sábado, 8 de noviembre de 2014

Del “felipismo” al “pablismo”, o de la perpetuación del engaño electoralista del reformismo




31/10/2014



Todos contra el PP no, todos contra el Estado opresor, la economía de la explotación y sus servidores políticos. Todos contra España y el Capital.
“Lo de hoy es una demostración de algo que pone nerviosos a muchos. Hoy empieza a nacer una organización política que está aquí para ganar y para formar gobierno”. Estas palabras fueron pronunciadas por Pablo Iglesias en la asamblea constituyente de “Podemos” como partido. Un partido del cual Iglesias señaló más adelante su característica fundamental, la que lo distingue de otros proyectos: “la diferencia fundamental es que sabemos cómo ganar”. Y posteriormente aclaró cuál sería la estrategia para lograrlo: “Queremos ocupar la centralidad del tablero porque existe una mayoría que apuesta por la decencia”. Todo ello con el propósito de “cambiar el país”. Ese “país”, claro está, como para cualquier españolismo, es España.  


Además de obviamente españolista, estamos ante un proyecto declaradamente electoralista, puesto que su razón de ser es “ganar” (se sobrentiende que elecciones), y cuyo fin manifestado es el gobernar el Estado (“formar gobierno”), lo que creen que lograrán (“sabemos cómo ganar”) a través de “ocupar la centralidad del tablero” (el espacio del centro político) con una propuesta interclasista (para “la mayoría” que “apuesta por la decencia”). Tras esta asamblea, “Podemos” termina de quitarse la máscara revelándose, no como alternativa al Sistema, sino como mera alternativa de poder dentro del Sistema. Como relevo generacional en la “casta”.




Un proyecto político de estas características no tiene nada de novedoso, aunque pretenda venderse así. Más allá de diferencias superficiales en formas, palabras y gestos, es idéntico al que representó el PSOE durante la llamada “transición” y que presento y logró llevarle al poder en 1982.  Pablo Iglesias nos ofrece, con distinto envoltorio y denominación, el mismo producto de marketing político prefabricado en los laboratorios intelectuales del Sistema que hace treinta y dos años ya le vendió a las clases populares Felipe González. En lo fundamental, Pablo Iglesias y “Podemos” transmiten el mismo discurso de regeneración y honradez de aquel PSOE (“cien años de honradez” era su lema). El mismo proyecto de gobierno de “mayoría social” y la misma propuesta de “cambio” (“Por el cambio” fue el lema de campaña del PSOE en 1982)


Al igual que el actual “Podemos”, aquel PSOE también era una organización de jóvenes totalmente desconocidos e ilusionadores que abarrotaban estadios y estaban constantemente presentes en los medios, y que pretendía representar la esperanza de lo diferente y lo nuevo frente a lo viejo, al que se le adjudicaba la responsabilidad del pasado y el presente. Si ahora lo viejo es el PP o el PSOE, entonces eran los abiertamente franquistas y los comunistas. Si ahora se nos vende a la derecha como origen de nuestros males y se nos propone el: ¡todos contra el PP!, entonces también el problema era la derecha y se propugnaba el: ¡todos contra la UCD!


Aquel PSOE también era un partido de aluvión en militancia, que paso en meses de decenas a miles. Y lo fue también gracias a la amplia campaña propagandística que le ofrecieron los medios de comunicación “progresistas” de entonces. Un partido que, en realidad, no tenía más relación con el PSOE histórico que sus siglas. Aunque se hizo ver el Congreso de Suresnes como una renovación, en realidad se trato de una especie de “golpe de Estado” interno, impulsado por una Internacional Socialista al servicio de los intereses estadounidenses, que acabó con el propio PSOE, modificando hasta hacerla irreconocible su ideología pretextando “renovación” (“hay que ser socialistas antes que marxistas” llegaría a proclamar González), y apartando del poder organizativo a sus dirigentes tradicionales, poniendo en su lugar a jóvenes arribistas y ambiciosos, dispuestos a ser unos files lacayos del imperialismo y los futuros constructores de un continuismo neofranquista al servicio del Capital, del que ellos serían sus gobernantes.


Aquellos jóvenes también eran informales y rompedores, entonces simbolizado por la famosa chaqueta de pana de González como ahora por la no menos emblemática coleta de Iglesias, y utilizaban un lenguaje que huía de antiguos conceptos, supuestamente para así hacerse más cercanos y comprensibles a amplias capas sociales. Por ejemplo entonces Alfonso Guerra no hablaba de la clase obrera sino de “los descamisados”, como ahora Pablo Iglesias lo hace de “los de abajo”. También entonces se despotricaba contra los ricos, en ese sentido los mítines de Alfonso Guerra eran antológicos, para después proponer recetas que no rebasaban los límites de tolerancia marcados por la plutocracia. En “Podemos” resulta ejemplificadora la diferencia entre el discurso “radical” contra la deuda y la disponibilidad programática a pagarla.


