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Septiembre 2013
1.
Fundamentos
Desde la primera línea del Preámbulo y a lo largo de su desarrollo, la
Ley 2/2012 en repetidas ocasiones reclama, casi con ampulosidad sus fuentes de
derecho: “La estabilidad presupuestaria, consagrada constitucionalmente…”.
El único fundamente jurídico de esta Ley es el nuevo artículo 135 de la
Constitución Española. La “consagración” se produjo hace dos años, el 30 de
agosto de 2011, conducida por el Gobierno Zapatero – no ya sin referéndum –
sino sin que mediara debate social alguno, y con un apoyo parlamentario mucho
menor que el que tuvo la Constitución de 1978
1.1.
Artículo 135 de la Constitución Española
La reforma del artículo 135 de la Constitución Española 2 cuya aplicación práctica tiene
consecuencias semejantes a las de un golpe de estado, fue sancionada con el
voto de PP, PSOE y UPN. Los grupos de la izquierda se ausentaron y PNV y CiU,
presentes en la cámara, no votaron.
El nuevo texto, como es sabido, establece que: la “>Los créditos para
satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las
Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus
presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta” 3. Además exige a todas las
administraciones públicas someter su déficit estructural y su deuda pública a
los límites fijados por la Unión Europea. Además establece que: “>Los
créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las
Administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus
presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta “.
1.2.
Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión Económica y Monetaria
(TSCG)
Curiosamente, la verdadera decisión política que pone en marcha, tanto el
nuevo artículo 135 de la Constitución, como la Ley 2/2012, no es la voluntad de
la mayoría parlamentaria que la vota, sino el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión
Económica y Monetaria (TSCG) 4 de 2 de marzo de 2012.
El TSCG obliga a “las partes contratantes”,
los estados miembros de la UE cuya moneda es el euro, a introducir la “regla del equilibrio presupuestario”,
incluidas medidas correctoras “automáticas y permanente” en caso de
incumplimiento y las correspondientes multas coercitivas al Estado miembro que
incumpliere alguno de sus preceptos.
El Tratado se refiere también a: “la obligación de las Partes
Contratantes de transponer la «regla de equilibrio presupuestario» en sus
ordenamientos jurídicos nacionales, mediante disposiciones vinculantes,
permanentes y preferentemente de rango constitucional”.
Por primera vez en un Tratado de la UE se prescinde de la necesaria
unanimidad. La pérdida de legitimidad democrática se ha impuesto como mal menor
tras el fracaso de la Constitución Europea. Para su entrada en vigor se
requiere la convalidación parlamentaria de 12 de los 17 miembros cuya moneda es
el euro, prescindiendo de los otros10, por lo que su viabilidad depende de que
el proceso de ratificación sea rápido en el mayor número de Estados posible.
Teniendo en cuenta que el TSCG es del 2 marzo de 2012, es evidente que la
reforma constitucional plasma con nueve meses de antelación, y en el marco
legal más alto, una obligación que aún no
había contraído.
2.
Tramitación parlamentaria de la Ley 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y
Sostenibilidad Financiera.
Para rematar el patético vodevil de extorsión y sojuzgamiento de
cualquier resto de soberanía, el Proyecto de Ley Orgánica de Estabilidad
Presupuestaria, que supuestamente obedece el mandato del nuevo artículo 135 de
la Constitución y “da cumplimiento al Tratado de Estabilidad, Coordinación y
Gobernanza en la Unión económica y Monetaria, de 2 de marzo de 2012…”, tiene
los siguientes plazos de tramitación:
- Se aprueba en el
Consejo de Ministros de día 2 de marzo, tras los correspondientes informes
como el del Consejo de estado, el mismo día de la firma del TSCG, del
que supuestamente emanaba.
- Es remitido por el
Gobierno al Congreso 5, solicitando el procedimiento
de urgencia, al día siguiente de la firma del TSCG.
El procedimiento absolutamente servil por el que se establece el
mecanismo más férreo para impedir el ejercicio de la soberanía política en los
gobiernos de todos los niveles del Estado pone de manifiesto la jerarquización
militar con la que los ejecutivos y los grupos parlamentarios que representan a
la burguesía implementan sus órdenes y sitúa claramente a la UE en el nivel
máximo del escalafón. Y la confirmación de la desaparición de cualquier
vestigio de democracia.
La Ley 2/2012 fue votada por PP, CiU, UPyD, Foro y UPN, en total 192
votos, superando apenas la mayoría absoluta de los diputados, requerida por su
carácter de Ley Orgánica.
El PSOE, a pesar de que la Ley de Estabilidad Presupuestaria
desarrolla el artº 135 de la CE, propuesto por su Gobierno y votado por su
Grupo Parlamentario, tras intentarse in extremis un acuerdo
con el PP, interrumpiendo para ello el Pleno del Congreso, votó en contra de la
Ley porque defendía que el tope máximo del déficit estructural fuese del 0,4%
del PIB 6, frente al 0% que finalmente se aprobó.
Para rizar el rizo de las florituras parlamentarias y profundizar el
lodazal de confusión y mentiras en el que se arrastra la política
institucional, el TSCG – votado por el Congreso el 21 de junio de 2012 – recibe
el apoyo de PP, PSOE, PNV, CiU, CC y UPyD. La actitud incoherente de grupos
como PSOE, PNV y CiU debe situarse a medio camino entre el papanatismo
europeísta y el más descarado oportunismo para sustentar una labor de oposición
al PP cada día menos creíble.
Los partidos de izquierda que votaron en contra de ambos proyectos se han
limitado a los debates, declaraciones de prensa y votaciones parlamentarias,
sin que hayan dado ningún paso explicar al pueblo trabajador la enorme
trascendencia de la nueva Ley, ni mucho menos para promover plataformas de
movilización para exigir la derogación de ésta.
La Ley es de aplicación a todas las Administraciones Públicas: Estado,
Comunidades Autónomas, Corporaciones Locales y Seguridad Social. Artº 1.
Establece la obligatoriedad para todas ellas que el llamado déficit
estructural (sustancialmente el gasto en servicios públicos) sea igual a cero o
tenga superávit en 2020, situación que deberá ser mantenida a perpetuidad.
El nivel de deuda pública en todas la Administraciones Públicas no podrá
ser superior al 60% del PIB. En 2013 supera el 92%. Este 60% del PIB a nivel se distribuye así: 44% Administración Central,
13% de su PIB para el conjunto de las CC.AA y 3% para el conjunto de las
Corporaciones Locales (Artº 13).
Conseguir un déficit estructural cero o el superávit en una situación
marcada por la caída progresiva y de gran envergadura de los ingresos de las
administraciones a todos los niveles, por un lado como consecuencia de la caída
sin final previsible de la actividad económica, y por el otro, y sobre todo,
porque no hay la menor voluntad política
de actuar, ni contra la evasión de capitales, ni contra el fraude fiscal, ni
mucho menos de incrementar la tributación de grandes fortunas y empresas.
Si se tiene en cuenta que el déficit estructural 7 fue
del 5,9% en 2012, reducirlo a cero en 2020, o en 2018 como ha anunciado el
gobierno, y en la situación fiscal descrita supone reducir drásticamente el
gasto público e incrementar de forma sistemática, permanente y demoledora el
ataque a la sanidad, la educación, los servicios sociales y las pensiones.
Pero,
además en el caso hipotético de que alguna administración obtuviera ingresos
superiores a los previstos, la Ley mandata que no se destinen a financiar
nuevos gastos, sino que “se destinarán íntegramente a reducir
el nivel de deuda pública”(Artº 12.5).
