Adolfo Suárez González, Felipe González Márquez, José María Alfredo Aznar López, José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano
Rajoy Brey
Durante el Trienio Bolchevique, la lucha de clase del
movimiento obrero, consiguieron más que en casi 100 años después.
Se puede apreciar la ley el reglamento del Retiro
Obrero e igual el decreto ley de la jornada de ocho horas, son legislación
simple de comprender por todos los obreros.
Reglamento General para el régimen obligatorio Retiro
Obrero aprobado por S.M. e 21 de enero de 1921
EXPOSICIÓN
Señor: El
Real decreto de 11 de marzo de 1919, refrendado por el Gobierno en pleno de V.
M., estableció el régimen de intensificación de retiros obreros, como
ampliación del seguro de vejez, autorizado y estimulado por la Ley de 27 de
febrero de 1908, que dió vida al Instituto Nacional de Previsión.
Los convulsos días de huelga en la Barcelona de 1919, tras el despido de
un centenar de trabajadores de la empresa La Canadiense y las protestas
callejeras , desencadenaron la aprobación de una norma con un importante
legado: el «decreto de la jornada de ocho horas», firmada por el conde de
Romanones
«Las
noticias de la situación en Barcelona eran ayer muy alarmantes. La huelga de La
Canadiense se ha extendido a otras compañías de electricidad y a la general de
aguas. La ciudad estuvo anoche a obscuras» (ABC, 27 de febrero de 1919 en la
página 10). Así comenzaba la crónica de una de las jornadas más violentas del
suceso que durante 44 días mantuvo en vilo a la Ciudad Condal y desencadenó la
caída del Gobierno de una de las figuras ilustres de la época, el conde de Romanones,
quien, en un gesto conciliador, firmó el 3 de abril de 1919 el «decreto de la
jornada de ocho horas» (en vigor desde el 1 de octubre de dicho año).
Los hechos
se remontan a principios de febrero de ese mismo año, cuando ocho trabajadores
del personal de oficinas de La Canadiense, una eléctrica de Barcelona, son
despedidos por reclamar las mismas condiciones salariales que sus colegas.
Solidarizados
con la causa, 117 trabajadores de la sección de facturación acuden al
gobernador para solicitarle su mediación. La respuesta fue, como se les
prometió, inmediata: al regresar a la sede de la compañía se encontraron a un
grupo de policías acordonando la entrada del edificio, prohibiéndoles el
acceso. Todos los allí presentes estaban despedidos. La noticia corrió de boca
en boca y las manifestaciones no tardaron en llegar.
La
turbulenta huelga, dirigida por un comité de trabajadores y miembros de la CNT,
se extendió rápidamente a otros colectivos y compañías energéticas. Después de
intensas negociaciones, con la ciudad ocupada por las tropas, el Gobierno logró
convencer a la directiva de La Canadiense para que readmitiera a los
trabajadores despedidos y aceptara sus reivindicaciones salariales. Pocos días
después se instauraba el decreto que regulaba la jornada laboral y el conde de
Romanones abandonaba su cargo.
El primer
avance laboral
Al «decreto
de la jornada de ocho horas» se llegó a través de un largo camino de
reivindicaciones (iniciado en 1890, con la huelga de los mineros vizcaínos) en
el que cada pequeño paso era una conquista sin precedentes.
Otro de
ellos fue la aprobación en 1904 de la ley del descanso dominical, para muchos
detractores un pretexto del que los trabajadores, embriagados de un reposo y
tiempo libre al que estaban poco acostumbrados, se servían para abarrotar en
tropel las tabernas y dilapidar sus salarios. Por el contrario, Álvaro Calzado
lo definía en las páginas de ABC meses antes de su aprobación como «un descanso
indispensable al cuerpo», suministro de «tiempo necesario dar a su cerebro,
embotado por una labor constante, el alimento intelectual necesario a su
desarrollo» (1 de enero de 1904, página 5).
No fue hasta
los años treinta cuando se vislumbró el siguiente avance laboral. La
Organización Internacional del Trabajo (OIT) pidió la aplicación de la jornada
de 40 horas semanales, algo que en nuestro país no se pudo materializar. España
se encontraba inmersa en la agitación previa al estallido de la Guerra Civil.
Desde 1º de octubre será obligatoria la jornada de
ocho horas
Desde 1º de octubre será obligatoria la jornada de
ocho horas
Madrid, 24 de
Septiembre de 1919
Jornada de
ocho horas
En 1919,
en Barcelona,
después de una huelga general de 44 días, con más de 100.000
participantes que paralizó efectivamente la economía, el gobierno español
aceptó las demandas de los trabajadores que incluían una jornada de ocho horas,
el reconocimiento de los sindicatos y el reintegro de los trabajadores
despedidos. El 3 de abril fue aprobado el decreto y a partir del 1 de octubre
de 1919 la jornada máxima total de trabajo en España fue de
8 horas al día y de 48 a la semana.7 El Conde de Romanones fue relevado del
gobierno en abril de 1919 después de firmar el 3 de abril de 1919 el llamado
"Decreto de la jornada de ocho horas"
Actualmente
la defensa de la jornada de ocho horas para los trabajadores, depende de la
lucha contra las diferentes formas de disfrazar la relación laboral, mediante
contratos de servicios, honorarios u obras, que con sistemas de pago a destajo,
por tareas, piezas o peso y con la tercerización,
eluden la aplicación de las normas laborales vigentes en casi todos los países
y logran de hecho imponer jornadas de trabajo indefinidas. Además de recibir un
mal trato por parte de los dueños y poseer una calidad de vida baja.
Huelga de La
Canadiense
Pistolerismo
LA HUELGA
DE LA CANADIENSE Y LA JORNADA LABORAL DE 8 HORAS
Para la
burguesía, el anarcosindicalismo se estaba convirtiendo en una clara amenaza
para el orden social que sustentaba su hegemonía social y económica. La prueba
de fuego entre ambos se inició el 5 de febrero de 1919 con el conflicto de la
Canadiense en Barcelona, una huelga mítica en la historia del
sindicalismo libertario por su importancia, duración y dimensiones.
Mientras en
Berlín habían asesinado a Rosa Luxemburgo el 15 de enero, en Barcelona, durante
las semanas previas a la huelga, había incidentes entre libertarios y
ugetistas, con algún asesinato durante la huelga de tipógrafos; acusaciones de
Pestaña contra Cambó (Lliga Regionalista) sobre la intención de asesinarlos a
él y a Seguí; suspensión de las garantías constitucionales; clausura de
sindicatos; detenciones de dirigentes y activistas libertarios; buques de
guerra en el puerto y censura de prensa. La cuestión de fondo que alimentó la
huelga fue, además del derecho a la sindicación, el intento de forzar a la
patronal al reconocimiento definitivo de la CNT como la interlocutora del mundo
del trabajo en Cataluña.
La huelga de la
Canadiense (llamada así porque el principal accionista de la Compañía
era el Canadian Bank of Commerce of Toronto) se prolongó por 44
días convirtiéndose en huelga general paralizando el 70% de la industria catalana.
