Enfangado en el mayor
escándalo de corrupción desde la transición, el PP se revuelve en su propia
basura mientras, consciente de su aislamiento y descrédito, busca una salida a
su deterioro interno reprimiendo la protesta social y disparando contra ella
con toda su artillería de esbirros policiales y legales.
Aprovechando que la
movilización y la lucha contra la destrucción de las conquistas colectivas han
dado síntomas de cansancio y falta de perspectivas en los últimos meses, el
gobierno de ultraderecha liberal aprovecha el período veraniego y vacacional
que añade su propia dosis de desmovilización social.
Este verano va a pasar a la
historia como el más cruento en cuanto a agresiones a las organizaciones que
resisten a la incautación delictiva de lo público por parte del gobierno
natural del capital.
En los últimos días hemos
asistido a algunas violaciones de los derechos de manifestación, expresión e
incluso información de las luchas sociales.
Hace tan sólo tres días dos
periodistas – Blasco de Avellaneda, corresponsal de Periodismo Humano en
Melilla, y Richard Mateos, de la valenciana Radio Malva- fueron detenidos acusados
de estar haciendo fotos en ese momento del salto de la valla de Melilla por
inmigrantes sin papeles, cuando la realidad es que al producirse su detención
ambos periodistas estaban viajando en el coche del primero, el salto a la valla
se había producido una hora antes y los equipos fotográficos y de video
iban dentro de una mochila en el asiento trasero del vehículo.
Es sabido que una parte de
los periodistas entorpecen la acción policial al ser testigos indeseados de las
brutalidades con las que los distintos cuerpos de las fuerzas de seguridad
actúan contra los más débiles. No todos los periodistas cumplen con la
labor de informar en cualquier circunstancia. Otros rinden pleitesía de forma
rastrera y babosa, como el señor Marhuenda, director de La Razón, que fue
diputado autonómico del PP en el Parlament de Catalunya y jefe de gabinete del
ministro para las Administraciones Públicas, Mariano Rajoy, y hoy ejerce de
portavoz no oficial del Gobierno y de oposición indigna a todo lo que se oponga
al mismo, por moderada que sea la forma en que lo haga.
En un Estado que fuese
democrático montar una falsa acusación de delito –estar en la zona próxima a la
valla que separa Melilla de Marruecos cuando se produce o se prevé un salto de
sin papeles de la misma hacia el interior de la ciudad autónoma- debiera ser
delito en sí mismo. Pero no somos ingenuos. El retroceso en las garantías
democráticas es tan profundo desde hace más de año y medio en este país que el
carácter de Estado democrático se desdibuja peligrosamente y a gran velocidad.
Por otro lado, raramente la
brutalidad y la arbitrariedad de la acción policial se producen a iniciativa
propia o de los mandos inmediatos de los agentes. Detrás de estos
comportamientos están las Delegaciones del Gobierno y el Ministerio del
Interior que miran para otro lado, mientras alientan tales actuaciones,
siquiera por omisión e incluso defendiendo, arengando y disculpando tales
acciones.
Días antes, en Pontevedra,
los estafados por el escándalo de las preferentes recibieron una nueva tanda de
multas con argumentos tales como no llevar puesto el cinturón de seguridad o
tocar el claxon sin motivo justificado al manifestarse en coche.
Los preferentistas gallegos
vienen sufriendo multas por manifestarse a pie desde el mes de abril, en unos
casos bajo el argumento de no haber comunicado la realización de las
manifestaciones y en otros a pesar de haberlo hecho.
Pero entre las multas más
recientes se encuentra el absurdo y delirante caso de una anciana de 81 años,
con problemas de movilidad (utiliza andador), que fue denunciada y multada por
coacciones. El caso tendría su parte humorística si no demostrase el grado de
encanallamiento y degeneración moral del partido del Gobierno en las
instituciones gallegas.
El más sangrante de todos
los casos lo hemos visto forjarse a lo largo del último año: la criminalización
del SAT (Sindicato Andaluz de Trabajadores) y de sus principales dirigentes.
Después de intentar arruinar al SAT a base de multas, con el fin de hacerle
desistir de sus protestas, hemos ido asistiendo al proceso de criminalización
social y político del sindicato a través los aparatos del Estado, el mundo
judicial y la Brunete mediática de la derecha.
El pasado lunes se llamaba
a Diego Cañamero a declarar ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía
(TSJA) y, al negarse éste a asistir por lo que no consideraban ni él ni su
sindicato un delito (la ocupación el pasado año de la finca Las
Turquillas), el miércoles era detenido, siendo puesto en libertad a las
pocas horas, tras negarse a prestar declaración.
Por el mismo caso, ayer
jueves el Abogado del Estado pedía 2 años de cárcel para él y el alcalde
de Marinaleda y diputado autonómico andaluz, Juan Manuel Sánchez Gordillo,
junto a otros dos militantes del SAT, a los que considera cabecillas de la
ocupación de Las Turquillas. Para otros 50 militantes de la organización
sindical se piden 18 meses de prisión.
En paralelo el grupo
ultraderechista “Manos Limpias” inicia una campaña de acoso y difamación contra
Sánchez Gordillo y el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Marinaleda, por
supuestos gastos municipales injustificados, que cuenta con la difusión
por la Brunete mediática (“el cascabel al gato” de 13tv, La Razón,…),
apoyándose en la indecente denuncia del portavoz del PSOE en dicho
ayuntamiento, Mariano Prados.