Las únicas excepciones las concreta el artículo 11.3: las
Administraciones Públicas sólo podrán “incurrir” [el término incurrir significa
c>aer en una acción merecedora de castigo o corrección] en déficit
estructural en caso de catástrofes naturales, recesión económica grave o
situaciones de emergencia. Aún así “Esta
desviación temporal no puede poner en peligro la sostenibilidad fiscal a medio
plazo”
Se establecen exhaustivos mecanismos de control del cumplimiento
de los objetivos. Si se detectan desviaciones que pudieran llevar a
incumplimientos se introducen procedimientos preventivos y de alerta
temprana que obligan a la adopción de medidas para reconducir la
situación. Por ejemplo, si el volumen de deuda pública alcanza el 95% del
límite del 60%, las únicas operaciones permitidas a la Administración
correspondiente serán las de tesorería (Artº 18.2)
Si el incumplimiento finalmente se produce, todas las operaciones de
endeudamiento de la Comunidad Autónoma o el Ayuntamiento precisarán
autorización del Estado (Art. 20) Además, entre otras medidas, se obliga a la
elaboración de un Plan Económico Financiero para cumplir los objetivos en el
plazo de un año.(Art. 21)
En el caso
de incumplimiento, de las medidas correctivas se pasa a las coercitivas.
Si la Administración en cuestión no presenta, o se incumple, el Plan
Económico-Financiero la Administración superior correspondiente le anula la
disponibilidad de créditos. Así mismo, el Estado puede ejercer competencias
normativas atribuidas a las CC.AA. en relación con determinados tributos (Art.
25.1.a).
La Administración incumplidora deberá “constituir un depósito con
intereses en el Banco de España equivalente al 0,2% del PIB nominal de su
término municipal o autonómico. Dicho depósito se convertirá en multa
si persiste el incumplimiento durante más de 6 meses (Art. 25.1.b)
Si la rebeldía del gobierno correspondiente persiste, se pasa
directamente a mayores: “En caso de no atenderse el requerimiento, el Gobierno,
con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, adoptará las medidas
necesarias para obligar a la Comunidad Autónoma a su ejecución forzosa. Para la
ejecución de las medidas el Gobierno podrá dar instrucciones a todas
las autoridades de la Comunidad Autónoma” (Art. 26.1). Es decir, la
Comunidad Autónoma queda intervenida por el Gobierno del Estado.
Si el rebelde es un Ayuntamiento, quien debe adoptar “las medidas
necesarias para obligar a la Corporación Local al cumplimiento forzoso de las
medidas contenidas en el requerimiento”, es el Gobierno Autonómico. Si ésta no
lo hiciera, “En el caso de que la Comunidad Autónoma que tenga atribuida la
tutela financiera no adoptase las medidas contempladas en este apartado, el
Gobierno requerirá su cumplimiento por el procedimiento contemplado en el
apartado 1” (Art. 26.2) Es decir, el Gobierno del Estado interviene al Gobierno
Autonómico.
En el caso de los gobiernos municipales que persistan, erre que erre, en
anteponer los intereses de la ciudadanía al orden establecido, léase el
incumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria o de deuda pública,
“podrá considerarse como gestión gravemente dañosa para los intereses
generales, y podrá procederse a la disolución de los órganos de la Corporación
Local incumplidora…” (Art. 26.3). Se aplicaría el artículo 61 de la Ley de
Bases de Régimen Local, que fue concebido como legislación antiterrorista para
disolver los ayuntamientos gobernados por la izquierda abertzale y que, como
advertimos entonces, ahora se aplica a los gobiernos municipales que incumplan
los mandatos del gran capital, encarnados en la UE y establecidos en el TSCG.
1. El Consejo de Ministros, a iniciativa propia y
con conocimiento del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma
correspondiente o a solicitud de éste y, en todo caso, previo acuerdo favorable
del Senado, podrá proceder, mediante Real Decreto, a la disolución de los
órganos de las corporaciones locales en el supuesto de gestión gravemente
dañosa para los intereses generales que suponga incumplimiento de sus
obligaciones constitucionales.
2. Se considerarán, en todo caso, decisiones
gravemente dañosas para los intereses generales en los términos previstos en el
apartado anterior, los acuerdos o actuaciones de los órganos de las
corporaciones locales que den cobertura o apoyo, expreso o tácito, de forma
reiterada y grave, al terrorismo o a quienes participen en su ejecución, lo
enaltezcan o justifiquen, y los que menosprecien o humillen a las
víctimas o a sus familiares.
Finalmente, el último artículo, el 32, cierra cualquier posibilidad de
mejora de los servicios públicos, aún en el improbable caso de que la
liquidación presupuestaria de la administración correspondiente se situara en
superávit: todo debe ir a reducir la deuda.
La disposición transitoria primera precisa cómo debe hacerse:
a) Para cumplir el objetivo de deuda pública (60% PIB). Se
deberán cumplir, entre otros, los siguientes requisitos:
1. Los “empleos no financieros de cada Administración” [léase salarios
empleados públicos y prestaciones sociales] no podrá superar la tasa de
crecimiento real del PIB.
2. Si la economía tuviera una tasa de crecimiento real de más de un 2%,
la ratio de deuda pública se reducirá, al menos, en 2% del PIB. Es decir, todo
el hipotético crecimiento va de forma indefinida a los bancos.
b) Para cumplir el objetivo de déficit estructural.
Debe reducirse, al menos, a un ritmo del 0,8% anual [8.000 millones de
euros adicionales cada año, para el PIB actual].
La disposición final primera señala como única fuente de competencias
para esta Ley, el artículo 135 de la Constitución y la disposición adicional
tercera regula la impugnación ante el Tribunal Constitucional de las normas,
actos o resoluciones “de cualquier órgano de las CC.AA. [con o sin fuerza de Ley]
que vulneren los principios establecidos en el artículo 135 de la Constitución
y desarrollados en la presente Ley”.
4.
Valoración política.
Cuando Lenin explica que empiezan a darse condiciones revolucionarias
cuando los de arriba no pueden seguir gobernando como lo hacían y
que esas situaciones aparecen con fuerza en las grandes crisis económicas del
capitalismo, sabía lo que decía.
La pérdida de rentabilidad del capital y la correspondiente lucha feroz
por los beneficios lleva a la burguesía a arrancarse la máscara de la supuesta
de la más elemental democracia, atropellando incluso su propia Constitución.
El objetivo de conseguir ganancias a toda costa se realiza reduciendo
drásticamente salarios y derechos laborales, disminuyendo el gasto público en
sanidad, educación, servicios sociales, seguro de desempleo, enfermedad y
pensiones, y privatizando todo servicio público susceptible de producir
beneficios, como garantiza la Ley 15/97 en sanidad.
La
burguesía, ante una gigantesca destrucción de capital –que no ha hecho más que
empezar y que está generando un monumental ejército de reserva de desempleados
y desempleadas - ha decidido prescindir de los gastos de reproducción de una
fuerza de trabajo que no necesita y que – cuando sucumba – puede ser fácilmente
sustituida.
La calificación de Golpe de Estado aplicada a la Reforma Constitucional
del artículo 135 está plenamente justificada por cuanto, por sí misma invalida
el artículo 1 de la Constitución que establece que “España >se constituye en
un Estado social y democrático de Derecho” y el 2 que dice que “la soberanía
nacional reside en el pueblo Español”. Más allá de la denuncia de la ausencia
de reconocimiento del Derecho de Autodeterminación, es evidente que no ya
ninguno de los pueblos del Estado español, ni tan siquiera quienes ostentan
poderes en las administraciones públicas por elección directa, como es el caso
de los Ayuntamientos, o en representación de mayorías parlamentarias como los
Gobiernos de las CC.AA. o del Estado, carecen de capacidad alguna para decidir
la forma en que se gasta el dinero público, que a su vez proviene – casi en
exclusiva – de las y los trabajadores.