El conflicto comenzó al organizarse entre el personal de oficinas, un Sindicato
Independiente, que el gerente de La Canadiense, Fraser Lawton, nunca aceptó,
por lo que éste empleó como estrategia hacer fijos ocho empleados eventuales y
rebajarles el sueldo. Éstos protestaron con el argumento de que: «a mismo
trabajo, mismo sueldo». Estas ocho personas, que eran precisamente las que
habían organizado el Sindicato Independiente dentro de la empresa,
inmediatamente fueron despedidos por Lawton. Cinco de los sancionados
pertenecían a la sección de facturación y sus compañeros, en acto de
solidaridad, el día 5 de febrero de 1919 se declararon en huelga hasta que se
readmitiera a sus compañeros despedidos. Los 117 empleados de la sección de
facturación se dirigieron hacia Gobernación para hablar con el gobernador, que
les prometió que intercedería por ellos ante la empresa, si volvían al trabajo.
Cuando éstos volvieron, se encontraron con fuerzas de la policía que les
impedían el paso, no dejándoles entrar al interior del edificio, produciéndose
diversos incidentes y quedando todos ellos despedidos. Al día siguiente la
noticia corrió por Barcelona como un reguero de pólvora.
Los
huelguistas buscaron la ayuda de la CNT, que se involucró en el conflicto. Se
nombró un comité de huelga que lo formaron varios de los despedidos y miembros
de la CNT y que estuvo liderado por Simó Piera. La huelga se extendió hacia los
encargados de la lectura de contadores.
Contado la
huelga con un amplio apoyo popular —se formaron cajas de resistencia que
recaudaron 50.000 pesetas en una semana— el gerente de la empresa propuso una
negociación cuya fecha fue fijada para el 17 de febrero en el edificio de la
compañía y a la que acudieron cinco delegados en representación de los
trabajadores. Cuando el gerente se enteró que entre los delegados había un
afiliado a la CNT no quiso negociar.
Los
huelguistas iniciaron cortes en el suministro eléctrico, quedando Barcelona
prácticamente paralizada a las cuatro de la tarde del 21 de febrero, aunque
había otra compañía —Energía Eléctrica de Cataluña— que seguía
suministrando energía. El 4º Regimiento de zapadores y algunos marineros
ocuparon la sede de la empresa y llegó a la ciudad un nuevo gobernador militar,
Martínez Anido. Con el permiso de los inversores, Romanones confiscó la empresa
y los ingenieros militares consiguieron iluminar la ciudad la noche del 22.
El día 23 se
unieron a la huelga los trabajadores de la compañía Energía Eléctrica
de Cataluña, lográndose el paro total de las compañías eléctricas. El 26
los trabajadores de las compañías de aguas y del gas se sumaron a la huelga,
por lo que dichas empresas también fueron confiscadas.
El 3 de
marzo los trabajadores de la central eléctrica de Sant Adrià del Besos secundan
la huelga y el día 5 el general Milans del Bosch dicta un bando para llamar a
la movilización a todos los hombres entre 21 y 38 años del ramo de la
electricidad que tan solo sale publicado en el Diario de Barcelona. Los
cenetistas convocados para la movilización decidieron el 7 de marzo no
incorporarse a filas, lo que provocó que fueran encarcelados. En totol, unos
tres mil trabajadores llenaron las prisiones, el castillo de Montjuïc y los
buques de guerra del puerto, sometidos a la jurisdicción militar, puesta al
servicio de la patronal catalana tras la declaración del estado de guerra el 12
de marzo. Barcelona fue ocupada por los militares y las cajas de resistencia podían
llegar a recoger decenas de miles de pesetas semanales. Romanones se inclinó
por algunos nombramientos políticos para propiciar el diálogo y el día 15 se
abrieron las negociaciones.
El 17 se
llegó a un acuerdo, se levantó la censura roja (que ejercía el Sindicato de
Artes Gráficas) y el estado de guerra. Dos días después concluía la huelga con
un balance bastante favorable para los trabajadores: jornada de ocho horas,
mejoras salariales, readmisión de los despedidos y libertad para los detenidos.
Unas 20.000 personas se congregaron ese día en la plaza de toros de las Arenas
para ratificar el acuerdo, pero el propio Seguí fue recibido con un importante
abucheo porque algunos trabajadores seguían detenidos por los militares. Para
el «Noi del Sucre» se trataba de elegir entre la consolidación de las mejoras
conseguidas o rescatar por la fuerza a los detenidos, con el consiguiente baño
de sangre, que podía ser el inicio de la revolución social; pero, aunque
dominaban las calles, ¿estaban en condiciones de vencer a los militares?
Acordaron volver al trabajo y dar un plazo de tres días para la libertad de
todos los detenidos.
Con el apoyo
de Lliga, Milans del Bosch optó por no liberar a los detenidos. Burgueses y
militares esperaban acabar con los anarcosindicalistas si éstos optaban por la
huelga general revolucionaria. Los más radicales acabaron convocándola el 24 de
marzo, y el 25 el capitán general declaró por su cuenta el estado de guerra. Al
día siguiente, unos ocho mil paramilitares del Sometent salieron armados a las
calles de Barcelona bajo la dirección del nacionalista Ventosa Calvell. El
propio Cambó afirmó que se había paseado con un fusil por las calles de la
ciudad. El día 30 el estado de guerra se extendió a toda España y el 1 de abril
la huelga general abarcaba las ciudades más industrializadas de Cataluña. Al
día siguiente todos los sindicatos fueron clausurados, aunque Romanotes decretó
la jornada de ocho horas a partir de octubre para desbrozar el camino de la
vuelta al trabajo, hecho que se empezó a producir a partir del día 5. Los
partidarios de la huelga habían sido derrotados, y con ellos la sensación de
imbatibilidad que acompañó a la CNT durante la huelga de la Canadiense. El
grupo de presión formado por los militares y la Lliga, ésta a través de la
patronal, se había impuesto a las decisiones del gobierno, que dimitió. La
burguesía catalana, que propugnaba la reforma del estado para acomodarlo a sus
intereses, se había aliado con los militares hasta el mismo límite del golpe de
estado, también para defender sus intereses económicos. No era la primera vez.
Ya habían llevado a término una campaña de delación tras la Semana Trágica;
llevaban años oponiéndose a las reformas sociales de diferentes gobiernos en
nombre de la no intervención, pero pidiendo la intervención del ejército contra
los trabajadores, es decir, propiciando el militarismo. Tampoco sería la
última, porque apoyarían el golpe de Primo de Rivera en 1923 y contribuirían a
financiar el golpe de 1936.
La fuente es
más completa
La huelga
de ‘La Canadiense’
Real
decreto de 3 de abril de 1919: Jornada máxima legal en todos los trabajos.
Respondiendo el Instituto de Reformas
Sociales a los requerimientos que el Gobierno le había dirigido, solicitando de
su competencia las oportunas propuestas acerca de los problemas del trabajo que
demandan solución más necesaria y urgente, viene realizando una labor tan
intensa y meritísima, que es deber del Gobierno proclamarla, enaltecerla y
señalarla a la pública consideración, singularmente de la clase trabajadora, para
que de la obra legislativa, inspirada en los principios de justicia social,
tenga exacto conocimiento y haga la debida estimación y aprecio.
