Un ataque coordinado contra
las pensiones públicas
El sistema
público de pensiones es la estructura encargada de gestionar y distribuir el
salario diferido. Esto es, la remuneración que reciben los trabajadores tras
abandonar su etapa laboral activa. Aunque es diferido por el momento en el que
se recibe, no deja de ser salario, pues inevitablemente proviene del nuevo
valor que generan los trabajadores activos en el proceso de producción y que,
por contrato social, destinan a los trabajadores ya retirados.
Desde la
perspectiva contraria, para los capitalistas el gasto en pensiones es
totalmente improductivo, pues los perceptores ya no trabajan para ellos, y su
reproducción física les trae literalmente al fresco. Es cierto que para un
número de empresarios de determinados sectores los gastos de los pensionistas
pueden significar unos beneficios importantes -incluso la base de su
actividad-, pero para el capital en su conjunto no son sino una merma de plusvalía
global. Es por ello que el carácter de sistema público se torna fundamental,
pues el Estado actúa como árbitro en este conflicto capital-trabajo,
estableciendo la obligatoriedad del sistema y definiendo sus reglas de
funcionamiento.
Pero un
Estado burgués no actúa por principios o justicia ni se comporta como un
árbitro neutral. Su papel mediador solo funcionará en una medida proporcional
-aunque no en proporción directa ni simétrica- a la relación de fuerzas de las
partes enfrentadas. En estos momentos el capital tiene desatada una feroz
ofensiva para incrementar una siempre insuficiente tasa de ganancia [1], variable que es la razón de ser del sistema
capitalista. Por su parte, los trabajadores están en sus momentos más bajos de
conciencia y organización.
Esta
desequilibrada correlación de fuerzas ha desencadenado una guerra de largo
recorrido en todo occidente contra los sistemas públicos de pensiones. El
objetivo es doble: 1) reducir al mínimo de supervivencia [2] el gasto en pensiones, convirtiendo,
por tanto, todas las percepciones suprimidas a los trabajadores jubilados en
plusvalía para el capital, y 2) convertir en capital productivo (es decir,
gestionado por empresas privadas en lugar de por el Estado) los ahorros para la
jubilación de los trabajadores que pudieran permitírselo.
Esta guerra
contra las pensiones públicas se dirime inevitablemente en los ámbitos
nacionales, donde siguen reposando las legislaciones sociales y laborales. Pero
el Estado Mayor del capital se encarga de enviar a sus representantes
nacionales su informe periódico de progresos y estrategias a través de
organismos internacionales. Así, la OCDE publica un informe bianual con la
situación de las pensiones públicas en todos los países miembros de la
organización. En dicho informe explica los avances (avances para ellos, retrocesos
para los trabajadores) conseguidos en cada país en esos dos últimos años para
que sirvan de ejemplo al resto y, como el que no quiere la cosa, insinúa
objetivos personalizados por país a lograr para los años que siguen.
El informe de la OCDE
correspondiente a 2017 [3] se publicó precisamente hace tres
meses, coincidiendo con la campaña de cuestionamiento sobre el futuro de las
pensiones -auténtico discurso del miedo-, que se ha desatado en nuestro país
¿Coincidencias?
El informe
no analiza las causas de nada y se limita a dar datos a partir de una situación
dada. Una situación dada que, en muchos casos, es consecuencia de que el
Gobierno haya aplicado anteriormente medidas recomendadas por la propia OCDE en
informes anteriores. Así, por ejemplo, ofrece datos alarmantes sobre la
degradación de las condiciones de vida de los pensionistas en las próximas
décadas como consecuencia de la bajada en las pensiones fruto de la última
reforma de 2013. Esta degradación sirve de excusa para aportar nuevos datos que,
según ellos, requieren de nuevos sacrificios.
Los datos
más resaltados por dicho informe para nuestro país son dos. Por un lado, el
rápido envejecimiento de la población, que solo se espera superior en Japón y
que solo crece a un ritmo parecido en Corea del Sur. Curiosamente, esta
situación tan anómala se da por descontada, y el informe no intenta ni propone
investigar las causas ni buscar posibles soluciones.
Por otro
lado, el informe resalta especialmente que la “tasa de sustitución” en España es de las más altas de
occidente, incluso tras el seguro descenso que traerá como consecuencia la última reforma de las
pensiones de 2013. Y
dirán ustedes, ¿qué es esa “tasa de sustitución” cuyo valor tan alto nos debe
alarmar?
Para
responder a esta pregunta aparentemente tan propia de especialistas, ha
aparecido amablemente en nuestra ayuda una organización llamada Inverco que ha
creado una página web donde aclara este concepto: “Lo primero de todo es
entender bien qué es la tasa de sustitución o de reemplazo. Se denomina así al
porcentaje del último sueldo que un trabajador cobra del sistema público cuando
se jubila. Si el último sueldo de ese trabajador fue de 1.000 euros y cuando se
retira cobra una pensión de 700 euros, quiere decir que la tasa de sustitución
es del 70%.”
Tras esta
explicación sobre el significado de la tasa de sustitución, la afirmación de la
OCDE parece sorprendente. ¿De verdad es España un lugar donde la pensión es tan
alta con relación al último sueldo cobrado por los trabajadores en activo?
Seguramente un extranjero que lea este informe pensará que los españoles
vivimos por encima de nuestras posibilidades, cobrando pensiones superiores a
las percibidas en Francia o Alemania [4]; sin embargo, un conocedor de la
situación española jamás podría creerse que nuestras pensiones pequen
precisamente de excesivas.
Y es que el
valor de la susodicha tasa de sustitución puede ser cierto, lo cual no quiere
decir que sea significativo. Con la definición aportada, una tasa de
sustitución puede ser alta tanto si las pensiones son elevadas como, también,
si los salarios en el momento de la jubilación son bajos. Y aquí es donde está
el secreto, pues no solo los salarios en nuestro país son bajos en general,
sino que los últimos años de vida laboral de un trabajador español se ven muy
penalizados por el alto nivel de paro, que tanto se ceba con los mayores de
cincuenta años.
|
País |
Salario
medio en euros (mediana) de un trabajador de entre 55 y 64 años |
Pensión
media |
|
|
2008 |
2016 |
2015 |
|
|
Noruega |
38.935 |
48.699 |
18.662 |
|
Dinamarca |
27.217 |
34.070 |
16.045 |
|
Suecia |
25.555 |
32.661 |
15.396 |
|
Finlandia |
22.227 |
27.359 |
13.786 |
|
Austria |
20.934 |
26.704 |
15.609 |
|
Holanda |
21.286 |
25.013 |
19.408 |
|
Francia |
21.624 |
23.559 |
14.258 |
|
Reino
Unido |
20.445 |
23.206 |
16.958 |
|
Bélgica |
17.642 |
23.188 |
12.876 |
|
Irlanda |
23.516 |
22.955 |
12.315 |
|
Alemania |
19.042 |
22.277 |
11.284 |
|
Italia |
17.906 |
18.506 |
12.164 |
|
España |
16.079 |
15.394 |
9.181 |
|
Portugal |
8.743 |
9.389 |
6.498 |
|
Grecia |
11.352 |
8.200 |
9.079 |
Datos de
Eurostat
A la vista
de estos datos, poner el acento en que los países de la cola destacan por lo
cercano entre los salarios y las pensiones y no por lo reducido del salario es
una manera muy artera de enfocar el problema. A ello se suma que España es,
junto con Irlanda y Grecia, uno de los pocos países que han visto los salarios
medios disminuir durante los últimos ocho años.
Sin embargo,
el panorama que nos dibujan la OCDE e Inverco es aún más siniestro, pues a nuestra
situación de bajos salarios añaden que la famosa tasa de sustitución va a bajar
en España como consecuencia de la reforma de las pensiones de 2013. Veámoslo en
palabras de Inverco, que destaca por lo gráfico de sus explicaciones: : “Un
partido de fútbol en el que sólo puedes ver el primer tiempo. O salir del cine
a mitad de la película. ¿Te imaginas tener que vivir con la mitad? Si tienes
entre 35 y 45 años, puede que te encuentres en esta situación cuando te
jubiles.”
