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Resolución de 11 de noviembre de 2013, de la Secretaría de
Estado de Cooperación Internacional y para Iberoamérica, por la que se conceden
subvenciones para la realización de actividades en el marco del Plan Director
de la Cooperación española a fundaciones y asociaciones dependientes de
partidos políticos con representación parlamentaria en el ámbito estatal.
FAES se queda con la mitad de las
subvenciones de Cultura destinadas a fundaciones
La
organización de Aznar, la más favorecida con el dinero de los contribuyentes,
ha obtenido un 5,4% más de ayudas de Exteriores
La Fundación
FAES, que preside José María Aznar, es la que más dinero de los contribuyentes
recibe e, incluso, en algunas de las partidas, la subvención recibida es mayor
que otros años, a pesar de que la política de recortes del Gobierno ha ido en
sentido contrario. Del importe destinado por Cultura a fundaciones y
asociaciones vinculadas a partidos con representación en el Parlamento, FAES
acapara la mitad.
Casi un millón
de euros
El Ministerio de Educación ha invertido dos millones de euros a subvencionar actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político, social y cultural de organizaciones vinculadas a los partidos políticos, y FAES ha recibido 968.927 euros, según publica El Confidencial Digital.
El Ministerio de Educación ha invertido dos millones de euros a subvencionar actividades de estudio y desarrollo del pensamiento político, social y cultural de organizaciones vinculadas a los partidos políticos, y FAES ha recibido 968.927 euros, según publica El Confidencial Digital.
Las
ayudas a otras fundaciones
El resto se reparte entre la fundación Pablo Iglesias, ligada al PSOE y que encabeza Alfonso Guerra, que recibe 536.200 euros; la Fundación Rafael Campalans (PSC), con 81.266 euros; la Fundación Progreso y Democracia (UPyD), 84.375 euros; Europa de los Ciudadanos (IU): 119.269 euros; Catdem (Convergencia Democrática de Catalunya): 61.860.
El resto se reparte entre la fundación Pablo Iglesias, ligada al PSOE y que encabeza Alfonso Guerra, que recibe 536.200 euros; la Fundación Rafael Campalans (PSC), con 81.266 euros; la Fundación Progreso y Democracia (UPyD), 84.375 euros; Europa de los Ciudadanos (IU): 119.269 euros; Catdem (Convergencia Democrática de Catalunya): 61.860.
Las otras
entidades que reciben ayudas de Cultura son la Fundación Sabino Arana, del PNV
(28.301), Alkartasuna Fundazioa , vinculada a Eusko Alkartasuna, 23.573; el
Instituto de Estudios Humanísticos Miquel Coll i Alentorn (UDC),21.430, la
Fundación Josep Irla (ERC),19.812; Nous Horitzons (ICV), 17.789; Galiza Sempre
(BNG), 14.959; Centro de Estudios Canarios Siglo XXI (Coalición Canaria),
11.929; L’Alternativa (Esquerra Unida i Alternativa), 5.864, y la Fundación
Gaspar Torrente (Chunta Aragonesista), 4.446.
Exteriores
aumentó su subvención a FAES un 5,4%
FAES es la gran favorecida por el Gobierno, que no sigue en este caso su política inamovible de recortes a los ciudadanos. En noviembre pasado, se supo que la organización que dirige Aznar obtuvo este año 558.230 euros por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. La cifra, que significó un incremento del 5,4% de la ayuda a FAES respecto a 2012, representa el 64% del total de la subvención de ese ministerio para las actividades de cooperación de las fundaciones. Según datos del Boletín Oficial del Estado, citados por El Economista, FAES es la fundación que recibió más fondos del Estado en 2012: 1.188.071 euros.
FAES es la gran favorecida por el Gobierno, que no sigue en este caso su política inamovible de recortes a los ciudadanos. En noviembre pasado, se supo que la organización que dirige Aznar obtuvo este año 558.230 euros por parte del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación. La cifra, que significó un incremento del 5,4% de la ayuda a FAES respecto a 2012, representa el 64% del total de la subvención de ese ministerio para las actividades de cooperación de las fundaciones. Según datos del Boletín Oficial del Estado, citados por El Economista, FAES es la fundación que recibió más fondos del Estado en 2012: 1.188.071 euros.
"Lo que las empresas dejen de donar a los partidos
lo darán a las fundaciones, PSOE y PP lo saben"
Por Qué Hacemos Jueves, 12 de diciembre de 2013
Entrevista
con Manuel Maroto: "La dependencia de los partidos de la banca limita el
margen de la acción política”.
Manuel Maroto es uno de los mejores conocedores del sistema español de
partidos, sobre todo de sus problemas de financiación y de la corrupción
resultante. Profesor de Derecho Penal en la Universidad de Castilla-La Mancha,
acaba de publicar el libro Qué hacemos con la financiación de
los partidos, escrito junto a Victoria Anderica, Suso Baleato y
Miguel Ongil: un análisis político y jurídico de uno de los principales
problemas de la democracia española, y que está en el centro de tantos
escándalos de corrupción: la forma en que los partidos se financian, cada vez
menos de sus militantes y más mediante donantes privados y créditos bancarios.
En esta entrevista Maroto señala las debilidades del sistema español y sus
posibles soluciones, y analiza propuestas como la prohibición de donaciones
empresariales que ayer mismo llevó
el PSOE al Congreso y que el PP anuncia también.
El PSOE
propone prohibir las donaciones de empresas a partidos, y parece que el
gobierno considera una medida similar. ¿Cómo valoras estas propuestas?