Uno de los primeros frutos de aquella labor del Instituto de Reformas
Sociales es su propuesta sobre la jornada del trabajo, cuyas bases fueron
aprobadas por unanimidad en el Pleno de aquella Corporación, e íntegramente
acepta el Gobierno, por considerarlas tan conformes con los principios de
humanidad y de justicia como congruentes y ajustadas a la unánime aspiración de
los trabajadores que de esta reforma hicieron siempre cuestión fundamental y
esencialísima de sus reivindicaciones.
Se establece en este proyecto de Real decreto la jornada máxima de ocho
horas diarias, o cuarenta y ocho horas semanales, con carácter general, pero,
al propio tiempo, la representación patronal y obrera, en unánime expresión de
la justicia y de la prudencia que inspira sus acuerdos, han considerado que,
existiendo industrias cuya organización integral ha de hallarse coordinada con
la de sus semejantes en el Extranjero, si no han de verse colocadas en
condición de inferioridad y en trance de ruina y de muerte, deben constituirse
aquellos organismos adecuados para el estudio de los casos de excepción, o sean
los Comités paritarios profesionales que propongan al Instituto de Reformas
Sociales las industrias o especialidades que, por notoria imposibilidad de
aplicar la jornada de ocho horas, deben ser exceptuadas. Y para que dichos
Comités puedan realizar ese estudio con las mayores garantías de acierto, y
para que el Instituto de Reformas Sociales pueda examinar las propuestas y
practicar las informaciones necesarias y dar facilidades a los legítimos
intereses para que aduzcan y manifiesten sus razones e ilustren los problemas
que dicho Instituto ha de resolver, se fijan los plazos necesarios, sin que su
amplitud llegue a constituir dilación que la malicia pudiera señalar como
expediente encaminado a retardar la plena eficacia de la reforma.
Tal es la obra del Instituto de Reformas Sociales, que el Gobierno de S.
M. acepta en todos sus extremos, congratulándose de poder realizar reformas que
a estas horas están aún en período de estudio y deliberación en pueblos tan
adelantados como Francia e Inglaterra, cuyas resoluciones no podrán menos de
ser tomadas en consideración para aquellas industrias que en tales centros de
producción tienen sus competidores y necesitan hallarse en condiciones de
igualdad para poder resistir la lucha que se avecina, si no se llega a realizar
el ideal de concretar bases de carácter internacional que establezcan un
régimen de coordinación entre las economías de los pueblos que hoy se disputan
la mejor participación en los beneficios industriales.
ÁLVARO FIGUEROA
1. La jornada máxima legal será de ocho horas al día, o cuarenta y ocho
horas semanales, en todos los trabajos a partir de Lo de octubre de 1919.
2. Los Comités paritarios profesionales se constituirán antes de 1.º de
julio, y propondrán al Instituto de Reformas Sociales, antes de Lo de octubre,
las industrias o especialidades que deban ser exceptuadas por imposibilidad de
aplicar dicha jornada.
3. Dicho Instituto, después de realizar la información necesaria,
resolverá, en definitiva, antes de 1.º de enero de 1920, la jornada que ha de
establecerse en los trabajos exceptuados.
4. Los Comités paritarios que para el 1.º de octubre no hayan recurrido
al Instituto se entenderá que acatan la jornada máxima legal establecida.
Fuente:
La
consolidación del intervencionismo laboral (1900-1930).
En este Real Decreto no hace referencia al Real decreto de 3 de abril de 1919:
Jornada máxima legal en todos los trabajos.
Real Decreto
2001/1983, de 28 de julio, sobre regulación de la jornada de trabajo, jornadas
especiales y descansos.
Adolfo
Suárez González
Ley 8/1980,
de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores.
Estatuto de
los trabajadores (España)
Desmontando
la trampa del fin de las pensiones públicas
Las contrarreformas laborales durante los
gobiernos de Felipe González
Sábado 15 de
junio de 2013. Nodo50 | Descargar artículo en PDF
Por Raúl
Navas
Gobiernos de
Felipe González (1982- 1996)
II
legislatura de España
Nota del
editor de este blog: le he añadido todos los enlaces del artículo
Por Raúl
Navas
En los
últimos años y décadas, la burguesía se ha esforzado para que su ideología se
trasmita y se asuma entre la sociedad. Se han multiplicado numerosos centros de
estudios, periódicos, fundaciones, canales de televisión, periodistas afines al
neoliberalismo, etc., que actúan como una
caja de resonancia a favor de la ideología neoliberal y de los intereses del
capital (en especial la patronal bancaria). La derecha y el capital han
impuesto su lenguaje y reivindicaciones en base a dogmas que son repetidos por
ministros, empresarios y medios de comunicación constantemente. Se han centrado
en insistir: que lo privado debe sustituir imperiosamente a lo público, que se
debe abaratar el despido y precarizar derechos para crear empleo, o que la
estabilidad laboral es una auténtica herejía.
Cuando en
los actuales tiempos de crisis, los gobiernos recortan derechos laborales,
llueve sobre mojado. Actualmente, se está profundizando bestialmente en las
políticas seguidas en las últimas tres décadas que han
desmantelado derechos históricos de la clase trabajadora. Unas políticas que
han sido aplicadas en mayor o menor intensidad por todos los gobiernos desde la
transición. A principios de los años 80 la patronal trabajó activamente por
imponer un programa de ajuste, reconversión, aumento del poder empresarial y
recorte de los derechos laborales. La CEOE no dudaba en hacer campaña (incluso
electoral), pidiendo el voto a la derecha o prestando su apoyo a los sectores
de la UCD más ligados al poder económico, como la denominada “plataforma
moderada”. El líder empresarial, Carlos Ferrer Salta criticaba la falta de empresarios
en el parlamento, aplaudía la política económica de Reagan y Thatcher, y exigía
la aplicación de una política laboral cuyo objetivo principal era precarizar a
la clase trabajadora.
El PSOE en el gobierno
(El primer
paso lo dio en mayo del 1979 en el
XXVIII Congreso del PSOE)
Los débiles
e inestables gobiernos de UCD no consiguieron aplicar los planes estratégicos
de la burguesía. Su política acabo por no agradar a nadie, ni a los
capitalistas que exigían medidas más duras y urgentes contra los trabajadores
para recuperar su tasa de ganancia, ni a la clase obrera, que veía como el peso
de la crisis caía sobre sus espaldas.
Finalmente,
la UCD pasó de obtener siete millones de votos en 1979, a un millón y medio en
las elecciones de 1982. En aquellos comicios, el PSOE liderado por Felipe
González, obtuvo un triunfo histórico, consiguiendo más de diez millones de
votos (48.1%). Esta contundente victoria generó enormes ilusiones entre los
trabajadores y la juventud, que veían en el nuevo gobierno una eficaz
herramienta para que hubiese un auténtico cambio. El PSOE había prometido
reformas que de llevarse a cabo beneficiarían a la clase obrera: creación de
800.000 puestos de trabajo, mantenimiento del poder adquisitivo de los
salarios, jubilación a los 64 años, etc.
