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Lunes, 10 de marzo de 2014
• Se
invisibilizan las acciones de violencia cometidas por grupos de extrema derecha
y la complicidad de algunos alcaldes de oposición (ver punto 10), mientras se
intenta culpar de la violencia a grupos de base chavista o al propio gobierno.
• Se oculta
el escaso apoyo social que tienen las actuales protestas contra el gobierno.
• Se intenta
transmitir una imagen de desgobierno y de caos generalizado que no se
corresponde con la realidad.
• Se
invisibilizan o descalifican los esfuerzos que viene haciendo el gobierno desde
diciembre para promover espacios de encuentro con la oposición en asuntos de
Estado.
• No se
informa de la acción ordenada y proporcionada de las fuerzas de orden público,
cuya instrucción es el respeto irrestricto a los derechos humanos. Tampoco de
las acciones de las instituciones del Estado para prevenir y castigar los
posibles casos de abusos por parte de algunos funcionarios policiales.
• Se
relativiza o tergiversa el apoyo de los organismos y países de la región al
gobierno legítimo y democrático de Venezuela y a sus esfuerzos por el diálogo y
la paz.
Preocupados
por la reiteración de informaciones erróneas acerca de los recientes
acontecimientos de violencia acontecidos en algunas regiones del país, la
Embajada de la República Bolivariana de Venezuela ante el Reino de España desea
expresar lo siguiente:
1. El pasado 14 de abril de 2013
el candidato chavista Nicolás Maduro Moros ganó las elecciones presidenciales
al imponerse al candidato opositor Henrique Capriles Radonski, por el 1,5% de
los votos.
2. El 8 de diciembre de 2013
pasado se celebraron elecciones municipales. La oposición planteó las mismas
como un plebiscito sobre la gestión del Presidente Nicolás Maduro. Con una
participación histórica, las fuerzas chavistas se impusieron en estas
elecciones, ganando en un 70% de los municipios y ampliando su ventaja
electoral 11,5%.
3. Inmediatamente a las elecciones
el gobierno del presidente Nicolás Maduro convocó a los alcaldes y gobernadores
opositores a una reunión, para trabajar en conjunto en los asuntos
fundamentales para el Estado. A esta primera reunión se sumó la coordinación
con todos los alcaldes y gobernadores opositores para impulsar el Plan de
Pacificación Nacional, así como otras reuniones de coordinación a nivel del Consejo
Federal de Gobierno.
4. Decepcionados por estos
resultados electorales y la posibilidad de que la oposición se incorporara a
algún tipo de trabajo con el gobierno, el 23 de enero de 2014, los dirigentes
opositores Leopoldo López (Movimiento Voluntad Popular) y María Corina Machado
(Movimiento Vente Venezuela), llamaron públicamente a sus partidarios a
participar en una operación que denominaron "La Salida", consistente
en tomar las calles hasta lograr que sea depuesto el gobierno constitucional
del presidente Nicolás Maduro.
5. Las acciones de violencia no
tardaron en sucederse. Comenzaron el 6 de febrero con el ataque de un grupo
opositor a la residencia oficial del gobernador del estado Táchira –donde se
ubica un centro de rehabilitación de niños con discapacidades.
6. El 12 de febrero López y
Machado arengan a sus partidarios para que realicen actos violentos. Este día
resultan asesinadas tres personas y 66 heridos. Los partidarios de López y
Machado causaron destrozos a la sede principal del Ministerio Público, el
Tribunal Supremo de Justicia, estaciones del Metro y en diferentes
instalaciones y servicios públicos. Las acciones violentas continuaron de forma
focalizada en algunos puntos del estado Carabobo (Valencia), estado Miranda
(fundamentalmente en el Municipio Chacao), así como los estados fronterizos con
Colombia: Zulia (Maracaibo) y Táchira (especialmente en San Cristóbal), además
de algunas zonas de clase media-alta del Distrito Capital (específicamente en
Caracas).
