquier crítica a la gestión de la donación y del uso de la
sangre humana conlleva gran responsabilidad, ya que la sangre es un bien
imprescindible y gracias a su donación altruista muchas personas logran
recuperar su salud y salvar su vida, pero precisamente por eso debemos exigir
la mayor transparencia y evitar cualquier suspicacia.
A finales de la década de los 80 y principios de los 90 las empresas
privadas que comerciaban con sangre humana contrataron a donantes de alto
riesgo en EEUU, incluyendo presos y consumidores de drogas inyectables y
trataron con productos derivados de estas donaciones a personas afectadas de
hemofilia en muchos países, entre ellos España, sin realizar los controles
pertinentes, provocando miles de contagios de hepatitis y VIH.
Las compañías farmacéuticas implicadas lograron acuerdos
extrajudiciales para evitar la mayor parte de las demandas, pero la alarma
creada impulsó la prohibición de comerciar con sangre humana y la
generalización de las donaciones voluntarias y no remuneradas.
A pesar de estos graves hechos y de que la OMS sigue alertando sobre la
inseguridad asociada a la mercantilización de la sangre y se ha marcado el
objetivo de que todos los países obtengan sus suministros de sangre de donantes
voluntarios no remunerados entre 2014 y 2020, Ignacio González y Javier
Fernández-Lasquetty caminan en dirección opuesta y acaban de aprobar la
privatización de la gestión de las donaciones de sangre en la comunidad
madrileña, que ceden a la Cruz Roja a cambio de 9,3 millones de euros (67 euros
por donación)
La Cruz Roja es una institución privada patrocinada por
grandes empresas españolas y aunque las personas voluntarias son merecedoras de
gran respeto no sucede lo mismo con su presidente, Juan
Manuel Suárez del Toro Rivero, un banquero que compatibilizaba
hasta hace unos meses su cargo retribuido en esta ONG con la presidencia
de Caja Canarias y con su pertenencia al Consejo de Administración de
BFA/Bankia.
Por otra parte, al contrario de lo que sucede en otros países de nuestro
entorno como Francia y Holanda, donde la fabricación de hemoderivados
corre a cargo del sistema público, en España este proceso está en manos de la compañía
farmacéutica (CF) Grifols,
Multinacional catalana vinculada a fondos de inversión, que además de recibir
gratuitamente el plasma donado por la población española, importa plasma de USA
para elaborar hemoderivados para el mercado Europeo.
Esta CF tiene gran interés
en disponer de cantidades suficientes de plasma sin necesidad de
importarlo desde el otro lado del atlántico, así que su presidente Victor
Grifols ha solicitado al gobierno de España la legalización del
comercio de la sangre “me
comprometo a pagar 60 o 70 euros por donante a la semana, lo que
sumado al paro es una forma de vivir”.
La privatización iniciada en Madrid abre las puertas a este mercado y
facilita el acuerdo comercial entre Grifols y la Cruz Roja. Tanto el gobierno
madrileño como las empresas privadas saben que estos hechos pueden generar
desconfianza entre los donantes y disminuir su número, pero las nuevas
tecnologías permiten incrementar la producción por donante, ya que la
reintroducción de los hematíes tras la extracción de la sangre evita la anemia
y posibilita realizar dos donaciones semanales y hasta 24 anuales, frente a las
3 ó 4 permitidas con el método convencional. Además, la crisis
económica disparará la afluencia de personas sin trabajo, que necesitarán
vender su sangre como último recurso, como ya ocurrió en épocas a las que
creímos no regresar, posibilitando una gran oportunidad de negocio para
la industria privada, a costa de desgajar otro servicio esencial del SNS
y de una enorme pérdida para la credibilidad y la seguridad de la gestión de la
sangre en España, que costará mucho recuperar.
Se da la circunstancia de que el presidente de Cruz Roja no ha dimitido ni
tampoco ha sido destituido por la cúpula de su organización a pesar de su
imputación en el caso Bankia, el mismo banco que ha hecho perder sus casas y
sus ahorros a los mismos madrileños a los que ahora se les conmina a vender su
sangre para sobrevivir.
Hay que exigir el cumplimiento de las recomendaciones de la OMS, la
paralización del convenio de la Comunidad de Madrid con la Cruz Roja y la
gestión pública de la totalidad de las donaciones de sangre.
“La crisis económica disparará la afluencia de
personas sin trabajo, que necesitarán vender su sangre como último recurso”
Por Luisa
Lores Agüin | Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad
Pública.
El pasado 5
de diciembre el Consejo de Ministros aprobó una subvención
a Cruz Roja, de 42,1 millones de euros con cargo a la asignación del
Impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF).
Grifols
cotiza en bolsa desde 2006 y forma parte del IBEX-35 desde
2008. La cifra de negocio en 2010 ascendió a 990,7 millones de euros, con un
crecimiento del 8,5%. En 2010, el origen del 77% de su facturación estaba en
los mercados exteriores
Los
trabajadores recuerdan que sólo el centro de transfusión tiene potestad para
extraer sangre en la calle, dado que el Decreto 44/1988 de 28 de abril por el que se crea la
instalación pública señala que el centro "asumirá [...] de forma
exclusiva y excluyente, la función de programación de las campañas de
extracción extrahospitalaria [...]
Concentración
contra la Privatización de las Donaciones de Sangre 13/12/2013
Lectura del
Manifiesto n la Concentración contra la Privatización d las Donaciones d Sangre
13/12/13
Cruz Roja se
hará cargo del servicio de donación de sangre de Madrid a partir del 1 de enero
Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/1998512/0/cruz-roja/trasnfusion-sangre/comunidad-de-madrid/#xtor=AD-15&xts=467263
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