Los primeros
pasos del PSOE tras las elecciones fueron sintomáticos. No habían pasado ni
quien días de la victoria electoral, cuando Alfonso Guerra y Felipe González
mantuvieron una reunión con los representantes de la CEOE, Ferrer Salat, y José
María Cuevas. Además Felipe González presidió su primer acto público en el
desfile de la División Acorazada Brunete. Sus promesas electorales en el
terreno social y laboral fueron abandonadas bajo la excusa de la “herencia
recibida” de UCD. Disculpa comodín por parte de muchos gobiernos de todo el
mundo a lo largo de la historia.
El
presidente del Gobierno, fue aplaudido en su visita a la División Acorazada
Brunete
"Es
una verdad histórica y actual que el Ejército es la columna vertebral del
Estado"
ENTREVISTA: ENTREVISTA CON EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO
La política
del PSOE desde el principio fue la de aceptar y gestionar el sistema
capitalista y capitular ante los dictados de la banca y los empresarios. Esta
política generó frustración y desengaño entre las masas, que pronto empezaron a
preguntarse ¿Dónde está el cambio? Por otro lado, ni la Iglesia, ni el
ejército, ni la banca y los empresarios tenían nada que temer. Todo lo
contario, sabían que cuestiones como la reconversión industrial,
privatizaciones, contrarreformas laborales, contención salarial, control del
gasto público, etc., comprendían medidas de ajuste tan duro e impopular, que
solo podían ser aplicadas por un partido como el PSOE. El capital, pronto
comprobó que el PSOE en el gobierno no era ningún enemigo. Además nos
encontramos en un contexto internacional en el que la socialdemocracia europea
ya había empezado a olvidarse de prioridades como el pleno empleo, derechos
laborales, ayudas sociales o los servicios públicos. Estos objetivos se habían
subordinado a nivel internacional a otros como el control de la inflación,
desregulación de las normativas laborales o programas de privatizaciones;
siempre en beneficio del capital financiero. La socialdemocracia había abrazado
completamente una ideología comprometida totalmente con el capitalismo.
Mientras la
banca batía beneficios record en 1983, la CEOE exigía que para ese año la
subida salarial fuese entre un 2 y un 6% inferior a la inflación prevista.
Además se pretendía profundizar que el empleo temporal fuese la norma en
detrimento del empleo estable. En febrero de 1983 se firmó el Acuerdo Interconfederal en
febrero de 1983, por parte de UGT, CC.OO, CEOE y CEPYME.( El Acuerdo Económico y Social - Dialnet) Se establecía la jornada laboral de 40 horas
semanales (que se aplicaría más tarde de lo prometido) y 30 días de vacaciones
a cambio de moderación salarial. La patronal aseguraba que los topes salariales
creaban empleo y continuó exigiendo rebajas en las cuotas empresariales a la
seguridad social, despidos más baratos y fáciles, y legalizar los llamados
contratos basura. El PSOE había prometido crear 800.000 puestos de trabajo,
pero en dos años el país contaba con casi 500.000 parados más, gracias a una
decidida política laboral que era ineficaz en la creación de empleo, pero que
satisfacía las reivindicaciones de la patronal. En dos años de gobierno, según
la EPA el paro había pasado de 2.235.000 a la cifra de 2.710.500 desempleados
en septiembre de 1984. En toda Europa se tomaban medidas para desregular el
mercado laboral con el argumento de combatir el desempleo en un contexto de
paro creciente. Un ejemplo lo encontramos en la República Federal de Alemania,
donde se superó los dos millones de parados en 1982, por primera vez desde
1954.
En 1983
encontramos algunas tímidas reformas en beneficio de la clase obrera. En mayo
de ese año se aprueba que el personal laboral de la administración tuviera
derecho a subsidio de desempleo. Además la Ley 4/1983 reducía la jornada laboral de 43 horas
semanales en jornadas partidas o 42 en completos, a un máximo de 40 horas
semanales. Después se aprobó un incremento del periodo mínimo de vacaciones
anuales de 23 días a 30 días naturales. Desde entonces y al margen de las
conquistas que propició la huelga general 14-D, cuesta encontrar más avances de
este tipo. Aun así, la CEOE se revolvió por la aprobación de la jornada laboral
de 40 horas, e incluso consideraban que podría ser inconstitucional. Una prueba
más de que si por la patronal fuese seguiríamos en la edad de piedra.
Reforma
laboral de 1984
Ante esta
situación, desde el capital se repetía que para luchar contra el paro se debía
precarizar el mercado laboral. En octubre de 1984 se firmó el Acuerdo Económico
y Social, bajo la promesa de creación de Empleo. Almunia, como Ministro de
Trabajo justificó el abandono de la promesa electoral de jubilación a los 64
años alegando que no era urgente ni prioritario.
En cambio se
procedió a aprobar una nueva normativa que extendía la contratación temporal,
que no aparecía en el programa electoral del PSOE. Concretamente fue la reforma
laboral de noviembre de 1984 (Ley 32/1984) suscrita por el gobierno, la
CEOE, CEPYME y con el apoyo inicial de UGT. Por su parte, CC.OO criticó el
acuerdo, y en ese mismo año se llegó a hablar de Huelga General. La reforma
permitía varias modalidades de contratación temporal con el objetivo de
“incentivar la creación de empleo”. Desaparecía la necesidad de causalidad en
los contratos temporales, y se utilizan para puestos que en realidad deberían
ser estables. Se impulsaba el contrato a tiempo parcial y se establecía la
posibilidad de despido colectivo en empresas de menos de 25 trabajadores.
También se extendía la polivalencia en las funciones del trabajador y la
productividad y los complementos en el salario. Una vez más, estos se ataques
se justificaba con la excusa de la crisis económica y la promesa de crear empleo.
En esta
reforma se encuentran los inicios de los contratos basura y la legalización del
fraude en la contratación temporal. Se imponía la temporalidad como la norma
general para contratar y se autorizaban hasta 14 formas de contratación
temporal. La patronal por fin había conseguido el uso del contrato temporal de
forma descausalizada. No hacía falta acreditar razón alguna por la cual el
empresario establecía un contrato temporal y no uno indefinido. La nueva
normativa autorizaba hasta 14 formas de contratación temporal, como
“excepciones al principio general de la contratación indefinida”. Aparecían
modalidades como: contrato de fin de otra, contrato por circunstancias de la
producción, contrato de interinidad o contrato por lanzamiento de una nueva actividad.
Además aumentaba la duración máxima de los contratos en prácticas y formación,
se eliminaban los topes a la contratación temporal en función de la plantilla y
se potenciaban los contratos a tiempo parcial. También se introducían numerosas
bonificaciones fiscales para los empresarios, de hasta 400.000 pesetas por
contratar a mayores de 45 años, e incluso deducciones de 500.000 pesetas en el
impuesto de sociedades por contratar a jornada completa.
