Wikileaks
filtra un documento sobre la negociación del) que confirma la intención de la
Unión Europea de entregar los servicios públicos a las grandes empresas.
24/06/14
Manifestación
por los servicios públicos el 18 de septiembre de 2011.
Cuando el
escándalo creado por la filtración de tres
documentos secretos sobre las negociaciones del tratado de libre
comercio entre EE UU y la UE (TTIP) empezaba a olvidarse, un nuevo texto confidencial ha
salido a la luz.
Esta vez no
ha sido Fíltra.la, sino Wikileaks quien ha permitido la
filtración. Y el documento no habla del TTIP, sino del Acuerdo
sobre el Comercio de Servicios (TISA, por sus siglas en inglés), un
tratado que la UE tramita paralelamente con dos decenas de países, entre ellos
EE UU, Australia, Japón, Australia, México y Canadá. Un acuerdo “negociado
en secreto para hacer un marco de liberalización de todos los servicios en el
futuro”, declara a Diagonal Pablo Sánchez,
responsable de comunicación de la Federación Europea de Sindicatos de Servicios
Públicos (EPSU). El objetivo, según Sánchez: “Asegurarse que la mayor parte
posible de los servicios puedan ser negociables, en especial aquellos
que hoy son percibidos como servicios públicos”.
¿Qué
novedades aporta la filtración de Wikileaks?
Para Pablo
Sánchez, la filtración de Wikileaks es una nueva herramienta que
permite confirmar que existe una iniciativa orquestada contra el sector
público. “[La filtración] muestra que el temor que teníamos de la
voluntad de arrinconar a los servicios públicos existentes no era infundado. La
táctica es que todo ‘nuevo servicio’ o que pueda ser dividido de uno
existente debe ser puesto en el mercado y vaciar de contenido la
definición de servicio público. Un hospital seguirá siendo un servicio público
-la concesión-, pero todo lo que pase dentro estará en manos privadas. Siempre
que dé beneficios, claro. Eso lo que están negociando”, explica este
sindicalista.
El
documento filtrado por Wikileaks muestra que pretenden "vaciar de
contenido la definición de servicio público. Un hospital seguirá siendo un servicio
público -la concesión-, pero todo lo que pase dentro estará en manos
privadas"
Para Sánchez, resulta evidente que se trata de una ofensiva conjunta, junto con el tratado de libre comercio con EE UU: “Los mismo países, los mismos gabinetes de negociación... Vamos, si esto es coincidencia tenemos mucha mala suerte”.
Con la
negociación de estos dos tratados no sólo está en juego la privatización de
servicios públicos, sino también garantizar que las privatizaciones
realizadas en el pasado no tengan marcha atrás. “Lo que verdaderamente
está en la agenda política es impedir que se renacionalicen y
remunicipalicen servicios que fueron privatizados, dados en concesión
a 20 o 25 años o en colaboración público-privada a través de un mecanismo, de
nuevo, de arbitraje internacional. Como le están haciendo a Argentina,
disuadiendo a posibles gobiernos o autoridades del coste de dichas políticas”,
explica Sánchez.
El
negocio de los servicios
Para
comprender el origen del TISA hay que remontarse a 2001, cuando la Ronda de
Doha de la Organización Mundial del Comercio pretendía acabar con todas las
barreras y limitaciones para el comercio mundial. Tras el fracaso de las
negociaciones y tras el fracaso del Tratado de Libre Comercio para las Américas
(ALCA), las grandes potencias se lanzaron a firmar acuerdos bilaterales y
multilaterales para avanzar en la liberalización del comercio.
Una
coalición de países, que se llama a sí misma "los mejores amigos de los
servicios" se han puesto a negociar para abrir al mercado la educación,
los servicios sociales, los servicios medio ambientales, la sanidad...
El grupo de
presión que está impulsando actualmente el TISA y el TTIP, denuncia Pablo
Sánchez, se llama US Coalition
of Service Industries.
“Este
acuerdo tiene un padrino y es el lobby de los servicios financieros en los
Estados Unidos. Dado
el estancamiento de la ronda de Doha, una coalición de países, que se llama a
sí misma ‘los mejores amigos de los servicios’, se ha puesto a negociar, ya que
representa el 90% del comercio mundial de servicios. Su objetivo es abrir todos
los servicios públicos posibles al mercado: educación, servicios sociales,
servicios medioambientales, sanidad y un largo etcétera”, concluye Sánchez.
Los lobbies
financieros influyen en las decisiones en el parlamento europeo y las
multinacionales escaparán al control político con el tratado de Libre Comercio
UE-EEUU.
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