La idea es de agradecer, pero por sí sola, sin cambios en el régimen de
fiscalización y sanción, es una medida puramente cosmética. Lo que las empresas
dejen de dar a los partidos lo darán a las fundaciones. PSOE y PP lo saben, y
es de imaginar que por eso eliminaron el límite de donaciones a las fundaciones
políticas en 2012. Además, si el Tribunal de Cuentas tiene ya serios problemas
supervisando el cumplimiento de la actual legislación, añadir nuevas
prohibiciones sin nuevos mecanismos de control es un brindis al sol. Otro
ejemplo: en la proposición de ley de septiembre en la que el PSOE proponía la
eliminación de la financiación empresarial, proponía también acortar a tres
meses el plazo que tiene el Tribunal de Cuentas para presentar sus informes
sobre las cuentas de los partidos. Eso está muy bien, pero es que la Ley de
Financiación de Partidos de 2007 ya habla de un plazo de seis meses para
publicar esos informes, y el Tribunal de Cuentas ha venido tardando… ¡hasta
cinco años! Hace poco se publicó el informe del ejercicio 2011, y eso que el
Tribunal ha intentado ponerse al día a toda prisa publicando el informe de tres
ejercicios a la vez. También decía la Ley de 2007 que el Tribunal de Cuentas
tenía que aprobar un plan contable específico para las formaciones políticas en
el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, y al final ese plan
contable entrará en vigor… el año que viene, siete años después. Hay que
acabar, urgentemente, con esta política legislativa de parches y pequeñas
concesiones de cara a la galería que se compensan por otras vías.
¿Es el
sistema español de partidos más corrupto que los de otros países?
Si por corrupción entendemos que un sistema de partidos se desvíe de sus
fines constitucionales debido a una excesiva permeabilidad al poder económico,
sí, el sistema español de partidos funciona peor que el de otros países con una
tradición democrática más sólida. El nuestro tiene unas características que
debemos tomarnos más en serio en el debate público en torno a la corrupción: un
índice de afiliación y participación muy bajo, un funcionamiento interno
oligárquico en el que brilla por su ausencia la democracia interna, una fuerte
dependencia de la financiación pública y del endeudamiento bancario, una
dinámica bipartidista que distorsiona el juego electoral, un alto índice de
patrimonialización y colonización de las instituciones estatales, etc. Es
fundamental empezar a identificar la "corrupción" con este tipo de
características asociadas al funcionamiento democrático, y evitar los discursos
meramente moralistas o de simple expresión de descontento. Hay que redirigir la
indignación por la corrupción hacia algo políticamente constructivo y
transformador.
¿Qué peso
tiene la financiación de los partidos en la corrupción?
Se suele decir que la financiación ilegal de partidos es “la madre de
todas las corrupciones”. Y sin duda, además de sus efectos sobre la
credibilidad de las instituciones, ha cumplido un papel fundamental alimentando
la corrupción urbanística, la burbuja inmobiliaria y el descontrol en la
insostenible política pública de infraestructuras. Los papeles de Bárcenas han
sido bastante esclarecedores en ese sentido. Si los partidos fueran
organizaciones políticamente fuertes e internamente democráticas, servirían
como diques de contención del poder antidemocrático de los mercados. Su
permeabilidad al dinero debilita esa función, cuando no la invierte. En
cualquier caso, en cierto punto se sobrevalora el papel de la financiación
ilegal de partidos como mecanismo de “captura política”, en el sentido de que
los grandes poderes económicos tienen medios de influencia más eficaces y
coactivos que la financiación ilegal y la burda corrupción. Para obligar a un
gobierno a reformar la Constitución en unos pocos días, no hizo falta financiar
ilegalmente a ningún partido.
Decís que
los escándalos de corrupción son “una de las pocas oportunidades de
transformación interna dentro de los partidos”, pero hasta ahora la respuesta
ha sido el enroque.
A falta de una vida interna democrática “sana” y transparente, los
escándalos de corrupción se han convertido, efectivamente, en una forma patológica
de canalizar las pugnas entre élites dentro de los partidos. Filesa supuso un periodo de fuerte tensión
entre “guerristas” y “renovadores” en el PSOE. El caso Gürtel refleja también luchas de poder entre
los distintos clanes del partido popular. Ahí tenemos a Esperanza
Aguirre presentándose como la persona que “destapó” la trama. Si ha prevalecido
el enroque es, precisamente, porque son formas patológicas de contestación de
élites ajenas a mecanismos de democracia interna. No hay que olvidar que quien
controla los recursos financieros (legales o ilegales) de una organización,
tiene una posición de poder privilegiada dentro de la misma, y eso genera
jerarquías y relaciones de sujeción. Los escándalos deberían servir dentro de
los partidos para abrir procesos de depuración y renovación de élites que
impliquen a la militancia y a la sociedad.
¿A qué
llamáis “financiarización del sistema de partidos”?
Llamamos “financiarización” al incremento del protagonismo del dinero en
la vida de los partidos, un fenómeno que se ha dado, en mayor o menor medida,
en todas las democracias occidentales. Los partidos dependen hoy,
fundamentalmente, no del trabajo de sus militantes y cuadros, de su capacidad
de movilización, etc., sino de su capacidad de acceso a recursos financieros,
sean subvenciones, créditos bancarios, o donaciones empresariales. Las formas de
movilización política basadas en el trabajo de los militantes (las clásicas
pegadas de carteles, mítines, redes de solidaridad, campañas de diverso tipo,
etc) se han convertido, en los grandes partidos, en meras liturgias: lo que
importa es tener suficiente dinero para mantener el aparato del partido y
gastar en campañas publicitarias y actos mediáticos de todo tipo. Los
militantes se han convertido, así, en figurantes: el PP, por ejemplo, que se
vanagloria de tener 800.000 militantes, ni siquiera les exige pagar cuotas.
