A finales de Marzo de 2012, tras la
huelga general del 29M, la anarcocapitalista corrupta y ultraderechista,
entonces Presidenta de la Comunidad Autónoma de Madrid, Esperanza Aguirre,
declaraba, tras la huelga de los trabajadores de Metro Madrid: “Estos
sindicatos caerán, como el muro de Berlín”.
Tras la dura, difícil, y en este
contexto y exitosa huelga de la limpieza de Madrid, la “señora” Botella,
lamentable alcaldesa de Madrid, que había demostrado su bajeza moral en
relación a los motivos que provocaron dicha huelga y a la actuación de las
subcontratas con sus empleados, declaró, tras haber hecho el ridículo de forma
“olímpica” por enésima vez: “Las conductas chantajistas hacen aún más
necesario aprobar una ley de huelga”
A lo largo del período comprendido entre
las declaraciones de la señora Aguirre y de la sobrevenida alcaldesa se nos ha
estado presentando de manera continuada la oposición entre derechos de la clase
trabajadora (la huelga y la defensa de los derechos que la motivan) y derechos
de los “ciudadanos”. La ciudadanía es un concepto que se expresa en la
publicidad institucional del Gobierno del PP y hasta una televisión privada
como Cuatro tiene un programa llamado “Ciudadanos”. Es lógico que sea así.
Ciudadanos somos todos, también Botín, el presidente de Mercadona, el de El
Corte Inglés, Inditex, Movistar, Iberdrola o el de la patronal, señor Juan
Rosell; razón por la que los desclasados ciudadanistas, los partidos de
pseudoizquierda, los sindicatos del sistema y los alternativos debieran dejar
de utilizar el término al señalar a las víctimas de la crisis y de los recortes
sociales. El abuso del mismo por todos ellos es un insulto a la clase
trabajadora y muestra hasta qué punto se les atraganta la lucha de clases. Los
empresarios sólo harían huelga contra un gobierno de los trabajadores. Lo
lamentable es que las organizaciones que debieran oponérseles sean tan
“inclusivas”.
La reforma de la ley de huelga es una
más de todas las exigencias que el capital va logrando a través de su gobierno
natural para devolver a la clase trabajadora al siglo XIX
Los grandes descubridores de océanos ya
descubiertos debieran saber que esa clase a la que llaman “precariado”, como
diferenciada de las demás, se llamaba hace más de siglo y medio proletariado,
por lo que su intento de dividir a la clase trabajadora es demasiado burdo y
evidente.
La respuesta al intento de establecer
por ley lo que es salvaje imposición de servicios mínimos máximos en las
huelgas no debiera ser otro que el rechazo a cualquier servicio mínimo, por
pequeño que sea, que no afecte a sectores vitales como pueden ser la sanidad,
la extinción de incendios o áreas reservadas a la protección civil. El único
lenguaje que conoce el capital es el de la fuerza y sólo la fuerza decidida
puede hacerles frente. El resto son desfiles procesionales en las
manifestaciones, batucadas, agitación compulsiva de manitas al sol y
declaraciones penosas de dirigentes sindicales y políticos del reformismo
pro-capitalista.
En un período de apenas un mes se ha
producido la entrada en el Parlamento de la Reforma del Código Penal, el
anuncio de la Reforma de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad
Ciudadana (Ley de Seguridad Ciudadana) y el anuncio de una reforma vergonzante
de la Ley de Huelga bajo el eufemismo de Ley de Servicios Mínimos, que tantas
veces han sido máximos (hasta un 70% del servicio habitual en transportes). De
nada sirve al sindicalismo y a los trabajadores ganar en los tribunales, meses
más tarde, cuando hace tiempo que la huelga pasó, lo que no se ha tenido el
valor de desafiar en el tajo.
No es casual esta concatenación de
atentados totalitarios y de “fascismo legal” contra los derechos y libertades.
La agresión llega en un momento en el que se han ido acelerando varios
fenómenos:
• El completo agotamiento del discurso indignado y pro sistema de “capitalismo de rostro humano”, disperso en cien iniciativas, cada cuál más absurda, ineficaz y de seguimiento minoritario, a pesar de los medios del capital por resucitar un movimiento tan integrable en el sistema.