7. En sus acciones, estos grupos
opositores violentos han utilizado continua y reiteradamente armas de fuego,
bombas incendiarias y objetos contundentes; han levantado barricadas y empleado
tácticas terroristas, como la colocación de cables de acero o nylon atravesados
en las vías públicas (ocasionando lesionados y, al menos, el degollamiento de
un motorista), como parte de sus estrategias para generar zozobra, caos y
pérdida de vidas.
8. Hasta el 8 de marzo estas
acciones de violencia han dejado el lamentable saldo de 21 personas fallecidas,
entre los que se cuentan civiles, partidarios y detractores del gobierno, así
como funcionarios policiales. Además, otras 50 personas han perdido la vida
como consecuencia del continuado cierre de calles con barricadas. Además, al
menos 318 personas han resultado heridas en diversos altercados, incluyendo a
81 miembros de los cuerpos policiales. Igualmente, han sido cuantiosos los
daños materiales sufridos en los asaltos a infraestructuras públicas,
incluyendo escuelas y hospitales.
9. Sin embargo, en Venezuela no
existe un estado de violencia generalizada. Entre los días 12 a 21 de febrero,
los episodios de violencia se concentraron en sectores concretos de 18
municipios del país, es decir, en apenas el 5% de los municipios. En las
últimas jornadas estas acciones se focalizaron en tan solo 6 municipios (1,7%).
10. Las acciones violentas se han
venido reduciendo, tanto por la acción ordenada y ajustada a la Ley de los
organismos de orden público del gobierno, como por el propio reclamo de la
ciudadanía afectada por el bloqueo de calles y accesos a urbanizaciones, así
como por la acumulación y quema de basuras. Llama la atención que ni los
alcaldes opositores, ni los cuerpos policiales bajo su control, han colaborado
en el mantenimiento del orden y que, por el contrario, protegen a los grupos
violentos que están operando en su jurisdicción. Tal como quedó en evidencia
con el asesinato por parte de policías de Chacao de una joven detective del
Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), cuando este cuerpo
detuvo para averiguaciones a un indiciado en múltiples acciones de violencia
detenido in fraganti.
11. De hecho, según el estudio
realizado por la encuestadora International Consulting Services (ICS), un 85,4%
de la opinión pública venezolana se posiciona en desacuerdo con estas
protestas, mientras más de un 90% respalda la participación de todos los
sectores sociales (incluyendo opositores y empresarios) en las iniciativas de
diálogo nacional impulsadas por el presidente Nicolás Maduro en el marco de la
constitución.
12. Destacados líderes de la
oposición han venido manifestado públicamente su desacuerdo con esta estrategia
de violencia, exigiendo que se detenga y que las instancias que agrupan a la
oposición se deslinden con claridad de estos hechos y favorezcan el diálogo con
el gobierno.
13. Las instituciones del Estado
han ejercido una labor escrupulosa y eficaz, a través de los mecanismos que
establece la Ley, para controlar la violencia y preservar el orden. Tras los
numerosos hechos de violencia acaecidos entre el 12 de febrero y el 6 de marzo,
han resultado detenidas 1.322 personas, que han sido presentadas de inmediato
ante los tribunales. De estas, a 1.103 se le han aplicado medidas cautelares
sustitutivas de libertad y a 35 se les ha dado libertad plena. Las restantes 92
permanecen privadas de libertad por incurrir en flagrancia en delitos de
alteración del orden público, lesiones graves, trato cruel y homicidio, entre
otros. La Fiscalía ha señalado que sólo 39% de las personas privadas de
libertad son estudiantes.
