Comunicado de la
Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas (PDLD)
“En estos momentos delicados debemos impedir que la crisis que vivimos derive en situaciones que ninguno de nosotros deseamos, evitando el incremento de actividades que generan alarma social entre nuestros conciudadanos y que afectan a la paz social, elemento esencial de todo país desarrollado. Sólo si España es capaz de presentarse como un país seguro podría aflorar la confianza necesaria para que, a partir de ella, venga la prosperidad interior y la confianza exterior”
(Comparecencia del Ministro del Interior, D. Jorge Fernández Díaz, ante la Comisión de Interior, para informar de las líneas generales de la política de su Departamento. Diario de sesiones del Senado. X legislatura. Nº 37. Sesión celebrada el martes, 20 de Marzo de 2012)
Si alguien tenía dudas sobre la relación intrínseca entre capitalismo y orden /estabilidad/paz social “necesarios” para el tranquilo desenvolvimiento del capital, dentro de las condiciones de vida que éste impone a la clase trabajadora en las situaciones de crisis económica, el Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz las aclara de forma nítida en la citada comparecencia: imponer la “paz social”, el silencio y el acatamiento de las víctimas de dicha crisis para que “aflore” “la confianza necesaria para que, a partir de ella, venga la prosperidad interior y la confianza exterior”. En román paladino, para que el capital y su gobierno no encuentren obstáculo alguno en sus curas de caballo que aplica sobre todo a la clase trabajadora. Ayer miércoles 13 de Noviembre volvió a aclararlas cuando informó al Pleno del Congreso de los Diputados de su intención de trasladar a Consejo de Ministros su Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, con el fin de tramitar parlamentariamente dicha ley antes de fin de año.
“En estos momentos delicados debemos impedir que la crisis que vivimos derive en situaciones que ninguno de nosotros deseamos, evitando el incremento de actividades que generan alarma social entre nuestros conciudadanos y que afectan a la paz social, elemento esencial de todo país desarrollado. Sólo si España es capaz de presentarse como un país seguro podría aflorar la confianza necesaria para que, a partir de ella, venga la prosperidad interior y la confianza exterior”
(Comparecencia del Ministro del Interior, D. Jorge Fernández Díaz, ante la Comisión de Interior, para informar de las líneas generales de la política de su Departamento. Diario de sesiones del Senado. X legislatura. Nº 37. Sesión celebrada el martes, 20 de Marzo de 2012)
Si alguien tenía dudas sobre la relación intrínseca entre capitalismo y orden /estabilidad/paz social “necesarios” para el tranquilo desenvolvimiento del capital, dentro de las condiciones de vida que éste impone a la clase trabajadora en las situaciones de crisis económica, el Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz las aclara de forma nítida en la citada comparecencia: imponer la “paz social”, el silencio y el acatamiento de las víctimas de dicha crisis para que “aflore” “la confianza necesaria para que, a partir de ella, venga la prosperidad interior y la confianza exterior”. En román paladino, para que el capital y su gobierno no encuentren obstáculo alguno en sus curas de caballo que aplica sobre todo a la clase trabajadora. Ayer miércoles 13 de Noviembre volvió a aclararlas cuando informó al Pleno del Congreso de los Diputados de su intención de trasladar a Consejo de Ministros su Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, con el fin de tramitar parlamentariamente dicha ley antes de fin de año.
Algunos datos que
ayuden a contextualizar esta segunda fase de ataque a los derechos de
manifestación, reunión, expresión y opinión que la próxima reforma de la Ley
Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana hará recaer contra la protesta
social frente a los recortes sociales y las políticas de austeridad impuestas
por el capital y su gobierno natural, el PP.
• El primero de estos ataques ha sido la entrada en el Parlamento de la Reforma del Código Penal. Interior y Justicia actúan coordinadamente como si fueran un único Ministerio, obsesionado con una paranoica idea de “seguridad”, radicalmente opuesto a los principios de libertad, derechos humanos y derechos democráticos.
• La intervención del Ministro del Interior se ha producido durante la argumentación de la partida destinada a su departamento en los Presupuestos para 2014.
