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14/5/2014
Por Modesto
Emilio Guerrero :: Más
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Los asesinatos de un custodio del presidente Maduro y de un destacado
dirigente chavista evidencian que la campaña de la derecha llega a la violencia
sin freno.
Durante los primeros días de mayo fueron asesinados en Venezuela, con
pocos días de diferencia, un custodio del presidente Nicolás Maduro y un
personaje central del chavismo llamado Eliécer Otaiza. Ambos hechos pusieron
las alarmas en rojo, causando remezones solo comparables a los vividos en el
país por la violencia desatada entre febrero y marzo de este año.
Este último hombre, Otaiza, había participado en la fundación del
movimiento chavista, o bolivariano, pero además tenía, cuando lo mataron, un
alto cargo de representación en el poder municipal de la capital. Junto con su
hermano mellizo, acompañaron a Hugo Chávez desde que salió de la cárcel en
julio de 1994, como custodios en la romería que hizo por centenares de
ciudades, pueblos, campos y barrios venezolanos, en los que el líder
bolivariano difundió el mensaje del nuevo movimiento nacionalista brotado dos
años antes, el 4 de febrero de 1992.
No se matan custodios presidenciales y líderes políticos todo los días en
este mundo. De hecho, los registros periodísticos solo reseñan seis casos en
los últimos 23 años, cuatro de ellos en asaltos golpistas en África Central,
uno en la reciente crisis de Ucrania y un sexto en Colombia.
La razón para un registro tan escaso de episodios criminales de ese rango
en la lucha política internacional es que eliminar a un custodio presidencial o
alguien con la trayectoria militante de Eliécer Otaiza en Venezuela, tan
cercano al gobierno como él, es un acto directo contra el centro mismo del
poder. El presidente venezolano y su ministro del Interior definieron el caso
como un “crimen político planificado desde Miami”, donde una parte de la
oposición derechista venezolana fragua sus conspiraciones, contrata mercenarios
y entrena militarmente a jóvenes estudiantes derechistas. En realidad, es más
que Miami. Se han verificado nichos de conspiración y entrenamiento en Bogotá,
Táchira y haciendas grandes de ricos ganaderos venezolanos. Algunos grupos de
paramilitares, desocupados en Colombia, se han vuelto muy activos entre la
oposición venezolana.
El punto de partida para cualquier aproximación a lo que pasa en
Venezuela es el grado de incompatibilidad absoluta entre Venezuela como
Estado-nación, como gobierno y sistema político y como movimiento social,
frente al dominio hemisférico estadounidense. En ese contexto se desarrolla el
complicado dilema interno de saber cómo terminar lo comenzado.
Ese distanciamiento del dominio yanqui explica que la sociedad venezolana
esté sometida desde el año 2002 a la más cruel de las presiones externas e
internas para descalabrar su gobernabilidad, frenar su desarrollo y derrotar
sus fuerzas sociales. En 12 años ha sufrido un golpe de Estado en abril de
2002, aunque derrotado en las siguientes 47 horas, luego tres intentonas
golpistas en 2003, 2004 y 2005, además de un paro industrial y petrolero.
También se cuentan por lo menos cuatro intentos de magnicidio a Chávez y
alrededor de 250 agresiones a funcionarios gubernamentales. La suma de los
chavistas asesinados entre 2002 y 2014 aterroriza: 357. Incluye los siete
médicos cubanos asesinados o heridos y los 256 campesinos acribillados desde
2003.
Esa estadística macabra acerca a Venezuela a escenarios de violencia
política aguda como el de Colombia, donde la burguesía impuso su paz social a
balas, persecución y desplazamientos. Para ser precisos, sus promotores tienen
el proyecto de convertir al país en algo similar a lo que estamos presenciando
desde un año atrás en Siria, o hace tres meses en Ucrania. Venezuela se
enfrenta al riesgo de una guerra civil provocada, dirigida y financiada por
grupos de poder de EE.UU., por gobiernos de la derecha latinoamericana, usando
para ello a sectores de la oposición venezolana que se han desprendido para
actuar como la caballería, la vanguardia necesaria que actúa en nombre de todos
los capitalistas.
Hay otros muertos con otros responsables, que sin embargo, no definen al
gobierno ni al sistema político. Se trata de cinco obreros caídos en medio de
una huelga por acción policial bajo órdenes de un gobernador bolivariano
corrupto en una ciudad del interior, y tres más que cayeron en el Estado de
Aragua, ubicado en el centro-norte del país, en medio de una disputa entre
sindicalistas clasistas y un grupo de la burocracia gremial oficialista.
