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artículo le he añadido algunos enlaces
Por Gemma García / Jesús Rodríguez Miércoles, 25 de septiembre de 2013
A continuación hacemos un repaso al currículum represor de los
cuatro personajes, pero también a sus actuales ocupaciones, que van desde la
seguridad privada hasta la enseñanza en una escuela de equitación.
La
juez argentina María Servini cursó la semana pasada una orden internacional
de búsqueda y captura contra cuatro presuntos torturadores españoles que
durante los últimos años del franquismo y la Transición fueron acusados de
maltratar de manera salvaje a numerosos disidentes al antiguo régimen, en algunos
casos hasta la muerte. La resolución judicial considera probada su
participación en los hechos y se dirige a la policía española y a la Interpol
para que procedan a su detención inmediata para extraditarlos a Argentina o,
subsidiariamente, para juzgarlos en un tribunal español. Servini asegura en su
auto de más de 200 páginas que es un agravio a la humanidad la impunidad de la
que gozan todos los responsables de las muertes y torturas del franquismo y que
es la obligación de cualquier Estado de Derecho luchar contra los crímenes
contra la humanidad, aunque se hayan producido en cualquier otro punto del
planeta.
Los cuatro presuntos torturadores podrían ser detenidos en
cualquier momento si cruzan las fronteras del Estado español, pero con la ley
en la mano también deberían ser detenidos por la Policía española, los Mossos o
la Ertzaintza. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha negado a
hacer declaraciones en torno al caso, alegando que se trata de una actuación
judicial. El sitio web Wiki.Puntoyseguido,
desde donde se buscaba información sobre estos cuatro y muchos otros presuntos
torturadores, se encuentra inaccesible desde el domingo por la mañana. A
continuación hacemos un repaso al currículum represor de los cuatro personajes,
pero también a sus actuales ocupaciones, que van desde la seguridad privada
hasta la enseñanza en una escuela de equitación.
Juan Antonio González Pacheco (Billy El Niño)
Hasta su disolución en 1976, Juan
Antonio González Pacheco, conocido como Billy el Niño, formó parte de la
Brigada Político Social (BPD), la policía política del régimen franquista. Sus
actuaciones protagonizaron múltiples denuncias por maltratos y torturas, aunque
sólo en dos ocasiones fue condenado. En 1973, fruto de una querella por
lesiones, tuvo que pagar una pequeña multa y, en 1974, fue condenado por una
falta de maltrato y coacciones contra Francisco Lobatón de Medina, a un día de
arresto y 1.000 pesetas de multa. A pesar de las insignificantes consecuencias,
aparece al menos en 17 querellas contra el franquismo por delitos de tortura.
González Pacheco fue uno de “los chicos de Conesa”, como se
conocía a los subordinados del temido comisario Roberto
Conesa, tanto dentro de la BPS, como posteriormente en la Brigada Central
de Información, el ala más dura de la represión en los primeros años de la
transición. Se encargaba de la lucha contra ETA y los GRAPO. Junto con el
comisario Manuel Ballesteros, que ocupaba la jefatura del Mando Único de la
Lucha contraterrorista, y Roberto Conesa, se le acusó de instigar la matanza de
Atocha contra el bufete de abogados laboralistas, el 24 de enero de 1977, y fue
citado a declarar.
Como tantos otros, se benefició de la ley
de Amnistía del 77 y, además, fue condecorado con la Medalla de Plata al
Mérito Policial otorgada entonces por el Ministro de Interior español Rodolfo
Martín Villa, también incluido en la querella contra los crímenes del
franquismo. Cuatro años más tarde, fue trasladado a la Comisaría General de
Policía Judicial, dedicada a asuntos relacionados con estafas. En ese momento,
fuentes policiales apuntaron a “un intento de mejorar la imagen de la Brigada
Central de Información”. Una mala imagen gestada en los vínculos con el
anterior régimen y las actuaciones oscuras.
Un episodio turbio fue el atentado en 1980 contra el bar
Hendayais (País Vasco del Norte). Según las declaraciones del comisario
Ballesteros, González Pacheco era el intermediario entre la policía y el
comando de informadores, acusados de ametrallar el bar y provocar tres muertos
y nueve heridos. Ballesteros se negó a facilitar a la justicia la identidad de
los informadores, que cobraban mensualmente de los presupuestos del Ministerio
de interior español para “luchar contra el terrorismo”. La acción fue
reivindicada por la organización armada parapolicial Batallón
Vasco Español.
En 1985 González Pacheco consta como jefe de seguridad de la
empresa automovilística Automóviles Talbot, SA en Madrid. En los últimos años
se le ha vinculado a la empresa Loomis Spain SA, la división de transporte de
fondos del grupo Securitas, como jefe de tráfico.
Jesús Muñecas Aguilar (golpista del 23-
F)
En 1976 era capitán de la Guardia Civil de la Comandancia de San
Sebastián y, concretamente, se encargaba del cuartel de Tolosa. Por aquellas
fechas el jefe de esta subregión de la Benemérita con oficinas y calabozos en
el barrio donostiarra de Intxaurrondo era Antonio Tejero Molina, quien poco
después se haría tristemente famoso por el golpe de Estado del 23- F. Muñecas
fue relegado del cargo al frente del municipio de Tolosa después de las
torturas sufridas por Amparo Arangoi, una trabajadora de Papelera Sarrió de
Leiza (Navarra), detenida en abril de 1976.