14. Medidas judiciales están siendo
aplicadas con igual rigor a ciudadanos particulares y a miembros de los cuerpos
de seguridad del Estado. La Fiscal ha sido enfática respecto a que se están
investigando todas las denuncias contra efectivos de seguridad respecto a
torturas u otro tipo de violaciones a derechos humanos. De hecho, según informó
la Fiscal General de la República el 7 de marzo, 15 miembros de los cuerpos de
seguridad del Estado se encuentran privados de libertad por encontrarse
incriminados en situaciones de abusos y/o violaciones a los derechos humanos.
Organizaciones de derechos humanos como el Foro Penal Venezolano, una de las
más activas recopilando denuncias, están colaborando con la Fiscalía en el
esclarecimiento de cualquier posible situación de abuso.
15. Varios ciudadanos de
nacionalidad española o doble nacionalidad española/venezolana se han visto
implicados en hechos de violencia. En todos los casos el gobierno está
coordinando su actuación con los consulados y la Embajada española en
Venezuela, en orden a esclarecer los hechos y garantizar el mejor tratamiento
posible, dentro del respecto a la legislación venezolana y a los acuerdos
suscritos entre ambos países. Sobre el caso del ciudadano español Wilmer
Carballo de 43 años, la fiscalía informó que murió el 24 de febrero en el
sector Fundación de Cagua, municipio Sucre del estado Aragua, tras recibir un
disparo. El Ministerio Público comisionó a los fiscales 32º de Aragua y 3º de
Táchira, Rolando García y Nelson Montero, respectivamente, a fin de dirigir la
investigación para esclarecer su fallecimiento.
16. El presidente de la República,
Nicolás Maduro, ha expresado públicamente y en reiteradas oportunidades su más
enérgico rechazo al empleo de la violencia, así como a cualquier recurso ilegal
o inconstitucional por parte de cualquier sector político. Así mismo, ha
exigido la actuación ejemplar y sin distingo de las instituciones de justicia.
Igualmente, ha expresado en reiteradas ocasiones la necesidad de que cualquier
delito cometido por funcionarios policiales en el transcurso de sus actuaciones
sea castigado de inmediato.
17. El pasado 26 de febrero se
celebró, a convocatoria del Presidente Maduro, la Conferencia Nacional por la
Paz y Convivencia, en la que participaron representantes de distintos sectores
políticos (incluyendo diputados y alcaldes de oposición), empresariales
(Fedecámaras, Fedeindustria, empresas Polar, entre otros), mediáticos,
estudiantiles, sindicales y religiosos. Esta Conferencia está en pleno
desarrollo. Se han creado comisiones específicas, comenzado a operar las de
política y economía, además del encuentro de partidos políticos. Éstos son
espacios para formular acuerdos de trabajo ágiles en las materias concretas que
afectan la vida de la ciudadanía.
18. El patrón de los actuales
acontecimientos de violencia guarda significativos paralelismos con los sucesos
de abril de 2002, cuando sectores de la oposición asesinaron a personas de
ambas tendencias políticas, buscando generar confrontaciones violentas que
justificasen un golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez.
19. Resulta preocupante que la
mayoría de los medios de comunicación privados venezolanos (más del 60% de los
medios en Venezuela son privados y tienen 90% de la audiencia nacional) y los
medios internacionales más influyentes insistan en silenciar, minimizar y/o
descalificar las manifestaciones masivas a favor de la paz y en apoyo al
gobierno nacional, así como las declaraciones de personalidades, incluyendo
dirigentes opositores, que llaman a la sensatez, a la no violencia y al
diálogo.
20. La cobertura informativa presenta
las acciones de violencia como manifestaciones pacíficas, las actuaciones
apegadas a la Ley de los órganos del orden público como acciones represivas del
gobierno; al tiempo que se maximizan las problemáticas existentes en el país,
sin mencionar las políticas desarrolladas por el Estado para atenderlas y otros
datos de contexto que permiten entender el respaldo popular a la gestión del
gobierno (desempleo de sólo 7%, más de 500 mil viviendas sociales entregadas en
los 2 últimos años, aumentos anuales del salario mínimo por encima de la
inflación, fortalecimiento de los servicios públicos de educación, salud,
alimentación o el incremento del número de estudiantes universitarios de 400
mil a 2 millones 600 mil y de pensionados de 300 mil a 2 millones 500 mil,
etc.).