Aquella otra “nueva izquierda”, así era calificada por los medios, no solo logró instituirse como fuerza hegemónica de la izquierda en las primeras elecciones a las que se presentó, las de 1977, sino que cinco años después se hicieron con el poder. Y todos sabemos lo que ocurrió tras su triunfo. El “cambio” que promovieron tanto a nivel local como “autonómico” o estatal es el origen de la Andalucía dependiente actual.


Gracias a ellos, junto a la contribución del PCE y después de IU, el régimen neofranquista y neocolonialista ha conseguido asentarse y perdurar a lo largo de más de tres décadas en nuestra tierra. Gracias a ellos, con la inestimable colaboración de los sindicatos “mayoritarios”, el pueblo trabajador andaluz sufrió los más graves atentados a sus derechos y estabilidad laboral conocidos hasta entonces. Infinitamente superiores a los que antes ya les había producido la derecha, entonces la UCD. Baste recordar al respecto las sangrantes “reconversiones industriales” o el invento de los “contratos basura”, justificados con aquello de “Mejor un mal trabajo que no tener trabajo” que decía González.


Hoy los hijos nacidos en aquel “felipismo” incurren en los mismos errores en el que ya cayeron sus padres, y las nuevas generaciones compran la misma estampita trucada que las anteriores, en este timo institucionalizado del tocomocho de la “España constitucional”. Y lo hace porque la supuesta “generación más preparada de nuestra historia” adolece de las mismas carencias que las que le precedieron. Más allá de sus conocimientos técnicos, están inmersos en el mismo mar de alienación social, identitaria y de clase que sus ancestros. Y no es de extrañar, puesto que tanto esta generación, como anteriormente la “felipista”, y aún antes la “madura” de la “transición”, no son más que sendas víctimas y consecuencias del franquismo sociológico. Del mismo condicionamiento social inoculado a las clases populares durante la Dictadura y que ha sido mantenido, e incluso aumentado y perfeccionado, por el régimen neofranquista actual.

Creer o decir que vivimos en un “Estado de derecho” y en una democracia, más o menos imperfeta o necesitadas de mejoras, pero democracia. Que el Estado en una mera estructura administrativa neutra y neutral que gestiona y vela por lo común, por la “res pública”, a través de los representantes electos, y que, por lo tanto, basta con que se elija a aquellos que pretendan actuar en beneficio de “la mayoría social” mediante sus decisiones y legislaciones para que la realidad política o económica cambie, o tan siquiera puedan crearse posibilidades o generarse condiciones para intentarlo, sólo puede defenderse desde la más profunda de las ignorancias, el más descarado de los reformismos socialdemócratas o el más inmenso de los oportunismos. Solo un ignorante, en el sentido etimológico del término (aquel que desconoce, que ignora), un reformista, en su significado político (aquel que no pretende transformar la realidad, sólo suavizarla), o un oportunista, en su sentido más peyorativo (aquel que carece de ideología, principios y escrúpulos, y sólo aspira a medrar y obtener poder), podrían aseverarlo.


Éste discurso de la posibilidad del cambio político y económico dentro del propio Sistema, que ahora se nos vende como novedoso por parte de “Podemos” y su marca blanca “Ganemos”, ha sido también el mantenido en nuestra tierra tradicionalmente no sólo por el PSOE, igualmente  lo ha sostenido Izquierda Unida, sus partidos federados (PCA, CUT, etc.) y sus derivados más recientes como Izquierda Abierta o el Frente Cívico de Julio Anguita. Este discurso, además, no es más que el que siempre ha propagado la socialdemocracia desde finales del siglo XIX.


En cuanto a la afirmación de la existencia de democracia, constituye el basamento justificativo y amparador del régimen y aquellos que forman parte de él. El continuismo neofranquista se asienta sobre la “verdad” incuestionable e incuestionada del supuesto final de franquismo con la muerte del Dictador y el establecimiento de una democracia durante la “transición”. De ahí el que se pueda degradar o poner en peligro, porque la hay. Y por eso es susceptible de hacerla más participa, de ampliarla, regenerarla o practicarla de forma más honrada, porque existe.


Tanto en el caso de “Podemos”, “Ganemos” o IU, que la mayoría de sus bases lo crean así y lo mantengan por convicción es creíble, siendo por ello inscribibles en el sector de aquellos que lo hacen por mera ignorancia. Por desconocer. Pero el que lo sostengan sus dirigentes, nacidos políticamente todos en el marxismo-leninismo y amamantados la mayoría intelectualmente con estudios universitarios, hace descartar por completo la posibilidad de la ignorancia y sólo permite el etiquetarlos dentro de una de las otras dos opciones: la del reformismo o la del oportunismo. O éstos dirigentes se han pasado conscientemente a la socialdemocracia, o se han degradado al extremo de que sus fines se limitan a prosperar en lo personal y como grupo. En cualquiera de los dos casos, sus radicalismos se reducen a mera impostación superficial.