“El
sistema de partidos está en crisis desde su mismo origen”, decís. ¿Nació
defectuoso en la Transición?
Dijo una vez Vazquez Montalbán que la transición fue el fruto de una
correlación no de fuerzas, sino más bien de debilidades. Del nacimiento de
nuestro sistema de partidos se puede decir algo parecido. Hubo que crear un
sistema de partidos rápidamente tras cuarenta años de dictadura, y además tocó
hacerlo en el contexto de la Guerra Fría, lo que impuso claros condicionantes.
¿Por qué
tras cuatro décadas de democracia seguimos sin tener una legislación sobre
financiación de partidos a la altura de otros países europeos? ¿Hubo avance en
las últimas reformas más recientes?
No, no ha habido verdaderos avances sustanciales. Al revés, diría que ha
habido retrocesos. En la última reforma de la Ley Orgánica de Financiación de
Partidos, aprobada a finales de 2012, se eliminaron, por ejemplo, los topes a
la financiación de las fundaciones políticas, que ahora pueden recibir dinero
ilimitadamente. La legislación en materia de financiación de partidos está
presidida, solo hay que leerse las exposiciones de motivos de las leyes, por
una tensión entre el control de la corrupción y las necesidades de suficiencia
financiera de los partidos. Este último interés ha prevalecido
claramente, aunque las reformas se hayan querido presentar como avances en los
mecanismos de control y transparencia. ¿Por qué ocurre esto? En primer
lugar, porque son los propios partidos los que legislan sobre sí mismos, y
además lo han hecho siempre de forma particularmente poco inclusiva y
exponiéndose muy poco o nada al debate público. Se han aprovechado, en ese
sentido, del desapego que la sociedad siente por los partidos. Como además los
partidos son incapaces de autofinanciarse por vía de cuotas, y tienen fuertes
presiones financieras, existen todos los incentivos para aferrarse al sistema
de financiación pública y a otros paralelos, y para minimizar el alcance de los
sistemas de fiscalización y control. Solución: intensificar la movilización
social contra este tipo de actuaciones y forzar procedimientos legislativos
inclusivos que no dejen la elaboración y vigilancia de la norma solo en manos
de los intereses de los partidos.
Los
partidos suelen repetir que sus recursos proceden de las cuotas de sus
afiliados, ¿cuánto hay de cierto en esto?
Es falso. Los partidos españoles se financian muy minoritariamente a
través de las cuotas de sus militantes. Según el último informe del Tribunal de
Cuentas, de los 128 millones de euros que recibió el Partido Popular en
concepto de subvenciones y de financiación privada, solo 12 millones (el 9,4%)
provenían de las cuotas de los militantes. En el caso del PSOE, de 120
millones, 18 provenían de cuotas (el 15%), y en el de IU, de 18 millones,
1,6 millones (el 9,1%). A esto hay que añadirle que los partidos tienen
otras fuentes de financiación además de esas, por ejemplo los créditos bancarios
o las fundaciones, lo que reduce aún más el protagonismo financiero de los
militantes, hasta hacerlo insignificante y prescindible.
¿Qué
papel juegan los bancos?
Los bancos han jugado desde la Transición misma un papel fundamental
financiando los gastos de las campañas electorales. La deuda histórica que han
acumulado los grandes partidos explica en parte tanto algunas de las prácticas
de financiación ilegal (se suele explicar Filesa como un
intento de pagar las deudas asumidas para la campaña de la OTAN), como la
necesidad de aumentar la financiación pública por vía legislativa. En 2011, el
PP tenía una deuda bancaria de 77 millones de euros; el PSOE, de 70, e
Izquierda Unida, de 17. Es ilustrativo comparar esas cifras con las de las
cuotas. En total, los partidos españoles le deben 275 millones de euros a la
banca, lo cual es francamente preocupante en la medida en que otorga a los
bancos capacidad de influencia sobre las formaciones políticas (17 partidos
españoles tienen un patrimonio neto negativo, según el último informe del
Tribunal de Cuentas).
¿Podríamos
pensar que la impunidad del sistema financiero en la crisis (y su rescate
masivo con dinero público) se explica también por esa estrecha relación entre
bancos y partidos?
Sin duda es un factor a tener en cuenta. Hace poco un medio digital publicaba que
la banca le habría hecho llegar al PSOE un mensaje: “estamos dispuestos a dejar
caer al partido si se sigue promoviendo extender la normativa de expropiar
pisos vacíos a otras zonas de España”. Que la dependencia de los partidos de la
banca limita el margen de la acción política es un hecho que ha preocupado
desde hace tiempo. No quiere eso decir que los bancos no hubieran tenido otros
medios para ejercer su influencia y forzar ese resultado, pero ser los grandes
acreedores de las formaciones políticas sin duda les ayuda mucho.
¿El
sistema de donaciones privadas es una puerta abierta a la corrupción?
Es una de ellas, sobre todo porque las donaciones de empresas operan en
la más absoluta opacidad. Tan solo desde la entrada en vigor de la Ley de
Financiación de Partidos de 2007 los partidos tienen la obligación de
identificar a sus donantes en la información que remiten al Tribunal de
Cuentas. Y aún ahora, esos datos no se hacen públicos, porque se incluyen en la
memoria contable, que la actual ley no obliga a publicar. Así que los
ciudadanos no sabemos quién dona a los partidos. Por lo demás, las leyes de
financiación de partidos nunca han previsto sanciones para las empresas que
financian ilegalmente a un partido. La única posibilidad de sancionar a esas
empresas pasa por probar que se ha cometido algún delito, como el cohecho, lo
cual es por lo general muy difícil.