>El hecho de que la Reforma +Constitucional se produjera en una semana
(se anuncia el 23 de agosto y se vota el 30) sin Referéndum, mediante una
simple votación parlamentaria, en plenas vacaciones, mediante un Pleno
Extraordinario del Congreso y con el apoyo sólo de PP, PSOE y UPN, da cuenta
del auténtico quebrantamiento constitucional perpetrado.
>Cualquier atisbo de legitimidad democrática que pudiera quedarle a la
Constitución de 1978 queda aniquilado. No obstante, todo sigue atado y bien
atado: la suma de los diputados que se opusieron a la reforma es inferior a 50,
número mínimo requerido para presentar Recurso de Inconstitucionalidad.
>Y no sólo eso, ni los sindicatos mayoritarios, ni los partidos de la
izquierda institucional, han explicado la enorme trascendencia de esta Ley
2/2012, que desarrolla el artículo 135 y el TSCG, a una población inquieta y
movilizada. Mucho menos han movilizado a las trabajadoras y trabajadores contra
la Ley y contra la ratificación parlamentaria del TSCG, al contrario de lo
ocurrido en Francia con decenas de miles de manifestantes>9> o
en otros lugares de la UE.
>La desvergüenza y la hipocresía de seguir denunciando “los recortes
del PP” sin apuntar a las manos que mecen la cuna, las del PSOE, apenas ocultan
su doble función: evitar que los pueblos se enfrenten al sistema capitalista y
a los partidos políticos que lo sostienen y abonar el terreno con el objetivo “todos
contra el PP” esperando una vuelta, no ya al Estado del Bienestar – que
saben mejor que nadie que es imposible – sino del gobierno de los amigos, más
generosos en subvenciones.
>La posición de IU, que votó en contra de las tres normas, es
exactamente la misma de otras veces, por ejemplo con la Ley 15/97, de Nuevas
Formas de Gestión en sanidad. Vota en contra, pero como su estrategia está
centrada en intentar gobernar con el PSOE como sea, no desarrolla campaña sostenida
alguna de movilización - más allá de declaraciones puntuales que se olvidan al
día siguiente - para no dejar en evidencia al aliado.
>Es decir, la izquierda travestida, que representa al capital, trata
de impedir la segunda condición que establecía Lenin para que se de una
situación revolucionaria, >que los de abajo ya no acepten ser dominados
como antes. >Y para ello> >es preciso que la
conciencia difusa del expolio a que nos someten – que es ya mayoritaria - se
concrete en propuestas de combate que permitan acumular fuerzas.
Sólo la organización y la lucha, condiciones indispensables para que se
extiendan la información y la conciencia, pueden denunciar eficazmente en la
plaza pública el escarnio de que esta Ley se justifique para “el crecimiento y
la creación de empleo, asegurar el bienestar y ofrecer un futuro más próspero,
justo y solidario”, cuando el conjunto de la norma va dirigida a estrangular el
gasto de las administraciones en servicios públicos. Sólo la fuerza
organizada del pueblo trabajador puede hacer añicos la argumentación de que el
deterioro de las finanzas públicas por la vía de la reducción de ingresos,
desde 2008 y a consecuencia de la crisis, “agotó rápidamente los márgenes de
maniobra de la política fiscal, obligando ahora a practicar un fuerte ajuste”.
Por ello dice que “no hay margen para cambios en la política fiscal”; en uno de
los estados de la UE con mayor fraude fiscal identificado, que alcanzó en 2012
el 6% del PIB, y del que las grandes empresas concentran el 72% y al que hay
añadir el correspondiente a la economía sumergida, que alcanza el 25% del PIB.
La evasión de capitales hacia paraísos fiscales, protagonizada por las grandes
fortunas encabezadas por la familia real y por las grandes empresas se calcula
que supera al PIB: más de un billón de euros.
La lucha por no pagar su deuda, por explicar que es imposible cualquier
mejora en las condiciones de vida y de trabajo que no pase por salir del euro y
de la UE tiene en el combate contra esta Ley contra el TSCG, >como
señala Aurora Despierta en un reciente artículo10 un
instrumento de lucha privilegiado que permite a los diferentes movimientos
sectoriales un objetivo común.
Al mismo tiempo la exigencia de derogación del Tratado y de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, permite establecer una
línea de demarcación clara entre la izquierda y la derecha, independientemente
del nombre de las siglas. Más aún, esa denuncia debe explicar con
claridad la inutilidad de votar a cualquier opción política que no plantee
claramente el no pago de la deuda y la consecuente salida de la Unión Monetaria
y de la UE; porque dentro no hay margen de maniobra alguno y porque las medidas
previstas en la Ley 2/2012 van destinadas a eliminar a cualquier fuerza política
que cometa el “delito” de priorizar las políticas sociales por encima de
cualquier otra partida de gasto.
Estas tres normas muestran con nitidez cuál es la política del capital y
la de sus gobiernos – y la que pretende ocultar la izquierda pactista. Sin
embargo sabemos que la aplicación práctica de las leyes, así como las
sentencias de los tribunales, dependen de algo tan dinámico, como la
correlación de fuerzas, en definitiva de la lucha de clases.
La lucha contra ambas leyes y la intensificación del combate contra la
Constitución de 1978 arranca la máscara de capitalismo humanizado de la UE
mostrando su feroz rostro imperialista y desvela la engañifa de la consigna de
“la vuelta del Estado de Bienestar”. En definitiva permite, paso a paso y desde
lo concreto, que cada vez más gente compruebe que no hay salida en el
capitalismo y vayamos acumulando las fuerzas necesarias para destruirlo.
Septiembre de 2013
5http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/Congreso/Iniciativas?_piref73_2148295_73_1335437_1335437.next_page=/wc/servidorCGI&CMD=VERLST&BASE=IW10&FMT=INITXDSS.fmt&DOCS=1-1&DOCORDER=FIFO&OPDEF=ADJ&QUERY=(121%2F000003*.NDOC.)
7 El déficit estructural es el
déficit público de carácter permanente que se produce independientemente de la
influencia del ciclo económico sobre ingresos y gastos.
9 http://www.citizenside.com/fr/photos/politique/2012-09-30/68735/manifestation-contre-le-pacte-budgetaire-europeen-a-paris.html#f=0/577776
10 http://www.kaosenlared.net/territorios/t2/internacional/item/66075-la-lucha-contra-la-privatizaci%C3%B3n-sanitaria-fracasar%C3%A1-por-no-exigir-la-derogaci%C3%B3n-de-la-ley-de-estabilidad.html?tmpl=component&print=1
Nota del editor de este blog:
Este es el
artículo que está desactivado, he tenido que buscar los otros artículos que
recomienda. Para los siguientes artículos que aporta cada artículo, puede
recuperarlo copiando el título del artículo y ponerlo en google y saldrá.
La lucha
contra la privatización sanitaria fracasará por no exigir la derogación de la
Ley de Estabilidad
Escrito
por Aurora Despierta
21 AGOSTO
2013
Sólo
podemos evitarlo si a la lucha contra los recortes y la ley 15/97 de sanidad, unimos la lucha por
la derogación de la Ley de Estabilidad, “madre” y “motor” de todos los
recortes, unificando las luchas en un frente común contra la ofensiva estratégica
de las burguesías y estados de la U.E.