Lo que define al proceso bolivariano es el ataque permanente de
Washington y las burguesías latinoamericanas para derrocarlo. En ese escenario
de tensiones constantes, el gobierno y la dirección política del chavismo se
debate entre políticas duales que en muchos casos han sido acertadas, pero en
otras ha convertido los crímenes en casos policiales, incluso aislados, donde
el proyecto revolucionario contenido en el Programa de la Patria y el Golpe de
Timón se subordina al incidente. En ese tratamiento policial del incidente se
disuelve la fuerza social que debe sostener la defensa de las conquistas del
proceso revolucionario y hacerlo avanzar.
El mapa de la muerte. Pero estas dos víctimas resonantes del sicariato
político opositor en el país no aparecieron en el escenario como si fueran
sucesos policiales, y menos como caprichos de la revancha derechista. Otaiza y
el miembro de la seguridad de Maduro son apenas dos síntomas escandalosos del
drama nacional en curso.
Entre febrero y mayo, una parte de la oposición protagonizó una “revuelta de ricos”, como tituló con buen tino periodístico
el corresponsal de The Guardian, sorprendido por el atuendo
personal y los autos lujosos de las personas que vio en las marchas y en las
barricadas. De esa revuelta resultaron 48 muertos, de los cuales solo 15 son
opositores.
A lo sorprendente en términos humanos de esta estadística, se suma una
sorpresa más desconcertante. Estas dos cifras de muertos se invierten en las
cabezas de gente desinformada –la mayoría–, que se orienta por las
informaciones editadas cuidadosamente en las cadenas televisivas y diarios
dominantes y por periodistas sin escrúpulo como Jorge Lanata, o diputados
asociados a los opositores venezolanos, como Federico Pinedo.
Entre el día 12 de febrero y el día 28 de marzo, cadenas como NTN24, de
Colombia, CNN, y diarios como El País y ABC, de España, Miami Herald, El
Nacional de Caracas y Clarín, de Buenos Aires, ubicaron dentro del
acontecimiento venezolano 21 imágenes fotográficas de alta violencia, pero
ocurridas en otros países. Las copiaban de las “redes sociales” desde fuentes
armadas en territorio venezolano y colombiano. Una de las principales agencias
de esa información falsa fue la empresa de medios de J. J. Rendón, ex asesor de
Juan Manuel Santos y Uribe Vélez, uno de los más destacados conspiradores
venezolanos en el exterior (vive en Miami desde 2006).
Con esas imágenes de muerte y violencia construyeron informes
periodísticos falsos. En cada una de ellas aparecían jóvenes o mujeres
golpeadas por agentes de seguridad. Esas fotografías o filmaciones de video
fueron usadas por los editores para titular informes en los que afirmaban que
“el gobierno dispara y tortura a la sociedad civil y estudiantes opositores”,
como dijeron la CNN y el Miami Herald y replicaron los otros medios.
Con esa falsificación a gran escala lograron dos cosas. Convencer a medio
planeta de que en Venezuela existe una dictadura asesina y al mismo tiempo,
invertir los hechos de la realidad: mucha gente quedó convencida de que los
muertos son todos opositores. “Jóvenes estudiantes indefensos que salen
desarmados a las calles para reclamar por sus derechos democráticos contra un
gobierno despótico que les dispara a mansalva”, así relató el conductor Jorge
Lanata en uno de sus programas, quizás una proyección psíquica para satisfacer
un deseo profundo.
Esta estafa informativa deliberada se convierte en grosería periodística
cuando hurgamos en la realidad. Resulta que de los 15 caídos de la oposición
solo 5 son de responsabilidad gubernamental y apenas 3 por acción de la
militancia chavista.
En términos de responsabilidad política, todos los muertos, incluidos los
de gente opositora, fueron causados por la “revuelta de ricos” comenzada en
febrero sin fin previsto. El día miércoles 7 de mayo, dos meses y medio
después, aún continuaban los actos violentos de los grupos opositores. Hay
señales de otra revuelta para junio, amparados en el Mundial de Fútbol.
A diferencia de los dirigentes de la oposición venezolana y sus socios
periodísticos y parlamentarios en el exterior, el gobierno se hizo responsable
por las acciones de sus miembros. Destituyó al jefe policial que desobedeció la
orden presidencial de no disparar el 12 de febrero y mantiene a una decena de
guardias nacionales procesados judicialmente, en algunos casos por ejercer
actos de violencia personal.