¿Quién es
esta organización, “Inverco”,
tan sincera? ¿Una ONG, un centro de estudios de los
sindicatos? Pues nada parecido, Inverco es la “Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de
Pensiones”, es
decir, la gran banca. De manera amable y desinteresada se han encargado de
crear una página web [5] en la que, con un lenguaje muy sencillo, divulgan
justamente los datos resaltados por la OCDE y alertan a los futuros jubilados
de todas las miserias que les esperan como consecuencia de la reforma de las
pensiones de 2013. Además, para asegurarse de que el mensaje llega incluso a
los que no tienen ganas de leer, se han molestado en crear un canal de Youtube
en el que un humorista progre de la banda progre de Buenafuente explica a los
jóvenes cómo se pueden ir preparando si no “complementan” su pensión. Por su
parte, en Onda Cero y en la COPE, Anne Igartiburu [6] hace lo propio para un
público más serio.
Pero no es
la tal Inverco la única a la que le ha dado por hacer difusión de economía
catastrofista entre la población. De manera casi simultánea, Unespa (Asociación Empresarial del Seguro) ha presentado un informe encargado a
Afi (Analistas Financieros Internacionales) con el título “Soluciones para la
jubilación” [7]. El informe y su presentación siguen la linea de
meter miedo: “Quien hoy se retire de la vida laboral perderá una media de 350
euros mensuales de poder adquisitivo a lo largo de su vida como jubilado tras
las últimas reformas llevadas a cabo en España.” Pero, además, van más allá y
alertan sobre los efectos globales sobre la economía española de este futuro
descenso de las pensiones: “El análisis advierte de que la reducción de las
pensiones públicas de los jubilados […] implicaría un efecto negativo en el
conjunto de la economía para el año 2035 de 46.000 millones de euros en
términos de valor añadido bruto y un recorte del empleo de 754.700 puestos de
trabajo. Ello equivaldría a que la actividad económica se vería mermada en un
3% del PIB en 2035 y un descenso del empleo del 3,7% para dicho ejercicio.
Obviamente,
la intención de Inverco y de Unespa, de la banca y los seguros, es vender -a
quien pueda pagarlo- un plan de pensiones, una renta vitalicia, o cualquier
otro producto con el que ellos puedan obtener beneficios. Se genera así una
rueda en la que, periódicamente, el “experto” recomienda, el gobierno legisla y
el capital se valoriza. Del lado contrario, la perspectiva es mucho más
sombría: el trabajador más afortunado podrá recurrir a un gasto extra para
compensar su menguada pensión, pero para una mayoría significará simplemente la
precariedad.
¿Es el
futuro realmente tan negro?
Si no
hacemos nada, sí.
En lo que
respecta a las consecuencias serán incluso peores. En los informes y en las
webs referidas cuidan mucho el mensaje para dar a entender que no hay
distinciones entre los afectados: antes todos cobrábamos altas pensiones y
ahora todos vamos a tener que complementarlas con gasto privado. Pareciera solo
una cuestión de quién gestiona mejor su futuro, quién es cigarra y quién es hormiga.
Pero la realidad es muy distinta. Cuando el informe habla del poder adquisitivo
que perderá un jubilado futuro tras las últimas reformas, lo hace dando por
sentado que ese jubilado ha cotizado durante toda su vida laboral. Es decir, en
la situación actual de precariedad en la que se encadenan paro juvenil, medias
jornadas, trabajo temporal, contratos basura y paro tras los cincuenta, ese
jubilado ya tendrá suerte si llega a cumplir las condiciones para cobrar una
pensión contributiva. Ni que decir tiene que tampoco tendrá la posibilidad de
ahorro para “complementar” nada. A la precariedad laboral seguirá la
precariedad en la jubilación. Por eso el mismo informe de la OCDE ya adelanta
(aviso para la próxima vuelta de la rueda) que se debería permitir el seguir
trabajando tras empezar a cobrar la pensión. ¡No te jode! Es que, si no, al
anteriormente conocido como jubilado no le va a dar ni para comer.
Pero
volvamos al principio.
Hemos visto
que los datos que nos ofrecen expertos, gobierno y banca provienen de
presunciones arbitrariamente elegidas; una vez legislado en torno a ellos se
convierten en profecías autocumplidas y excusa para otra nueva ronda de
manipulación. Infórmate de las posibilidades reales de mantener un sistema de
pensiones incluso mejor que el actual. En este documento, por ejemplo, podrás encontrar otro
enfoque sobre la sostenibilidad de un sistema público de pensiones.
Como
planteamos al principio de este texto, la evolución vendrá dada por la
correlación de fuerzas entre el capital y el trabajo. Por nuestra parte eso se
traduce en organización y lucha. Los trabajadores jubilados ya se han puesto a
ello. Es necesaria la implicación de todos para que no se cumplan los planes
que solo ofrecen precariedad y miseria.
El 17 de
marzo la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones
ha convocado manifestaciones en todo el país.
autor: duval
Notas
[1] Ver,
también en Crónica de Clase, el artículo “contexto económico y
social 2018”
[2] En este
nivel de supervivencia cobra sentido la simpatía mostrada por diversos sectores
del capital por soluciones tipo Renta Básica. Ver “lo que no te cuentan los progres cuando hablan de
la Renta Básica Universal”
[3] Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). “Pensions at a glance 2017”. Contiene un resumen ejecutivo específico para nuestro país.
[4] No
debería sorprendernos. Tampoco es un caso muy distinto de la campaña de
desprestigio que hace unos años se desató contra los trabajadores griegos, una
enorme campaña mediática que tuvo un profundo calado en nuestra sociedad.
[5] Que el
ahorro te acompañe
[6] Sí, la
misma Anne Igartiburu que el pasado 8 de marzo
apoyaba la huelga feminista. Parece
que la rotura del techo de
cristal de las mujeres de su clase es compatible con unas pensiones más míseras para las mujeres
trabajadoras.
[7] Una
crónica de la presentación está disponible aquí. Un artículo que advierte de los
riesgos de la solución propuesta por Unespa se puede encontrar aquí.
https://cronicadeclase.wordpress.com/2018/03/11/un-ataque-coordinado-contra-las-pensiones-publicas/
Unespa La Unión Española de
Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa) se constituyó el 29 de julio
de 1977 como asociación profesional de empresarios, al amparo de la Ley 19/1977 del 1 de abril, que fue la primera en democracia
que reguló este tipo de organizaciones.
https://es.linkedin.com/company/unespa
Qué
es la tasa de sustitución de las pensiones o cuánto dejarás de ganar al
jubilarte 27 de
septiembre de 2018
¿Qué es la tasa de reemplazo de las pensiones?
28 de enero
de 2020
https://www.jubilaciondefuturo.es/es/blog/que-es-la-tasa-de-reemplazo-de-las-pensiones.html
La tasa de
sustitución en las pensiones
https://www.planesypensiones.com/tasa-sustitucion-pensiones.html
Jubilación: ¿qué es la tasa de sustitución de las pensiones y cómo se
calcula?
18.07.2020
Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de
medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de
mayor edad y promover el envejecimiento activo.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2013-2874
Ley 23/2013,
de 23 de diciembre, reguladora del Factor de Sostenibilidad y del Índice de
Revalorización del Sistema de Pensiones de la Seguridad Social.
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2013-13617
Así quedan
definitivamente las pensiones tras la reforma
13 DIC 2013
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2013/12/12/economia/1386840999_548351.html
“En este documento, por ejemplo, podrás encontrar otro enfoque sobre la sostenibilidad de
un sistema público de pensiones.”
En defensa del sistema
público de pensiones
Por Miren
Etxezarreta y otros 10 Mar 2018
Por su
actualidad e interés, reproducimos un documento del año 2013 que se publicó en
una web que ya no está operativa (http://documentopensiones.org). El documento
estaba firmado por una larga lista de economistas, entre los que se encontraban
nombres como los de Miren Etxezarreta, Juan Francisco Martín Seco, Pedro Montes, Vicenç Navarro, Albert Recio, etc.