[Copia este
artículo para leerlo con la calma que se merece] [Para leer con
líneas anchas, prueba: símbolo impresora, tamaño fuente +, y más
zoom] [Para leer bien el cartel de la imagen, clic sobre ella,
ratón derecho, mejor opción]
Tenéis aquí
una estrategia de lucha para salvar la sanidad pública, evitar
los recortes así como las privatizaciones, que permitirá salir del callejón en
el que se encuentra la lucha y su deriva a la derrota, si seguimos tal y cual
está ahora planteada. Aunque sólo sea por comprobar si de verdad acierto
y darnos una oportunidad para vencer, vale la pena que leas y
estudies este texto a pesar de su extensión.
I.- UN
NUEVO ENFOQUE, una ESTRATEGIA PARA evitar la derrota y VENCER
Voy a
mostraros por qué la lucha contra los recortes y la privatización de la
sanidad, está condenada al fracaso, a corto, medio y sobre todo largo
plazo, si no planteamos nuestra lucha con la estrategia adecuada,
esto es, si no luchamos por la derogación de la Ley de
Estabilidad Presupuestaria.
Veréis cómo
el mejor movimiento para luchar contra los recortes en
sanidad y las privatizaciones, es lanzar la maniobra envolvente de
atacar la Ley de Estabilidad Presupuestaria (además de la Ley 15/97 de gestión
sanitaria), porque esta ley, la bota con la que quieren aplastarnos, esconde
también su Talón de Aquiles ¡por eso procuran ni mentarla!
A quienes
mis palabras os suene a chino, os debo una explicación inicial que os hará
entender el por qué de vuestra incomprensión.
La Ley de
Estabilidad Presupuestaria (Ley Orgánica 2/2012; basta con que
pongas esto en internet para que te la descargues) es una ley sobre la cual, la
casi totalidad de la ciudadanía española, lo ignora todo, incluso su
existencia, gracias al complot de silencio para resguardarla
de nuestra atención y ataques, con la complicidad de muchos (sindicatos,
izquierda) y la ceguera e incompetencia del resto. Es un escándalo y una
vergüenza de dimensiones históricas que a estas alturas yo, una “vieja” trabajadora,
deba seguir centrando mis esfuerzos en explicar lo que ya tendría que ser de
más conocimiento público que el caso Bárcenas. Pero el hecho de que
no lo sea, aunque todas las pruebas estén ahí, en el B.O.E. (Boletín Oficial
del Estado), en vídeos y actas de los debates parlamentarios, en documentos de
uno u otro tipo (BBVA, Comisión Europea, FMI, informe de los expertos del
“pensionazo”, etc.), hace que sea yo quien parezca la rara y deba ganarme a
pulso la credibilidad ante el lector/a cada vez que escribo sobre ello, cuando
es la situación la anormal, surrealista, esquizoide, e inaudita, para volverse
loca o tirar la toalla. Si los 80.000 franceses que el 30/9/2012 se
manifestaron en París contra el TSCG, supiesen de nuestra ignorancia sobre el TSCG
y ausencia total de lucha ¡a estas alturas! contra su versión española (la Ley
de Estabilidad ¡peor que el propio TSCG!), no podrían dar crédito al hecho, y
nos calificarían de país políticamente peor que tercermundista; alucinante que
siendo miembro de la Unión Europea y de la eurozona, la casi totalidad de la
población ignore la existencia, naturaleza y enorme trascendencia histórica (sus
efectos los notaremos cada año y “a perpetuidad”) de un pilar
fundamental de la U.E., y no se haya dado ni un solo paso (en sentido
figurado o en manifestación) contra ello. Preguntarían “¿dónde está, qué hacen
vuestra izquierda, sindicatos, revolucionarios?” Y yo les contestaría: “Rien”,
es decir “Nada”, y algunos se ríen de nosotros a la cara porque no sabemos de qué.
Efectivamente, este país “es diferente”, y ni Catalunya, ni Euskal Herria, que
se creen tan distintas y por encima de la media, se salvan. Y en cuanto a
nuestros revolucionarios, este hecho demuestra de modo incontestable que muy
probablemente tengamos la colección de organizaciones “revolucionarias” más
incompetentes de Europa. Kaosenlared es la únicaweb de todo el
estado español (ni izquierda, ni sindicatos, ni organizaciones revolucionarias)
que está dando amplia cobertura a esta denuncia frecuente de la Ley de
Estabilidad-TSCG publicando mis artículos, algunos como “Destacado”. Si
no fuese por Kaosenlared, el silencio sobre el tema sería prácticamente total
en el estado español. Ya tenemos el precedente de la peligrosidad
de una ley resguardada en la sombra: la ley 15/1997 de
gestión sanitaria, que ha servido para permitir las privatizaciones que estamos
ahora sufriendo. No podemos permitirnos el lujo de volver a caer en el mismo
tipo de maniobra, porque las consecuencias, con la Ley de Estabilidad-TSCG,
combinada con la Ley 15/1997 y otras, serán en este caso incomparablemente
peores y afectando a todas las facetas de la existencia.
II.-
CRISIS CAPITALISTA y REDUCCIÓN de NUESTROS DERECHOS a MAYOR GLORIA DEL
BENEFICIO
Si la
crisis es para nosotros reducción de salarios, desempleo, trabajo
precario y a tiempo parcial, aumento de la jornada real con horas no pagadas,
subida de impuestos al consumo, tasas, etc., para la burguesía se
traduce en reducción de los beneficios, bien directamente por el
descenso de la tasa de ganancia (relación entre el beneficio y la inversión
total), bien porque no puede realizar el beneficio e incluso recuperar toda la
inversión, al no vender todas las mercancías o servicios, por saturación del
mercado o falta de demanda solvente (no lo es la que no pueda pagarlo por mucho
que lo necesite).
La
burguesía recupera sus beneficios mediante la reducción de los costes de
mantenimiento de la clase trabajadora y sectores populares (disminución
de salarios directo por reducción o aumento del trabajo o ambos, disminución
del salario indirecto y diferido con los recortes en los costes de sanidad,
educación, pensiones, dependencia, subsidios de desempleo, recortes salariales,
en empleo y en derechos a los trabajadores/as que prestan esos servicios, etc.)
y creando nuevos nichos de negocio con nuevos productos con demanda
solvente, o bien, teniendo garantizada una demanda, convirtiendo en negocio lo
que antes no lo era, por ejemplo, mediante las privatizaciones de
productos y servicios del Estado, en concreto, de la sanidad.
III.- Las
DOS ARMAS de DESTRUCCIÓN MASIVA en la SANIDAD: la Ley de Estabilidad
Presupuestaria (2/2012) y la Ley 15/1997
Centrándonos
en el tema de la sanidad. La burguesía dispone de dos grandes armas de
destrucción masiva de la sanidad pública en su propósito de recortar
los gastos de manteniendo de la clase trabajadora y sectores populares, a la
vez que los de su personal de servicio, y privatizarla para beneficio de la
burguesía. Son: la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la Ley
15/1997 de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del
Sistema Nacional de Salud.
Si la Ley
de Estabilidad está especializada en impulsar los recortes y el
desmantelamiento de los servicios sociales públicos, y en concreto de la
sanidad, para reducir (a cuenta del déficit) los gastos de mantenimiento de la
clase trabajadora y el pueblo, como la otra cara de la moneda, la Ley 15/1997, está
especializada en facilitar la privatización del sector sanitario, para que la
burguesía haga negocio con nuestras necesidades. La Ley de Estabilidad da
la coartada del recorte, que se ejecuta también con la privatización gracias a
la Ley 15/1997.
Empecemos
por la que tiene relación con el origen de todo el proceso, los recortes, y que
nos servirá para dar un salto cualitativo en la lucha contra la Ley
15/97.