A poco que se haya profundizado en el marxismo-leninismo, o tan siquiera se posea una visión amplia y objetiva de la realidad, imprescindible para ejercer cualquier liderazgo, se sabrá que los estados burgueses no son simples organismos administradores de los bienes e intereses sociales. Desde una óptica marxista-leninista o el simple ejercicio de la racionalidad científica, son estructuras ideadas y usadas por el Capital para facilitarse el control popular, el monopolio económico y la explotación social. Son instrumentos de los que vale la burguesía para ejercer su poder sobre las clases populares y especialmente sobre la obrera. Que los Estados nunca podrán representar o satisfacer los intereses de las clases populares, porque su razón de ser es el imposibilitarlo mediante la imposición, la coerción y el ejercicio del monopolio de la fuerza.
También se sabrá que, dado el carácter intrínsecamente opresor y represor de los estados burgueses, sus democracias, las “democracias parlamentarias”, no son ni pueden ser otra cosa que dictaduras burguesas al servicio del Capital. No son ni podrán llegar a ser expresión de los anhelos populares, ni vías institucionalizadas para su consecución, puesto que se encuentran al exclusivo servicio de su enemigo de clase. No hay ni habrá democracias burguesas favorables al pueblo porque fueron diseñadas contra el pueblo. Para impedir su acceso efectivo al poder.


En cuanto a sus gobernantes, igualmente se sabrá que, dado que los estados burgueses son meras herramientas instrumentales al servicio del Capital y, por tanto, todas sus instituciones simples gestoras y protectoras de sus intereses, sus  gobernantes no deciden o determinan realmente nada, sólo dirigen según se les ordena o impone. Son capataces al servicio del amo, del dueño del Estado y sus instituciones, del único que realmente les dicta: el dictador Capital.


Por último también se sabrá que no hay capitalismos buenos. Que toda economía capitalista es esencialmente negativa, contraía a los intereses y necesidades de las clases populares, pues se funda y se sostiene en la desigualdad, ya que el capitalismo no es más que la apropiación por unos pocos de lo que es común en beneficio propio. Que la mayoría viva en la miseria o la subsistencia para que algunos vivan en el lujo no es mal capitalismo, no es “neoliberalismo” o “capitalismo salvaje”, es simplemente capitalismo, el único existente, despojado de máscaras.


Y como consecuencia de ser plenamente conscientes de que el Estado burgués no es más que una maquinaria creada para controlar y encadenar al pueblo, de que sus democracias no son otra cosa que dictaduras del Capital y de que el capitalismo es una economía intrínsecamente ladrona y explotadora, no podrá creer ni defenderá el “Estado del bienestar”, pues considerará al Estado como la causa de la falta de bienestar popular. No podrá creer ni defenderá el “Estado social de derecho”, puesto que considerará que el Estado burgués es esencialmente antisocial, anti-popular, y su “derecho” no es más que la institucionalización del robo del Capital. No podrá creer ni defender ninguna “democracia participativa” o “real” dentro de la democracia burguesa, puesto que considerará que las “democracias parlamentarias” existen para impedir la participación popular y que el pueblo ejerza cualquier poder real en ellas, de ahí que tradicionalmente se las denominase como “democracias formales”, pues sólo lo son en apariencia, en sus formas y formalismos. Y no podrá creer ni defenderá la posibilidad de una economía más justa, o de un mayor y más equitativo reparto de la riqueza, dentro de la economía capitalista, puesto que considerará que el capitalismo no es ni puede llegar a ser justo, ni equitativo, ni repartidor de riqueza, dado que es imprescindiblemente injusto, carente de equidad y opuesto al concepto de reparto. Sabrá por ello que no existe la “economía social de mercado”. Que “el mercado” es el capitalismo y éste es ajeno a toda idea de colectividad o de bien común. Que una sociedad que pretenda asentarse sobre principios de equidad, apoyo mutuo y solidaridad, deberá para lograrlo haber acabado previamente con el  capitalismo.


Si estas realidades tan básicas y estos principios tan incuestionables como atemporales, que siempre han compartido la totalidad de las teorías de la izquierda revolucionaria (leninistas, consejistas, libertarias, etc.), no se conocen o no se comparten por quién se catalogue como anti-sistema, éste carece de la más mínima capacitación ideológica. Sería un ignorante político. Por contra,  si sí se conocen y se comparten, y aun así se proclama y afirma la posibilidad de la existencia de capacidad de decisión real o de participación determinante en el poder por parte del pueblo dentro de un Estado y una democracia burguesa, así como de lograr éste cuotas apreciables de bienestar, prosperidad, justicia o reparto de la riqueza dentro de la economía capitalista, o se es un socialdemócrata, alguien que ha renunciado a la revolución y la ha sustituido por la mera aspiración a la obtención de migajas sociales temporales a cambio de la rendición popular y el colaboracionismo con el Sistema, o se es un oportunista sin principios ni escrúpulos, capaz de engañar, manipular y utilizar al pueblo en su beneficio y el de su grupo.