Una vez más,
esta normativa basada en la precarización era justificada con la promesa de
creación de empleo. En el pleno del congreso, el 1 de marzo de 1984, Almunia
decía lo siguiente:
Es decir,
desde el PSOE se asumía claramente la mentalidad empresarial y defendían que la
precarización era la única manera de crear empleo y combatir el paro. Por
tanto, no era de extrañar que representantes del capital alabaran la política
económica del PSOE. A estas alturas los representantes del capital aplaudían la
política económica de Felipe González. Desde la CEOE, José María Cuevas
aplaudió públicamente al gobierno por haber aprobado la nueva normativa de
contratación temporal, resaltando que no habían conseguido que otros gobiernos
anteriores aceptaran aprobar una legislación laboral de este tipo. Cuevas llego a referirse a Felipe González en 1984 como un
“gran converso” (y aquí). Otro ejemplo lo tenemos en Rodolfo Martin
Villa, ex ministro de UCD y político del régimen durante de la dictadura de
Franco, quien dijo en el periódico Cinco Días: “Suscribo la política económica
del gobierno, porque no me parece, ni muchos menos de izquierdas2”.
La normativa
laboral de 1984 tuvo un impacto muy negativo en el empleo estable. Un estudio
realizado por CC.OO en 1989 señalaba que un 80% de los contratos eventuales de
fomento del empleo eran irregulares, debido a la generalización del fraude en
la contratación temporal. Se comenzaron a realizar contratos por obra y
servicio sin detallar nada más que esas dos palabras. Se señalaba que solo en
1988 se habían firmado 1.9 millones de contratos eventuales, y además se
denunciaba que la tasa de temporalidad había pasado de un 10% antes de la
reforma de 1984 al 31.5% en 1990.
Agresión
contra las pensiones públicas
El poder
adquisitivo de los salarios reales se había deteriorado más de un 3% en 19843. Tras
atacar los salarios e imponer la precarización en los contratos laborales, el
siguiente paso del gobierno fue atacar las pensiones públicas. En 1985 se
aprobó la Ley de Pensiones (Ley26/1985 de Medidas Urgentes por la Racionalización de la
Estructura y Acción protectora de la Seguridad Social), que fue la
actuación más impopular y contestada en la primera legislatura de Felipe
González. La ley endurecía las condiciones para tener derecho al cobro de
pensiones y reducían la cuantía económica de las mismas. Aumentaba de 8 a 10
años, el mínimo de tiempo cotizado para acceder a una jubilación. Además se
modificaba el sistema de cálculo de prestación en perjuicio del pensionista, eliminando
el derecho de escoger los dos años cotizados de los últimos 10 como base de
cotización y se establecía que el cómputo se hiciera en base a 8 años. Así, el
gobierno conseguía que muchas mujeres quedaran fuera o con pensiones muy bajas.
Esta contrarreforma laboral fue respondida por una Huelga General el día 20 de junio de 1985,
convocada por CCOO y CNT, pero sin el respaldo de UGT. Aunque Nicolás Redondo,
entonces secretario general de la UGT y diputado del PSOE, rompió la disciplina
de partido y voto en contra de la ley en el parlamento.
Posteriormente
no se aposto por endurecer el conflicto y la reforma no pudo ser detenida.
Incluso dos años después, tuvo lugar la aprobación de la Ley 8/87 de Fondos
de Pensiones allanaba el camino a la privatización y su gestión por bancos y
empresas.
Reconversión
industrial y huelga general del 14-D
Los planes
estratégicos de la burguesía española no estaban plenamente aprobados.
Pretendían seguir recuperando los niveles de tasa de ganancia anteriores a la
crisis de los 70 a base de aumentar el nivel de explotación de la clase obrera.
La CEOE exigía controlar el gasto público, más incentivos fiscales para los empresarios,
rebajas de los tipos de interés, reducción de las cotizaciones empresariales a
la seguridad social, facilidad para despedir, y más contratos basura. Además de
pretender la destrucción de derechos laborales, exigían aplicar cuanto antes
una gran reconversión industrial. El capital sabía que lo que ellos y sus
gobiernos no se habían atrevido a realizar lo estaba haciendo ahora un gobierno
del PSOE, con influencia entre las masas. En las elecciones de 1986, la CEOE
tuvo una postura completamente diferente a la defendida en 1982, y por tanto no
hicieron ninguna campaña electoral contra el PSOE. En 1986, Cuevas llego a decir que González compartía las
tesis económicas de la patronal.
En este
contexto, la burguesía española apoyo de forma entusiasta la llamada
Reconversión Solchaga, que suponía destrozar industrias como la siderúrgica o
naval. Se impulsaron los despidos y cierres en las empresas industriales, que
golpeaban a los batallones pesados del proletariado español. Los altos hornos
de Sagunto, la industria naval y siderúrgica fue desmantelada. La Ley de Reconversión de julio de 1984, profundizaba
en esa línea. Durante la aplicación de estos planes se destruyeron 2.700.000
millones de empleos, con un impacto tremendamente negativo en el empleo
estable.
Junto a esta
política, el gobierno intento hacer semiconcesiones incumplidas, como La Ley de
Protección del desempleo, que prometía un aumento de las prestaciones del
desempleo hasta alcanzar al 48% del total de los parados registrados en el INEM
en 1986. Pero a finales de ese año la tasa de cobertura solo alcanzaba al 42%.
Tras la
reforma laboral de 1984, la de pensiones de 1985 y con una reconversión
industrial muy avanzada, el gobierno presento en 1988 la Ley de Empleo Juvenil.
Ese año también se había presentado una reforma laboral parecida en Portugal
que precarizaba las condiciones de trabajo de los jóvenes menores de 25 años,
que fue contestada con una huelga general en marzo de 1988.
La reforma
laboral presentada por el gobierno del PSOE fue la gota que colmo el vaso para
la convocatoria de una Huelga General el 14 de diciembre de 1988. Se
exigía la retirada del Plan de Empleo Juvenil, recuperación del poder
adquisitivo perdido, derecho de negociación publica para funcionarios,
equiparación de las pensiones mínimas al SMI, incremento de la cobertura de
desempleo, establecer un plan de empleo, etc.
La huelga
fue un rotundo éxito, que incluso fue reconocido por el propio gobierno, quien
sufrió un doloroso golpe político. La CEOE exigió que no se retirase la reforma
laboral y no se cediera al “chatanje sindical”, aunque ellos mismos tuvieron
que admitir subidas salariales superiores al 5% para 1989. Por otra parte,
Felipe González se vio obligado a retirar el contrato de inserción para jóvenes
y su Plan de Empleo Juvenil, e incluso a asumir reivindicaciones ofensivas de
los trabajadores. Se consiguió la implantación de las pensiones no
contributivas, el derecho de los funcionarios a la negociación colectiva,
ampliación de la cobertura del seguro de desempleo, cierto control sindical
sobre contratos de trabajo, un incremento en el gasto social, etc.
En 1990 se
consiguió el control sindical parcial sobre información de los contratos de
trabajo, y la patronal exigió que se pusiera fin a la política de concesiones.
Ese año se cerró un ciclo muy alto de conflictividad laboral, traducido en
importantes conquistas laborales y salariales. Según un informe del Ministerio
de Trabajo, en el periodo 1986-1990 España fue el segundo país de la CE con
mayor índice de huelgas.
Este periodo
de semiconcesiones se cerró tras la caída del Muro de Berlín con un profundo
giro a la derecha que allanó el camino para la aprobación de posteriores
contrarreformas laborales y de pensiones. La burguesía tuvo un poderoso regalo
para profundizar en su ofensiva ideológica en un contexto en el que se
multiplicaban los defensores de la economía de libre mercado, con toda su
lógica (incluido el libre despido). La ideología burguesa se impuso en casi
todas las esferas sociales y elites políticas y sindicales, de manera que
comenzó a ser pecado defender una propuesta que fuera contra la libertad de
empresa. Incluso la defensa de la estabilidad en el empleo pasó a ser
considerado una herejía o algo “pasado de moda”.