Los
economistas y juristas firmantes de este Documento lo han elaborado con objeto
de rebatir y desautorizar el Informe de la Comisión de expertos designada por
el gobierno y para denunciar la nueva contrarreforma de las pensiones que con
base en él pretende acometer el PP. Los ciudadanos deben saber que
reducir las pensiones no es un medida que sirva para combatir la crisis
económica sino que implica un paso en el desmantelamiento del estado social que
se está llevando a cabo.
En defensa del sistema público de
pensiones
LA
SOSTENIBILIDAD DE LAS PENSIONES, PROBLEMA POLÍTICO, NO ECONÓMICO.
Pensamos que la manera de plantear un problema condiciona su solución. La
sostenibilidad del sistema público de pensiones se ha planteado siempre, en
unos casos por ignorancia y en otros por intereses espurios, de la peor forma
posible. Se ha tratado como un problema técnico cuando es un problema
político. Se ha querido enmarcar como una cuestión de insuficiencia de medios,
cuando en realidad el quid de la cuestión es la distribución de la renta. Se
pretende que creamos que la sostenibilidad del sistema público de pensiones
depende de “cuántos son los que producen”, cuando la variable importante es
“cuánto se produce”.
Conscientes de que se trata de un problema político y no económico,
consideramos que nuestro papel debe centrarse únicamente en desenmascarar los
intentos de justificar mediante planteamientos aparentemente técnicos las posturas
ideológicas previamente tomadas.
Hace ya muchos años que todos los servicios de estudios de las entidades
financieras y similares, apoyados y jaleados por los organismos
internacionales, comenzaron a emitir informes acerca de la inviabilidad del
sistema público de pensiones. La postura oscilaba desde los más radicales,
demandando su sustitución por planes privados, hasta los medianamente
posibilistas, que tan solo pretendían su reforma, de manera que los gastos
sociales no se incrementaran e incluso se redujeran. Por citar tan solo un
ejemplo, allá por 1993 la Fundación BBV contrató a treinta y cuatro sabios,
expertos, técnicos para que estudiasen el tema de las pensiones. En realidad,
querían que se pronunciasen sobre la viabilidad, más bien inviabilidad, del
sistema público. Trabajaron durante veinte meses para llegar a la conclusión de
la imposibilidad de mantener el sistema público si no se reformaba. Una vez más
se empleó la expresión quiebra de la Seguridad Social. El resultado de
sus cálculos, que fueron facilitados a la prensa, consistía en el pronóstico de
que para el año 2000 el desajuste entre ingresos y gastos de la Seguridad
Social habría aumentado en una cantidad equivalente al 2% del PIB.
¿Cataclismo?, ¿quiebra? “Será incompatible con Maastricht”. Lo cierto es que el
año 2000 llegó y no se produjo prácticamente nada de lo que pronosticaron. De
hecho, se registró un superávit del 0,4%.
La argumentación de todos estos informes era similar: el incremento de
la esperanza de vida y la baja tasa de natalidad dibujaban una pirámide de
población que haría inviable en el futuro el sistema público de
pensiones. Vaticinaban que en un determinado número de años se
produciría la quiebra de la Seguridad Social. El tiempo ha ido transcurriendo y
hemos llegado a las fechas fijadas sin que se cumpliese ninguno de sus
pronósticos, lo que parece natural ya que no tuvieron en cuenta determinados
factores tales como la incorporación de más mujeres al mercado laboral o el
incremento en el número de inmigrantes. El estrecho encuadre de las
proyecciones demográficas y el hecho de considerar solo la población total no
pueden constreñir el complejo problema de la viabilidad de las pensiones. A
cualquiera se le ocurre que al menos otra variable, la tasa de
actividad, tendrá algo que ver en la solución.
LA
TASA DE ACTIVIDAD, UNA VARIABLE RELEVANTE
La incorporación de mayor número de
mujeres al mundo laboral ha tenido como consecuencia el incremento sustancial
de la tasa de actividad. Sin modificar la población total, el número de los
trabajadores potenciales ha aumentado de forma considerable. España goza de un
amplio margen para avanzar en esta variable, dado que la tasa de actividad
femenina es aún baja, en cualquier caso menor que la de otros países. A su vez,
las llegadas de trabajadores inmigrantes también incrementan la tasa de
actividad, pues aunque se eleva la población total, todo el aumento producido
es de activos. Es una ironía contemplar a la “Europa fortaleza” preocupándose
por la reducida tasa de natalidad y el envejecimiento de la población. Si el
problema radicara solo en estas variables, la solución sería bastante sencilla:
se trataría simplemente de abrir las fronteras a los trabajadores inmigrantes.
Llegados a este punto, está claro que sería un grave error considerar la
población activa como núcleo del problema. El factor más importante no es el
número de personas dispuestas a trabajar, sino las que realmente puedan
hacerlo. Si aceptamos esta premisa, la medida de retrasar la edad de
jubilación carece de todo sentido cuando existe un altísimo nivel de
paro. En 2013, en España, con 6 millones largos de parados, elevar la
edad de jubilación de los 65 a los 67 años no tiene demasiada lógica.
LA
PRODUCTIVIDAD, FACTOR DECISIVO EN LA SOSTENIBILIDAD DEL SISTEMA PÚBLICO DE
PENSIONES
Pero ahondando más en la materia, al plantear la cuestión de las pensiones hay
que superar también la visión estrictamente cuantitativa del número de
trabajadores para considerar, además, la productividad. Como ya hemos dicho, el
problema no estriba en cuántos son los que producen sino en cuánto es lo que se
produce. Cien trabajadores pueden producir lo mismo que mil si su productividad
es diez veces superior, de tal modo que los que cuestionan la viabilidad de las
pensiones públicas cometen un gran error al basar sus argumentos únicamente en
la relación del número de trabajadores por pensionistas pues, aun cuando esta
proporción se reduzca en el futuro, lo producido por cada trabajador será mucho
mayor. Quizá lo ocurrido con la agricultura pueda servir de ejemplo. Hace
cincuenta años el 30% de la población activa española trabajaba en agricultura;
hoy únicamente lo hace el 4,5%, pero ese 4,5% produce más que el 30% anterior.
En resumen, un número menor de trabajadores podrá mantener a un número mayor de
pensionistas.
CONSECUENCIAS
DE UNA VISIÓN SESGADA DEL PACTO DE TOLEDO
Ha sido el Pacto de Toledo, o una visión sesgada del mismo, lo que ha
introducido al sistema público de pensiones en un laberinto de difícil salida.
A ello ha contribuido la consideración de las cotizaciones sociales
como fuente exclusiva de financiación de las pensiones, no encontrando
entonces otra salida que no sea la disminución de las prestaciones.
Se llama Pacto de Toledo al documento aprobado por el pleno
del Congreso de los Diputados, en la sesión del 6 de abril de 1995, titulado “Análisis de los problemas
estructurales del sistema de Seguridad Social y de las principales reformas que
deberán acometerse”. Su origen inmediato se debe buscar en la aprobación por el Congreso de
una proposición no de ley, presentada por CiU, por la que se creaba una
ponencia en el seno de la Comisión de Presupuestos para analizar los problemas
estructurales de la Seguridad Social. Pero esta iniciativa parlamentaria no
descendió del cielo, sino que surgió de un escenario formado por dos hechos que
se complementan.
El primero es una ofensiva
internacional en contra de las pensiones públicas y a favor de las privadas,
que partía de ciertos organismos internacionales como el Banco Mundial o la
Unión Europea. Estas maniobras tenían -y aún tienen- su eco en todos los
países, potenciadas por las entidades financieras y por la mayoría de las
fuerzas económicas y políticas.