Las otras siete personas de la oposición, cayeron por efecto de sus
propias acciones, dentro de las barricadas o en accidentes individuales en acciones
violentas. La Fiscalía llamó a este tipo de casos “muerte indirecta”, porque no
hubo intencionalidad. Puede ser, pero en términos políticos, sí existe una
causa identificada: las barricadas organizadas por ellos mismos como parte de
una revuelta “de ricos”.
De esas acciones contra el gobierno resultaron muertos tres militantes
opositores por sus propias manos: a uno le explotó un mortero que preparaba
contra la Guardia Nacional, otro se electrocutó derribando una valla
publicitaria para hacer una barricada y el tercero se cayó de una terraza en un
barrio rico de Caracas, luego de disparar contra los cuerpos de seguridad del
Estado.
Así se desprende de estas cinco fuentes consultables en la web: Red de
Apoyo por la Justicia y la Paz, Provea, Amnistía Internacional, Red de
colectivos La Araña Feminista, Centro para la Paz y los Derechos Humanos de la
UCV, y el diario web Aporrea, que llevó el registro diario de las víctimas
mortales.
El resto de los fallecidos por actos violentos se divide en dos tipos de
personas: 15 vecinos y vecinas sin actividad política, que podrían ser
contabilizadas como ni chavistas ni antichavistas. Los otros 18 caídos mortales
eran chavistas o bolivarianos de tres tipos: 10 están registrados como miembros
de los cuerpos de seguridad pública del Estado (Custodia Presidencial, GNB, PNB
y el SEBIN), 1 era fiscal del Ministerio Público, el resto tenía actividad
militante conocida con el PSUV o agrupaciones sociales bolivarianas. A estos
dos últimos grupos pertenecieron Eliécer Otaiza y el guardaespaldas
presidencial.
Al fascismo no se le discute. La periodista radial y militante
bolivariana Hindu Anderi se preguntaba en un artículo de opinión reciente: “¿Después de Otaiza quién sigue?” (Aporrea, 5 de mayo 2014).
El aparente tremendismo de la expresión puede confundir a quienes creen, a
veces con ingenuidad, que la política, en su dimensión más histórica, se reduce
a una cuestión de poder, de relaciones de fuerza o, peor, de hechos consumados
a los que hay que adaptarse.
La respuesta a la inquietante cuestión planteada por Anderi nos devela
las complejas dimensiones del acontecimiento venezolano.
La dimensión mediática nos muestra que mientras no se modifique la
cultura dominante, ellos tendrán ganada esa batalla, porque el mensaje
elaborado en los medios encontrará en “la gente” el sentido común que necesita
para convertir en verdad hasta la mentira más grosera. Por ejemplo, que
Venezuela es una dictadura, que no hay libertad de prensa y que los muertos son
inocentes estudiantes opositores.
En cambio, la dimensión político-militar no está en las manos de ellos.
La defensa del proceso bolivariano dependerá de que tenga, como comprensión
rectora, que “al fascismo no se le discute, se le destruye”, como gritaba
Buenaventura Durruti durante la Guerra Civil Española, contra los republicanos,
socialistas y comunistas moderados de la República.
Matar altos funcionarios, custodios presidenciales o agentes de la Guardia
Nacional Bolivariana es un acto límite en cualquier enfrentamiento político, en
este caso entre chavismo y antichavismo. Allí nace la justificable duda de la
periodista venezolana Hindu.
En términos más amplios, también es un acto límite en la conducta humana,
matar ciudadanos desarmados por diferencias de opinión o llevar una remera roja
del chavismo o un tatuaje del rostro de Chávez en el brazo. Los opositores
venezolanos han atravesado esos límites humanos. Atravesaron alambres en las
calles para degollar, incendiaron 11 planteles universitarios, estaciones de
subte, rociaron con gasolina a guardias nacionales y les tiraron yesqueros
encendidos, envenenaron un depósito de agua potable en Mérida. Llegaron al
extremo de comenzar a quemar un preescolar estatal con 75 niños y sus maestras
adentro.
Estas fronteras humanas en la lucha política solo son traspasadas cuando
una de las partes se convenció de hacer la guerra a la otra. En ese punto nace
lo que desde 1921 se conoce como fascismo, que en la definición del primero que
la estudió en el terreno europeo “es la decisión de la burguesía de actuar con
métodos de guerra civil contra las fuerzas del proletariado y sus partidos” (La lucha contra el fascismo en Alemania, L. Trotsky,
Edic. Pluma, pp. 56).