• La dilatada ausencia del reformismo sindical de mensajes y voluntad de liderar una protesta social aún demasiado domesticada. Entre huelga y huelga, vacaciones, en ocasiones hasta hacer olvidar su existencia. Ello, junto a una inoperancia del alternativismo sindical en tiempos en los que el campo estaba abierto para él.
• El ataque por tierra, mar y aire al sindicalismo como forma de lucha tanto desde el gobierno, como desde sus voceros mediáticos o desde sus “falsas banderas”, en formato de mareas polimorfas, antipartidos y antisindicatos; jaleadas, eso sí, por el alternativismo sindical y halagadas por un reformismo que intenta encontrar acomodo dentro de las mismas sin demasiados rechazos, a pesar de obtener justo lo contrario de lo que pretende.
• La ausencia desde el inicio de la protesta social de una agenda propia y autónoma de luchas, movilizaciones y propuestas frente al capital y sus gobiernos.
• El inicio de un nuevo ciclo, y aquí está la esperanza para el objetivo de emancipación de la clase trabajadora, en el discurso social, en el de las reflexiones de personalidades de izquierdas y, de forma particular, de la respuesta sindical en grandes empresas a las agresiones del capital.
• El completo agotamiento del discurso indignado y pro sistema de “capitalismo de rostro humano”, disperso en cien iniciativas, cada cuál más absurda, ineficaz y de seguimiento minoritario, a pesar de los medios del capital por resucitar un movimiento tan integrable en el sistema.
• La dilatada ausencia del reformismo sindical de mensajes y voluntad de liderar una protesta social aún demasiado domesticada. Entre huelga y huelga, vacaciones, en ocasiones hasta hacer olvidar su existencia. Ello, junto a una inoperancia del alternativismo sindical en tiempos en los que el campo estaba abierto para él.
• El ataque por tierra, mar y aire al sindicalismo como forma de lucha tanto desde el gobierno, como desde sus voceros mediáticos o desde sus “falsas banderas”, en formato de mareas polimorfas, antipartidos y antisindicatos; jaleadas, eso sí, por el alternativismo sindical y halagadas por un reformismo que intenta encontrar acomodo dentro de las mismas sin demasiados rechazos, a pesar de obtener justo lo contrario de lo que pretende.
• La ausencia desde el inicio de la protesta social de una agenda propia y autónoma de luchas, movilizaciones y propuestas frente al capital y sus gobiernos.
• El inicio de un nuevo ciclo, y aquí está la esperanza para el objetivo de emancipación de la clase trabajadora, en el discurso social, en el de las reflexiones de personalidades de izquierdas y, de forma particular, de la respuesta sindical en grandes empresas a las agresiones del capital.
Éste nuevo ciclo no nace de la madurez
de ninguno de los sujetos que acabamos de señalar sino del agotamiento de los
que le antecedieron en el tiempo como respuesta válida al capital, y de una
lucha de resistencia en el contexto de las empresas, el cual pretende dar un
nuevo paso en la desregulación de las relaciones laborales, los despidos
masivos y los recortes salvajes de salarios: Sniace en Torrelavega,
trabajadores de ambulancias en varias provincias, Panrico en Cataluña,
Catalunya Banc, Renfe, Celsa, profesores de la enseñanza concertada, Radio
Televisión Valenciana, Lambide en Euskadi, Limasa (limpieza) en Málaga,
limpieza de Madrid y un largo etcétera.
La estupidez de la señora Botella no es
incompatible con el hecho de que pueda rodearse de asesores que le marquen el
camino. La “oferta” de 1144 despidos de las contratas de limpieza y de un 43%
de reducción salarial al resto de la plantilla que no perdiese su empleo ha
encontrado imitadores: la privatización de la Lavandería Central Hospitalaria
de Madrid, con la consiguiente “propuesta” de un descenso del 40% de los
sueldos de sus trabajadoras. Saludamos y apoyamos la valentía de este colectivo
y de sus sindicatos de iniciar una huelga el próximo jueves 28 de Noviembre y
llamamos al resto de la clase trabajadora a apoyar sus reivindicaciones, como
hicieron con l@s compañer@s de la limpieza.