El segundo hecho es nacional y
reside en las acusaciones mutuas entre los dos partidos políticos mayoritarios
de nuestro país, que se reprochaban poner en peligro el sistema público de
pensiones. El PSOE, desde el gobierno, hacía propaganda del mérito de pagar a
los pensionistas, y ante la amenaza de perder las elecciones generales -como
así ocurriría en 1996- difundía la idea de que la llegada de la derecha al
poder suponía un grave riesgo para esta prestación social. Al mismo tiempo,
ante el déficit que en aquel momento mostraban las cuentas de la Seguridad
Social, el Estado, en vez de enjugarlo con transferencias a fondo perdido, lo
compensaba mediante préstamos. Esto, por una parte, lanzaba ya un mensaje
negativo al presentar la Seguridad Social como una institución distinta del
Estado y, por otra, desde el punto de vista financiero, la colocaba en una
situación crítica de cara al futuro. Este hecho daba ocasión al PP para acusar
al Gobierno de ponerla en peligro.
La presencia de ocho millones de pensionistas, convertidos en ocho millones de
votantes, cuyo ámbito de preocupaciones, en esta etapa de su vida, se
circunscribe en buena medida a cómo afrontar económicamente los últimos días de
su existencia, es bastante aliciente para que los dos partidos mayoritarios
utilicen el tema de las pensiones como arma electoral. Los jubilados son
percibidos como presa fácil de la demagogia política.
Esta similitud de comportamientos entre los dos partidos mayoritarios resultaba
preocupante porque sembraba la sospecha de que tanto uno como otro consideraban
las pensiones públicas como algo graciable que podía reducirse. Cuando piensan
que están perjudicando a la otra formación política, en realidad lo que hacen
es descubrir su concepción espuria sobre el tema. El simple hecho de dar como
posible la quiebra de la Seguridad Social es ya un atentado al Estado social
que consagra la Constitución.
LA
SEGURIDAD SOCIAL NO ES ALGO DISTINTO DEL ESTADO
La auténtica amenaza sobre las pensiones se cierne cuando se pretende presentar
la Seguridad Social como algo distinto y separado de los servicios del al
Estado. El divorcio solo es planteable desde una concepción neoliberal, pero no desde los principios
constitutivos del Estado social. En su virtud, la protección social no es algo
accidental al Estado sino una responsabilidad de éste, algo que sigue a su
esencia. El Pacto de Toledo realizó una
segregación entre Estado y Seguridad Social, estableciendo la separación de
fuentes de financiación. Mientras determinadas prestaciones, como las no
contributivas, pasan a ser responsabilidad del Estado y a financiarse con
impuestos, otras, las contributivas, quedan confinadas en el ámbito de la
Seguridad Social y financiadas con cotizaciones sociales. Bien es cierto que el
Pacto de Toledo utilizaba la palabra “preferentemente” en lugar de
“exclusivamente”, pero lo cierto es que, en la práctica, tal matización se
olvida y se hace depender el mantenimiento de las pensiones únicamente de las
cotizaciones sociales, con lo que su financiación se hace en extremo
vulnerable.
Anteriormente no había sido así. De hecho, en los presupuestos del Estado
aparecían transferencias de recursos del Estado a la Seguridad Social. La Ley
de Presupuestos de 1989 estableció un cambio de modelo de financiación mediante
el compromiso de financiar progresivamente con aportaciones públicas. Los
complementos de mínimos de las pensiones y la sanidad Fue en 1994 cuando se
introdujo un antecedente muy negativo al cubrir los desequilibrios entre
cotizaciones y prestaciones con préstamos del Estado en vez de hacerlo mediante
transferencias, prueba palpable de la distinción que se quería hacer entre el
Estado y la Seguridad Social. El tema era tanto más grave cuanto que en 1995 se
reduce un punto la cotización por contingencias comunes.
La separación de fuentes se ha entendido como algo estructural, no como un mero
instrumento para la transparencia y una administración racional de los recursos
del Estado. Este mecanismo se ha transformado en una característica esencial
del sistema y, lejos de garantizar las futuras pensiones, ha dado ocasión a que
algunos conciban la Seguridad Social como un sistema cerrado que debe
autofinanciarse y aislado económicamente de la Hacienda Pública. Esta
concepción es claramente abusiva y coloca a la Seguridad Social en una
situación de mayor riesgo, dificultando además toda mejora en las prestaciones.
EL
FONDO DE RESERVA
Este diseño de sistema cerrado que se da a la Seguridad Social tiene su
contrapartida en el establecimiento por el Pacto de Toledo del fondo de reserva. Se estipula que en las épocas en
que la recaudación por cotizaciones sociales exceda del gasto en pensiones se constituya
un fondo para subvenir a financiar el déficit cuando los términos se inviertan.
No es este fondo al que vulgarmente se llama “hucha de las pensiones” lo que
puede ofrecer seguridad a los futuros pensionistas, sino la garantía de que
detrás del derecho a la prestación se encuentra el Estado con todo su poder
económico. La prueba evidente es que de nada ha servido que durante todos los
años de bonanza se haya ido incrementando y que los distintos gobiernos de uno
o de otro signo se hayan vanagloriado de ello. Ha bastado que se produjesen los
primeros déficits en el sistema para que surja con virulencia una propuesta de
reforma y de reducción de las prestaciones.
LAS
PENSIONES NO TIENEN POR QUÉ FINANCIARSE EXCLUSIVAMENTE MEDIANTE COTIZACIONES
SOCIALES
En un Estado definido como social por la vigente Constitución, es inconcebible, y en todo caso
inaceptable, que las pensiones se deban financiar exclusivamente mediante cotizaciones
sociales. Son todos los recursos del Estado los que tienen que hacer frente a
la totalidad de los gastos de ese Estado, también a las pensiones. La separación entre Seguridad Social y
Estado es meramente administrativa y contable pero no económica y, mucho
menos, política; es más, el hecho de que la sanidad y otros tipos de
prestaciones que antes se imputaban a la Seguridad Social hoy se encuentren en
los presupuestos del Estado o de las Comunidades Autónomas prueba que se trata
de una separación convencional.
La Seguridad Social es parte integrante del Estado, su quiebra solo se concibe
unida a la quiebra del Estado y el Estado no puede quebrar. Como máximo puede
acercarse a la suspensión de pagos, pero tan solo si antes se hubiese hundido
toda la economía nacional, en cuyo caso no serían únicamente los pensionistas
los que tendrían dificultades, sino todos los ciudadanos: poseedores de deuda
pública, funcionarios, empresarios, asalariados, inversores y, por supuesto,
los tenedores de fondos privados de pensiones. Los apologistas de estos
últimos, que son los que al mismo tiempo más hablan de la quiebra de la
Seguridad Social, olvidan que son los fondos privados los que tienen mayor
riesgo de volatilizarse, como ha demostrado la pasada crisis bursátil. Ante una
hecatombe de la economía nacional, muy pocos podrían salvarse, pero no tiene
por qué ser ese el futuro de la economía española, a no ser que cierto
dogmatismo económico nos introduzca en una coyuntura de difícil salida.
LAS
PENSIONES, DERECHO DE LOS CIUDADANOS ESTABLECIDO EN LA CONSTITUCIÓN
Afirmar que son los trabajadores y los salarios los únicos que han de
mantener las pensiones es un planteamiento incorrecto. No hay ninguna razón
para eximir del gravamen a las rentas de capital y a las empresariales. El artículo 50 de la Constitución Española afirma: “Los poderes públicos
garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la
suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”. Las pensiones,
en tanto que derechos subjetivos de los ciudadanos establecidos en la
Constitución, tienen la consideración de “gastos obligatorios” que por su
naturaleza no están ligados a la suficiencia de recursos presupuestarios, ni a
la evolución de una determinada fuente de ingresos. El Estado ha de concurrir
con los recursos necesarios para asegurar el pago de las pensiones, sea con las
cotizaciones o con cualquier otro impuesto. Y si las cotizaciones no son
suficientes para financiar las prestaciones en una determinada coyuntura, el
desfase ha de ser cubierto por las aportaciones del Estado.
El denominado “déficit del sistema”, más allá de una forma impropia de hablar,
carece totalmente de sentido. Realmente solo puede tener déficit el Estado,
pero no el sistema de pensiones, y el desfase entre cotizaciones y prestaciones
no es sino un componente de aquel, sin que tenga sustantividad propia. No se
puede pretender que esté en cuestión la viabilidad del sistema de pensiones por
el hecho de que en una coyuntura como la actual se necesite que a los ingresos
por cotizaciones se sumen otras aportaciones del Estado.