Se inició un
nuevo periodo, que también debe ser estudiado para comprender el proceso de
precarización que hemos sufrido. La comprensión histórica de esto procesos debe
un paso necesario para emprender activamente la tarea sindical de luchar por
dar un vuelvo al panorama laboral actual y poner fin a esta correlación de
fuerzas tan desfavorable entre capital y trabajo.
Las ultimas
contrarreformas laborales de Felipe González: ataques al subsidio de desempleo
En el
sistema capitalista ninguna victoria es eterna hasta el derrocamiento
revolucionario del mismo. Por tanto siempre que un gobierno hace concesiones
con una mano, intenta quitártelos con la otra en ese momento o más adelante,
tal y como ocurrió en los años 90. En 1991 según la EPA había 2.463.700
parados, y desde el gobierno se aseguraba que era necesario recortar el
subsidio de desempleo y precarizar los contratos para crear empleo.
Ley 22/1992, de 30 de julio, de medidas urgentes sobre fomento del empleo y
protección por desempleo.
En esta
situación, en abril de 1992 el gobierno aprobó un Real Decreto con el apoyo de
CiU y la abstención del PP, que recortaba las prestaciones del paro, tanto en
su cuantía como en su duración, y que endurecía las condiciones para acceder a
cobrar el paro, en un momento en el que había 1.3 millones de parados que no
recibían ningún tipo de prestación. La nueva normativa establecía que el
requisito para cobrar el subsidio consistía en que debías haber trabajado al
menos 360 días para cobrar seis meses de prestación como tope. Hasta entonces
seis meses cotizados concedían el derecho a tres meses de prestación, por tanto
se endurecía su acceso. Además se reducía el cálculo de la prestación para
disminuir su cuantía. Estas medidas contradecían al programa electoral del PSOE
de 1989 que prometía un aumento en la protección a los desempleados. También
entraba en contradicción el hecho de que el propio PSOE se había opuesto en su
día a la ley de empleo de UCD de 1980, mientras que doce años más tarde
aprobaban en el gobierno una reforma parecida y con el mismo objetivo.
El objetivo
consistía en disminuir el número de parados con derecho a prestación y
disminuir el gasto público en subsidios en desempleo. En 1993 las prestaciones
por desempleo dejaron de estar financiadas en los presupuestos, mientras que la
cobertura del subsidio disminuyó sustancialmente entre el conjunto de parados.
El decretazo
del gobierno también aumentaba la duración de los contratos temporales.
Concretamente, el contrato temporal de fomento del empleo pasa de tener un tope
de seis meses, a un año. También se suprimían las becas para que los parados
participaran en cursos de formación.
El gobierno
justificó esta reforma laboral alegando que se debía cumplir con el Tratado de Maastricht. Un Acuerdo europeo que
exigía una reducción del gasto público. También se justificaba con argumentos
parecidos a los que se utilizan ahora: “son medidas que no nos hubiera gustado
tomar”, “no hay alternativa”, etc. El entonces ministro de Trabajo, Luis
Martínez Noval, decía lo siguiente en El País:
No fue una
reforma pactada y CC.OO advirtió con una respuesta más contundente que en 1988,
aunque finalmente solo fue contestada con una Huelga General de doce horas,
para el 28 de mayo de 1992 (en Enseñanza fue de 24 horas por la reducción del
gasto educativo), donde también se protestaba contra un proyecto de ley de
huelga, exigiendo a su vez planes de reindustrialización. Los sindicatos
mayoritarios tantearon con una huelga general en octubre de 24 horas si el
gobierno no retrocedía, pero no cumplieron con las expectativas. Pese a la
tibia respuesta sindical, la CEOE cargó contra la huelga, incluso exigiendo su
ilegalización. La patronal mostró su apoyo al gobierno mientras que se
intensificó una campaña contra los parados, con promesas de creación de empleo.
El gobierno, con el apoyo de la CEOE no dio marcha atrás. Se seguía al dictado
las recomendaciones del FMI de 1992 que recomendaban reducir las prestaciones
por desempleo, pese a que una encuesta del CIS de mayo de 1992 señalaba que el
73% de la población rechazaba los recortes en el gasto público en desempleo.
El ministro
Solchaga aseguró que la reforma estimulaba que la gente buscara empleo. Pero
pese a la promesa de creación de empleo, durante el primer trimestre de 1993 el
número de parados se incrementó en 169.286 personas. Además según datos del
Instituto Nacional de Estadística la tasa de desempleo paso del 20.3% en 1992
al 24.1% en 1994. Año en el que Solbes apuntaba a la creación de 150.000
empleos, mientras España se situaba como país de la OCDE con la tasa de paro
más alta.
La reforma
laboral de 1994: vía libre a las ETTs y a los contratos basura
Un informe
del FMI sobre España publicado en octubre de 1993 recomendaba facilitar el
despido, el empleo temporal, la movilidad geográfica y el poder empresarial
para modificar jornadas y funciones al trabajador. Mientras tanto, la patronal
volvió a la carga insistiendo en las “rigideces del mercado laboral” y la
“dificultad de despedir”. Aunque un informe de CC.OO de 1993 señalaba que en
los últimos 10 años habían sido despedidos 2.3 millones de trabajadores.
El gobierno
siguiendo los dictados del FMI y la CEOE volvió a la carga con más precarización
y a finales de ese año presentó una nueva y profunda reforma laboral (Ley 11/94
y la Ley/1994 de Medidas urgentes de fomento de la ocupación) que ponía patas
arriba el Estatuto de los Trabajadores y otras normativas laborales. Se incluía
la puesta en vigor de una nueva modalidad de contratación más precaria para los
jóvenes en paro. Esto significaba la generalización de “los contratos basura” y
la legalización de la precarización gracias a la Ley 14/94 que legalizaba las Empresas de Trabajo Temporal.
El gobierno quería justificar estas medidas alegando que la tasa de paro
era muy alta (24%), mientras que la CEOE achacaba el alto índice de paro a la
retirada del plan de empleo juvenil de 1988. José María Cuevas lo resumía así:
Por tanto,
la excusa era la misma y una vez más se utilizaba en la exposición de motivos
de las leyes, la crisis económica y la promesa de crear empleo para recortar
derechos. En resumen, la reforma laboral consistía en aprobar la tabla
reivindicativa de la CEOE:
- Romper con el Monopolio del INEM para colocar a
parados.
- Aumento de las causas de despido objetivo, como
las organizativas y de producción.
- Se facilitaba la introducción en los convenios de
normas basadas en la precarización y se allanaba el camino para aplicar
movilidad geografía o funcional.
- Se reducía la eficacia y generalización de los
contenidos de los convenios colectivos, apuntando a una convergencia a la
baja en derechos laborales.
- Potenciación de las relaciones individuales en
detrimento de la negociacion colectiva.
- Legalización de las ETTs.
- Creación de un contrato precario, llamado de
aprendizaje.
