Por PDLD Jueves, 28 de
Marzo de 2013
En el borrador del anteproyecto de Ley de
Reforma Integral de los Registros se contemplan situaciones de pérdida de la
adquirida nacionalidad española por ciudadanos de origen extranjero que ligan
la idea de extranjero a la de inseguridad ciudadana y desórdenes públicos.
No satisfecho
con indultar a cuatro mossos d´esquadra, contra la condena de prisión de la
Audiencia de Barcelona por torturar a un ciudadano rumano; no satisfecho con su
práctica de redadas y controles policiales contra inmigrantes sin papeles en
base al racista y xenófobo criterio del aspecto físico o del color de su piel;
no satisfecho con la Reforma del Código Penal que, en su artículo 138.bis prevé
a condena de hasta dos años de cárcel a quienes acojan en su casa o ayuden
económicamente a inmigrantes sin papeles, ahora el Gobierno del PP se descuelga
con un borrador del anteproyecto de ley de Reforma Integral de los Registros,
que modifica las condiciones en las que los españoles que no lo sean de origen
obtendrán y perderán la nacionalidad mediante resolución del Ministerio de
Justicia.
En dicho borrador se contemplan
situaciones de pérdida de la adquirida nacionalidad española por ciudadanos de
origen extranjero que ligan la idea de extranjero a la de inseguridad ciudadana
y desórdenes públicos, estigmatizando su imagen y reforzando el creciente
racismo y xenofobia que, al amparo de la crisis económica, potencian medios de
comunicación y grupos fascistas.
La descripción de los nuevos motivos
de pérdida de la nacionalidad española en el artículo 25 de dicho borrador
incluye "razones imperativas de orden público o de seguridad o
interés nacional" y añade una nueva: cuando se “entre
voluntariamente al servicio de las armas o ejerzan cargo político en un Estado
extranjero".
Los delitos contra el orden público,
según la legislación vigente, son los siguientes: sedición (no creemos
que el PP piense en esta cuestión cuando se refiere a ellos en relación con los
nacionalizados de origen extranjero), atentados contra la autoridad, sus
agentes y los funcionarios públicos (hay antecedentes legales sobrados que
demuestran la aplicación de este delito contra personas, extranjeras o
nacionales, que simplemente han alzado su voz o se han resistido a una
actuación policial o de funcionario público abusiva), maltrato a fuerza
armada (no es infrecuente que, cuando un policía es denunciado en caso de
violencia injustificada por su parte, éste a su vez denuncie haber sufrido
agresiones), resistencia y desobediencia (la arbitrariedad policial como
modelo de imputación), desórdenes públicos (“la alteración del ritmo
normal de la vida ciudadana que perturba el desenvolvimiento práctico de las
actividades públicas”, un gran saco roto en el que incluir cualquier cosa),
tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones o explosivos (ya hemos
visto cómo se construyeron pruebas falsas por parte de la policía contra el
ciudadano de origen español, no extranjero, Alfonso Fernández, Alfon, a las que
el juez dio crédito para encarcelarle hasta que no se pudieron seguir
sosteniendo) y delitos de terrorismo (no entraremos a juzgar cómo se
aplican leyes antiterroristas a personas que simplemente protestan frente a
situaciones injustas).
En cuanto a las cuestiones de “seguridad
o interés nacional”, fuera de las vinculadas a terrorismo o sedición,
es evidente que se están solapando con la cuestión del servicio de armas en un
país extranjero que se aplicará a quién “entre voluntariamente al
servicio de las armas o ejerzan cargo político en un Estado extranjero".
La posibilidad de hacer el servicio militar en el extranjero, en el caso de
países con ejércitos de leva, es algo que la legislación española contemplaba
en el pasado sin penalizar la doble nacionalidad. No creemos que la nueva
modificación se haya planteado ante casos de guerra, y elección de lealtad
patria, sino como presión para que los extranjeros que han adquirido
nacionalidad española engrosen el ejército profesional español, ante la
evidencia de la escasez de sentimiento patriótico de los nativos. Torcer la ley
con intereses coyunturales es una forma de chantaje.
En cuanto a la penalización con la
retirada de la nacionalidad española a la persona con doble nacionalidad que
haga uso de un ejercicio de cargo público en un Estado extranjero no se atiene
a razón, toda vez que debiera afectar a su derecho a ser elegido en el país en
que no ostenta cargo público, pero no parece justificado que afecte a su doble
nacionalidad. Como protección a los intereses nacionales no se explica sino
desde un delirio chovinista del Gobierno español que se ha inspirado en el Fuero
de los Españoles franquista y en LEY de 15 de julio
de 1954 (durante la dictadura franquista) por la que se reforma el Titulo
Primero del Libro Primero del Código Civil, denominado "De los españoles y
extranjeros" y que dice así: “Las causas de pérdida de la
nacionalidad consistentes en entrar al servicio de las armas o ejercer cargo
público en Estado extranjero o en ser condenado a virtud de sentencia firme,
reflejan obligadamente, lo dispuesto en el artículo veinte, del Fuero de los
Españoles que contiene dos importantes novedades: exigir la prohibición expresa
del Jefe del Estado español para que el servicio de las armas o el cargo
público traigan consigo la pérdida de la nacionalidad, y el reconocer la
condena como causa autónoma de tal efecto jurídico, de conformidad con lo
dispuesto en las leyes penales”
Con esta legislación del PP volvemos
al franquismo y volvemos aún de modo más claro cuando la forma de adquirir la
nacionalidad española pasa por “jurar fidelidad al Rey y obediencia a la
Constitución y a las Leyes” al modo en que durante la dictadura se
practicaba la vía de entrada a la doble nacionalidad: “Son requisitos
comunes a ambas formas de adquirir la nacionalidad: (….) Prestar juramento de
fidelidad al Jefe del Estado y de obediencia a las leyes”. Si se intenta la
falacia de esconder el vínculo entre la legislación prevista en la materia
aludida y la franquista con el “argumento” de que el modelo copiado es el de
USA, debemos decir que los hechos públicamente conocidos demuestran que dicho
país no es modelo alguno en cuanto a respeto de los derechos humanos y de los
extranjeros, nacionalizados o no.
FRENTE A LA FASCISTIZACIÓN DEL
GOBIERNO DEL PP, FUERA EL PP DEL GOBIERNO.
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