En la Venezuela bolivariana ha brotado el sujeto fascista, un bicho casi
desconocido en su historia política contemporánea. Al revés de Argentina,
Brasil, El Salvador o Chile, brotó en febrero de este año, aunque las puntas de
sus pezuñas fueron vistas varias veces desde abril de 2002.
No es necesaria la existencia de un “proletariado” o de fuertes partidos
marxistas o anarquistas, como los de aquellas décadas iniciales. El chavismo y
su poderoso movimiento social les huelen a lo mismo, aunque no lo sean, porque
enfrentan a enemigos similares. El fascismo contemporáneo mutó y se adaptó al
tipo de enemigos “nacionales” y “plebeyos”, que debe enfrentar en países como
los nuestros.
Para comprender su aparición este año y no antes, debe recordarse que la
actual generación de jóvenes pertenecientes a familias ricas y medias altas fue
amamantada en los últimos 14 años por una sola mamadera: odio al chavismo, como
si fuera el mismísimo Lucifer rojo.
En esta década y media de cinco gobiernos continuos del líder bolivariano
y su continuador, Nicolás Maduro, la derecha venezolana ha sufrido la mayor
cantidad de derrotas que derecha alguna haya registrado en este planeta. 17
sobre 18 procesos de votación de escala nacional. Perdió el control del
dispositivo de la renta petrolera y el gobierno que la mantenía encarnada
oficialmente en el modo de vida norteamericano, sus valores, finanzas, empresas
y cultura. La cultura dominante en Venezuela no depende solo la de la clase
dominante. Está en fuerte y permanente disputa con una cultura de izquierda
inspirada en el ideario socialista del siglo XXI. Sus calles, simbología
gubernamental, discursos, medios oficiales y comunitarios y su movimiento
social bolivariano son muestra de ello.
Esta breve suma es suficiente para producir horror entre los
privilegiados, no solo de Venezuela.
Los componentes activos de este sujeto fascista son los
estudiantes de las universidades privadas y privatizadas. También
algunos desprendimientos lúmpenes de la clase pobre de los barrios marginales
de Caracas y de dos o tres ciudades grandes. Sus operadores en el terreno son
grupos de paramilitares asociados y financiados por la Fundación
Internacionalismo para la Democracia, dirigida por el expresidente colombiano
Álvaro Uribe Vélez. También cuentan con apoyo táctico de grupos neonazis
llegados de Europa como la conocida Otpor, la que junto a otras ONG
como la NED, Canvas, AEI y Freedom House, orientan,
organizan y arman con tácticas y métodos diversos, a más de 2 mil estudiantes
entrenados militarmente en Miami y Colombia en técnicas de guerra (civil) “de
baja intensidad”.
El informe oficial presentado el pasado 2 de mayo por el ministro del
Interior de Venezuela, Rodríguez Torres, es, además de pormenorizado,
suficientemente basado en datos, fuentes, testimonios y documentación obtenida
por el gobierno bolivariano (Ver: “30 claves del plan insurreccional contra Venezuela”,
poderenlared.com del 5 de mayo 2014).
El carácter de este sujeto social nuevo obliga a repensar todo lo que
enfrentaron la “revolución bolivariana” y su gobierno hasta ahora.
Especialmente la estrategia de defensa, por aquello que aconsejaba Durruti,
entre otros que sufrieron el tiempo del fascismo europeo. Si el fascismo no es
destruido, la “revolución bolivariana” se encaminará inexorablemente hacia una
derrota como la guatemalteca de 1954, la argentina de 1955, la brasileña de
1964, la chilena de 1973, la peruana de 1975, la boliviana de 1977, o la
salvadoreña de 1982. El otro camino es igual de peligroso aunque sea distinto,
porque se basa en la ilusión de que una “oposición democrática” enfrentará a
otra que no lo es.
Quién mata y quién muere en Venezuela no es una crónica periodística o
una estadística social. Para que no se convierta en un registro pervertido,
grotesco, del desastre humano en marcha, debe ser parado “antes de que sea
tarde”, como le advirtió al presidente Maduro el capitán de la Guardia Nacional
Bolivariana, José Guillén Araque, el 12 de febrero, “muerto de un balazo en la
frente el 17 de marzo mientras trataba de impedir una barricada” (L. Bracci,
Alba Ciudad, 15/4/14).
La frase la dio a conocer el propio presidente en el velatorio el 18 de
ese mes, sin embargo su contenido lo trasciende hasta la necesidad de un
programa social, político y militar: impedir que el fascismo venezolano se
convierta en temprano.
CALPU
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