¿Quiere esto decir que no se debe o es posible luchar por pequeñas mejoras; por lo concreto, lo inmediato y lo acuciante, o que no se tiene que participar bajo ninguna circunstancia y de ninguna manera en los procesos electorales y en las instituciones del Sistema? Claro que no.
El mal del socialdemócrata no es el que luche por reformas sino el que limita la lucha a ellas. El que no las trasciende y no las utiliza como palanca de subversión. El mal del electoralista no es presentarse a unas lecciones sino el entenderlas como el fin de la acción política en lugar de como un posible medio, coyunturalmente útil o inútil según sean las circunstancias, y como un medio más para revolucionar. Y el mal del institucionalista no es el acceder a las instituciones, sino el encauzar la actividad política, la suya, la de trabajadores y la de las clases populares, a través de las instituciones en lugar de contra las instituciones, y el no utilizar las capacidades de las mismas contra el propio Sistema y en apoyo y la protección de las luchas del pueblo.


Ejemplos, a un tiempo, de repuesta revolucionaria y actuación reformista ante una necesidad concreta, inmediata y acuciante, la podemos hallar en el movimiento de ocupación y el anti-desahucios, en sus acciones y alternativas al problema de la vivienda. El que se idee, impulse o participe en algo tan inmediato, concreto y acuciante como el impedir que le quiten a las clases populares sus casas, y el que se propugne la alternativa de la ocupación a la carencias de viviendas, es en sí una acción de un nítido carácter revolucionario, en tanto que además de abordar y solventar una problemática específica, incita al pueblo a ser el protagonista de su destino, actuando por sí mismo en lugar de esperar a que se lo solucionase papa Estado o un benéfico gobernante, así como provoca su enfrentamiento directo contra el propio Sistema, su Ley y su sacro santa propiedad privada. Se desarrolla una actividad que ofrece una alternativa a una situación particular, pero al mismo tiempo se la trasciende, convirtiéndola en un medio de agudizar las contradicciones, potenciar el activismo popular y obligar al Sistema a mostrarse al pueblo con su rostro represivo y opresor más descarnado, contribuyendo así  a aumentar el grado de concienciación de las clases populares y atrayéndolas al campo revolucionario. Es una lucha por lo concreto que a su vez es palanca y herramienta de subversión. Imaginaros lo que hubiese supuesto el mantener, proteger y aumentar exponencialmente el enfrentamiento y la ocupación, así como extender esta última a la toma de fábricas, tierras, distribuidoras, etc. Y no como algo excepcional, coyuntural o propagandístico, sino como política de acción directa de masas, de carácter genérico y permanente, destinada a potenciar la autogestión y el poder popular.


En cambio, cuando se propugna o se acepta la “dación en pago”,  los “alquileres sociales” y los “parques de vivienda pública en alquiler” como salidas a la ocupación y los desahucios, se está limitando el carácter y la trascendencia de la reforma a sí misma, además de encauzando institucionalmente la problemática y extrayendo de ésta toda su potencialidad subversiva. Si impedir a la “justicia” y a las “fuerzas del orden” el que ejecuten desahucios es subvertir “el orden establecido” y colocar al pueblo frente al Sistema, el condicionar dicha oposición a que sólo te quiten la casa, a que no lo hagan durante un tiempo, a que te dejen en ella cambio de un alquiler módico o de otra que te cedan temporalmente igualmente pagando, es subordinar la reivindicación dentro de “los cauces establecidos”, circunscribirla a lo asumible por el Sistema, y conciliar al pueblo con éste. Si el mantener y generalizar la ocupación es anteponer la propiedad colectiva a la propiedad privada y por tanto es acción anticapitalista y priorizar “la finalidad social de la vivienda”, el limitar la ocupación o abandonarla a cambio de daciones en pago y alquileres sociales es anteponer la propiedad privada a la propiedad colectiva, y por tanto la convierte en una acción pro-capitalista encubierta al priorizar una finalidad financiera, especulativa y particularista de la vivienda. Es simplemente reformismo contra-revolucionario.


En cuanto a los procesos electorales y las instituciones del Sistema, dado que se es consciente de lo que son y representan el Estado burgués, su “democracia” y la economía capitalista como instrumentos de opresión y explotación de las clases populares, para el revolucionario, para aquel que pretende transformar de forma radical una realidad social, política y económica contraria al pueblo y a sus intereses, para aquel que quiere acabar definitivamente con esos tres grandes enemigos del pueblo y la clase obrera: el Estado Burgués, su “democracia”, y la economía capitalista, las elecciones y las instituciones no pueden ser tomadas como fines ni medios de la acción política, sino sólo como posibles herramientas, no del cambio social, sino de subversión y apoyatura a la lucha de masas en la calle, contribuyendo a sus victorias contra el Estado, su “democracia” y la economía capitalista, actuando en las mismas como saboteadores y sus “quinto-columnistas”. Por tanto, la participación en procesos electorales e  instituciones dependerán, en cada coyuntura, de la existencia o carencia de unas condiciones objetivas y factibles para hacer posible el utilizar las estructuras del Sistema contra sí mismo.