• Mientras los criterios de “consolidación fiscal” exigen una reducción del gasto en el conjunto de los Ministerios de un 4,7%, Interior verá incrementada su partida presupuestaria en un 1,3%. Ello indica cuál es la base en la que el actual gobierno asienta sus conceptos de “paz social” y “seguridad”: mayores dotaciones en equipos para la represión de la movilización contra sus políticas antisociales y exclusión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado del criterio general de congelación de las plantillas.
• Un importante número de personas y movilizaciones han encontrado en los últimos tiempos amparo en los tribunales ante casos de brutalidad policial, multas y condenas por ejercer sus derechos de manifestación y expresión. La ley vendría a cubrir lo que el Ministro califica como “vacío legal”, maniatando de este modo a los jueces en aquellas circunstancias que el liberticida futuro Código Penal no haya contemplado. Interior cierra, de este modo, el círculo represivo que Justicia prevé con la reforma de aquél.
• La reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana viene a confirmar la subordinación de la política del Ministerio de Justicia a la de Interior. Si el la reforma del Código Penal de Gallardón es el mayor atentado desde el inicio de la transición política española en cuanto a restricción de las libertades y al libre ejercicio de los derechos de manifestación, reunión, expresión y opinión en relación con la protesta social, la que pretende ahora el Ministro Fernández Díaz puede ser incluso aún más liberticida, poniendo la protección a la actuación policial, algo que ya prevé en parte el futuro Código Penal, por encima de los derechos de la persona y el ciudadano.
“El objetivo primordial es garantizar de forma más eficiente la seguridad pública y a su vez proteger mejor a quienes tienen la misión constitucional de velar por el libre y pacífico ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, es decir, Guardia Civil, Policía y fuerzas de seguridad“
• Interior y Justicia mantienen una idea de seguridad ciudadana que cierre todas las opciones de protesta social, connotándolas y estigmatizándolas en sus previstas nuevas leyes de violentas y peligrosas y legislando a golpe de titular periodístico para buscar el aplauso de la base social más antidemocrática del Partido Popular.
• El primero de estos ataques ha sido la entrada en el Parlamento de la Reforma del Código Penal. Interior y Justicia actúan coordinadamente como si fueran un único Ministerio, obsesionado con una paranoica idea de “seguridad”, radicalmente opuesto a los principios de libertad, derechos humanos y derechos democráticos.
• La intervención del Ministro del Interior se ha producido durante la argumentación de la partida destinada a su departamento en los Presupuestos para 2014.
• Mientras los criterios de “consolidación fiscal” exigen una reducción del gasto en el conjunto de los Ministerios de un 4,7%, Interior verá incrementada su partida presupuestaria en un 1,3%. Ello indica cuál es la base en la que el actual gobierno asienta sus conceptos de “paz social” y “seguridad”: mayores dotaciones en equipos para la represión de la movilización contra sus políticas antisociales y exclusión de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado del criterio general de congelación de las plantillas.
• Un importante número de personas y movilizaciones han encontrado en los últimos tiempos amparo en los tribunales ante casos de brutalidad policial, multas y condenas por ejercer sus derechos de manifestación y expresión. La ley vendría a cubrir lo que el Ministro califica como “vacío legal”, maniatando de este modo a los jueces en aquellas circunstancias que el liberticida futuro Código Penal no haya contemplado. Interior cierra, de este modo, el círculo represivo que Justicia prevé con la reforma de aquél.
• La reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana viene a confirmar la subordinación de la política del Ministerio de Justicia a la de Interior. Si el la reforma del Código Penal de Gallardón es el mayor atentado desde el inicio de la transición política española en cuanto a restricción de las libertades y al libre ejercicio de los derechos de manifestación, reunión, expresión y opinión en relación con la protesta social, la que pretende ahora el Ministro Fernández Díaz puede ser incluso aún más liberticida, poniendo la protección a la actuación policial, algo que ya prevé en parte el futuro Código Penal, por encima de los derechos de la persona y el ciudadano.
“El objetivo primordial es garantizar de forma más eficiente la seguridad pública y a su vez proteger mejor a quienes tienen la misión constitucional de velar por el libre y pacífico ejercicio de los derechos fundamentales de los ciudadanos, es decir, Guardia Civil, Policía y fuerzas de seguridad“
• Interior y Justicia mantienen una idea de seguridad ciudadana que cierre todas las opciones de protesta social, connotándolas y estigmatizándolas en sus previstas nuevas leyes de violentas y peligrosas y legislando a golpe de titular periodístico para buscar el aplauso de la base social más antidemocrática del Partido Popular.