¿Tiene
arreglo el actual sistema de partidos?
La pregunta del millón. En su forma actual, yo me atrevería a decir que
no. El sistema español de partidos parece haber dejado de ser capaz de cumplir
las funciones que cumplía hasta la fecha. De alguna forma, ha acabado ya una
fase marcada por un cierto equilibrio bipartidista, y se abre una oportunidad
para el cambio, en el sentido de que quizás una transformación radical, un
nuevo horizonte constituyente, sea la única vía de “arreglo” del sistema de
partidos.
¿Por qué
no os parece fiable el Tribunal de Cuentas, al que consideráis un “escudo
institucional” de los partidos?
Solo hay que leer sus informes para darse cuenta de que el propio
Tribunal de Cuentas, en el que hay profesionales muy serios y solventes, no
considera fiable su labor fiscalizadora, y no digamos ya la sancionadora, que
siempre ha aceptado a regañadientes y no ha podido aplicar nunca. El Tribunal
de Cuentas no tiene ni la independencia política, ni los medios, ni la
competencia, ni la base jurídica para realizar un verdadero control del dinero
de los partidos. Se limita a evaluar, con la información que le mandan las
propias organizaciones políticas, si éstas cumplen los requisitos para recibir
subvenciones. Y sin embargo, los partidos lo utilizan como excusa para mandar
constantemente el mensaje de que sus cuentas son públicas y están
auditadas. Poner fin a esa práctica es urgente. Las instituciones de control
deberían ser parte de la solución, no del problema.
¿Cómo
debería reformarse el Tribunal de Cuentas para que cumpliese bien su función?
¿O debería ser otro organismo?
Una opción es crear otra institución de control y sanción. En otros
países son órganos electorales, o el propio parlamento, los que ejercen esas
funciones. En algunos países esos controles se compaginan además con auditorías
externas, cosa que en España no ocurre. Otra es reformar profundamente el
Tribunal de Cuentas. Acabar con el reparto partidista de los cargos del
Tribunal, y dotarle de independencia. Ampliar sus competencias más allá del
estrecho corsé de control contable que ahora tiene. Dotarle de verdaderas
facultades de inspección y de sanción, y de medios materiales. Exigir
auditorias y controles internos eficaces en los partidos. Lograr eso sería, en
la práctica, casi como crear otra institución.
¿Tenemos
un problema de leyes aplicables o de jueces que las apliquen?
Los obstáculos para enjuiciar eficazmente la delincuencia de cuello
blanco son muchos: legales, procesales, políticos, económicos, culturales,
ideológicos... La corrupción en partidos no es en eso una excepción, y hay que
luchar contra ello. Pero aquí el primer problema es que, contra lo que se suele
creer, los grandes partidos han fomentado la judicialización penal de los
escándalos, por ser éste un mecanismo particularmente lento y complicado de
determinar responsabilidades. Convirtiéndolo en un problema penal, al final, la
atención recae más sobre las dificultades de la jurisdicción para investigar y
enjuiciar los hechos, que sobre los propios hechos. Solo hay que recordar que
la financiación ilegal de partidos ni siquiera es en España un delito: aunque el gobierno anunció hace meses su introducción en el
Código Penal, no lo introdujo en el anteproyecto. En resumen, es un
problema tanto de leyes como de los jueces que aplican las leyes, que tienen en
muchos sentidos las manos atadas. La sensación de impunidad hay que combatirla,
además de reivindicando un poder judicial independiente y eficaz, exigiendo que
existan formas de responsabilidad política que no pasen por los juzgados de lo
penal.
¿Consideráis
imitable el modelo de algún país de nuestro entorno?
No hay ningún sistema perfecto, pero se puede aprender de muchos.
Alemania tiene un sistema interesante en el que la financiación pública se hace
depender de la privada, los partidos rinden cuentas ante el parlamento,
realizan auditorias, tienen guías de gestión financiera interna, topes máximos
de subvenciones, etc. Los países anglosajones, por lo general, confían en
mecanismos de transparencia y en la financiación privada. Ha habido en los
últimos años propuestas originales desde el ámbito político y académico para
democratizar el reparto de la financiación pública de los partidos, a través de
la declaración de la renta o de “cheques fiscales”, que sería interesante
explorar. El modelo español no es, realmente, un modelo: acoge lo peor de los
modelos de financiación pública de los partidos, y lo peor de los modelos de
financiación privada. En ese sentido, hay mucho margen de mejora y hay que ser
creativos.
El
gobierno también anuncia próximas medidas contra la corrupción, y acaba de aprobarse
la ley de transparencia, ¿cómo las valoráis?
Todo apunta a que las medidas van a ser cosméticas, a menos que un fuerte
descontento social organizado fuerce las circunstancias. Cierto punto de
esperanza lo pone la tramitación de la ley de transparencia, por deficiente que
ésta sea. Gracias a campañas de presión como las de Access-Info y la Coalición Pro Acceso (Victoria Anderica es
una de las coautoras del libro), no se ha excluido totalmente a los partidos
del ámbito de la ley. La movilización social y mediática tiene repercusiones, y
hay que aprovechar los resquicios de los procesos legislativos.
Proponéis
el “empoderamiento de los militantes” para el control de los partidos, ¿cómo se
hace? ¿No es algo que corresponde a los propios militantes?
Sí, corresponde en último término a los militantes y simpatizantes
organizarse, desbordar el aparato desde abajo y abrir nuevos procesos
democráticos internos. Pero se puede y se debe crear incentivos desde arriba
para permitir y fomentar la participación de las bases en las organizaciones.