El revolucionario no pretende la estabilidad y el desarrollo de la democracia burguesa sino su inestabilidad y destrucción. Actúa para lograr socavar los pilares sostenedores del Sistema, el Estado y sus instituciones. Su meta no es mejorarlo sino derribarlo. Hacia ese objetivo último encamina y condiciona todas sus propuestas y acciones. Por lo tanto no aspirará a  “contribuir a la gobernabilidad” del Estado burgués y de su “democracia” sino a su ingobernabilidad. No aspirará a “gobiernos de progreso” sino a acabar con los gobiernos para que el pueblo y sus intereses progresen. No aspirará a “ganar”, a gobernar el Estado, sino a que el pueblo se auto-gobierne anulando el poder del Estado sobre él. No aspirará a la construcción de una más real o más “participativa” democracia burguesa, no pretenderá “profundizar su democracia”, sino a destruirla para hacer posible la única democracia real y participativa, el autogobierno popular. No aspirará a una economía y a un mercado más justos y equitativos en el capitalismo, sino a terminar con el Capital para hacer posible una economía y un mercado realmente social, el socialista.


En cuanto al caso específico del Estado Español impuesto, además de encontrarnos ante un Estado burgués al que, por tanto, le es aplicable todo lo expuesto hasta ahora, se le unen dos particularidades determinantes. Dos características propias que lo singularizan. El tratarse de un Estado conformado en régimen continuista neofranquista y el haberse originado en la adaptación del antiguo Imperio Español en superestructura imperialista por el capitalismo.


Si a la represión propia de todo Estado y democracia burguesa, y a la explotación derivada de cualquier economía capitalista, se le suman los pluses ser una “dictablanda” continuadora de las instituciones de un régimen autoritario, así como constituir una superestructura destinada a mantener la ocupación y esquilmación de las naciones y pueblos bajo su control , el sostener la posibilidad del cambio social dentro de dicho Estado o a través de él; de su administración  local, “autonómica” y central, resulta totalmente ridículo y es absolutamente irracional.


Si afirmar la posibilidad de existencia de capacidad de decisión, de participación o incluso de control del poder por parte del pueblo dentro de un Estado y una “democracia” burguesa, de un “proceso de empoderamiento” que dirían los “actualizados”, así como de lograr cuotas apreciables de bienestar, prosperidad, justicia o reparto de la riqueza dentro de la economía capitalista, si no es fruto de la ignorancia lo es del más necio y ciego de los reformismos o el más condenable de los oportunismo, el sostener la existencia de estas posibilidades dentro de un Estado que además es imperialista y colonialista, y de unas instituciones que son herederas de un régimen totalitario, si no es el producto del más desorientado e incapacitante de los desconocimientos lo es el de la más imperdonable y despreciable de las traiciones.


El Sistema se sirve de dos elementos principales para mantener entre las clases populares la ilusión de la participación en el poder y la determinación de decisiones dentro de los estados burgueses y sus “democracias parlamentarias”: Por un lado el de los procesos electorales y los referéndums, y por otro el de los gobiernos y los parlamentos. A través del voto hace creer al pueblo que son ellos los que deciden sus destinos y los de su país, y  mediante los regidores locales, “autonómicos” y estatales le convence de la existencia de una soberanía nacional y popular. De que la nación y sus ciudadanos son libres y los dueños de sí mismos. Es en ambas ilusiones, en ambos opios del pueblo, en los que se asientan la posibilidad y la capacidad del capitalismo de mantener su dominio social y la esclavitud económica. En realidad, ni el voto determina ni el gobernante decide. Al igual que a nivel económico el capitalismo monopoliza los medios de producción, elaboración y distribución, a nivel político monopoliza el poder ejerciendo una férrea dictadura. Nada dentro de sus estados escapa a su más absoluto control. El que no sea visible no indica que no suceda, sólo el grado de perfeccionamiento alcanzado.


Otro de los mecanismos de que se vale el Capital para mantener viva la ilusión de la existencia de democracia es el “pluralismo político”. La supuesta existencia de diversidad de opciones y proyectos políticos y sociales dentro del Sistema resulta esencial para hacer realmente creíble la “democracia parlamentaria”. Lógicamente, tal pluralismo no es más que otra apariencia. Dentro del Sistema sólo se permiten opciones y proyectos que supongan variantes dentro de una misma y unívoca visión de la realidad, la de la ilusión democrática y reformista. Las que no entran dentro de ellas son marginadas o destruidas, dependiendo del riesgo que conlleven para el “orden establecido”, o sea para el mantenimiento del poder por parte del Capital. Y si son toleradas las anti-sistema es solo por no suponer peligro alguno para él en el presente, además de que con esa permisividad controlada se refuerza la ilusión democrática y plural.