Algunos datos acerca
del Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana
Con la salvedad de que deban tomarse de modo provisional puesto que, si la Reforma del Código Penal se ha elaborado de un modo muy oscuro, poco transparente y de espaldas a la opinión pública, el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana lo ha sido aún más, hasta el punto de que ha escapado incluso al conocimiento de amplios sectores de juristas del país.
Con la salvedad de que deban tomarse de modo provisional puesto que, si la Reforma del Código Penal se ha elaborado de un modo muy oscuro, poco transparente y de espaldas a la opinión pública, el Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana lo ha sido aún más, hasta el punto de que ha escapado incluso al conocimiento de amplios sectores de juristas del país.
Como en el caso del Código
Penal, la nueva ley de Seguridad Ciudadana responde a una filosofía del derecho
marcada por la ideología de partido y por la defensa de los intereses
particulares de un sector minoritario de la sociedad española, el de l@s
empresari@s, que buscan el disciplinamiento de su mano de obra actual o
potencial (parad@s). Ello es marcadamente arbitrario y opuesto al principio del
interés general de la ley, especialmente si, como reconoce el propio Ministro
del Interior, la sociedad española no percibe a la inseguridad ciudadana como
un problema de importancia. El Barómetro de del CIS de julio de este año señala
que sólo el 2,8% de los españoles considera la inseguridad ciudadana como uno
de los principales problemas del país. Debemos señalar que en el mes de julio
de 2011 esa cifra, siendo muy poco significativa, era el doble que la actual.
Baja, pues, la percepción
de la inseguridad ciudadana y se incrementa la paranoia de la seguridad por
parte del Gobierno del PP. Comprensible en un gobierno acosado por una protesta
social muy pacífica, por escándalos de corrupción en un partido en el que la
delincuencia económica parece ser uno de sus principales objetivos no escritos,
y por la más que socialmente cuestionada credibilidad de su propaganda sobre
una recuperación económica que no llega a las familias de clases trabajadoras,
que cada día se ven más hundidas en la precariedad, aunque sí parece estarse
produciendo para las grandes empresas y bancos. Pero estas medidas legales son
absolutamente incomprensibles en cualquier gobierno que tuviese un mínimo
respeto hacia las libertades y derechos democráticos.
Esta ley está marcada por
un criterio de coyunturalidad. Nace con el objetivo de limitar el previsible
ascenso de un nuevo ciclo de movilización social y nace también contra las
nuevas expresiones y formas de la protesta social. Por este motivo, la reforma
de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana crea nuevos delitos ad-hoc,
lo que es completamente arbitrario y opuesto al principio de necesidad de la
ley.
Independientemente de lo
que desde la Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas (PDLD)
consideremos respecto a la orientación ideológica de algunas movilizaciones,
como las protagonizadas por la PAH o el 25-S, lo cierto es que en esas luchas
hay cierto trasfondo que potencialmente podría llegar a conectar con protestas
como las de l@s miner@s o l@s trabajador@s de la limpieza de Madrid. Protestas
hasta hoy parciales y muy reformistas, en un contexto de agudización de la
lucha de clases y de paulatina recuperación de las movilizaciones de la clase
trabajadora, podrían llegar quizá a cuestionar la legitimidad del sistema capitalista.
De este modo, acciones como
los escraches a cargos públicos, manifestaciones como las realizadas ante el
Congreso o manifestaciones no comunicadas previamente, se dan la mano en la
intención de criminalizarlas por parte de la futura Ley de Seguridad Ciudadana
con otras ligadas a colectivos y sectores de trabajadores. La huelga de
barrenderos en Madrid ya ha sido previamente satanizada, connotándola de
vandalismo, piquetes, violencia,… por los medios de comunicación afines y no
tan afines al gobierno con el fin de ir creando el clima necesario no sólo para
su derrota por parte del Ayuntamiento de la capital y de las empresas
concesionarias de la limpieza sino para justificar leyes como la futura del
Ministerio del Interior.