Asimismo, vincular la viabilidad del sistema público de pensiones a la
coyuntura actual de crisis, en la que la caída brutal del empleo (provocada en
parte por la propia política económica adoptada a nivel europeo y nacional)
ocasiona una reducción de ingresos por cotizaciones, no parece razonable. El
hecho de que los ingresos por cotizaciones sean en este momento inferiores a
los gastos en pensiones, si indica algo es que lo insostenible es la caída de
los ingresos debida a la recesión, y que, por extensión, lo verdaderamente
insostenible es la propia recesión. Lo que se debería estar haciendo de forma
urgente es adoptar las medidas que permitan superar, de una vez por todas, la
caída del PIB y del empleo. En ningún caso se puede afirmar que la viabilidad
del sistema de pensiones puede estar siendo “seriamente cuestionada” por la
severidad de la crisis económica. Lo que está en cuestión es la política
económica seguida.
TAMBIÉN
HAY QUE CONSIDERAR LOS INGRESOS
Es curioso que la cuestión se haya planteado siempre desde el lado del gasto
para reducirlo, y nunca desde la óptica de los ingresos y de su posible
incremento; más bien todo lo contrario, de vez en cuando surgen presiones para
disminuir las cotizaciones sociales. Estas presiones que, en los momentos
actuales, proceden incluso de la propia Unión Europea, añaden sin duda un
factor más de inseguridad si hacemos depender exclusivamente las pensiones de
las cotizaciones, tal como se asume en el informe de los expertos del Gobierno.
Es una evidencia que las reivindicaciones para reducir las cotizaciones aumentarán
en el futuro bajo el argumento de que estas constituyen un impuesto sobre las
nóminas, y que deberían ser sustituidas por impuestos indirectos.
El gasto, en relación al PIB, del sistema público de pensiones español es
reducido cuando lo comparamos con el de la mayoría de los países de nuestro
entorno, por lo que no parece que tenga mucho sentido hablar de que su
viabilidad esté en cuestión. Destinamos a ello el 10% del PIB, mientras que la
media de la Eurozona tiene un gasto del 12,2%, y el conjunto de la UE, el
11,3%. Y aun cuando no se modificase el sistema, la situación no va a cambiar
durante muchos años. Siempre siguiendo los datos de la Comisión Europea (que es
la instancia que nos conmina a llevar a cabo reformas urgentes), en 2030 nuestro
gasto en pensiones será del 10,6%, prácticamente lo mismo que hoy gasta
Alemania (10,5%). Y aún en 2035, nuestro gasto será del 11,3%. Los datos no
avalan, pues, en modo alguno, la premura ni la obligación por el lado del
gasto.
La concreción del Informe de evaluación y reforma del Pacto de Toledo es la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación
y modernización del sistema de Seguridad Social.
Tras la reforma de 2011, el máximo de gasto en pensiones que alcanzaría España,
según admite la Comisión Europea en su informe The 2012
Ageing Report, sería
del 14% del PIB en 2050 (a partir de ese momento el gasto se reduce rápidamente
debido a que la presión demográfica de la llegada a la edad de jubilación de
las generaciones del baby boom es sustituida por el efecto
contrario: la llegada de las generaciones de la más baja tasa de natalidad de
la historia). Es decir, tendremos que destinar a las pensiones públicas lo
mismo que hoy gastan sin demasiadas complicaciones países como Austria, Francia
o Italia.
Informe anual de
envejecimiento
LA
RENTA PER CÁPITA COMO VARIABLE ESTRATÉGICA
Por otra parte, la esperanza de vida, la pirámide de población y la proporción
entre activos y pasivos no son las únicas variables que habría que tener en
cuenta si se quiere comprobar la viabilidad o inviabilidad del sistema público
de pensiones, sino también la evolución de la renta per cápita. Si la renta per
cápita crece, no hay motivo, sea cual sea la pirámide de población, para
afirmar que un grupo de ciudadanos (los pensionistas) no puedan seguir
percibiendo la misma renta. Si la renta per cápita aumenta, las cuantías de las
pensiones no solo deberían no reducirse sino que tendrían que incrementarse por
encima del coste de la vida.
El problema de las pensiones hay que contemplarlo en términos de distribución y
no de escasez de recursos. En los últimos treinta años la renta per cápita en
términos constantes casi se ha duplicado y es de esperar que en el futuro
continúe una evolución similar. Si es así, resulta absurdo afirmar que no hay
recursos para pagar las prestaciones de jubilación, todo depende de que haya
voluntad por parte de la sociedad -y, especialmente, de los políticos- de
realizar una verdadera política redistributiva.
MÁS
BIENES PÚBLICOS
Las transformaciones en las estructuras sociales y económicas comportan también
que las necesidades que deben ser satisfechas cambien y, por tanto, haya una
variación de los bienes y servicios que hay que producir. Es muy posible que la
decisión que adopte el mercado referente a estos no sea la adecuada -en contra
de lo que piensa el liberalismo económico- a las necesidades reales, ni en su
composición cualitativa ni cuantitativa. La vida urbana y el trabajo en el
sector industrial y en el de servicios presentan nuevas contingencias o, al
menos, contingencias mucho más acusadas que en el mundo rural. La incorporación
de la mujer al mercado laboral y el aumento en la esperanza de vida crean
nuevas necesidades y exigen por tanto la necesidad de que las sociedades se
doten de nuevos servicios.
John Kenneth Galbraith anunció ya hace bastantes años que
todos estos cambios exigían una redistribución de los bienes y servicios que
deben ser producidos y en consecuencia, consumidos, a favor de los llamados
bienes públicos y en contra de los privados. Habrá quien diga que estos bienes
y servicios, incluidas las pensiones, los podría suministrar el mercado. Pero
llevar a la práctica tal aseveración significaría en realidad privar a la
mayoría de la población de ellos. Muy pocos ciudadanos en España podrían permitirse
el lujo de costearse todos estos servicios, incluyendo la sanidad, con sus
propios recursos. ¿Cuántos ciudadanos tienen la capacidad de ahorrar una
cuantía suficiente para garantizarse una pensión de jubilación digna? La única
dificultad es ideológica. Bajo el poder absoluto del neoliberalismo económico,
una sola tendencia pretende imponer su ley: más iniciativa privada y menos
sector público.
El envejecimiento de la población de ninguna manera provoca la insostenibilidad
del sistema público de pensiones, pero sí obliga a dedicar un mayor porcentaje
del PIB no sólo a financiar las pensiones, sino también a pagar el gasto
sanitario y los servicios de atención a los ancianos y los dependientes.
Detracción por una parte perfectamente factible y, por otra, inevitable si no
queremos condenar a la marginalidad y a la miseria a buena parte de la
población, precisamente a los ancianos, una especie de eutanasia colectiva.
EL
SISTEMA ESPAÑOL NO ES GENEROSO
El tema de las pensiones lleva ya muchos años acumulando tras de sí todo
tipo de falacias y sofismas. Una de las más importantes quizá sea la afirmación
de la OCDE y de otros organismos
internacionales acerca de que las pensiones en España son muy generosas. Cosa
curiosa, porque para generosidad la que estos organismos tienen con sus
funcionarios. Trabajar unos pocos años en cualquiera de ellos garantiza una
generosa pensión que ya quisieran para sí los trabajadores con mejor
cualificación de nuestro país.
Esa versión alejada de la realidad de las pensiones españolas proviene de unos
planteamientos que no se corresponden con los datos, Además, las comparaciones
internacionales resultan muy complicadas en estos casos. Parten de la siguiente
pregunta: ¿qué pensión le correspondería
en relación con su último salario a un trabajador que hubiese cotizado el
número mínimo de años para percibir la pensión máxima (en España, más de 35) y
se jubilase a la edad legal (en nuestro país, 65 años, por ahora)? Este
porcentaje, que se sitúa en España por encima del 90%, es superior al de muchos
países de la Unión Europea, pero paradójicamente no a los de Portugal y Grecia.