El reformista participa del engaño electoral y de gobierno como protagonista fundamental. El reformismo desempeña el papel del representante popular capaz de vehicular esa posibilidad ficticia de acceso al poder “indirecto”, a través de ellos, por parte del pueblo, y de la capacidad por parte de estos de determinar su presente y su futuro a través de gobiernos e instituciones “democráticas”. La realidad es, evidentemente, el que las decisiones las toma el Capital y se las impone a la población mediante esos gobernantes e instituciones. Y esos reformistas lo saben. Saben que si “ganan” serán solo capataces, los manijeros del amo del cortijo, pero en el mejor de los casos, se conforman con ello creyendo que a cambio de su claudicación lograrán del dueño algunas mejoras en las condiciones de vida de las clases populares, siempre y cuando, claro está, estas no alteren su poder y su control. Esa es la mentalidad socialdemócrata. El reformista es un embaucador del pueblo. El que engaña y arrastra a la derrota a las masas. El que lo haga de forma consciente o inconsciente no modifica este hecho. El reformista es el contenedor, desmovilizador y encauzador de los movimientos de masas en favor del Sistema.


El embaucamiento popular del reformismo tiene como objetivo el del mantenimiento del statu quo a través de invisibilizarle a sus enemigos de clase y los porqués de sus problemáticas. Un ejemplo actual es la campaña del reformismo señalando a los gobiernos del Partido Popular como los causantes y los culpables de la situación económica y social. El problema de las clases populares andaluzas no es el PP, que se limita a ejecutar las órdenes recibidas, al igual que lo hizo antes el PSOE y lo hará después el que lo sustituya, el que “gane”, ese es el trabajo de los capataces. El problema del pueblo trabajador andaluz es el capitalismo, el que le ordena a sus capataces políticos, y el Estado que le sirve. Decir otra cosa es mentirle al pueblo y propiciar su derrota desviando su atención y su rumbo de la meta libertadora. Y eso es precisamente lo que se pretende lograr poniéndole delante de sus ojos la venda del PP o la del PSOE. Los capataces también cumplen ese papel, el cargar con las responsabilidades del dueño y la animadversión de los trabajadores para desactivar sus luchas, salvaguardar al amo y protegerle su propiedad.


Desde la coherencia revolucionaria y la responsabilidad para con nuestro pueblo, ni se puede caer en la trampa socialdemócrata ni se puede permitir que el pueblo trabajador andaluz sea de nuevo arrastrado por el engaño del electoralismo reformista más burdo. Lo defienda quien lo defienda y sean cuales fuesen sus intenciones, el resultado será el mantenimiento de la Andalucía dependiente y el de unas clases populares expoliadas. Plantemos cara a los nuevos socialdemócratas y démosles la réplica: Todos contra el PP no, todos contra el Estado opresor, la economía de la explotación y sus servidores políticos. Todos contra España y el Capital.





Vídeo  de Felipe González y el programa del PSOE  1977
Así era un mitin del ex líder del PSOE en la campaña electoral de 1977


Felipe González, 1977. Mitin en Castellón, durante la primera campaña electoral tras el franquismo.


"En las casas del pueblo, que nos quitaron, y que recuperaremos, se enseñaba a los hombres a hablar, a discutir en público, a respetarse mutuamente. Se los arrancaba de la desesperación y del alcoholismo al que los sometía la oligarquía más insolidaria de Europa, la misma que tenemos ahora. Y llegaban a las casas del pueblo a educarse, a formarse como hombres libres. Así hemos entendido nosotros la cultura y la enseñanza. Y por eso liquidaron las casas del pueblo. Justamente por eso. Porque era peligroso que empezaran a ser cultos. Que pudieran subirse a una tribuna y decir lo que llevaban dentro"
"(...) El Partido Socialista pedirá algo más del voto. Pedirá la participacíón consciente de todos los ciudadanos en la construcción de una España distinta y mejor. De una España con una constitución democrática. Con una constitución que garantice la libertad individual y la libertad de los pueblos. Y pedirá la participación de los ciudadanos en la tarea de cambiar la vida, de acabar con la injusticia, de una reforma fiscal profunda que saque el dinero de donde lo hay. Que ya estamos cansados de aquellos que dicen que hay que apretarse el cinturón y exhiben sus tirantes, aunque sean con la bandera nacional"
"(...) Si ustedes están dispuestos a votar por la libertad, por una libertad garantizada. Si están dispuestos a cambiar las bases de este país, removiendo las bases de la injusticia. Si están dispuestos a que caminemos hacia el mundo entero en pie de igualdad y con dignidad, nosotros seguiremos diciendo en cada tribuna que vamos a ganar. Porque el socialismo es eso: exactamente la libertad, exactamente la justicia, exactamente la solidaridad con todos los pueblos".