El primero sería eliminar los obstáculos estatutarios y organizativos que
impiden una vida interna democrática. No hay que olvidar que el PP, por
ejemplo, prohíbe las corrientes internas y ni siquiera hace públicos sus
estatutos. Algo así no puede considerarse respetuoso con el artículo 6 de la
Constitución. Las élites bienintencionadas y/o inteligentes de los partidos
deberán darse cuenta de que esa es una de sus pocas oportunidades de dar una
imagen de regeneración. Por lo demás, el potencial transformador de los
militantes es incierto y limitado, pero no por ello dejan de ser una de las
pocas fuerzas de transformación interna existentes.
¿Qué es
el “decrecimiento electoral”?
Es una analogía con el decrecimiento como teoría económica que enfatiza
la necesidad de limitar el crecimiento económico insostenible, y virar hacia un
decrecimiento orientado hacia valores sociales y ecológicos. El decrecimiento
electoral consiste en reducir el protagonismo del dinero en política. Si no se
le pone coto a ingresos y gastos, las campañas electorales y la vida partidista
en general se convierten en auténticas carreras armamentísticas de propaganda,
y la calidad de la comunicación democrática no puede sino caer en picado en
favor del efectismo publicitario. Esto no es nada nuevo: nuestra misma
legislación electoral, como casi la de todos los países, impone topes de
ingresos y gastos por esa razón. Pero hay que ahondar en ese decrecimiento y promover
formas sustantivas de deliberación y participación democrática en la vida
política, que no dependan de la disponibilidad de capital. Las nuevas
tecnologías, por ejemplo, abren un mundo de experimentación que vemos en
efervescencia en los movimientos sociales, y que sin embargo hasta ahora
permanece absolutamente inexplorado por parte de los partidos y el sistema de
participación institucional.
¿Podemos
ampliar las formas de participación política en el actual sistema de partidos,
o debemos pensar en otras vías?
Es indispensable que se abran otras vías, sin dejar de ampliar las
existentes. Ese ejercicio de expansión de la imaginación y la práctica política
es, en sí mismo, imprescindible. Y creo que es un proceso en marcha tanto en
las luchas de organizaciones políticas, sociales y sindicales “tradicionales”,
como en iniciativas surgidas al hilo del 15M: #cuentasclaras (Miguel Ongil, del colectivo, es uno de los
coautores del libro), Democracia 4.0, la Fundación
Civio, Openkratio, y otros muchos, están generando nuevas culturas
políticas. Plataformas como la del Manifiesto por una nueva Ley de Partidos, el
foro +Democracia, o
el Foro ético por la regeneración
democráticaestán contribuyendo al debate público desde una
perspectiva de cambio “desde dentro”. La presión desde abajo ampliará las
formas de participación políticas en el sistema institucional actual, en mayor
o menor medida, dependiendo de la flexibilidad y capacidad de adaptación que
sea capaz de demostrar. La PAH es un ejemplo extraordinario del impacto
institucional de la movilización social organizada. Por lo demás, esta
cuestión, en el fondo uno de los problemas clásicos de la política, también supera
a la de la financiación.
Más información y propuestas en esta entrevista con
Miguel Ongil, y en el libro Qué hacemos
con la financiación de los partidos, así como en la web de la
colección Qué hacemos.
"Lo
que las empresas dejen de donar a los partidos lo darán a las fundaciones, PSOE
y PP lo saben"
El Tribunal de Cuentas solo audita tres de cada diez euros de
fundaciones políticas
Los partidos ingresaron 77 millones en sus entidades afines
entre 2009 y 2011
Cuando Luis Bárcenas, extesorero el PP, acusó
al empresario Juan Miguel Villar Mir (OHL) de haber querido financiar
al partido con 300.000 euros, este reaccionó malhumorado: “Nunca
he dado ni un céntimo a partidos políticos, y ni se lo daré nunca”. El
constructor, que no se declara “ni del PP ni del PSOE”, es sin embargo un generoso
colaborador de la fundación FAES,
el laboratorio de ideas que preside José María Aznar, a quien entregó 280.000
euros entre 2004 y 2011. También lo fue de la fundación Manuel Fraga, a la que
donó 273.635 euros entre 2010 y 2011 para pagar los gastos de rehabilitación de
la casa familiar del político gallego fallecido. Esos actos de mecenazgo por
parte de quien dirige una firma que tiene contratos millonarios con la
Administración no están prohibidos por la ley.
Tras la última modificación de la norma de financiación
de partidos, en octubre de 2012, se han relajado los controles sobre estas
fundaciones hasta el punto de que los límites que regían hasta el 2011 para los
donantes (161.706 euros) simplemente han desaparecido. Eso abre la puerta a un
flujo ilimitado de recursos del sector privado hacia la política. Una vía que
seguirá siendo legal, porque el Gobierno ya ha aclarado que la prohibición de
donaciones de empresas solo afectará a los partidos, no a sus fundaciones.
El último informe del Tribunal de Cuentas, que fiscaliza las
fundaciones políticas entre los años 2009 y 2011, está realizado bajo los
parámetros más restrictivos de la legislación anterior. Aún así, el organismo
lamenta el corsé de una ley que “limita las competencias fiscalizadoras a las
donaciones percibidas, sin establecer la obligación de rendir ni las cuentas
anuales ni documentación contable alguna”. Las conclusiones de Cuentas, además,
son completamente estériles en lo que respecta a las posibles sanciones, que no
puede imponer porque no están tipificadas en un reglamento.