El capital
acusaba a quienes se oponían a estas medidas de despreocuparse de los parados.
Esta es y ha sido la excusa preferida de los capitalistas para atacar la
estabilidad en el empleo. Incluso el gobierno del PSOE decía que la reforma
laboral era “progresista”. José Antonio Griñan, entonces el ministro de trabajo, decía
que se pretendía “evitar despidos” y justificaba así la nueva agresión a los
trabajadores: “Se trata de enriquecer la negociación colectiva;
eliminar obstáculos al mantenimiento y creación de empleo”. 6
La nueva
normativa contó con el apoyo de la CEOE y el Círculo de Empresarios. En
diciembre de 1993 el real decreto-ley que modificaba la contratación fue
aprobado en el parlamento con 317 votos a favor (PSOE-PP-CiU-PNV-PAR), 22
negativos (IU, ERC y CC), y dos abstenciones (EA-UV).
El ataque
fue respondido con una huelga general convocada por UGT, CC.OO y CGT para el 27 de
enero de 1994. Un grupo de 500
personas compuestas por catedráticos, inspectores de trabajo y abogados
laboralistas elaboraron un manifiesto contra la reforma laboral y en favor de
la huelga general. El documento alertaba de que la nueva normativa iba a
generar indefensión entre los trabajadores.
La huelga
tuvo una gran incidencia y seguimiento, aunque sin llegar a los niveles del
14-D. CiU amenazó con retirar el apoyo parlamentario al gobierno del PSOE en
minoría si Felipe González daba marcha atrás. IU ofreció negociar su texto
alternativo sin éxito. La huelga no consiguió sus objetivos de retirar la
reforma laboral y los sindicatos mayoritarios UGT y CC.OO no sacaron la
conclusión de que era necesario endurecer la movilización, sino todo lo contrario.
Desde entonces las cúpulas sindicales profundizaron en una política sindical
basada en los pactos, la desmovilización y en el “mal menor”. Mientras tanto el
mercado laboral se precarizaba a pasos de gigante en un ambiente de retroceso
en la conciencia social y de clase. Se abandonó cualquier planteamiento
movilizador, lo que ocasionó el surgimiento del sector crítico en CC.OO y el
enfrentamiento de la cúpula de este sindicato con el PCE y Julio Anguita. Tras
la huelga general, se puede destacar la manifestación de enero de 1995
convocada por la Plataforma Cívica por los Derechos Sociales, aprovechando el
primer aniversario de la Huelga General, con el lema: “Por los derechos
sociales y contra la reforma laboral y el ataque a las pensiones”. El
manifiesta estaba firmado entre otros por Julio Anguita, Marcelino Camacho,
Luis Eduardo Aute, Rafael Alberti o Antonio Gala.
Durante la
última etapa de Felipe González en el gobierno, tuvo lugar el inicio de la
recuperación económica, con el efecto de detener el nivel destrucción de
empleo. Según datos del Ministerio de Economía, en 1995 los empresarios
despidieron a 322.314 trabajadores, un -11.8% que en 1994. La tendencia de
aumento del paro fue sustituida por la creación de empleo precario en un
contexto de crecimiento económico. Pese a la promesa de que esta reforma
laboral iba a crear empleo indefinido, los datos del INEM y la EPA señalan que
de los 8.60 millones de contratos realizados en 1996, solo hubo 204.235
contratos indefinidos, mientras que el 96% fueron temporales. Además, según los
datos que suministró el Ministerio de Trabajo en el informe titulado “La
contratación y paro registrado en 1996”, el 70% de los contratos de 1996
tuvieron una duración inferior a tres meses y el 50% no llegaron a un mes. Solo
el 0.42% fue superior a doce meses. Las ETTs hicieron proliferan contratos que
incluso solo tenían la duración de un día, produciéndose trabajadores con cerca
de 15 contratos al mes.
Con estos
datos no es de extrañar que una encuesta del CIS publicada en enero de 1996
señalara que siete de cada diez españoles consideraban que la reforma laboral
contribuía poco o nada en la creación de empleo.
Pero pese a
que el gobierno del PSOE continuaba tomando medidas que beneficiaban al
capital, la patronal empezó a apostar por un gobierno del PP que abordara de
lleno sus reivindicaciones pendientes, como un abaratamiento del despido o
privatizaciones masivas. Ya en 1994, Cuevas dio su apoyo públicamente a Abel
Matutes como candidato a las elecciones europeas por el PP. Además comenzó a
pedir elecciones anticipadas.
Durante los
años 80 y principios de los 90, el PSOE no solo se había derechizado a sí
mismo, sino que había trabajado duro para derechizar a la sociedad. Las
políticas procapitalistas aprobadas durante casi 14 años, allanaron el camino a
la victoria de la derecha de Partido Popular en las elecciones de 1996, que una
vez en el poder, procedió a aplicar su agenda neoliberal y de recorte de
derechos laborales.
NOTAS:
1 El País,
02/03/1984. El ministro al que se hace referencia es Rafael Calvo Ortega.
2 Cinco Días, 02/01/1985
3 El País, 25/01/1985
4 El País, 22/04/1992
5 -José María Cuevas, “Derecho a la huelga, derecho al trabajo”. El País, 15/01/1994
6 -José Antonio Griñan, “Reforma laboral, un compromiso y una necesidad. El País, 26/01/1994
2 Cinco Días, 02/01/1985
3 El País, 25/01/1985
4 El País, 22/04/1992
5 -José María Cuevas, “Derecho a la huelga, derecho al trabajo”. El País, 15/01/1994
6 -José Antonio Griñan, “Reforma laboral, un compromiso y una necesidad. El País, 26/01/1994
Raúl
Navas es miembro del Comité de Empresa de Correos y secretario de acción
sindical de la sección sindical de CGT de Correos en Madrid
Pactos de la
Moncloa
25 de
octubre de 1977
Los
Pactos de la Moncloa
Los
Pactos de la Moncloa
Ley 8/1980,
de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores.
Estatuto de
los trabajadores (España)
Boletín
nº 2 / Junio de 1995
Pacto de Toledo
Documento en PDF
Pacto de Toledo
Documento en PDF
Pacto de
Toledo
Esta ley
hace referencia al artículo 41 de la Constitución Española y no hace referencia
al artículo 50
Artículo
41
Los poderes
públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para todos los
ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes
ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo. La
asistencia y prestaciones complementarias serán libres.
Artículo
50
Los poderes
públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente
actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera
edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán
su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus
problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio.
Pacto de Toledo
Ley 24/1997,
de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del Sistema de Seguridad
Social.
Ley 47/1998,
de 23 de diciembre, por la que se dictan reglas para el reconocimiento de la
jubilación anticipada del sistema de la Seguridad Social, en determinados casos
especiales.
Miguel
Boyer quiere endurecer el proyecto de reforma de las pensiones presentado por
el Ministerio de Trabajo
UGT
convoca manifestaciones contra la reforma de pensiones propuesta por el
Gobierno
Documentos
de la Huelga General del 20 de Junio de 1985
PSOE
Ley
27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del
sistema de Seguridad Social.
Ley 27/2011,
de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de
Seguridad Social.