Documento: el programa del PSOE en 1977
Algunas de las propuestas y párrafos más destacados del programa electoral del PSOE en las primeras elecciones generales tras el franquismo:
1. Reducción de la edad de la jubilación a los sesenta años.
2. Reducción de la jornada laboral a las cuarenta horas semanales.
3. Financiar la Seguridad Social con los presupuestos generales del Estado.
4. Estímulos directos a la creación de puestos de trabajo por medio de deducciones fiscales a las empresas que aumenten su plantilla.
5. Las pensiones, seguros de paro y ayudas familiares asegurarán un ingreso mínimo no inferior al salario mínimo.
6. Expropiación con indemnización de latifundios agrícolas con baja rentabilidad y transformación de minifundios por la acción de cooperativista.
7. Revisión del "stock" de viviendas para evitar la existencia de un número injustificado de viviendas desocupadas.
8. Enseñanza pública y laíca.
9. "Todo miembro de la sociedad española, cualquiera que sea su condición, tendrá derecho a recibir asistencia médica y a percibir unos ingresos mínimos cuando no pueda trabajar por razón de edad, salud o falta de trabajo".
10. "España está constituido por una serie de nacionalidades y regiones diferenciadas. Solo un centralismo inoperante y corruptor ha impuesto una uniformidad institucional forzada. El PSOE defiende la unidad del Estado, unidad que no puede basarse en la fuerza".
11. "Durante muchos años, la sociedad española, el pueblo español, ha soportado un "capitalismo de rapiña", preocupado únicamente de obtener grandes beneficios a corto plazo y sin esfuerzo, mediante la especulación en todos los órdenes de la actividad económica. La clase política del régimen anterior ha servido a este capitalismo de rapiña sin tener en cuenta el interés general de la población. Ellos nos han conducido a la situación actual."
12. "Muchos partidos políticos ofrecen programas de reformas económicas y sociales. Pero lo decisivo es saber quiénes van a ser consecuentes con esas promesas, quiénes van a cumplir sus programas". 
Siga leyendo para leer el programa





Pablo Iglesias: "No soy religioso, pero me sorprende estar tan de acuerdo con el papa"

Algunas perlas de la entrevista,


Igual que ha acabado entendiendo que los militares juegan un papel que puede ser positivo, ¿algún día llegará a entender que puede haber una forma positiva de hacer banca, o que los banqueros también puedan ser parte necesaria de la sociedad?

Por supuesto. El sistema financiero es algo absolutamente imprescindible. El problema es que los últimos 30 años hemos vivido una suerte de orgía. Y eso no lo digo yo. Después del crack del Lehman Brothers, fue incluso Nicolas Sarkozy el que dijo "Hay que refundar el capitalismo, porque hemos dado demasiado poder a las finanzas". Lo que ha ocurrido en estos últimos años es una suerte de contrarrevolución según la cual se han empoderado todavía más los sectores financieros, hasta el punto de que, bueno, el señor Mario Draghi era el delegado de Goldman Sachs para Europa, el mismo que asesoró a Lucas Papademos en Grecia para que falseara la contabilidad del Banco Central. Lo mismo que el señor De Guindos aquí. Eso no puede ser. Un país serio tiene que tener un sistema financiero, pero no puede ser que las instituciones democráticas se pongan al servicio de los banqueros. Eso no es aceptable. O que los banqueros decidan quién es el presidente o tengan que dar la bendición a los ministros de economía. Eso no es serio

Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/2285795/0/pablo-iglesias-entrevista-podemos/perfil-preferencias-gustos/aficiones-virtudes-defectos/#xtor=AD-15&xts=467263#xtor=AD-15&xts=467263#xtor=AD-15&xts=467263







Podemos, por una democracia económica

Podemos representa ya la esperanza de una ciudadanía decepcionada y defraudada que aspira, después de decenios de privaciones y de engaños, a disfrutar de "una digna calidad de vida" en el marco de una olvidada "sociedad democrática avanzada"

Carlos Jiménez Villarejo - Exeurodiputado de Podemos

03/11/2014 - 21:00h

Partimos de una constatación cotidiana. El abuso del poder económico y la subordinación al mismo de los poderes políticos es manifiestamente contrario a la Constitución. Es la realidad española. La definición constitucional del Estado como "social" obliga a entender que el reconocimiento de la "economía de mercado" y la "libertad de empresa" está complementado con previsiones en orden a garantizar no sólo las obligaciones propias de un Estado prestacional, sino la posibilidad "de transitar a formar superiores de solidaridad y convivencia" para realizar el valor constitucional de la "justicia". Valor pendiente de su plena realización, precisamente por el dominio casi absoluto de la lógica del beneficio, sacrificándose sin escrúpulos derechos y valores democráticos.


Ello obliga, frente a dichos abusos, a garantizar un marco de garantías tendentes a prevenirlos e impedirlos. Es lo que se ha llamado estrategia en orden a reducir la vulnerabilidad de las instituciones públicas o privadas favoreciendo la detección y la neutralización de dichos abusos. Estrategias que todos los analistas centran, entre otras exigencias, en el efectivo funcionamiento de los mecanismos públicos de control interno y en una reglamentación rigurosa de la actividad económica que evite el dominio monopolístico del mercado y asegure la protección de los derechos sociales de los ciudadanos.