Por tanto, según este indicador, los países con menos ingresos de la Unión son
los más generosos con sus jubilados.
En realidad, se trata de todo lo contrario, porque el indicador anterior es un
porcentaje teórico que pasa por alto muchos factores: la dinámica del mercado
de trabajo, la penalización de la jubilación anticipada, topes máximos, salario
mínimo, bases sobre las que cotizan determinados regímenes, pensiones mínimas,
sistema fiscal, etc. La tasa real en nuestro país está muy alejada de ese porcentaje.
En vez del 90%, la cifra que se obtiene computando todos los factores, no
alcanza siquiera el 60% del salario medio. En 2011, la media de las nuevas
pensiones de jubilación ascendió a 1.200 euros mensuales, mientras que
el salario medio bruto para el cuarto trimestre de ese año fue de 2.020 euros. El 20% de las pensiones contributivas y la totalidad de las no
contributivas están por debajo del umbral
de pobreza. . En
2011, la cuantía de la pensión media de jubilación ascendió a 915 euros, y el 72% de los jubilados
cobran en la actualidad menos de 1.100 euros mensuales (el 49% no sobrepasa los
700 euros).
SE
PRETENDE FAVORECER LOS FONDOS PRIVADOS DE PENSIONES
Existen sospechas bien fundadas de que las múltiples campañas realizadas para
sembrar dudas acerca de la viabilidad de las pensiones públicas tienen también
como finalidad potenciar los fondos privados de pensiones. De ahí que en todas las reformas se plantee la necesidad de completar
las pensiones públicas con pensiones privadas. Lo primero a considerar es
lo incorrecto y cómo induce a engaño la denominación “pensiones” aplicadas a
los fondos, al menos tal como se instrumentan en España, donde las aportaciones
las realizan solo los particulares y no las empresas. De hecho, la única
alternativa que se propone a las pensiones públicas es que cada persona de
forma individual ahorre para la vejez. Pero para ese viaje no hacían falta
tales alforjas. Si es así, lo que resulta aún más indignante es que pretendan
decirnos en qué inversiones tiene que materializarse nuestro ahorro. ¿Por qué
en fondos y no directamente en bolsa o en vivienda o en obras de arte o en
cualquier otro activo? Los fondos de pensiones no son más que una forma de
ahorrar y no precisamente de las más ventajosas para el inversor. Habrá que
cuestionarse el motivo de incentivar un sistema de ahorro (los fondos de
pensiones) en detrimento de otros.
Supeditar la solución de la contingencia de vejez a la cantidad de ahorro que
cada individuo haya podido acumular a lo largo de su vida activa es condenar a
la pobreza en su ancianidad a la gran mayoría de la población. Es bien sabido
que el 60% de los ciudadanos carecen de capacidad de ahorro (no llegan a final
de mes) y otro 30%, si ahorra, lo hace en una cuantía a todas luces
insuficiente para garantizar el mínimo vital en la jubilación.
Los mal llamados fondos de pensiones solo benefician a las entidades
financieras depositarias de las inversiones y que controlan a las gestoras. De
hecho, dejarían de existir tan pronto como desapareciese la desgravación
fiscal, tal como se encargaron de difundir sus propios defensores cuando se
expandió el rumor de que iban a perder los beneficios fiscales. ¿Pero cuál es
entonces la razón de ser de un producto financiero que sin desgravación fiscal
nadie -ni ricos ni pobres- estaría dispuesto a demandar? Para el participante
carecen de todo aliciente: ausencia de liquidez, carencia de control de la
inversión, pago de importantes comisiones, etc. Pero, precisamente lo que son
rémoras para el cliente, se convierten en ventajas para las entidades
financieras: fondos cautivos que manejan a su antojo a través de las gestoras y
que les dotan de enorme poder económico, a la vez que les permiten apropiarse
mediante distintas comisiones de la casi totalidad de la rentabilidad que tales
recursos puedan generar.
CAPITALIZACIÓN
O REPARTO
Los propagandistas de los fondos de pensiones cantan las excelencias del sistema de capitalización sobre el de reparto, identificando
el primero con el privado y el segundo con el público. En realidad, cuando se
trata de un sistema público la distinción entre capitalización y reparto es más
teórica que real. Si por una parte puede suponerse que las pensiones de los
pasivos se financian con las cotizaciones de los activos -estaríamos entonces
en un sistema de reparto- también puede suponerse, y esto sería más exacto, que
en función de la unidad de caja del Estado todos los ingresos, incluidos
impuestos y cotizaciones sociales, financian todos los gastos, también los de
Seguridad Social.
Si esto es así, el sistema actual, al que llamamos de reparto, se convertiría
en un sistema de capitalización. Podemos suponer que los recursos aportados hoy
por las cotizaciones serían un préstamo que los trabajadores actualmente
activos realizan al Estado y que este dedicará a financiar la inversión social
y pública, desde la educación a la sanidad, pasando por carreteras,
comunicaciones, tecnología, empresas públicas, etc. Dicho préstamo al Estado se
devolverá junto con los intereses a los cotizantes de hoy en forma de
pensiones. Del mismo modo, las prestaciones sociales que actualmente se pagan
son el retorno a los jubilados de lo que cotizaron (préstamo al Estado) en el
pasado. Que la distinción es más teórica que real se percibe con claridad en el
hecho de que muchos fondos privados de
pensiones terminan invirtiéndose en deuda pública, es decir, prestando al Estado. Lo
que está en juego, por tanto, es la intermediación de las entidades
financieras.
La argumentación anterior hace que carezca de sentido el reproche al sistema
público de pensiones de que genera una situación intergeneracional injusta, ya
que obliga a las generaciones futuras a mantener a un mayor número de
pensionistas. Las cotizaciones y los impuestos de esos jubilados han hecho
posible mediante la educación, las infraestructuras, la investigación, etc.,
que la productividad en una serie de años se haya multiplicado y que el trabajo
de los activos de ahora y del futuro produzca mucho más y que la renta per
cápita sea también mayor.
No obstante, todo lo hasta aquí afirmado responde a la óptica macroeconómica,
analizando los efectos globales o a partir del análisis de la prestación
promedio. Mas el punto de vista cambia cuando se trata de la conveniencia de un
determinado particular, entonces sí puede haber una distinción radical y
fundamental entre el sistema público y el privado. En el segundo, no se da
ninguna redistribución de rentas. Existe una correspondencia unívoca entre cada
prestación y la correspondiente cotización individual. Las diferencias que se
pueden generar en el sistema privado son muy superiores a las de un sistema
público, hasta el extremo de que para muchos colectivos los planes de pensiones
son prácticamente inaplicables, teniendo que hacerse cargo el sector público en
último término de las prestaciones.
CAMBIO
EN LA DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA
El pacto de Toledo tuvo al menos un efecto
positivo que es el que ahora se intenta desterrar: el compromiso de las
distintas fuerzas políticas acerca de que las pensiones se actualizarían anualmente de acuerdo con el incremento del
índice de precios al consumo. La medida parecía justa y lógica. Justa
porque así lo proclama nuestra Constitución y lógica porque con la inflación
también se incrementan y a veces más que proporcionalmente los ingresos del Estado.
Hay una afirmación que debería ser de común aceptación: mientras que la renta
por habitante de una población se mantenga constante o crezca, ningún miembro
de ella, bien sea pensionista, funcionario, escritor o bombero, tiene por qué
ver empeorada su situación en cuanto a ingresos. La no actualización de las pensiones conduce a que los jubilados vean
que su pensión se reduce año a año. El planteamiento de los expertos del
Gobierno consiste en utilizar la inflación, aprovechando la ilusión monetaria, para
reducir progresivamente las pensiones, de manera que se cierre el desfase
existente por otras causas entre las cotizaciones y las prestaciones.