El objetivo es tipificar
nuevos delitos y convertir las que hasta ahora eran consideradas como faltas
leves en sanciones administrativas (multas), sin intervención judicial y
remitidas por la administración pública. Las faltas graves pasarán a ser
delitos, agravando, a su vez, los que ya lo eran. El escrache y las protestas
no comunicadas ante instituciones del Estado pasarán a ser consideradas
infracciones muy graves, lo que previsiblemente se materializará en penas de
prisión mayor.
Es cínico en este contexto
la afirmación del señor Ministro del Interior de que la “seguridad es requisito previo
para la libertad”. ¿De qué libertad nos habla el señor Ministro, de
la de un nuevo Estado policiaco y totalitario de “derecho”?
Si siempre fue cierto que
las libertades no se otorgan sino que se conquistan, ahora es más cierto que se
defienden con su práctica que, en este caso, no puede ser otra que la
continuación y el incremento masivo de la protesta social, no sólo contra los
recortes sociales y las políticas de austeridad sino en defensa de unas
libertades que nos están siendo arrebatadas.
Leyes como el futuro nuevo
Código Penal y de Protección de la Seguridad Ciudadana sólo merecen una
respuesta colectiva, masiva y clara: la desobediencia civil frente a leyes
antidemocráticas y propias de un Estado totalitario.
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desproporcionado de la fuerza" y de las balas de goma por parte de los
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CIE y comisarías españolas
El
Ministerio de Interior ultima la futura ley de Protección de la Seguridad
Ciudadana
13-11-2013
El ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, ha
anunciado este miércoles durante el Pleno del congreso de los Diputados que se
está ultimando una ley orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.
Durante la defensa de la partida destinada a su departamento en los
Presupuestos para 2014, el ministro ha destacado el "compromiso" del
Gobierno con la protección del libre ejercicio de los derechos y libertades
El ministro del Interior, Jorge
Fernández Díaz, ha anunciado este miércoles en el Pleno del Congreso de los Diputados que su departamento está
ultimando lo que será la futura ley orgánica de Protección de la Seguridad
Ciudadana y que su intención es llevar el anteproyecto a un próximo Consejo
de Ministros.
Durante la defensa de la partida
destinada a su departamento en los Presupuestos para 2014, el ministro ha
destacado el "compromiso" del Gobierno con la protección del libre
ejercicio de los derechos y libertades y la salvaguarda de la seguridad
"en todas sus dimensiones", un factor relevante, según ha apuntado,
porque genera una confianza que favorece a sectores tan importantes para
nuestro país como es el comercio o el turismo.
"Notable" impulso
normativo
Y ese compromiso no sólo se pone de
manifiesto con el incremento de su presupuesto en un 1,3% en un momento en el
que la consolidación fiscal exige una disminución en el conjunto del gasto en
los ministerios de un 4,7 por ciento. Sino también con el "notable"
impulso normativo en este ámbito que está llevando adelante su departamento y
prueba de ello es que ya están tramitándose en sede parlamentaria, entre otras,
iniciativas para la mejora de la seguridad privada y la seguridad vial.
Para complementar el marco legal en
este sentido, el titular de Interior ha avanzado su voluntad de llevar a un próximo
Consejo de Ministros el anteproyecto de ley orgánica de Protección de la
Seguridad Ciudadana.
Sólo un 2,8% ve un problema en la
inseguridad ciudadana
En este punto, Fernández Díaz no ha
pasado por alto la "excelente" labor que desarrollan los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado, una "eficacia", según ha dicho, está
"reconocida" no sólo por las cifras del descenso progresivo de la
tasa de criminalidad, sino también por la percepción de los ciudadanos respecto
a la seguridad.
Según ha destacado, en el Barómetro
del Centro de Investigaciones Sociológicas de diciembre de 2011, el 5,6% de los
españoles consideraba que la inseguridad ciudadana era uno de los
principales problemas de España, mientras que en julio de este año tan sólo
la mitad de ese porcentaje lo consideraba así.
A la próxima Ley de Seguridad
Ciudadana se ha referido durante el debate el portavoz de Interior de la
Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), Ricardo Sixto, para dejar claro que este
proyecto le genera "mucha alarma" teniendo en cuenta que su grupo no comparte
de entrada la política de "represión" a la protesta ciudadana, las multas
"injustificadas" a manifestantes o el uso de fuerza en las
protestas pacíficas que, a su juicio, practica su departamento
La Ley "Corcuera
Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de
la Seguridad Ciudadana.
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