Es cierto que estas luchas son de
resistencia y no de avance pero lo significativo es la dinámica de protestas
que se está activando, el protagonismo de la clase trabajadora en ellas y el
cambio hacia un discurso no desclasado ni prosistema, al contrario que la
indignación ciudadanista y de mentalidad clase media que tanto daño ha hecho a
la necesidad de enfrentamiento con el capital, que no es el del cliente de
banco sino del de explotado por las empresas.
Si esto es así, para un gobierno fascio-liberal
las libertades y los derechos democráticos sobran, en unos casos por
agotamiento de la disidencia controlada y en otros por la previsión de que se
esté abriendo la tendencia hacia un tipo de protesta social más dura porque en
él se expresa la necesidad de resistir de segmentos de la clase trabajadora
arrojados a la desesperación.
De este modo se comprende que en el
artículo 551 del proyecto de Código Penal, ahora en el Parlamento, se aluda al
uso de “objetos peligrosos” como las barricadas de fuego o los cohetes
(explosivos) propios de la cultura de movilización de los mineros, que en el
artículo 557bis del citado Código se aluda a la condición de “funcionario
público” de quienes protestan, que en el artículo 557ter se penalicen las
ocupaciones de locales públicos o privados, que no son sólo bancos, sino
también locales de la patronal, centros de trabajo, y espacios para la protesta
sindical (ayuntamientos, oficinas del paro,…), del mismo modo que se entiende
también que el artículo 560bis aluda a la interrupción de servicios de
telecomunicaciones o de servicios de transporte público, lo que bien podría
referirse a huelgas que no “respeten” brutales servicios mínimos como los de
Metro Madrid o los de autobuses y no simplemente a que unos cuantos se pongan
de acuerdo para tirar a la vez de las manillas de emergencia de varias unidades
del metro.
Es cierto que en el borrador de la Ley
Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana (Ley de Seguridad Ciudadana)
se centra la represión a la protesta social en colectivos básicamente
cudadanistas e “indignados”. No es menos preocupante el carácter represor de
esta ley porque se trate de multas brutales a colectivos con a los que
combatimos frontalmente porque las libertades, cuando se restringen para determinados
sectores, abren el camino en desaparecer para todos.
Pero nos parece preocupante que los
medios de comunicación del capital se hayan, en menos de una semana, “olvidado”
del Código Penal, que incluye penas de cárcel severas y multas en lo referente
a la protesta social, para hacerle luz de gas mediante una ley también grave
por su carácter represor –la de Seguridad Ciudadana- vendiéndose
comunicativamente esta última como Ley anti-15M, sobre todo cuando los
artículos del futuro Código Penal que reprimen la protesta social no fueron
expuestos como artículos “anti clase trabajadora” sino como criminalizadores de
la “protesta ciudadana”; discurso mantenido con la colaboración de las
izquierdas reformistas.
Habría que recordarles a todos ellos que
en esa protesta, que llaman “ciudadana”, no participan ni Amancio Ortega, ni
Juan Roig, ni Villar Mir, ni la Duquesa de Alba, ni Isidoro Álvarez, ni José
Manuel Lara, ni Alicia Koplowitz, que también son ciudadanos.
Ello no nos impide tener una actitud
unitaria en la protesta social, dado que las libertades son de todos o de
ninguno, a pesar de venir experimentando de parte de los sectores “indignados”
el intento de apropiación de una protesta que no es sólo, ni siquiera
principalmente, suya, de su voluntad de tergiversación y de manipulación de
convocatorias ajenas, como la del pasado 6 de Noviembre frente al Ministerio de
Justicia porque el discurso de “ni de izquierdas ni de derechas”, de negar el
carácter de clase de las víctimas del capital y del “sin banderas” ya pasó.
¿Estamos?
Publicado
en Comunicados, Derechos democráticos, PDLD, Recortes de
libertades, Recortes sociales, Represión
El
anuncio de Rajoy de una futura "ley de servicios mínimos" choca con
la jurisprudencia y los sindicatos
Rajoy quiere
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Rajoy encarga a Empleo que estudie
"una ley de servicios mínimos, para que se cumplan"
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huelga y celebra que el conflicto haya acabado sin despidos
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