Un documental reconstruye la represión del
independentismo catalán con motivo de las olimpiadas de Barcelona
El magistrado Baltasar Garzón pasa por ser un campeón
de las reivindicaciones por la memoria histórica y la defensa de los derechos
humanos. Pero es algo más. Lejos del foco mediático, existe la otra cara del
juez, retratada en el documental “Operación Garzón contra el independentisme
català”, que se presentó en Valencia el pasado 25 de septiembre dentro de las
“Jornadas contra la tortura”, organizadas por el Fòrum per la Memòria del País
Valencià y la Sociedad Coral El Micalet.
Corría el año 1992, año de grandes fastos bajo el
mandato del gobierno socialista de Felipe González. Barcelona estaba ya
dispuesta a acoger los juegos olímpicos, al tiempo que se celebraba el V
Centenario del descubrimiento de América y Sevilla albergaba la Exposición
Universal. En este contexto, los aparatos del estado implementaron una
operación contra la izquierda independentista catalana, con el fin de
desmantelarla definitivamente y garantizar la “paz olímpica”. El documental
“Operación Garzón contra el independentisme català” relata estos hechos, con
testimonios de los encausados (y también del juez Garzón), que en muchos casos
denunciaron detenciones arbitrarias y torturas.
Llibertat.cat, espacio de debate y difusión de la
memoria histórica nacido en 2006, ha impulsado el documental, producido por
Zeba Produccions, con la colaboración de la Asociación Memòria contra la
Tortura, Alerta Solidària y más de 200 personas y entidades que han contribuido
mediante la fórmula del micromecenazgo. El documental ya se ha difundido por
numerosos centros sociales y por algunas televisiones locales. De momento, “la
televisión autonómica catalana lo tiene arrinconado”, aseguran los promotores
de la iniciativa.
Dos décadas después de los hechos, Llibertat.cat
recuerda que un total de 38 independentistas “sufrieron una persecución
indiscriminada, acusados de pertenecer a Terra Lliure , que se mantenía activa
a pesar de la autodisolución de la IV Asamblea de la organización armada; el
juez Garzón, ahora condenado a 11 años de inhabilitación por las escuchas
telefónicas del caso Gürtel, aprobó la incomunicación de los detenidos en las
dependencias de la Guardia Civil, un periodo durante el cual los
independentistas fueron torturados; el juez, sin embargo, ignoró las torturas
de las que fueron objeto los detenidos, aunque declararon delante del
magistrado de la Audiencia Nacional, haber sufrido malos tratos”, se explica en
la presentación del documental.
Asimismo, se asegura que el juez, pese a conocer las
denuncias y del estado de los detenidos, “se valió de las declaraciones
extraídas bajo tortura por parte de la Guardia Civil para instruir un sumario
en el que implicaba a decenas de personas”. “Garzón vulneró así los derechos
humanos”, concluye Llibertat.cat. En 2004, doce años después de los sucesos, el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo condenó al estado español,
y le obligó a indemnizar a las víctimas, por haberse negado a investigar las
denuncias de malos tratos. Sin embargo, “el aparato político y jurídico del
momento no se ha sentado nunca, de momento, en el banquillo de los acusados”,
subraya la citada fuente.
Los objetivos del documental, son múltiples, según sus
promotores. Señalan, entre otros, mostrar la otra cara de las olimpiadas de
1992 y el movimiento de protesta a las mismas; denunciar el despliegue militar
a lo largo del país; la actuación del juez Baltasar Garzón; el uso y la
pervivencia de la tortura como sistema de destrucción de los detenidos; y dar
voz a los independentistas que sufrieron la actuación del magistrado, y que
nunca contarán con espacio en los medios oficiales.
En las “Jornadas contra la Tortura” participaron tres
de los encausados en el proceso abierto hace dos décadas. Uno de ellos, Carles
Benítez, recordó que aquella operación pretendía “cortar el independentismo de
raíz; pero, gracias a la perseverancia, hoy florece el movimiento; hubo, sin
duda, unos juegos olímpicos con una cara oculta, que mucha gente desconocía;
pero al final todo el mundo se coloca en su sitio”; Benítez traza el símil
entre la “operación Garzón” y los hechos narrados en la “Batalla de Argel”,
“cuando llegan los paracaidistas franceses y se produce la tortura
sistemática”. Recuerda, asimismo, que en el estado español continúa hoy vigente
la legislación antiterrorista. “¿Cómo un estado que se dice democrático
mantiene en vigor esta ley?”, se pregunta.
Otro de los encausados, Josep Musté, subrayó que la
historia del independentismo catalán es, asimismo, “la de la guerra sucia y la
represión por parte del estado”. “Pero el tiempo nos ha dado la razón”, añade.
Musté explica que en la década de los 70 y los 80 se hacía referencia a
organizaciones como el PSAN, MDT o Terra Lliure, “pero hoy, más del 50% del
principado está a favor de la independencia y en la reciente manifestación de
Barcelona salieron a la calle más de dos millones de personas”. “Vemos además
cómo el pueblo trabajador catalán está pagando la crisis en forma de
despilfarro de recursos económicos, medioambientales, recortes de todo tipo,
paro, racismo y desahucios”, agrega.
Por su parte, Toni Infante destacó que no se trata de
apelar a la nostalgia. Pero cabe preguntarse, según Infante, “¿Dónde se
encuentran los mentores de la razia del 92? Personajes como Garzón, Felipe
González, Roldán o Corcuera”. Además, “el estado español representa la
quintaesencia del capitalismo más feroz; y contra este estado –que, desde su
génesis, no entiende de negociaciones- no valen autonomismos, federalismos ni
otros reformismos; la única solución es la independencia y, para ello, han de
darse dos condiciones: la construcción de la unidad popular para luchar por el
socialismo, oponerse al patriarcado y defender el medio ambiente; y el
encuadramiento de la gente que está dispersa y que aún no tiene un referente
político independentista”.
El Fórum Per la Memòria, organización que impulsó las
“Jornadas por la Tortura” en Valencia, procedió a la lectura de un manifiesto
en el que se trasciende lo ocurrido en la “operación Garzón”, y realiza una
reflexión de fondo sobre la vigente democracia española: “Todos estos hechos
hacen visible, dos décadas después, la impunidad de la que disfruta el aparato
político, policial y judicial español; impunidad que también disfrutan las
personas responsables, los colaboradores, empresas e instituciones implicadas
en el genocidio franquista. El estado español es el único que, después de una
dictadura militar de 40 años y con centenares de miles de víctimas, nunca ha
procesado ni pedido responsabilidades a las personas implicadas”.
Además, continúa el manifiesto, “la impunidad continúa
visualizándose dentro de las comisarías, centros de detención, Centro de
Internamiento para Extranjeros (CIE) y prisiones del estado español, donde se
sigue practicando la tortura y el maltrato”. De hecho, según el informe de la
Coordinadora para la Prevención de la Tortura de 2011, ese año se tuvo
conocimiento de 280 situaciones (251 el año anterior) en las que se produjeron
torturas y malos tratos, y en las que se vieron afectadas 853 personas (cifra
muy superior a las 540 de 2010). La citada coordinadora subraya que el
incremento registrado responde, en buena medida, a las agresiones policiales
perpetradas durante las diferentes movilizaciones sociales, que ha pasado de
200 personas afectadas en 2010 a 433 en 2011, lo que implica un incremento del
116%.
Operación Garzón contra el independentisme català (subtítulos castellano)
Los independentistas torturados en la "Operación
Garzón" responden a la campaña a favor del juez
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