La Ley
de Estabilidad Presupuestaria (Ley Orgánica 2/2012,
de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, de 27 de
abril, y la normativa para su aplicación y establecimiento del déficit
estructural, la Orden ECC/2741/2012, de 20 de diciembre,
de desarrollo metodológico de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril…)
establece que para final de 2020 el déficit
estructural debe ser cero. Se atribuye al déficit estructural cualquier
gasto del estado que no sea las prestaciones por desempleo, pues estas se
atribuyen al déficit coyuntural o cíclico. La suma del déficit estructural y
del cíclico, dan el déficit observado o total, o sea, el que habitualmente se
menciona. Así, en el año 2012, si, para calcular el llamado déficit excesivo,
se excluye el costo del rescate de la banca, el déficit total era del 6,98%,
correspondiendo, según el sistema de cálculo de la Comisión Europea (el que “va
a misa” para España según su misma legislación y normas) al déficit estructural
el 5,9% (según informe del BBVA), y el resto, 1,08%, para el
coyuntural o cíclico. Bajar hasta el déficit estructural cero a final de 2020
(o adelantarlo a 2018 como pretende el gobierno y la Comisión Europea), en condiciones
de recesión, estancamiento o muy poco crecimiento, y con un gigantesco fraude
fiscal y elusión fiscal de la burguesía y grandes empresas, supone un
esfuerzo enorme, que necesariamente se traducirá sobre todo
en reducción de gastos mediante hachazos al llamado “Estado de
bienestar” con recortes en los servicios y prestaciones sociales, y aumento de
ingresos mediante subida de los impuestos costeados por la clase trabajadora y
sectores populares (IVA, tasas, etc.). Esto es, “austericidio”. Y
no se detendrá aquí, pues el déficit estructural cero deberá mantenerse “para
siempre”, lo que supone la Austeridad a Perpetuidad, como
denunciaron 80.000 personas en París hace ya casi un año, el 30/9/2012, al
protestar contra el “padre” de nuestra Ley, el TSCG de la Unión Europea [ved
para creer, el video de la manifestación, titulado TSCG: le bras de fer
commencehttp://www.dailymotion.com/video/xu018x_tscg-le-bras-de-fer-commence_news?search_algo=2 ].
A pesar de
esta realidad y del ejemplo de la protesta en París, de que la
versión española es todavía peor que el propio TSCG, de todas las oportunidades
que hemos tenido (huelgas generales a escala estatal o en Euskal Herria,
protestas contra los recortes, Mareas, etc.), aquí seguimos durante más
de un año sin mover un dedo ni contra el TSCG ni contra la Ley de
Estabilidad, aunque la “hija” sea peor que su “padre” y es el “motor” y
“madre” de todos los recortes que venimos sufriendo y los muchos que
nos tocará sufrir hasta 2020 y partir de ahí “a perpetuidad”. Más de un
año de complicidad y sabotaje por parte de izquierda y sindicatos para ocultar
y librar de nuestros ataques a la Ley de Estabilidad-TSCG. Una política
que, si nos salvamos, figurará en los textos de los revolucionarios, como una
mancha imborrable en “nuestros” representantes y defensores, algo que sólo
puede calificarse en muchos casos de alta traición. Y ésta es la
causa principal de que las cosas nos vayan tan mal y de que el futuro será
mucho peor.
Por razones
“científicas” en las que ni siquiera los economistas burgueses se ponen
totalmente de acuerdo, pues manejan criterios y cifras totalmente divergentes,
de hecho achacan lo principal del déficit estructural, ¡qué
casualidad!, a lo que nos afecta a nosotros y les permite a ellos rebajar el
coste de nuestro mantenimiento y aumentar sus nichos de negocio: sanidad
(recortes y privatización), educación (abandono de la pública, promoción de la
privada), pensiones (recortes y empujarnos a hacernos planes privados), etc.
Así que,
además de cuestionar si de verdad supone o no un ahorro la privatización y a
costa de qué se consigue (criterios empresariales y no sanitarios, reducción
empleo y peores condiciones para los trabajadores/as del servicio y para los
usuarios, para dar beneficios a la empresa), podemos cuestionar el principio
mismo de los recortes, la Ley de Estabilidad, la reducción en los gastos en vez
del aumento de los ingresos, la misma “cientificidad” del déficit estructural,
y la conveniencia de un déficit estructural cero (corsé, procíclico, austeridad
a perpetuidad…).
Los
gastos de sanidad corren a cuenta de las Comunidades Autónomas. Las CCAA deben
llegar al déficit estructural cero, como muy tarde para final de 2020, y a
partir de esa fecha, no podrán tener déficit estructural, salvo de forma ínfima en
circunstancias muy especiales que establece la Ley. Las discusiones y peleas en
torno a la reducción del déficit de las CCAA se refieren al déficit
estructural. Llegar y mantenerse en el déficit estructural cero sólo puede
traducirse en peor sanidad y por tanto reducción de la esperanza de vida en
buenas condiciones y más sufrimientos.
La Ley de
Estabilidad tiene su origen en el Tratado de Estabilidad de la U.E. o Pacto Fiscal Europeo (TECG: Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la Unión
Económica y Monetaria; en inglés TSCG: Treaty
on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary Union).
Ambos, ley y tratado, han sido posibles en España por la previa reforma
del artículo 135 de la Constitución (PSOE-PP,
agosto-septiembre 2011). La Ley ha sido aprobada o aceptada y el TSCG
ratificado, por los siguientes partidos: PSOE, PP, UPyD, CiU, PNV y UPN.
El resto de los partidos, en la práctica, no luchan ni contra
la Ley de Estabilidad ni contra el TSCG, y de hecho retroceden de sus
posiciones iniciales de rechazo [leed las pruebas en mi texto “Izquierda Unida e Izquierda Plural engañan.
Comparsas de la austeridad de la Ley de Estabilidad y el TSCG. Pruebas”(16/6/2013) Seccionado como
“Destacado”] De los sindicatos, mejor ni hablar.
La Ley de
Estabilidad fija el objetivo de déficit final y el plazo, e indica por donde hay que
recortar. Son luego los presupuestos generales del estado, de las comunidades
autónomas, leyes y normativas menores, los que en la práctica dictan objetivos
de déficit anuales y ejecutan los recortes. La Ley de Estabilidad
ordena y apunta, y el resto carga y dispara. Por eso es pura y
sencillamente del género tonto y hacer el juego a la burguesía y su Estado,
denunciar las leyes y recortes específicos pero mantener los ojos y la boca
cerrada contra la Ley de Estabilidad-TSCG o remitirse a la reforma del artículo
135 de la Constitución, como si entremedio no hubiese la Ley-TSCG que lo
concreta, y esa reforma se limitase a ordenar la prioridad del pago de la
deuda, cuando su atención se centra precisamente en el “equilibrio fiscal” y el
déficit, y en poner la alfombra roja al ya previsto TSCG y su aplicación en
España, la Ley de Estabilidad. ¡Mascarada, despropósito e incompetencia total!
Esto no
significa otra cosa que asestarnos una derrota histórica, no en una
única y espectacular gran batalla, sino durante un período de unos pocos años
(hasta 2020, o incluso 2018), con una estrategia de ataques continuos (casi
cada viernes de consejo de ministros) y desgaste, que nos desmoralizan y
acabarán rindiendo y volviéndonos impotentes para resistir porque nos mantienen
ciego y mancos. A esto le seguirá el empeoramiento de nuestros salarios y un
progresivo desmantelamiento de todos los gastos sociales del estado, el llamado
“Estado de bienestar” [leed sin falta mi texto “2013-2014 Nos lo
jugamos todo. 2018, lo perdemos. Tu desinterés abona la Derrota. Preveo el
futuro, para evitarlo”(20/6/2013)].
