martes, 19 de noviembre de 2013

Futura Ley de Seguridad Ciudadana, de la "Ley de la patada en la puerta" a la” ley de la patada en la boca”




Insultar a policías, los escraches y prostituirse en arcenes y parques se multará por ley

19.11.2013 –

Conducir una 'cunda' (los taxis de la droga), insultar a un policía, ejercer o demandar la prostitución en lugares donde haya presencia de niños o donde se ponga en peligro la seguridad vial, alterar el orden público encapuchado o realizar escraches se multarán por ley.

Veintiún años después de la llamada 'ley Corcuera', polémica por la conocida como "la patada en la puerta" que el Tribunal Constitucional tumbó, el Gobierno de Mariano Rajoy prepara un nueva Ley de Seguridad Ciudadana, cuyo anteproyecto verá previsiblemente el Consejo de Ministros el próximo viernes.

Un texto redactado en paralelo a la reforma del Código Penal y que pretende compensar la eliminación de la mayoría de las infracciones penales tipificadas como faltas, que con la nueva Ley de Seguridad Ciudadana pasarían a considerarse infracciones administrativas de carácter muy grave, grave o leve.

No se trata de sancionar más, según fuentes del Ministerio del Interior, sino de reducir el margen de discrecionalidad a la hora del reproche de una conducta ilícita y llenar el limbo jurídico de actos "nuevos", como el escrache, o de aquellos que dejará fuera el nuevo Código Penal. El texto que ha diseñado el departamento que dirige Jorge Fernández Díaz tendrá que pasar el primer filtro de la comisión de subsecretarios, analizarse en el Consejo de Ministros, someterse al dictamen del Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, volver a la mesa de Moncloa y debatirse, como ley orgánica, en las Cortes

La propuesta inicial incluye las siguientes infracciones

INFRACCIONES MUY GRAVES: Multadas con entre 30.001 a 600.000 euros.

·         La grabación y difusión de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de su trabajo que atenten contra el derecho a su honor o su imagen y que puedan poner en peligro su seguridad o la de la intervención policial correspondiente.

·         La perturbación grave del orden en actos públicos, religiosos, deportivos o espectáculos de otro tipo.

·         Las concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los parlamentos autonómicos o los altos tribunales, aunque en ese momento no tengan actividad.

·         Las protestas no comunicadas o prohibidas ante infraestructuras críticas, como centrales nucleares o pistas de aeropuerto.

·         Los escraches o actos de acoso a cargos públicos. La ley contemplará que la Policía pueda establecer un perímetro de seguridad que no deben sobrepasar los concentrados.

·         Deslumbrar con dispositivos tipo láser a conductores de tren, metro o pilotos

INFRACCIONES GRAVES: Multadas con entre 1.001 a 30.000 euros

·         Alterar el orden público encapuchado o con cualquier elemento que dificulte la identificación.

·         Amenazar, coaccionar, vejar e injuriar a los agentes de las fuerzas de seguridad cuando estén velando por el mantenimiento del orden público, por ejemplo en manifestaciones u otro tipo de protestas.

·         El ofrecimiento, la solicitud, la negociación y la aceptación de los servicios de prostitución en las proximidades de zonas infantiles, como parques o colegios, o en lugares donde se ponga en peligro la seguridad vial, como los arcenes. Lo que significa que podrán ser sancionados tanto los clientes como quien ejerza la prostitución.

·         Interior deja claro que la prostitución como tal no se sanciona y que se multará en esos supuestos por la vulnerabilidad del lugar.

·         La tenencia ilícita, el transporte, el abandono de la droga o de los útiles para su preparación, así como plantar y cultivar estupefacientes como la marihuana aunque no sea para traficar.

·         El botellón cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana y cuando no esté autorizado por la administración correspondiente.

·         La conducción de cundas o taxi de las drogas que trasladan a drogadictos a los lugares de compra de estupefacientes.

·         Los daños a mobiliario urbano como marquesinas, papeleras o contenedores, así como los actos vandálicos a servicios públicos.

·         Obstaculizar la vía pública con neumáticos u otros enseres que impidan la normal circulación de vehículos y personas.

·         Escalar como acción de protesta edificios públicos o precipitarse desde los mismos.

La nueva ley, que tendrá 55 artículos frente a los 39 de la todavía vigente, define la seguridad ciudadana y establece la obligatoria colaboración de la seguridad privada o de los detectives.

 Además, regula las diligencias de cacheo e identificación siguiendo las recomendaciones de la defensora del pueblo para que estas no se practiquen por razón de raza.

También abre la posibilidad de que los agentes puedan llevarse el DNI de la persona a la que quieran identificar para comprobar si el documento es falso. Hasta ahora, con mostrarlo era suficiente, lo que ha sido aprovechado por algunos para eludir un mayor control al alegar que el DNI es personal e intransferible.

http://www.20minutos.es/noticia/1980876/0/ley-seguridad-ciudadana/escraches-insultos/multas/

   En total hay 21 infracciones consideradas "muy graves" y la mayoría de ellas destinadas a preservar el orden público.

Los padres pagarán los daños que ocasionen sus hijos en la calle.

Esta normativa se crea en paralelo a la reforma del Código Penal en la que desaparecen las faltas dividiendo las conductas punibles en delitos e infracciones Administrativas. De estas últimas se encargará esta nueva Ley de Seguridad Ciudadana.

 


José Luis Corcuera

Durante su mandato en el Ministerio del Interior se aprobó, el 21 de febrero de 1992, la Ley de Seguridad Ciudadana[1] , conocida en su día como la "Ley Corcuera" o "Ley de la patada en la puerta", una polémica ley cuya inspiración se atribuyó. El proyecto de ley ya levantó suspicacias en los partidos de la oposición.[2]

Actualmente la ley sigue vigente, si bien el Tribunal Constitucional declaró nulo el apartado segundo de su artículo 21 [3] , que dice: A los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, será causa legítima para la entrada y registro en domicilio por delito flagrante el conocimiento fundado por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que les lleve a la constancia de que se está cometiendo o se acaba de cometer alguno de los delitos que, en materia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, castiga el Código Penal, siempre que la urgente intervención de los agentes sea necesaria para impedir la consumación del delito, la huida del delincuente o la desaparición de los efectos o instrumentos del delito.

http://es.wikipedia.org/wiki/Jos%C3%A9_Luis_Corcuera

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