A raíz de los interrogatorios a los que fue sometida, Arangoa,
que era la vicepresidenta del Sindicato del Papel y las Artes Gráficas y vocal
del Consejo de Trabajadores de Navarra, tuvo que ser ingresada en la residencia
Virgen del Camino de Iruñea, donde los médicos, después de impedir la entrada
de los guardias civiles en el centro médico (donde querían seguir con los
interrogatorios ), le detectaron hematomas por todo el cuerpo, de gran
profundidad en la región del glúteo, con posible bloqueo intestinal y renal,
con choque traumático. El diagnóstico fue “pronóstico reservado”.
A pesar de estos graves antecedentes, el capitán -originario de
Zaragoza- fue trasladado al Escuadrón de Caballería de la Primera Comandancia
Móvil de la Guardia Civil. Durante la víspera del asalto al Congreso de los
Diputados en 1981, y a petición de su amigo Antonio Tejero, Muñecas organizó
desde el cuartel de Valdemoro un autobús con agentes y mandos del cuerpo
dispuestos a participar del golpe de Estado. Se trasladaron hasta la Carrera de
San Jerónimo y fue él en persona quien anunció a los diputados que “una
autoridad militar, por supuesto”, haría aparición en la Cámara Baja, aunque
esto nunca sucedió.
El Tribunal Supremo, unos meses más tarde, lo condenó a cinco
años de prisión por la intentona golpista, pero abandonó el centro
penitenciario mucho antes, en octubre de 1984. Su afición a los caballos y el
apoyo que recibió de adinerados amigos después de salir de la cárcel, como el
empresario Pedro Montalvo, facilitó que abriera una escuela de equitación en el
municipio de Valdemoro. El Centro Hípico Valdemoro continúa en funcionamiento
hoy en día y es toda una referencia del sector equino en la comunidad de
Madrid. Muñecas Aguilar es el propietario pero también ha ejercido como
reconocido maestro de equitación. En el marco de los gobiernos de José María
Aznar, el capitán ocupó una plaza de asesor del ministro Francisco Álvarez
Cascos.
Celso Galván Abascal (escolta de Franco y
de la Casa Real)
En 1969 estaba adscrito a la Brigada Político-Social y participó
del registro de un domicilio en la calle Príncipe de Vergara de Madrid, donde
murió el militante antifranquista Enrique Ruano. Según la versión oficial de la
época, el joven -que había sido detenido junto con su compañera bajo la
acusación de militar en el FELIPE (Frente de Liberación Popular)- se suicidó
lanzándose por el patio del edificio donde se estaba haciendo el registro. En
1994 el Tribunal Supremo ordenó la reapertura del caso inicialmente archivado
por la Audiencia Provincial de Madrid. Fue entonces cuando se exhumó el cadáver
y se descubrió la sospechosa desaparición de una parte de la clavícula, donde
según la acusación se habría podido alojar la bala que acabó con su vida. De
hecho, en la autopsia de 1969 ya se hacía referencia a una herida contusa,
aunque no se mencionaba ninguna hipótesis causante. El tribunal que juzgó los
hechos en 1996 consideró que la versión oficial tenía poca credibilidad, pero
acordó la absolución de los tres policías imputados porque no había pruebas que
demostraran la autoría del homicidio.
Tras abandonar el área de información -que tenía como principal
función indagar en las actividades de la disidencia al régimen, elaborar
archivos y hacer interrogatorios de activistas-, Galván Abascal asumió las
funciones de escolta del General Franco y, posteriormente, continuó con la
tarea de guardaespaldas de los miembros de la Casa Real.
José Ignacio Giralte González (comisario jefe de Alcobendas)
José Ignacio Giralte González (comisario jefe de Alcobendas)
Este ex miembro de la Brigada Político-Social de la dictadura
logró pasar de puntillas por la Transición -como la mayoría de policías
acusados de torturas- y, una vez incorporado al Cuerpo Nacional de Policía,
ascendió hasta la categoría de comisario jefe de la comisaría de Alcobendas. En
cuatro de las querellas presentadas ante la justicia argentina aparece su
nombre, y se le acusa de haber perpetrado torturas contra miembros del
movimiento estudiantil de los años 60 y 70. Giralte fue uno de los hombres de
Billy El Niño y, según relata una de sus víctimas, durante los brutales
interrogatorios y registros le acompañaba el que hoy en día todavía ocupa la
plaza de comisario en Leganés, Jesús González Reglero. El nombre de este
último, a pesar de figurar en las investigaciones judiciales que se instruyen
desde Argentina, por ahora no ha sido incorporado al listado de presuntos
extorturadores en busca y captura internacional.
[Artículo publicado en La Directa]
[Artículo publicado en La Directa]
El Congreso
rechaza modificar la Ley de Amnistía de 1977
Madrid 19 JUL 2011
Cita del artículo anterior:
Pero la jueza accedió a cuatro imputaciones de las nueve que ustedes solicitaron.
Sí, están pendientes las de tres ex ministros franquistas (José Utrera Molina, suegro del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón, Rodolfo Martín Villa y Fernando Suárez) y dos ex jueces (Rafael Gómez Chaparro Aguado y Jesús Cejas Mohedano).
Radiografía
de las fuerzas de seguridad del estado en la zona sur de Madrid, un inquietante
panorama
Entrevista a la jueza
Argentina María Servini. Primera parte
Publicado el 23/05/2013
La jueza María Servini da esperanza a las víctimas del
genocidio franquista, la jueza argentina María Servini, la única instancia
judicial en el mundo que mantiene abierta una causa contra los crímenes del
franquismo. La titular del Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional
Federal Nº 1 de Buenos Aires confía en contar con respaldo probatorio para
imputar en un año a varios ex ministros, ex policías y ex jueces de la
dictadura, al tiempo que pide paciencia a las víctimas y les da esperanza
asegurando que "tarde o temprano se hará justicia".
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