Comunicado de la
Coordinadora Paremos la Criminalización de la Protesta Social
La información de que disponemos quienes nos oponemos a la
criminalización de la protesta social en relación con el borrador de la Ley de
Seguridad Ciudadana es reflejo de lo que el Ministerio del Interior ha ido
filtrando desde el pasado jueves a los medios de comunicación, sin que
dicho Ministerio se haya dignado a colgar en ningún lugar público de Internet
el borrador de la misma. Con esta salvedad, y de confirmarse que lo que la
prensa expone al respecto es un fiel reflejo del anteproyecto de la citada Ley,
la posición de la Coordinadora Paremos la Criminalización de la Protesta
Social es la que se refleja en el texto que a continuación exponemos.
Si no teníamos bastante con un futuro Código Penal que
criminaliza la protesta social (derechos de manifestación, reunión, expresión y
opinión), mediante duras penas de prisión, ahora nos llega el Anteproyecto de
Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (Ley de Seguridad
Ciudadana) que trata de arruinar a quienes protestan mediante brutales multas
que pueden alcanzar hasta los 600.000 euros (100 millones de las antiguas
pesetas).
Interior y Justicia, Fernández y Gallardón, son el látigo de un
Gobierno del Partido Popular, dispuesto a acabar con el ejercicio de las
libertades y derechos por parte de quienes sufren la aplicación de sus curas de
caballo, las clases trabajadoras y populares, en forma de privatizaciones de lo
público, recortes sociales, reformas laborales, despidos, recortes salariales y
un largo etcétera de derechos históricos conquistados con esfuerzo y
sacrificio.
La futura Ley de Seguridad Ciudadana pretende no sólo la
criminalización de la protesta social sino su desmovilización mediante el
chantaje y la amenaza del palo y tentetieso.
Y lo hace a través del enunciado de 55 infracciones,
clasificadas 21 de ellas, como “muy graves” y “graves”, el resto,
sancionadas mediante multas desorbitadas (de 30.001 a 600.000 €), en unos casos
y de muy elevada cuantía (1.001 a 30.000 €), en otros, un recurso legal
especialmente cruel en tiempos de grave crisis económica que afecta
especialmente a los colectivos que protestan.
Condenar a multas de 30.001 a 600.000
€, no sólo a los participantes sino a los organizadores y convocantes de protestas no
comunicadas ante el Congreso, el Senado, los parlamentos autónomos o los
altos tribunales, lo mismo que ante centrales nucleares o aeropuertos, o
los escraches contra cargos públicos, busca, como mínimo, disuadir
de la realización de la protesta y, caso de no lograrlo, arruinar a las
personas y organizaciones que participan en ellas. Falta por ver qué
sucederá con las propiedades, salarios y cuentas de aquellas cuando, más que
previsiblemente, no pueda hacer frente a tales sanciones. Ello sin entrar
en el disparate jurídico de la desproporción entre infracción, considerada
arbitrariamente como muy grave, y la sanción o en el que se produce cuando se
mete en el mismo paquete sancionador a asistentes al acto público y a
convocantes y organizadores.
Que esa misma cuantía se aplique a
quienes graben y difundan imágenes de las fuerzas de “los agentes de
seguridad en el ejercicio de su trabajo” –disolver y cargar contra
manifestaciones, detener y herir a manifestantes- “que atenten contra el
derecho a su honor o su imagen –la daña la desproporción entre acciones
de los manifestantes y grado de represión a la que nos tienen acostumbrados
estos agentes- y que puedan poner en peligro su seguridad
–curiosamente cuando ya no existe actividad armada de grupo violento alguno- o
la de la intervención policial correspondiente” –les preocupa que cunda
el desánimo represor entre miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad- pretende
dar carta de impunidad a los excesos policiales, impedir que existan pruebas de
los mismos y dificultar las denuncias consiguientes.
Que se sancione con multas que van de los 1.001 a 30.000 € por ”amenazar
, coaccionar, vejar o injuriar a agentes públicos cuando estén velando
por el mantenimiento del orden público, por ejemplo en manifestaciones u
otro tipo de protestas” es además, de absolutamente desproporcionado
por la diferencia entre infracción y sanción, un abuso incalificable
ante el desvalimiento en que se puede estar dejando a los manifestantes en caso
de carga y represión policial ya que se sanciona lo que podría ser un simple
desahogo ante una acción de brutalidad policial. No justificamos ningún tipo de
comportamiento verbal o gestual incívico pero parece una burla que un policía
fuertemente armado pueda sentirse coaccionado, amenazado, vejado o injuriado
por quien sólo tiene como arma la palabra y menos que sea sancionado por tal
cuantía de multa. Añadamos a ello la imposibilidad de grabar al agente en su
“mantenimiento del orden público” y tendremos el camino abierto a la posible
arbitrariedad y falsedad en la atribución policial de la comisión de la
infracción, incluso dentro del artículo de una ley tan violentamente injusta
como ésta. Hay antecedentes más que numerosos sobre falsas acusaciones por
parte de agentes a manifestantes.
Multar con esa misma cuantía a la obstaculización “de la vía
pública con neumáticos u otros enseres que impidan la normal circulación de
vehículos o personas” tiene un destinatario muy claro: las
movilizaciones de sectores históricos de la clase obrera, como las de los
mineros asturianos y leoneses, cuya fuerza de protesta se pretende silenciar
por esta vía.
Asistimos a un “complemento represor” del Código Penal, vía
“Protección de la Seguridad Ciudadana”, muy en consonancia con las recientes
declaraciones de la alcaldesa de Madrid, y en el pasado de otros dirigentes del
PP, de reformar la Ley de Huelga y cobra todo su significado aquella
comparecencia parlamentaria del Ministro del Interior en Marzo de 2012: “(…)debemos
impedir que la crisis que vivimos derive en situaciones que ninguno de nosotros
deseamos, evitando el incremento de actividades que generan alarma social
entre nuestros conciudadanos y que afectan a la paz social, elemento
esencial de todo país desarrollado”. Esta declaración pública de don Jorge
Fernández Díaz era el anuncio de la reforma antidemócratica del Código Penal
del Ministerio de Justicia y de la Ley de Seguridad Ciudadana de Interior.
Para este Gobierno el bien público a proteger no es el del
Estado de libertades, que se plasman entre otras, en el ejercicio de los
derechos de manifestación, reunión, expresión y opinión, sino en unos conceptos
de paz social y de seguridad propios de un régimen totalitario. Para ello no
duda en violar las garantías protegidas constitucionalmente, las sentencias del
Tribunal Constitucional o en desoír las
reprimendas que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo le ha dirigido
hace unos meses ante la represión practicada contra dichos derechos.
En manos de la clase trabajadora y los sectores populares, así
como de l@s demócratas y amantes de las libertades, está impedirlo. Los
derechos se defienden ejerciéndolos. Llamamos a todos esos sectores a
acrecentar la protesta social, no sólo contra los recortes sociales sino
también frente este crimen contra los derechos fundamentales.
Futura Ley de Seguridad Ciudadana, de la
"Ley de la patada en la puerta" a la” ley de la patada en la boca”
Quién
quiere y quién no quiere cambiar la ley de huelga en nuestro país
25S Carga Policial
Atocha
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