Aún recordamos muchos los
ladridos de la caverna cuando el pasado verano 200 sindicalistas del SAT
expropiaron 9 carritos de la compra cargados de alimentos en un supermercado de
Mercadona para entregar su contenido a un comedor social.
Independientemente de la
relevancia en sí misma de la acción o de su idoneidad, lo cierto es que el
sindicato pretendía con esta acción poner el foco sobre el hambre que en
Andalucía está produciendo esta crisis del capitalismo que no padecen los
capitalistas sino la clase trabajadora.
De ahí que la caspa ultra
pretendiera desenfocar la cuestión hacia una historia de bandolerismo, robo o
acción grotesca y clamase por el sagrado respeto a la propiedad privada, el
mismo respeto que permite la sustracción impune de lo público por mafiosos
privados, con la ayuda de sus corruptos comisionistas políticos del PP.
Una última cuestión no debe
pasársenos por alto. Nos referimos a la suspensión por el Tribunal
Constitucional durante un período de cinco meses, sin duda con la intención
posterior de una anulación definitiva, del decreto andaluz sobre desahucios.
Este decreto, que partió de
la Consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, de
IU, en ningún caso ha sido una iniciativa de carácter revolucionario o
bolchevique. Los referentes de la misma están en la legislación británica,
danesa y de otros países europeos, nada sospechosos de ser partidarios de una
economía de tipo socialista.
Más allá del alcance real
de dicho decreto, de lo poco ambiciosos de sus presupuestos políticos (uso ,
nunca propiedad, que seguía en manos de los bancos antes embargantes durante un
límite de dos años de viviendas a familias con una gravísima situación de
exclusión social derivada de las pérdida de sus casas), lo cierto es que esta
medida suponía reconocer de un modo real por parte delas instituciones
políticas el derecho de las personas a una vivienda.
IU es una organización
reformista y su pacto con el PSOE en el Gobierno de Andalucía sólo suaviza el
grado de agresión a la clase trabajadora andaluza, siempre por comparación a
las políticas que aplica el gobierno central del PP, aunque no por ello el
pacto está dejando de aplicar medidas antisociales.
Pero ese grado algo menor
de agresión a la clase trabajadora andaluza preocupa, por un lado, al gobierno
del PP porque permite hacer comparaciones entre unas y otras políticas, por
pequeñas que sean estas diferencias y, por el otro, al capital, pues aunque el
decreto andaluz sobre desahucios nunca ha cuestionado la propiedad bancaria de
las viviendas ocupadas por un período de dos años, supone tomar decisiones
sobre las mismas que no quedan sólo en manos del capital “propietario”.
Precisamente por ese motivo
la Comisión Europea y el Banco Central Europeo presionaban a la Junta de
Andalucía y reforzaban el recurso presentado por el Gobierno español contra el
decreto andaluz de antidesahucios bajo el “argumento” de que el mismo “tendría
un impacto negativo sobre la estabilidad financiera española en España y en la
actividad del banco malo que gestiona los activos inmobiliarios (Sareb)”.
Es obvio lo ridículo que
resulta afirmar que sólo 10 expropiaciones temporales puedan ser tan
perniciosas para el inmaculado sistema financiero español. Lo que preocupa es
el precedente que para una España de estructura territorial autonómica pudiera
crear dicho decreto; no por revolucionario, sino por el pequeño grado de
autonomía de la política sobre lo económico en un momento en el que la dinámica
histórica va en sentido opuesto.
Del mismo modo en que a
pesar de que la dación en pago es, en sí misma, reaccionaria porque justifica
el “derecho” al desahucio y a la cobranza por los bancos de la deuda por encima
del derecho humano a la vivienda a cambio de la cancelación de la deuda
pendiente, la resistencia física y de movilización de las asociaciones de afectados
por los desahucios (PAH y otras) implica un intento solidario de negarse desde
la práctica a aquello que se reconoce en lo programático como legal.
Por ese motivo, los dos
casos últimos, como todos los mencionados merecen nuestra solidaridad, si bien
es necesario añadir la crítica a las insuficiencias de las propuestas meramente
reformistas y respetuosas con lo que la legalidad burguesa plantea.
Dado que el capital y su
gobierno rechazan de plano las medidas más moderadas y situadas dentro del
orden constitucional del capitalismo es hora ya de poner desde las izquierdas
la cuestión de la propiedad en el centro del debate, ya que no otra cosa han
hecho tanto el capital como sus gobiernos desde el inicio de la crisis. Es hora
de levantar frente al indiscutido derecho a la propiedad privada su refutación
política, que no es otra que la abolición de dicha forma de propiedad en
beneficio de otra forma superior, la p
ropiedad social y
colectiva.
Y es hora de hacerlo
también desde la defensa de nuestras libertades, las de la clase trabajadora, a
manifestarse, protestar, expresarse y oponerse al desorden del actual régimen
económico y político.
La criminalización de la
protesta social que hoy hace “de facto” y “de iure”, amparado en viejas leyes,
el gobierno del PP, muy pronto
lo hará con las nuevas de un Código Penal que permitirá un incremento aún mucho
más brutal de la represión.
Los hechos son tercos. La
realidad ha venido a demostrar que no hay otro camino para oponerse al
escenario de barbarie y descomposición social al que este gobierno del capital
nos conduce que derribarlo.
Para ello son necesarias
todas las fuerzas, sin sectarismos ni exclusiones, la más amplia alianza de las
organizaciones políticas que se oponen a sus medidas salvajes y una
movilización permanente que tumbe al actual gobierno e impida nuevos engaños y
decepciones por parte de quienes puedan llegar a sustituirlo.
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