Si ignoras
todo esto, no podrá medir el escándalo que supone, pero en cuanto leas dicho
artículo de la Constitución y conozcas la Ley y el TSCG, te subirás por las
paredes por la conspiración de silencio y maniobras cómplices de
las que estamos siendo víctimas [suficientemente revelador es mi artículo
“Izquierda Unida…” además de los análisis específicos que he dedicado
a la Ley y Tratado y a los que puedes acceder al final].
Mientras
la burguesía y el Estado nos golpean desde la sombra y por la espalda con la
maza de la Ley de Estabilidad-TSCG, nosotros nos enfrentamos sólo a los clavos
y cuchillas que están incrustados en ella, es decir, a los recortes concretos.
Mientras no le arranquemos la maza de las manos, tenemos la batalla perdida.
Mientras
la burguesía, gracias a la Ley de Estabilidad-TSCG, organiza su estrategia de
ataque hasta 2020 y a partir de ahí “a perpetuidad”, afectando a todos los
pueblos del estado español y a todos los sectores de la clase trabajadora y
populares, nosotros nos limitamos a defendernos de los ataques concretos, y de tal
o cual comunidad autónoma, como si no tuviesen el mismo origen, la misma
estrategia y los mismos objetivos. Nos dividimos y aislamos en Mareas (blanca
de sanidad, etc.). Cuando nos enfrentamos a un plan estratégico y un arma de
destrucción masiva como la Ley de Estabilidad-TSCG, este planteamiento de la
lucha, no puede conducirnos más que a una derrota de consecuencias históricas.
Es esto tan
de cajón, tan evidente, tan comprensible incluso para un escolar, que
precisamente por ello hacen esfuerzos ímprobos para que ignoremos incluso la
existencia de la Ley de Estabilidad-TSCG, porque sabiendo de su existencia y
trascendencia, nuestra tendencia sería a reaccionar con estas consignas:
¡Ni una
lucha aislada contra los recortes. Todos unidos contra la Ley de Estabilidad,
“madre” y “motor” de todos los recortes. Por su derogación y por la ruptura con
su “padre” el TSCG de la U.E.! --- ¡Hagamos de las Mareas un Tsumani.
Derogación de la Ley de Estabilidad y ruptura con el TSCG!
La otra
arma de destrucción masiva de la sanidad pública es “la Ley 15/97 “Sobre
Nuevas Formas de Gestión”, aprobada en el Parlamento Estatal por el
PP, PSOE y los partidos nacionalistas de derechas [PNV, CiU, CC].
Durante su aprobación, el PSOE defendió que con dicha Ley “se cerraba el paso a
la privatización de la sanidad”. Hoy 12 años después, la realidad demuestra lo
contrario; incluso los tribunales han determinado que los hospitales privados
de tipo PPP/PFI sólo son posibles gracias a la existencia de dicha Ley. El PSOE
utiliza un doble lenguaje: critica la privatización que están llevando a cabo
los conservadores, pero la consiente. Con la inestimable ayuda de los
sindicatos y las organizaciones que subvenciona (CCOO, UGT, FADSP…) oculta su
responsabilidad en la privatización y el papel determinante de la Ley 15/97,
negándose a derogarla o modificarla.” “Con la aprobación, en diciembre
de 2001, de la Ley de Ordenación Sanitaria de la Comunidad de Madrid (LOSCAM),
no se hizo más que desarrollar en el ámbito madrileño lo que la Ley 15/97 ya
había legitimado.” Así denunciaban ya hace años la CAS Madrid
(Coordinadora Anti-privatización de la Sanidad Pública de Madrid) y Matusalen
(Plataforma por la derogación de la Ley 15/97 y la defensa de la Sanidad
Pública).
Obsérvese la
gran coincidencia y coherencia que existe entre quienes aprobaron la Ley
15/1997 y quienes están detrás de la reforma del artículo 135 de la
Constitución, la aprobación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la
ratificación del TSCG de la U.E., y quienes son cómplices en el complot
de silencio en torno a la Ley de Estabilidad-TSCG (sindicatos como UGT
y CCOO, y otros).
En su día
izquierda y sindicatos se comprometieron, fueron cómplices y guardaron silencio
con respecto a la importancia de la Ley 15/97. Ahora algo similar está
ocurriendo con la Ley de Estabilidad-TSCG, pero esta vez es mucho peor,
pues con la Ley de Estabilidad-TSCG y su total implantación, todo el “Estado de
bienestar” estará en pocos años en proceso de desmantelamiento, tanto aquí como
en Europa (vía privatizaciones), gracias a la derrota que nos habrán infligido.
Antes decían que la Ley 15/97 no era un peligro, ahora más o menos los mismos,
hacen otro tanto con la Ley de Estabilidad-TSCG. ¡Ya sabéis el crédito que
merecen esos lacayos subvencionados por la burguesía! ¿Cuándo reconoceréis
esto? ¿Cuándo ya no tenga remedio? ¡Ya podemos ver los resultados por ejemplo
en Grecia, en Portugal, y una larga experiencia de privatización en el Reino
Unido pagada con mayor sufrimiento y mortandad, y eso que en la eurozona
todavía no se ha acabado de implantar el TSCG! ¡Si no lo impedimos, el futuro
de la sanidad pública será el propio de una asistencia de beneficencia para los
que no puedan pagársela!
IV.- LA
ESTRATEGIA de MANIOBRA ENVOLVENTE para superar el cerco y el aislamiento, sumar
fuerzas, ATACAR su TALÓN DE AQUILES (Ley de Estabilidad), y reforzar la lucha
contra la Ley 15/1997
Estamos
viendo que tenemos contra nosotros los objetivos estratégicos de la burguesía,
un plan que, en lo que respecta a la sanidad, se remonta a 1991 (Informe Abril Martorell, a propuesta del PSOE en el gobierno), la alianza de
las burguesías españolas con las de la Unión Europea, traducido entre otros en
el TSCG, y el objetivo de déficit estructural cero para 2018 del gobierno
español y la Comisión Europea, sus armas legales de destrucción masiva (Ley de
Estabilidad-TSCG, Ley 15/97), y sin embargo muchos siguen depositando su
esperanza en que basta con la lucha de una Marea y con lograr el apoyo de los
Tribunales para detener esta ofensiva estratégica. Estamos viendo que no es
así, aunque alguna actuación judicial haya creado unas expectativas desmedidas
y finalmente desmentidas.
Lo que se
levantó con el esfuerzo de décadas, puede venirse abajo en muy poco
tiempo y puede que sea irrecuperable, porque esa es la
intención de las burguesías españolas y europeas que pondrán su empeño en que
estemos lo suficientemente debilitados como para no poder hacerlo.
Es un
suicidio jugarnos la sanidad pública y la privatización de la gestión, a la
carta del resultado de los recursos pendientes por vía penal y
contencioso-administrativa, o el recurso ante el Tribunal Constitucional,
aunque algunos de ellos incluyan medidas cautelares de suspensión de la
adjudicación.
Tal vez se
pueda ganar tiempo en algún tribunal, pero incluso aunque puedan llegar a
darnos la razón, en poco tiempo modificarán las leyes y lo que haga falta,
porque no estamos ante un capricho sino ante un objetivo que forma parte de
todo un plan estratégico de la burguesía que incluye nuestra derrota histórica,
abatirnos por muchos, muchos años. Esto no se detiene ni derriba con un
tirachinas, que es lo que venimos utilizando.
No será
mediante la recogida de firmas por la derogación de la Ley de
Estabilidad como lo lograremos, como tampoco se ha avanzado en la derogación de
la Ley 15/97 a pesar de las casi 500.000 firmas presentadas.
