miércoles, 10 de agosto de 2011

Los acuerdos de la inter acampada, 4,5,6 junio en Madrid

1.      ELIMINACIÓN DE LOS PRIVILEGIOS DE LA CLASE POLÍTICA:
3) Supresión de los privilegios de los políticos más allá de lo razonable y justificable por su labor al servicio de la sociedad.
  • Control estricto del absentismo de los cargos electos en sus respectivos puestos. Sanciones específicas por dejación de funciones.
  • Supresión de los privilegios en el pago de impuestos, los años de cotización y el monto de las pensiones. Equiparación del salario de los representantes electos al salario medio español más las dietas necesarias indispensables para el ejercicio de sus funciones.
  • Eliminación de la inmunidad asociada al cargo. Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción.
  • Publicación obligatoria del patrimonio de todos los cargos públicos.
  • Reducción de los cargos de libre designación.

2. CONTRA EL DESEMPLEO:
  • Reparto del trabajo fomentando las reducciones de jornada y la conciliación laboral hasta acabar con el desempleo estructural (es decir, hasta que el desempleo descienda por debajo del 5%).
  • Jubilación a los 65 y ningún aumento de la edad de jubilación hasta acabar con el desempleo juvenil.
  • Bonificaciones para aquellas empresas con menos de un 10% de contratación temporal.
  • Seguridad en el empleo: imposibilidad de despidos colectivos o por causas objetivas en las grandes empresas mientras haya beneficios, fiscalización a las grandes empresas para asegurar que no cubren con trabajadores temporales empleos que podrían ser fijos.
  • Restablecimiento del subsidio de 426€ para todos los parados de larga duración.

3. DERECHO A LA VIVIENDA:
  • Expropiación por el Estado de las viviendas construidas en stock que no se han vendido para colocarlas en el mercado en régimen de alquiler protegido.
  • Ayudas al alquiler para jóvenes y todas aquellas personas de bajos recursos.
  • Que se permita la dación en pago de las viviendas para cancelar las hipotecas.

4. SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD:
  • Supresión de gastos inútiles en las Administraciones Públicas y establecimiento de un control independiente de presupuestos y gastos.
  • Contratación de personal sanitario hasta acabar con las listas de espera.
  • Contratación de profesorado para garantizar la ratio de alumnos por aula, los grupos de desdoble y los grupos de apoyo.
  • Reducción del coste de matrícula en toda la educación universitaria, equiparando el precio de los posgrados al de los grados.
  • Financiación pública de la investigación para garantizar su independencia.
  • Transporte público barato, de calidad y ecológicamente sostenible: restablecimiento de los trenes que se están sustituyendo por el AVE con los precios originarios, abaratamiento de los abonos de transporte, restricción del tráfico rodado privado en el centro de las ciudades, construcción de carriles bici.
  • Recursos sociales locales: aplicación efectiva de la Ley de Dependencia, redes de cuidadores locales municipales, servicios locales de mediación y tutelaje.

5. CONTROL DE LAS ENTIDADES BANCARIAS:
  • Prohibición de cualquier tipo de rescate o inyección de capital a entidades bancarias: aquellas entidades en dificultades deben quebrar o ser nacionalizadas para constituir una banca pública bajo control social.
  • Elevación de los impuestos a la banca de manera directamente proporcional al gasto social ocasionado por la crisis generada por su mala gestión.
  • Devolución a las arcas públicas por parte de los bancos de todo capital público aportado.
  • Prohibición de inversión de bancos españoles en paraísos fiscales.
  • Regulación de sanciones a los movimientos especulativos y a la mala praxis bancaria.

6. FISCALIDAD:
  • Aumento del tipo impositivo a las grandes fortunas y entidades bancarias.
  • Eliminación de las SICAV.
  • Recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio.
  • Control real y efectivo del fraude fiscal y de la fuga de capitales a paraísos fiscales.
  • Promoción a nivel internacional de la adopción de una tasa a las transacciones internacionales (tasa Tobin).

7. LIBERTADES CIUDADANAS Y DEMOCRACIA PARTICIPATIVA:
  • No al control de internet. Abolición de la Ley Sinde.
  • Protección de la libertad de información y del periodismo de investigación.
  • Referéndums obligatorios y vinculantes para las cuestiones de gran calado que modifican las condiciones de vida de los ciudadanos.
  • Referéndums obligatorios para toda introducción de medidas dictadas desde la Unión Europea.
  • Modificación de la Ley Electoral para garantizar un sistema auténticamente representativo y proporcional que no discrimine a ninguna fuerza política ni voluntad social, donde el voto en blanco y el voto nulo también tengan su representación en el legislativo.
1) Reforma de la ley electoral para conseguir una mejor representatividad y una mayor
participación estableciendo mecanismos de control ciudadano tales como convocatoria de
referéndum vía ILP o derogación de cargos electos mediante consulta popular.
  • Independencia del Poder Judicial: reforma de la figura del Ministerio Fiscal para garantizar su independencia, no al nombramiento de miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo.
2) Separación de poderes: a día de hoy el Estado concentra en las mismas manos el poder
ejecutivo, el legislativo y el judicial. Este es un problema acuciante en este último caso en el
que los miembros de CGPJ y del Tribunal Constitucional así como la Fiscalía del Estado se
han convertido en un instrumento político.
  • Establecimiento de mecanismos efectivos que garanticen la democracia interna en los partidos políticos.
4) Financiación y transparencia de los partidos políticos y la administración pública.

8. REDUCCIÓN DEL GASTO MILITAR
Comentario:
Las propuestas (color azul) son las que DRY ha omitido de las 8 originales cuando publicó su 4 nuevas propuestas (color rojo). Ahora parece que la crisis mundial causada por el sistema capitalista y su órgano financiero, la banca se puede arreglar con reformas de los poderes ejecutivo, político y judicial de España. ¡Que risa! 

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