Si en un periodo determinado de tiempo las pensiones suben por término medio
menos que lo que lo ha hecho la renta per cápita es porque otras rentas, bien
sean las salariales, las de capital o las empresariales, lo hacen en un
porcentaje mayor, es decir, se modifica la redistribución de la renta en contra
de los pensionistas; ni que decir tiene que este efecto es mucho mayor cuando
se pretende que ni siquiera mantengan el poder adquisitivo. Los expertos del
Gobierno hablan de un factor de equidad intergeneracional, pero lo cierto es
que todas las recomendaciones que ofrecen en su informe tienden a romper tal
equidad, condenando a los pensionistas a un empobrecimiento progresivo en favor
de otras rentas y es bastante lógico suponer que estas serán las de capital.
No es la pirámide de población, ni el incremento de la esperanza de vida lo que
amenaza la sostenibilidad de las pensiones, sino
la insuficiencia de nuestro sistema fiscal, presa del fraude y de las continuas
reformas regresivas acometidas por los distintos gobiernos. El riesgo viene
de una ideología liberal que contempla con satisfacción que la presión fiscal
de España sea la más baja de la Europa de los quince (32,4%), inferior incluso
a Grecia (34,9) y a Portugal (36,1), trece puntos de diferencia con Francia, y
de diez y de ocho con Italia y Alemania, respectivamente (Eurostat), y de unos
políticos que prefieren recortar las pensiones a los jubilados antes que
acometer en serio la reforma fiscal. Esta sí que tendría que ser la primera y
principal reforma que habría de llevarse a cabo.
ASEGURAR
LAS PENSIONES PÚBLICAS ES TAREA DE TODO EL SISTEMA FISCAL
Asegurar pensiones públicas que permitan mantener un nivel de vida digno es una
cuestión de la máxima importancia social y política. Los principios que deben
regir la gestión de este derecho de la ciudadanía se encuentran en los textos
fundamentales de nuestro ordenamiento jurídico. Ya hemos mencionado el artículo 50 (Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y
periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante
la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares,
promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán
sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio) de la Constitución, que garantiza a todos los
ciudadanos de la tercera edad pensiones adecuadas y actualizadas
periódicamente. En consecuencia, y como ya se ha argumentado anteriormente, en
épocas de déficit de la Seguridad Social ese derecho debe ser sufragado a cargo
de los Presupuestos Generales del Estado. Ese esfuerzo no debería ser ningún
problema, si se aplicara el principio de progresividad, establecido en el artículo 31 de la Constitución, y si
las principales empresas del país y las grandes fortunas pagaran las cantidades
que en justicia les corresponden y en estos momentos eluden. No se trata de
confiscar el dinero de nadie: una contribución similar a la de sus equivalentes
en otros países europeos -Estados social y democráticamente más avanzados-
sería suficiente.
Estos
artículos de la Constitución ni lo mencionan, se ve claramente, que es una
constitución burguesa.
Título I. De los derechos y deberes
fundamentales
Capítulo segundo. Derechos y libertades
Sección 2. ª De los derechos y deberes de los
ciudadanos
Artículo 33
1. Se reconoce el
derecho a la propiedad privada y a la herencia.
2. La función social de
estos derechos delimitará su contenido, de acuerdo con las leyes.
3. Nadie podrá ser
privado de sus bienes y derechos sino por causa justificada de utilidad pública
o interés social, mediante la correspondiente indemnización y
de conformidad con lo dispuesto por las leyes.
Artículo 38
Se reconoce la libertad de empresa en el
marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen
su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de
la economía general y, en su caso, de la planificación
Artículo 41
Los poderes públicos mantendrán un régimen
público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la
asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad,
especialmente en caso de desempleo. La asistencia y prestaciones
complementarias serán libres.
La Declaración Universal de
Derechos Humanos.
Este
artículo ni lo menciona, se ve claramente, que es una declaración
burguesa
Artículo
17.
1. Toda
persona tiene derecho a la propiedad,
individual y colectivamente.
2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad.
Para todos los que luchamos por la democracia y la justicia social, el máximo
referente normativo no puede ser otro que la Declaración Universal de
Derechos Humanos. Su memorable artículo 25 hace una mención expresa a la tercera edad, en relación
al derecho a un nivel de vida adecuado y al bienestar, derecho que todo ser
humano posee. Es más, el artículo 22
establece que “toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la
seguridad social”.
1. Toda
persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene
asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez,
viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por
circunstancias independientes de su voluntad.
2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia
especiales. Todos los niños, nacidos de matrimonio o fuera de matrimonio,
tienen derecho a igual protección social
Artículo
22.
Toda
persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a
obtener, mediante el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida
cuenta de la organización y los recursos de cada Estado, la satisfacción de los
derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al
libre desarrollo de su personalidad.
DERECHO
CONSTITUCIONAL
En tanto en cuanto recibir una pensión digna es un derecho constitucional y un
derecho garantizado por la Declaración Universal de Derechos Humanos, los abajo
firmantes, economistas, profesionales y académicos de distintas procedencias y
sensibilidades, no podemos dejar de denunciar enérgicamente la nueva reforma de
las pensiones públicas que prepara el Gobierno, que supone un nuevo engaño a
los ciudadanos para favorecer a entidades bancarias y aseguradoras:
- Denunciamos
que esa reforma se hace en el peor momento, con argumentos falsos y sin
participación de la sociedad, y solo dirigida a rebajar una vez más las
pensiones.
Disminuir aún más el nivel de vida en medio de una crisis como esta y hacer ver
a una parte tan numerosa de la población que seguirá bajando en el futuro es
todo lo contrario de lo que conviene hacer para recuperar la confianza y el
consumo imprescindible para salir de una recesión. Y además, justificar la
reforma con argumentos falsos, solo para satisfacer a los grandes grupos
financieros de presión es una verdadera traición a los intereses de la mayoría
de la población.
- Denunciamos
ante la opinión pública que es falso que una mayor esperanza de vida sea lo que
ponga en peligro el futuro de las pensiones.
Es verdad que en los años próximos habrá más personas jubiladas y, en
proporción, menos empleadas, pero no es cierto que de ahí se pueda deducir que
inevitablemente se producirá un desequilibrio financiero de la Seguridad Social
que impedirá pagar las pensiones, salvo que se reduzca su cuantía desde ahora,
como se propone.
El
equilibrio financiero depende no solo del número de pensionistas y empleados y
de la magnitud de las pensiones, sino de otros factores de los que no se habla
cuando se propone rebajar las pensiones:
- Del empleo, pues cuanto mayor
sea el número de empleados más ingresos recibirá la seguridad social.
- De la productividad, pues a
medida que aumenta (como viene sucediendo en los últimos años), se puede
obtener más producto e ingresos para financiar las pensiones incluso con
menos empleados.
- Del nivel de los salarios y, por
tanto, de la participación de los salarios en los ingresos totales, pues
cuanto mayor sea ésta más masa salarial habrá para financiar las
pensiones.
- De la extensión de la economía
sumergida, pues cuanto más pequeña sea más cotizantes habrá y, en
consecuencia, también más ingresos para la Seguridad Social.
Por lo tanto, no es cierto que lo que pone en peligro el futuro de las
pensiones sea que, afortunadamente, aumente la esperanza de vida sino el
aumento del paro, la especialización de nuestra economía en actividades de bajo
valor y poco productivas y la desigualdad que hace que los salarios tengan cada
vez menos peso en el conjunto de las rentas. Es decir, lo que viene ocurriendo
como consecuencia de las políticas neoliberales que han aplicado los gobiernos
en los últimos años siguiendo las directrices de la Unión Europea y, en
particular, como consecuencia de la respuesta que se está dando a la crisis
cuyo único propósito es el de favorecer a los bancos y a las grandes empresas y
que está produciendo, precisamente, todo estos fenómenos: aumento del paro y de
la desigualdad
Si se logra aumentar el empleo, si conseguimos que la productividad aumente en
los próximos años simplemente lo mismo que aumentó en los últimos decenios y si
frenamos el proceso creciente de desigualdad en el reparto de la renta, España
podrá hacer frente sin dificultades al mayor gasto en pensiones que lógicamente
se producirá en los próximos años.
- Denunciamos
que se está difundiendo de manera deliberada un mensaje engañoso y
catastrofista sobre el futuro de las pensiones.