Nuestra
firma es ante todo la firma de la lucha, de la protesta, de la manifestación,
de los paros, las huelgas y las huelgas generales (aunque sea a nivel de
Comunidad Autónoma) por la defensa de la sanidad pública, contra la Ley 15/97 y
la Ley de Estabilidad-TSCG.
La defensa
por la sanidad pública es una gran batalla por la defensa de los gastos
sociales, salario indirecto y diferido de la clase trabajadora, fundamentales
para nuestro mantenimiento, tanto en la fase activa (con o sin trabajo) como
pasiva (infancia, juventud estudiantil, vejez…).
Si
queremos ganar esta “guerra”, debemos tener un planteamiento estratégico de
nuestra lucha.
Fijaos. La burguesía nunca dice abiertamente: “vamos a acabar con los gastos
sociales de sanidad, educación, pensiones, etc., etc.”. No. Es mucho más astuta
y estratégica. Simplemente dice: “hay
que lograr la estabilidad, el equilibrio fiscal” y plantea algo que suena
cosa de expertos en la que no tenemos nada que decir, y a la vez positivo, como
“déficit estructural cero”, porque “todo el mundo sabe que el déficit es malo”.
Que pretendan conseguirlo tolerando el gigantesco fraude y elusión fiscal de la
burguesía, sin aumentar los ingresos del estado con una reforma fiscal
progresista, que el déficit estructural y su cálculo no tengan nada de
científico, sino de intereses de clase burguesa, ni se menciona. Porque saben
que el resultado de esta jugada “técnica”, “positiva”, va a ser el
desmantelamiento del “estado de bienestar”.
Nosotros
debemos proceder de un modo en parte similar. No debemos enfrentarnos a sus
agresiones con la agenda y los tiempos que a ellos les conviene para
ganarnos. Debemos tomar la iniciativa y procurar plantear
la lucha en el terreno y los términos que a nosotros nos interesa, que
son en primer lugar, sumar fuerzas, hacernos fuertes. Los vietnamitas no
respondieron a la invasión de los EEUU con la guerra convencional en la que
éstos tenían todas las de ganar desde el primer día, sino con la guerrilla en
el Delta y las selvas. Las mujeres no tenemos por qué aprender a boxear para
responder a la agresión de un hombre cuando estamos legitimadas para darle una
patada en los testículos. Y con esa misma filosofía debemos luchar nosotras/os.
Si la burguesía sabe que su principal arma de destrucción masiva, la bota de la
Ley de Estabilidad-TSCG, oculta también su Talón de Aquiles, y por
eso procura que la ignoremos, ¡ahí debemos darle!.
Dada la
decisión de la burguesía por ganar esta batalla para corredores de fondo, sólo
podremos lograrlo si nos hacemos muy fuertes, forjando un gran frente
unitario, unificando y extendiendo las luchas más allá del sector sanitario.
No lo
conseguiremos si nos limitamos a exigir la derogación de la Ley 15/1997, pues
ésta nos limita al sector sanitario y los usuarios que se sumen. Y el sector sanitario está
recorrido por muchas contradicciones internas, en intereses no del todo
coincidentes o divergentes, como la dirección de los centros sanitarios,
médicos, enfermeras/os, administrativos, el resto del personal, y los usuarios.
Cocido en su propia salsa, en sus diferentes intereses y en su impotencia, el
sector se irá dejando arrastrar por las posiciones más retrasadas, corporativas
y reaccionarias. Por ejemplo, hay colectivos de médicos que dicen que sí son
necesarios recortes y que ellos son los que debieran indicarlos, dando por
tanto por buena la lógica de los recortes y de la Ley de Estabilidad, en lugar
de empezar por cuestionarla y sólo después ver cómo se
puede mejorar y racionalizar el servicio, pero con la brújula de un
mejor servicio sanitario a lo usuarios y sin despilfarros, no el
de recortar, porque puede que la conclusión sea, que además de racionalizar,
haya que gastar más necesariamente y que eso exija una reforma
fiscal progresista en profundidad, destinar más dinero de los presupuestos a
sanidad en lugar de al ejército, monarquía, etc. No se trata de, a
cambio de no privatizar, recortar; ni lo uno ni lo otro. [Leed el
interesante y revelador texto “Los claroscuros de la movilización
sanitaria madrileña” febrero 2013, en CAS Madrid] La
lucha contra la Ley 15/1997 no da apenas recorrido para extender la lucha y
unificarla con otras por objetivos comunes a la vez que se impulsan los
propios. Y para colmo, la lucha contra esa ley ni siquiera unifica al sector
sanitario, pues los intereses de determinados sectores y de organizaciones
políticas y sindicales bloquean la lucha por la derogación de la Ley 15/1997.
Sólo si el problema sale a calle y es asumido por la mayoría de la clase
trabajadora y el pueblo, podrá desbloquearse e ir hasta el fondo. Pero esto no
va a lograrse en esta situación levantado en exclusiva la bandera sanitaria.
Por
tanto, necesitamos un objetivo más general que permita unir
esta lucha a otras contra los recortes, sean cuales sean, y de la comunidad
autónoma que sea, pero no sólo los inmediatos, sino contra el plan
estratégico de la burguesía de recortar y desmantelar del “Estado de bienestar”
con el pretexto del déficit cero estructural, esto es, la Ley de
Estabilidad-TSCG.
Porque
sin la lógica de los recortes de la Ley de Estabilidad, y el déficit
estructural cero, no hay excusa para la privatización y la aplicación de la Ley
15/1997.
La lucha
por la derogación de la Ley de Estabilidad-TSCG, nos justificará y hará más
fuertes para luchar contra el otro lado de los recortes, las
privatizaciones, y por la derogación de la Ley 15/1997 y sucesivas de ella.
La
unificación de las luchas contra todo tipo de recortes, por la exigencia de
derogación de la Ley de Estabilidad, permitirá también la generalización de la
lucha por la derogación de la Ley 15/1997, consecuencia de los recortes y del
desmantelamiento de la sanidad pública, y la cancelación de las privatizaciones
en la sanidad efectuadas hasta hoy.
Esta es
una estrategia de maniobra envolvente para vencer a un enemigo
al que no podemos si nos limitamos a responder a su ataque frontal:
recortes en el sector y privatización. Es así como mejor vamos a aprovechar
nuestras fuerzas al máximo, traer muchas más fuerzas populares a la lucha, y
debilitar las del enemigo.
Sólo la
lucha contra la Ley de Estabilidad y por su derogación, podrá desbloquear la
división, aislamiento, parálisis y deriva a la derrota de las luchas de los
diversos sectores contra los recortes y anteponer los intereses de la clase
trabajadora y el pueblo a los intereses corporativos de la clase media
sanitaria (pequeña burguesía).
Si no lo
hacemos así, será como si estuviésemos luchando con un brazo atado a la espalda
y medio a ciegas. Nos condenaremos de hecho a un cerco y aislamiento en
el sector sanitario con lo que les resultará cada vez más fácil agotarnos,
dividirnos y vencernos.
Si no lo
hacemos así, la lucha por la defensa de la sanidad pública será muy
pronto derrotada, y esta derrota no será más que una pequeña parte de la
derrota general, de alcance histórico, que ya tiene programada la burguesía
española, su gobierno y la Comisión Europa, para finales de 2020 y a poder ser,
para finales de 2018.
En tanto,
las Elecciones al Parlamento Europeo de mayo 2014, servirán para
que las burguesías españolas y europeas, den su espaldarazo a su estrategia de
nuevo régimen social para la U.E., con sus dos pilares básicos: las reformas
laborales regresivas para desmantelar los convenios colectivos y
precarizar más el trabajo, y el TSCG y sus versiones
nacionales (Ley de Estabilidad en España, Lei de Enquadramento
Orçamental en Portugal) para desmantelar los gastos sociales del
Estado, e imponer la Austeridad a Perpetuidad.