Ese es el campo de juego del organismo frente a unas
organizaciones que mueven cantidades ingentes de dinero. Entre 2009 y 2011 las
fundaciones de los partidos ingresaron 76,9 millones de euros, pero solo 21
millones, los donativos, se sometieron al control de Cuentas: un 28% de los
fondos. El resto —subvenciones públicas, convenios con la Administración,
promociones, patrocinios o cuotas de afiliados— no se someten a ningún otro
control público.
El órgano fiscalizador detectó que muchas donaciones no se
identifican correctamente ni se consignan en una cuenta bancaria abierta
expresamente para este fin. Además, los partidos y fundaciones que reciben
dinero de empresas deben librar al Tribunal de Cuentas un certificado donde se
refleje claramente la decisión de donar dinero, algo que en muchas ocasiones no
sucede.
En ese periodo las 11 organizaciones afines al PSOE tuvieron
unos ingresos totales de 26 millones, de los que apenas un millón en forma de
donativos. Ideas para el Progreso ha
sido la mejor dotada del PSOE, y la más polémica. Cuentas la incluyó a la
fuerza en su radio de fiscalización porque el partido no había comunicado que
se trataba de una entidad con la que tenía una estrecha vinculación. La
auditoría hizo que aflorasen otros dos millones de euros que se habían
contabilizado como “convenios de colaboración”, pero que realmente tienen la
consideración de “donaciones” por tratarse de ayudas “esencialmente gratuitas”,
que no conllevan como contraprestación la realización de un servicio. La
entidad no publica su balance en su página web, aunque de la escasa información
que divulga Cuentas se derivan unas pérdidas en 2011 de 1,4 millones. Desde
que el PSOE apartó al director de la fundación, Carlos Mulas, tras
calificarlo de “golfo” después de que trascendiera que una
colaboradora fantasma había facturado 60.000 euros a Ideas, el
partido decidió terminar con esa organización y agrupar sus
fundaciones. La fundación Pablo Iglesias y otra de nueva creación, que no ha
sido definida, heredarán el trabajo de Ideas.
Instrumentos de difusión del ideario y hábiles estructuras
para captar fondos, las fundaciones vinculadas al PP (FAES, Estudios Vascos y
Fundescam) ingresaron 18 millones en ese trienio. Sobre FAES se analizaron 4,3
millones en donativos, la gran mayoría procedentes de empresas (4,1 millones) y
de ellos, 3,7 millones a través de 58 convenios “debidamente acreditados”,
según Cuentas. Fundescam, que estuvo bajo el foco de la Agencia Tributaria
dentro de la investigación de Gürtel por la emisión de
facturas falsas, no declaró haber recibido en ese trienio ni un euro como
donativos. Sin embargo, el órgano fiscalizador descubrió que hasta 375.000
euros por convenios merecían ese calificativo.
IU manejó en su fundación Europa de los Ciudadanos casi
un millón de euros, pero solo ingresó 4.400 como donativos particulares que
fueron “debidamente identificados”. La fundación madrileña del partido,
Fundeste, logró incluso más fondos, 1,2 millones, de los que 425.000 fueron
donaciones correctamente identificadas. Sin embargo, no apuntó como donación un
convenio de 373.888 euros, por lo que en 2009 el dinero que recibió sobrepasó
el límite legal.
Otra incumplidora fue la fundación de Convergència Democrática (CatDem): no
documentó correctamente donativos de empresas que suman 624.000 euros y no
entregó otros datos requeridos por Cuentas
Rajoy suprime las
donaciones de empresas a los partidos políticos
Las empresas del PP entre 1979 y 1993
Las donaciones declaradas de empresas
al PP crecieron un 862% en pleno caso Gürtel
08/11/2013
La crisis ha
puesto contra las cuerdas la situación financiera de las familias y las
empresas por la restricción del crédito bancario, pero el Partido Popular ha
encontrado suficiente liquidez en el mercado para costear su actividad. De 2009
a 2011, en plenas investigaciones sobre la presunta financiación irregular del
PP en el caso Gürtel y coincidiendo con las elecciones generales de noviembre
de ese año, los ingresos declarados de Génova por donaciones privadas
crecieron un 215%, según el último informe del Tribunal de Cuentas sobre la contabilidad de los
partidos políticos correspondiente a esos tres años.
El documento
refleja que los populares ingresaron por donaciones 679.820 euros en 2009 y
537.679 en 2010, pero en 2011 esa partida se disparó hasta los 2,1 millones de
euros. Crecieron tanto sus ingresos por donaciones de particulares como las
correspondientes a personas jurídicas, a pesar del deterioro generalizado de
las condiciones económicas. Así, las aportaciones de personas físicas
declaradas por el PP pasaron de 491.120 euros en 2009 y 394.470 en 2010, a
incrementarse en 2011 hasta los 766.670. En total, en ese lapso, las
donaciones de particulares crecieron un 56,1%.
Sin
embargo, el concepto que registró la mayor subida fue el de las
donaciones procedentes de personas jurídicas. Las empresas privadas
contribuyeron a la financiación del PP con 188.700 euros en 2009 y con otros
143.200 en 2010. Pero en 2011 Génova batió esas marcas consiguiendo, según el
informe del Tribunal de Cuentas, engrosar su caja con 1.378.400 euros mediante
esta vía. Es decir, en sólo 12 meses sus ingresos por donaciones de personas
jurídicas aumentaron un 862%.