El engaño que llevan consigo las predicciones catastrofistas con las que se
justifican los recortes es patente si se tiene en cuenta que el último informe
de la Unión Europea sobre envejecimiento prevé que España llegue a un máximo de
gasto en pensiones de algo más del 14% en 2050. Se dice que es un porcentaje
excesivo pero se oculta que otros países ya lo han alcanzado en la actualidad.
Asumir que Francia o Italia puede dedicar hoy día el 15 o 16% de su PIB a
pensiones y que España no podrá dedicar más o menos esa misma proporción en
2050 o es de un irrealismo sospechoso o es aceptar sin más que el paro alcance
niveles impensables y que los salarios españoles van a ser mucho peor que
tercermundistas en los próximos años. Pero, en ese caso, resulta también
completamente cínico y falso culpar de la crisis futura que puedan tener las
pensiones al aumento de la esperanza de vida.
- Denunciamos
que quienes ahora dicen saber lo que ocurrirá con las pensiones dentro de
treinta años no han acertado nunca en las predicciones hechas anteriormente.
Ninguno de ellos acertó en ninguno de sus estudios en los que asustaban
alegando que habría déficit del sistema de pensiones en 1995, 2000, 2005 o
2010. A pesar de lo cual, eran de nuevo contratados por los bancos y
aseguradoras para que los repitieran para otros años, volviendo siempre a
equivocarse y ahora vuelven a presentarse como si ellos fueran los que saben lo
que hay que hacer para hacer frente a los problemas del futuro.
- Denunciamos
también que la propuesta de aumentar la edad de jubilación para todos los
grupos de trabajadores sin distinción es tremendamente injusta.
Sabemos sin lugar a dudas que las personas de mayor renta y de cualificación
profesional más elevada tienen mayor esperanza de vida (en España hay una
diferencia de casi 10 años entre lo que vive por término medio la persona de
renta más alta y la de más baja). Por tanto, imponer que todos se jubilen a la
misma edad significa obligar a que las personas de renta más baja financien de
modo desigual las pensiones de las de rentas más altas, y también prolongar
injustamente la vida laboral de quienes desempeñan actividades más molestas,
insalubres o peligrosas. Tratar igual a los desiguales, como pretende el
Gobierno con esta nueva reforma, es una injusticia inaceptable.
- Denunciamos
que el grupo “de sabios” que ha elaborado la propuesta solicitada por el
Gobierno ha tenido una composición claramente sesgada y muy poco
independiente.
La inmensa mayoría de ellos ha tenido o tiene una evidente vinculación con
entidades financieras o de seguros que es obvio que van a beneficiarse de una
eventual rebaja en las pensiones y de un aumento de la suscripción de planes de
ahorro privados.
- Denunciamos
que a pesar de que el Gobierno dice preocuparse por el equilibrio financiero
del sistema de pensiones no toma nada más que la medida de recortarlas para
alcanzarlo.
Concretamente, el Gobierno no adopta las decisiones que podrían aumentar los
ingresos, no solo haciendo otras políticas que podrían aumentar el empleo o
reducir la desigualdad, sino otras más inmediatas como impedir que se pacten
jubilaciones forzosas, la prejubilación de iniciativa autónoma sin causa
objetiva y los despidos en edad de posible jubilación anticipada o, por otro
lado, revisar la baja cotización de casi cuatro millones de personas que se
encuentran en los regímenes especiales y los niveles mínimos y topes máximos de
cotización que suponen una fuga inmensa de recursos.
- Denunciamos
que se oculta a los españoles que las cotizaciones sociales no son
necesariamente la única vía de financiación de las pensiones públicas.
Como ya ocurre en otros países, en casos de crisis o de insuficiencia de las
cotizaciones el sistema se puede financiar con recursos procedentes de los
Presupuestos Generales del Estado y se oculta también que se pueden obtener muchos
más ingresos públicos para ello y para otros fines si se reforma el sistema
fiscal para hacerlo más equitativo y eficaz y si se combate de verdad el fraude
fiscal, en lugar de reducir constantemente los medios dedicados a su
persecución.
- Denunciamos
que lo que pretenden las reformas que se realizan de las pensiones públicas es
promover la gestión privada de los recursos de la Seguridad Social.
Es evidente que difundir continuamente informes catastrofistas, estudios
sesgados y predicciones terribles sobre el futuro de las pensiones públicas
solo puede tener una consecuencia: que cada vez más gente desconfíe del sistema
público y trate de asegurarse el futuro mediante planes de ahorro privado. Ese
es el negocio que buscan las entidades financieras, pero se oculta a la
población que la mayoría de los trabajadores no podrá ahorrar lo suficiente,
que esos fondos son muy inseguros y peligrosos, y que solo son rentables
gracias a las desgravaciones fiscales que los siempre enemigos de lo público reclaman
para que las pensiones privadas puedan resultarles un negocio suculento.
- Denunciamos
la complicidad de los gobiernos con estos intereses, por no abrir un debate
público, transparente y plural sobre el futuro auténtico de las pensiones
públicas y por doblegarse ante quienes vienen imponiendo las políticas que
crean el paro, la concentración de la riqueza y el empobrecimiento productivo
que las pone realmente en peligro.
Por todo ello, y a partir de nuestros conocimientos y experiencia como economistas
y juristas, pedimos a la opinión pública que no se deje engañar por argumentos
interesados que solo buscan obtener aún más ganancias, en este caso gestionando
los fondos que ahora maneja la Seguridad Social.
Somos plenamente conscientes de que nuestras pensiones públicas corren un grave
peligro pero, como hemos dicho, no por las razones que se aducen sino
justamente por las que se callan y que los mismos gobiernos han provocado.
Sabemos que el más lento envejecimiento aumentará nuestro gasto y que eso
requiere disponer de más recursos, pero la solución “sabia” no puede ser
reducir la cuantía de las pensiones, sino determinar cuántos nuevos recursos se
van a necesitar y poner entonces sobre la mesa la forma en que hemos de
generarlos. Tiene que ser así porque también sabemos con certeza que no todas
las personas pueden financiarse ahorro privado para cuando lleguen a la vejez y
que sin pensiones públicas casi siete de cada diez pensionistas estarían ahora
o estarán en el futuro en situación de pobreza
severa.
Llamamos, pues, a la denuncia de las propuestas que prepara el Gobierno, a
manifestar el rechazo frontal a todas ellas y a reclamar con toda firmeza otra
política económica frente a la crisis que no siga destruyendo empleo y generando
cada día más deuda y empobrecimiento.
Julio
2013
Fuente: http://documentopensiones.org
https://encuentrocomunista.org/articles/en-defensa-del-sistema-publico-de-pensiones/
Conferencia telemática: Pacto de Toledo,
¿Avance o más de lo mismo? Documentos complementarios.
http://eljanoandaluz.blogspot.com/2020/12/conferencia-telematica-pacto-de-toledo.html
[Libro] Por un sistema público de pensiones.
Ética, crítica y economía.
http://eljanoandaluz.blogspot.com/2020/11/libro-por-un-sistema-publico-de.html
120 años de la Ley Dato de accidentes de trabajo...
y mucho que aprender
Yolanda Díaz Pérez. Donde dije digo digo Diego. ¿Derogación de la
reforma laboral?:”de entrada, no”. (Vídeo)
Ingreso mínimo vital y mochila austriaca,
asistencialismo envenenado
La mochila austriaca es una apuesta por
privatizar las pensiones públicas
Por la vida y el trabajo, unifiquemos las luchas.
Por Espacio de Encuentro Comunista (EEC)
Tengámoslo claro: La salud también es política, por
Duval
El hundimiento del engranaje de la Transición: de
aquellos polvos vienen estos lodos
PACTO DE TOLEDO Y REFORMA DE LAS PENSIONES: UN ATAQUE A TODA LA CLASE TRABAJADORA
ResponderEliminarhttps://canarias-semanal.org/art/29275/pacto-de-toledo-y-reforma-de-las-pensiones-un-ataque-a-toda-la-clase-trabajadora