Aznar afirma que la "hucha" de las pensiones evita
que el PSOE pueda "meter la mano"
Rajoy, en TVE: "Si hay algo que no tocaré serán las
pensiones"
Rajoy: "Mi intención es mantener la partida de pensiones
en los próximos presupuestos"
10.09.2012
PP
Real
Decreto-ley 28/2012, de 30 de noviembre, de medidas de consolidación y garantía
del sistema de la Seguridad Social
Real
Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de
la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento
activo
Real Decreto
Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social.
Disposición
derogatoria única. Derogación normativa.
Quedan
derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo
dispuesto en el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, y en
particular, las siguientes:
11. La Ley
28/2003, de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad
Social.
Ley 28/2003,
de 29 de septiembre, reguladora del Fondo de Reserva de la Seguridad Social.
Real Decreto
1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo.
Ley 26/1985,
de 31 de julio, de medidas urgentes para la racionalización de la estructura y
de la acción protectora de la Seguridad Social.
Real
Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones.
Así fueron
las principales reformas laborales y acuerdos sociales de la democracia
burguesa
Cronología
de las reformas laborales en España
Auge y
crisis de los grandes acuerdos sociales de los 80. De la clase obrera al
mercado de trabajo
La ‘hucha
de las pensiones’ ya solo invierte en deuda pública española
23 MAR 2015
90% de Fondo
de Reservo empeñado en deuda española
El 90% de
Fondo de Reserva estará invertido en deuda pública española a final de año
04-03-2010
Moncloa invierte el 88% del fondo de reserva en deuda española a costa de
la alemana
30.03.2011
La 'hucha'
de las pensiones invierte ya el 90% en deuda española
11/04/2012
La hucha
de las pensiones invierte el 90% de sus recursos en deuda española
11 ABR 2012
El 90% de la hucha de las pensiones está empeñado en deuda española
04/01/2013
Pensión de Acompañamiento España Fondo Drenajes
Por DAVID
ROMÁN 3 de enero, 2013
El 90% del fondo de las pensiones se ha invertido en
deuda pública
08/01/2013
España
saquea el 90% del fondo de la Seguridad Social para comprar su propia deuda
Jan 3, 2013
España usa fondos que respaldan el pago de pensiones para comprar deuda
soberana
Por DAVID
ROMÁN viernes, 4 de enero de
2013
Spain Drains Fund Backing Pensions
Jan. 3, 2013
'Der
Spiegel' acusa a Rajoy de "saquear" el fondo de reserva de las
pensiones para evitar el rescate
08/01/2013
http://www.lavanguardia.com/politica/20130108/54358716078/der-spiegel-rajoy-saquear-fondo-de-reserva-evitar-rescate.html
Spanien plündert Rentenreserve seiner Bürger
El 97%
del Fondo de Reserva de las pensiones estaba invertido en deuda pública
española al cierre de 2012.
04.04.2013
El 97% de
la hucha de las pensiones está invertido en deuda española
04.04.2013
El fondo
de reserva de las pensiones sube en 1.740 millones hasta los 62.500
De la
Vega destaca que el 'colchón' demuestra la "buena salud" del sistema
El Gobierno
ha aprobado hoy una dotación extraordinaria de 1.740 millones de euros para el
Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que supera ya los 62.500 millones de
euros, según ha anunciado hoy la vicepresidenta primera del Gobierno, María
Teresa Fernández de la Vega, tras la reunión del consejo de ministros.
En plena
polémica sobre la propuesta del Gobierno de elevar de 65 a 67 años la edad de jubilación para garantizar la viabilidad del sistema más allá de
2023, De la Vega ha destacado que es una decisión "importante" que
"muestra la buena salud de la que goza la llamada hucha de las
pensiones". Además, ha explicado que la nueva dotación será a cargo de los
excedentes del 2008.
Por otra
parte, el Consejo de Ministros también ha aprobado un acuerdo por el que
autoriza al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a conceder primas al
Fondo de Reestructuración y subvenciones de intereses de préstamos para los
armadores por un importe total de 62,2 millones de euros. Asimismo, también han
dado su visto bueno a operaciones de endeudamiento a las comunidades de
Extremadura, La Rioja, Castilla y León y Murcia por un valor global superior a
los 1.400 millones de euros.
Estas
operaciones de endeudamiento se destinarán a cubrir las necesidades de
financiación derivadas del ejercicio 2009 y previstas en el plan de
reequilibrio remitido al Consejo de Política Fiscal y Financiera.
El fondo
de reserva de las pensiones triplica su objetivo en 2004 al rozar los 20.000
millones
18 ENE 2005
Generó
más de 1.100 en intereses e invirtió por primera vez 875 millones en deuda
pública de Alemania, Francia y Países Bajos
El
importe del Fondo invertido en activos financieros públicos asciende a
64.373,86 millones de euros y está compuesto por deuda en un 87,9% y en un
12,1% en deuda extranjera. www.rtve.es/noticias/20110329/fondo-reserva-seguridad-social-supera-ya "
El fondo
solo invierte en deuda. Nada más. Aquí tienes un resumen de 2011: www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/166228.pdf
El BCE
comprará deuda "sin límite" si los países piden el rescate y cumplen
de forma "estricta"
06.09.2012
Moncloa invierte el 88% del fondo de reserva en deuda española a costa de
la alemana
30.03.2011
El
Gobierno sacó 15.300 millones de la ‘hucha de las pensiones’ en 2014
23 ENE 2015
24 MAR 2015
Empleo
saca otros 7.750 millones del Fondo de Reserva de las pensiones
3 DIC 2015
La Seguridad Social saca otros 8.700 millones del Fondo de Reserva
2 JUL 2016
La Seguridad Social saca 1.000 millones más del Fondo
de Reserva
El
Ministerio de Empleo ya dispuso de otros 8.700 millones a comienzos de mes
21 JUL 2016
La
Seguridad Social saca otros 8.700 millones del Fondo de Reserva
Es la mayor cantidad de dinero utilizada hasta ahora por el Gobierno para
pagar las pensiones y deja la 'hucha' con 25.176 millones
2 de julio
2016
El canalla
de Felipe González considera que las dictaduras de su amigo y aliado Pinochet y
Franco eran más respetuosas que la Venezuela de Maduro. Las miserias del PSOE
Pedro
Sánchez trabajó en Bosnia en la década de los 90 al servicio del FMI y el BM
Podemos
ficha como número 2 al Congreso por Zaragoza, al general Julio Rodríguez que
dirigió el bombardeo contra Libia, fue Jefe del Estado Mayor de la Defensa
(JEMAD) entre 2008 y 2011 con el Gobierno de Zapatero.
Informe
confidencial en Wikileaks: el general de Podemos 'es pro EEUU', según la
Embajada de EEUU
CIDOB la
fundación de George Soros
Felipe González
Márquez
Especial TVE
Elecciones 1977 - Parte 4 - Felipe González (PSOE)
Sobre las
consecuencias de la reforma del artículo
135 de la Constitución Española
Informe de
Red Roja sobre la Ley Orgánica 2/2012. El final de cualquier soberanía y el
arma de destrucción masiva de los servicios públicos
Plan B
contra la austeridad ¿o ilusionismo “democratizador”?