Este fuerte
incremento contrasta con el comportamiento que registraron las donaciones del
PP en 2008 tras la entrada en vigor de la reforma de la Ley de Financiación de
Partidos del
año anterior, que obligó a las formaciones a revelar los datos de todos
sus donantes. A partir de ese momento, las donaciones privadas de los
populares cayeron un 72%. Sin embargo, en el periodo fiscalizado ahora por el Tribunal de
Cuentas, que coincide con los primeros tres años del caso Gürtel (saltó en
febrero de 2009), el caso que investiga la presunta financiación irregular de
los populares mediante aportaciones opacas de contribuyentes privados, las
donaciones declaradas por el PP, en especial las de personas jurídicas,
crecieron exponencialmente.
Desfase
en las sedes de Barcelona y Lérida
Esa nueva
normativa, más exigente con la contabilidad de los partidos, no ha evitado que
siga existiendo un desfase en la caja del Partido Popular. La inspección del
Tribunal de Cuentas subraya que en los tres años sometidos a escrutinio han
aparecido donaciones por valor de 379.594 euros indebidamente
justificadas. En concreto, no fueron canalizadas a través de las
cuentas bancarias habilitadas por el partido para estas aportaciones, tal y
como obliga la ley. Además, los autores de las entregas no fueron
identificados. Esas cantidades “corresponden en su mayoría a las sedes
territoriales [del PP] de Barcelona y Lérida”, asegura el informe. “A este
respecto, el partido manifiesta en el trámite de alegaciones que, si bien el
importe a nivel global coincide, existen dificultades para conciliar los
importes individuales que figuran en la relación de la memoria con los datos
registrados en las cuentas contables”.
El documento
también detalla que el PP recibió en 2009 aportaciones de 17 sociedades
diferentes, en 2010, de seis compañías distintas y, en 2011, coincidiendo con
las elecciones generales, el número de donantes jurídicos diferentes se disparó
hasta el medio centenar.
El Tribunal
de Cuentas ha detectado otra irregularidad en dos estas aportaciones
al PP porque las empresas que las efectuaron tenían contratos vigentes
con la Administración Pública en el momento de realizarlas. En concreto, el
informe menciona una entrega de 1.500 euros en 2010 y otra de 15.000 en 2011.
Se trata de otra prevención establecida en la reforma de la Ley de Financiación
de Partidos de 2007. En este caso, el objetivo es combatir que el sector
privado pueda utilizar las aportaciones a los partidos para tratar de conseguir
adjudicaciones públicas. En la práctica, el alcance del control es muy
limitado. De hecho, la alarma no se activa si la empresa donante acaba de
concluir su relación contractual con el Estado o está a punto de comenzarla.
Las
´donaciones´ al PP se multiplicaron por 10 nada más ganar las elecciones
Santiago Abascal se ‘forra’ al amparo del PP madrileño
Partido Popular: ¿No hubo financiación ilegal? Pasen y lean
13/10/2013
Don Mariano…
¡será por imputados!
17/10/2013
España:
Imputados nueve empresarios por financiar al gobernante Partido Popular
Caja Madrid perdonó más de 16 millones de euros al PP y
al PSOE
Santander 'refinanció' la deuda del PSOE y dio una hipoteca
a Zapatero durante su mandato
El Gobierno indulta a Alfredo Sáenz con el beneplácito del
PP
PSOE y
PP debían 130 millones a la banca antes de la crisis
16/04/2012
Las cajas disparan un 17% los créditos concedidos al PSOE
27.04.2011
El PSOE acumula deudas a bancos y cajas por más de 11.200
millones
Los partidos políticos catalanes deben 58,24 millones de
euros a las cinco cajas de ahorro de Cataluña
Los bancos sí condonan deudas a los partidos políticos
16-12-2013
El viernes 13 de diciembre de 2013 el Consejo de Ministros
aprobó el Anteproyecto de Ley Orgánica de control de la actividad económica-financiera de los partidos
políticos (*).
Es decir, una serie de medidas para fiscalizar la gestión
económica de los partidos. Algunas de las más importantes previstas por el
anteproyecto son la prohibición de condonaciones de deuda por entidades
de crédito o la obligación de todos los partidos, sin excepción, de
presentar sus cuentas al Tribunal de Cuentas.
Sobre esta última, el texto prevé que el Gobierno retenga
las subvenciones a los partidos políticos que no hayan presentado sus cuentas.
Asimismo, el anteproyecto promete nuevas infracciones y sanciones en la
financiación de los partidos.
Nuevos delitos de financiación ilegal de partidos
Como explicó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáez de
Santamaría tras el Consejo de Ministros, introducirán estas sanciones mediante
enmiendas en la reforma del Código Penal que tramita el Congreso.
Prevén introducir el delito de financiación ilegal
de partidos; endurecerán las penas por prevaricación; reforzarán la
persecución del cohecho, el tráfico de influencias o los delitos patrimoniales,
y revisarán el delito contable.
Prohibición de donaciones de personas jurídicas a los
partidos políticos
Hasta ahora los partidos podían recibir donaciones con un
límite de 100.000 euros anuales. Ahora el Gobierno quiere prohibir todas las
donaciones que tengan su origen en personas jurídicas (es
decir, una organización, entidad o institución).
Sáenz de Santamaría aclaró que el Gobierno mantiene
las donaciones por parte de las personas físicas, que no se pueden
prohibir, entiende el Ejecutivo, porque forman parte de la “libertad
individual” y suelen realizarse por simpatía con la formación política o por
interés en colaborar con ella.
Un punto que pasó inadvertido de la reforma de la Ley
Orgánica de Financiación de partidos políticos de 2012, según apuntó en
septiembre Cuentas Claras, fue la eliminación del
límite de 150.000 euros a las donaciones privadas a fundaciones de partidos
políticos.
Es decir, desde la entrada en vigor de la reforma de 2012,
es posible donar dinero sin límite alguno a las fundaciones de los partidos
políticos, y por tanto, indirectamente, a los partidos, como puso de
manifiesto el propio Tribunal de Cuentas en su informe de 2006 (pág.