Para no
llegar más debilitados a esas Elecciones y no se conviertan en el momento
histórico en que nuestra suerte esté ya echada, debemos levantar, sin
esperar un segundo más, la lucha contra la Ley de Estabilidad-TSCG.
Si lo
hacemos, no estaremos solos, pues impulsaremos la lucha contra el TSCG
en toda Europa, en Portugal, en Francia, donde ya existe una gran
sensibilidad contra el TSCG (manifestación en París el 30/9/2012 de 80.000
personas). Esto nos permitirá ejercer una gran presión y cerrar el paso
a la Transición al nuevo régimen de la U.E. Esta es la única estrategia
que nos salvará, no la salida de la Unión Europea o de la eurozona. Y es
posible, si queremos, si tenemos claro donde están las armas de destrucción
masiva de la burguesía, cuáles son sus objetivos estratégicos, y lo que
necesitamos para derrotarla. Es por éstas y otras razones que ya he expuesto
extensamente en otros textos, por lo que digo que la Ley de Estabilidad-TSCG esconde su Talón de Aquiles.
Sobre todo
desde agosto de 2012 llevo una campaña permanente contra el déficit cero y la
Ley de Estabilidad, gracias a Kaosenlared. Si hace tiempo se hubiese abordado
esta lucha ¡otros gallo nos cantaría ahora! Pero se ha preferido perder más de
un año y lo estamos pagando muy caro. Aunque tarde, todavía estamos a tiempo
(por poco y más cuesta arriba), para abordarla y evitar la derrota, tanto en la
sanidad como en el conjunto de la clase trabajadora y sectores populares. Sé
que el tiempo, en un sentido u otro, me dará la razón porque la estrategia de
las burguesías y sus armas de destrucción masiva están claras para quien se
tome el trabajo de leer un poco y estudiarlas.
Por razones
de espacio y porque no quiero repetirme, no expondré aquí toda la crítica a la
Ley de Estabilidad-TSCG, ni los grandes ejes de la estrategia para el estado
español y Europa, ni el Programa de Lucha para este período. A
los/as interesados os remito a mis textos, todos en Kaosenlared, muchos de los
cuales menciono al final con su enlace.
¡Para
salvar la sanidad pública, derogación de la Ley de Estabilidad-TSCG de recortes
sociales y desmantelamiento del “Estado de bienestar” y de la Ley 15/1997 de
privatización de la sanidad para que la burguesía haga negocio! --- ¡De
las Mareas al Tsunami, unificando las luchas contra todos los recortes, por la
derogación de la Ley de Estabilidad-TSCG! --- ¡La lucha por la derogación de la
Ley de Estabilidad-TSCG, nos hará más fuertes para luchar contra el otro lado
de los recortes, las privatizaciones, y por la derogación de la Ley 15/1997! ---- ¡Ni
una lucha aislada, todos unidos contra todos los recortes, por la derogación de
la Ley de Estabilidad, la ruptura con el TSCG de la U.E. y la derogación de la
reforma del art. 135 de la Constitución! ---- ¡De
Lisboa a Berlín, al TSCG demos fin!
PARA
PROFUNDIZAR, algunos
de mis artículos más relacionados con éste:
“El
déficit estructural cero y su cálculo con la Ley de Estabilidad o la Austeridad
a Perpetuidad. Aviso del CES” (13/8/2013) –
“FMI pide más Ley de Estabilidad. Nosotros,
como si no existiese, dejando que nos la impongan del todo y derroten” (8/8/2013)
“Programa de Lucha y estrategia de “guerra”
de maniobra o condenados en mayo 2014 y Derrota Total para 2018” (6/7/2013)
“2013-2014
Nos lo jugamos todo. 2018, lo perdemos. Tu desinterés abona la Derrota. Preveo
el futuro, para evitarlo” (20/6/2013)
“2014. El año que dimos el paso definitivo a
la Derrota Total. De junio 2013 a mayo 2014. [Balances del futuro]” (4/6/2013)
“Izquierda
Unida e Izquierda Plural engañan. Comparsas de la austeridad de la Ley de
Estabilidad y el TSCG. Pruebas” (16/6/2013) Seccionado
como “Destacado”
“Expertos del “Pensionazo”. Ley de
Estabilidad, elasticidad de cemento del déficit y corsé de la
financiación” (11/6/2013)
“El hachazo a las pensiones, el objetivo de
déficit y la Ley de Estabilidad. La verdad que ocultan” (28/5/2013) Seleccionado como
“Destacado
Pensiones
recortadas o derogación de la Ley de Estabilidad. El verdadero debate que
evitan gobierno y oposición
4 SEP 2013
"Las
propuestas del gobierno aventuran un proceso complejo y difícil"
Declaraciones de Carlos Bravo
“¡Alarma!
Ocultan. Comisión Europea: España 2018 déficit estructural cero. Guillotina
60000 millones. Derrota total” (3/6/2013) Seleccionado como “Destacado”
----
“Lo que callan: 60.000 millones para 2020. La guillotina de la Ley de
Estabilidad. ¿Cuándo pediremos su derogación?” (9/5/2013) Seleccionado como “Destacado”
“¿Salir
del Euro? ¡No! Unir luchas en España y Europa contra Ley de Estabilidad y TSCG.
Cambio BCE. Estrategia. PDF” (5/5/2014)Archivo PDF con imágenes
“¿Qué son el Tratado y la Ley de
Estabilidad? Abaratar, empobrecer y derrotar para 2020. Futura política
fiscal” (31/08/2012) seleccionado como “Destacado”
“Austericidio, su verdadero alcance. Galgos y
podencos del déficit 0 de la Ley de Estabilidad. Saber para vencer” (29/01/2013)
(explicación de los diferentes tipos de déficit)
“[LIBRO] Trabajadores en bancarrota y
riesgo de derrota. ¿Cómo evitarlas y fortalecernos? Una guía”94 páginas. (3/03/2012), seleccionado como “Destacado”. Archivo PDF
Para
acceder a los artículos y libros que vengo publicando en Kaosenlared: Los que no tienen
puesto el enlace, copias el titulo y pegas en el navegador. En el buscador
Google (en Yahoo no sale): "Aurora Despierta"
site:kaosenlared.net Y hacer clic en la primera dirección que
pone: Aurora Despierta. Y dentro “Enlaces a mis
artículos y ensayos” ... Os da acceso a “Mi página” en
Kaosenalred donde he metido los enlaces a los textos que vengo publicando desde
Kaos Antiguo, aunque puede que no esté del todo actualizada. Con el buscador de
Kaos (pones: Aurora Despierta. marcas: Frase exacta y Artículos
K2), te saldrá hasta el último publicado, aunque no es completo (ni Kaos
Antiguo, ni alguno del nuevo). Si en el artículo aparece mi nombre en rojo,
haciendo clic en él se puedes acceder a “Mi página”.
CONTRA LA
DESORIENTACIÓN Y LA DERROTA, PASA ESTE ARTÍCULO. Hazte agitador y
propagandista contra la Ley de Estabilidad-TSCG
http://ftp.kaosenlared.net/colaboradores/66075-la-lucha-contra-la-privatizaci%C3%B3n-sanitaria-fracasar%C3%A1-por-no-exigir-la-derogaci%C3%B3n-de-la-ley-de-estabilidad
Mareas
de George Soros
Una lista de
fundaciones y operaciones de ingeniería social o disidencia controlada como las
revoluciones de colores, creadas por el burgués globalista GEORGE SOROS