En efecto, la Constitución de 1978 establece un determinado modelo de "orden socioeconómico", el comprendido bajo el concepto, con origen en la Constitución de Weimar, de Constitución económica y que ya asumió el Tribunal Constitucional (TC 1/82), al decir: "En la Constitución española de 1978, a diferencia de lo que solía ocurrir con las Constituciones liberales del siglo XIX, y de forma semejante a lo que sucede en las más recientes Constituciones europeas, existen varias normas destinadas a proporcionar el marco jurídico fundamental para la estructura y funcionamiento de la actividad económica; el conjunto de todas ellas compone lo que suele denominarse la Constitución económica formal. Este marco implica la existencia de unos principios básicos del orden económico que han de aplicarse con carácter unitario, unicidad ésta reiteradamente exigida por la Constitución, cuyo Preámbulo garantiza la existencia de 'un orden económico y social justo". Criterio que define la línea de un "orden socioeconómico", característico del Estado social de Derecho, en el que, por tanto, el reconocimiento de "la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado" (art. 38 CE.) está sujeto a un amplio conjunto de prescripciones constitucionales, como la función social de la propiedad privada (art. 33.2) que, como acertadamente mantuvo Diez Picazo, no sólo "preserva a la propiedad en un sistema económico que continúa siendo capitalista" sino que "origina deberes para el propietario en función de intereses distintos y del interés público general" ( STC 37/87), un sistema tributario justo (Art. 31), la subordinación de toda la riqueza del país al interés general (art. 128.1), la planificación de la actividad económica para atender a las necesidades colectivas, equilibrarlas y armonizar el desarrollo regional y sectorial y estimular el conjunto de la renta y de la riqueza y su más justa distribución (art. 131.1) y, finalmente, por imperativo del artículo 9.2, el compromiso de los poderes públicos de promover la efectiva y real igualdad y libertades de los ciudadanos mediante la remoción de los obstáculos que se opongan a ello. Con ello la Constitución define un sistema social y económico, esencialmente dinámico,en el que los Poderes Públicos deben promover, garantizar y asegurar los derechos económicos, sociales y culturales.


Desde este marco fundamental, podría sostenerse que el sistema está configurado por la libertad económica, cuyo núcleo es la empresa y el mercado (art. 38), completado por una ordenación de la actividad económica por los poderes públicos con el fin de "promover el progreso... de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida" (Preámbulo de la Constitución) que se concreta en los artículos 40, 45, 50, 54, 130, 131, etc., preceptos que no persiguen otra cosa sino equilibrar el desarrollo económico de acuerdo con las necesidades de los ciudadanos.


Las positivas expectativas de Podemos en todos los encuestas está originando en los partidos tradicionales, particularmente el PP y el PSOE, una desorientación preocupante. Pero es más grave aún que los llamados analistas políticos estén dominados por una ola de indignación contra la irrupción de Podemos en el panorama político. Lo que, en ocasiones, les lleva a descalificaciones y hasta imprecaciones infundadas e injustas. ¿Por qué no leen las resoluciones aprobadasen la reciente Asamblea Ciudadana? ( Auditoria y reestructuración de la deuda:una propuesta para Podemos, por ejemplo). Porque de su lectura no se desprende ni populismo ni catastrofismo ni las infinitas desgracias que se les atribuyen.
Son, sencillamente, propuestas desde un partido que apenas ha cumplido ocho meses y con una perspectiva aún remota de elecciones generales. Por tanto, es razonable que, posiblemente, no precise con toda exactitud dichas propuestas. Pero es infinitamente más grave que partidos que, de una forma u otra, llevan participando en los poderes públicos desde 1977 hayan conducido a nuestro país, con alianzas expresas o tácitas, a un modelo político corrupto y un modelo económico fundado sobre el beneficio de la casta gobernante. Los resultados están a la vista y los describen dichas resoluciones: cierre de empresas, paro, especialmente juvenil, pobreza, sobre todo infantil, pérdida de prestaciones sociales, régimen laboral anticonstitucional, drástica reducción de derechos a la sanidad y la educación,etc. ¿Cómo se atreven a dudar y, sin más, rechazar las propuestas de Podemos que pretenden, frente a lo que esos partidos han hecho, "blindar incondicionalmente los derechos, libertades y conquistas sociales democráticas"? Y, para caminar hacia una "una sociedad más justa y más decente, una economía al servicio de todas las personas", plantea, entre otras muchas medidas, auditar la deuda, particularmente la pública. ¿Para qué?. "Para discernir qué deudas pueden considerarse ilegítimas", para comprobar si la deuda "fue contraída en contra del interés general porque los recursos financieros que se obtuvieron se dedicaron a salvaguardar los privilegios de los grupos de poder, en lugar de destinarse a la satisfacción y protección de los derechos básicos reconocidos en la Constitución".


Podemos representa ya la esperanza de una ciudadanía decepcionada y defraudada –que se lo pregunten a los ciudadanos catalanes– que aspira, después de decenios de privaciones y de engaños, a disfrutar de "una digna calidad de vida" en el marco de una olvidada "sociedad democrática avanzada". Podemos está en camino, con firmeza y prudencia, hacia ese futuro frente a la actual indecencia y consecuente decadencia económica y política.



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