220 y 221):
En los resultados de los últimos Informes se viene poniendo
de manifiesto las relaciones que la mayoría de los partidos políticos mantienen
con diversas fundaciones, entre las que hay que destacar las referidas a su
constitución, a la concesión de préstamos o subvenciones de funcionamiento, a
la adquisición de inmuebles por parte de la fundación y la posterior cesión de
uso al partido, al ingreso en la fundación de las aportaciones realizadas por
los cargos públicos y a la prestación de aval por parte del partido en
operaciones de deuda suscritas por la fundación.
Los periodistas preguntaron a Sáenz de Santamaría sobre el
papel de las fundaciones vinculadas a los partidos, como recoge 20 minutos.
La vicepresidenta indicó que a partir de ahora habrá
unos “criterios muy claros para determinar si una fundación está vinculada o no
a un partido” y si es así, habrá más transparencia y un mayor control sobre
ella. No obstante, al no tener el mismo esquema jurídico de un partido, “la
norma no podía ser la misma”.
Condonaciones de los bancos a los partidos
Indagando sobre condonaciones de deudas a partidos hemos
encontrado un informe de 2009 titulado “La financiación de
los partidos políticos” del catedrático de Derecho administrativo Gaspar
Ariño.
Aunque de hace tres años, recoge unos datos publicados por UPyD
sobre la deuda que los bancos han perdonado a los partidos (sin
indicar la fuente y no sabemos hasta qué fecha):
- El PSOE y PSC han
logrado acuerdos de condonación desde 2004 por un valor superior a los 40
millones de euros (La Caixa perdonó 7,1 millones de euros
al PSC en diciembre de 2004. La BBK, 21 millones de euros al PSOE
en marzo de ese mismo año. El Santander perdonó 12 millones al
PSOE en mayo de 2006, tras 19 años de impago). - ERC se
benefició tras el gobierno tripartito de una condonación de La Caixa por
valor de 2,7 millones. - Caixa Galicia condonó 2,6 millones al PP cuando
éste partido llegó al poder en 1996.
Aparte, en Twitter los usuarios han recuperado la noticia de
que La Caixa
perdonó al PSC un préstamo de 6,5 millones (la mitad de una deuda) en
2005.
Condonaciones según el Tribunal de Cuentas
Esto no es todo. En años anteriores también hubo
condonaciones de la banca a los partidos. El Tribunal de Cuentas cifró las condonaciones
habidas entre 1993 y 2002 en 25,4 millones de euros. Fue en su
informe sobre el año 2002 (publicado en 2005).
Mientras que en el informe de 1999 (publicado en 2002), el
Tribunal de Cuentas observó que de 1997 a 1999 la banca perdonó deudas
de 19,1 millones a los partidos.
El 51% de esa cantidad, 9,78 millones, corresponde a
condonaciones al PSOE, la mayoría de ellas de créditos impagados
del BBVA. En 1998 el Central Hispano perdonó a los socialistas 5,7
millones de euros.
Según afirma Ariño en su informe, “prácticas análogas han
sido denunciadas, aunque no en tanta cuantía, en el caso del PP, de CiU, de IU.
El asunto viene de atrás y afecta a todas las entidades“. Bancos
como BBV, Caja Madrid, Banesto, Central Hispano, La Caixa, BBK y otras
entidades menores.
El Banco de España sabe qué cantidad han perdonado los
bancos a los partidos
En el informe del catedrático hay más y diversos datos sobre
las condonaciones. En algunos casos no son coincidentes ya que provienen de
diferentes fuentes. Ariño apunta que los bancos “no tienen la obligación de
hacer públicos los créditos a los partidos”, así como que el Banco de
España, a pesar de tener los datos, no los hace públicos.
Los partidos debían 226 millones a los bancos en 2007
El último informe del Tribunal de Cuentas (del año 2007)
refleja que los
partidos debían en ese año 226,7 millones de euros a los bancos (página
22). Las deudas más elevadas eran las del PSOE (59,7 millones), PP (59,2), PNV
(17,1), CiU (15,9), IU (15), UDC (12) o el PSC (10,3), entre otros.
Está por ver cómo podrán devolver esas abultadas deudas
después de que el Congreso introdujera en la Ley
8/2007 sobre financiación de los partidospolíticos una enmienda a propuesta
de UPyD en la que las condonaciones de los bancos a los partidos están
limitadas a 100.000 euros anuales.
En noviembre de 2012 preguntamos al Banco de España a través
de Tu derecho a saber cuánto
y qué bancos condonan
deuda a los partidos políticos. Nunca contestaron.
[Este artículo fue publicado originalmente en Qué hacen los
diputados]
La ley prohibirá a los bancos perdonar deuda a los partidos
políticos
Claves | Plan anticorrupción del Gobierno
Los Presupuestos de 2013 destinan 2,9 millones a fundaciones
de partidos políticos
PP y PSOE se reparten el 90% de las subvenciones de
Cooperación Internacional
Los partidos políticos cuentan con 39 fundaciones
“caza-subvenciones”
El PP certifica que hasta el 87% de su financiación proviene
de ayudas públicas
El PP se lleva casi la mitad de las subvenciones de los
partidos políticos en 2013
Mercadona, salpicada por el
escándalo de los supuestos papeles de Bárcenas
Dieciséis participaciones en los cursos de FAES ‘avalan’ al
nuevo presidente del poder judicial, artículos relacionados con el CGPJ
La empresa de la esposa de Velasco siguió recibiendo
subvenciones tras su dimisión
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