21. Se ha llegado al extremo no
sólo de tergiversar declaraciones de autoridades, hacer montajes de videos y/o
fotografías, sino de utilizar tanto vídeos como fotografías de lamentables
sucesos acecidos en otros países para criminalizar a un Gobierno
constitucional, cuyos esfuerzos en materia de derechos humanos gozan del
reconocimiento de organismos e instituciones internacionales.
22. Contrario a las reseñas de
algunos medios de comunicación, no se ha cercenado en ningún momento la
libertad de expresión en Venezuela, donde ésta es protegida por la Constitución
y las leyes. Basta ver las primeras páginas de los más de 300 diarios
venezolanos, así mismo escuchar las más de 600 emisoras de radio privadas, ver
los más de 60 canales de televisión privados o los más de 100 canales que se
ven por suscripción (televisión de pago), para darse cuenta de la plena
vigencia de la libertad de prensa en Venezuela.
23. La emisión del canal colombiano
NTN24, en la parrilla junto a más de 100 canales por suscripción que se pueden
ver en Venezuela, fue suspendida por hacer apología a la violencia (lo cual
está prohibido en la legislación venezolana, así como en el Artículo 13 de la
Convención Americana de Derechos Humanos). En Venezuela la censura está
prohibida por el artículo 58 de la Constitución, aunque existe la
responsabilidad ulterior, tal y como sucede en la práctica totalidad de
democracias avanzadas.
24. Existen notorios elementos de
prueba para afirmar que estos actos violentos son incentivados, organizados y
financiados con apoyo del exterior, especialmente desde círculos de poder en
Estados Unidos.
25. El gobierno venezolano agradece
los pronunciamientos de los organismos regionales como la Celac, la Unasur y
Mercosur o el Movimiento de Países No Alineados, entre otros, que han reiterado
también su respaldo al gobierno constitucional y la exigencia de respeto de la
soberanía, así como a los principios de no injerencia en los asuntos internos
de los Estados, la integridad territorial y la autodeterminación de los
pueblos. Igualmente se agradecen los pronunciamientos de países hermanos
latinoamericanos, que como la presidenta chilena Michelle Bachelet, han
expresado su rechazo a "acciones violentas que buscan desestabilizar a un
gobierno democráticamente elegido", agregando: "cuando entremos al
gobierno lo que vamos a hacer es ofrecer apoyo al gobierno y al pueblo de
Venezuela para realmente buscar los cauces democráticos, de paz social, para
que los propios venezolanos puedan buscar ese camino".
26. La Organización de Estados
Americanos (OEA), en su declaración del 7 de marzo, reflejó que la práctica
totalidad de sus miembros (29 de un total de 32 países) entiende que en
Venezuela se está confrontando un intento de derrocamiento del gobierno
legítimo y constitucional. Esta declaración refleja un cambio en América Latina
que es importante que se interprete correctamente en España, por cuanto es el
reflejo de una región independiente, resueltamente democrática, que no acepta
violaciones a su soberanía y que respeta y confía plenamente en la
institucionalidad democrática venezolana.
27. Como lo denunció el canciller,
Elías Jaua, ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, Venezuela lleva más
de un mes sometida a un asedio a través de grupos entrenados para la violencia,
que intentan camuflarse tras el legítimo derecho a la protesta, así como
mediante una campaña de desinformación que pretende justificar este intento de
ruptura del orden constitucional y de la convivencia democrática de los
venezolanos.
28. El gobierno venezolano seguirá
actuando, de acuerdo a la Constitución y las leyes, para cumplir con sus
responsabilidades en la preservación de la paz, el bienestar de la ciudadanía y
la salvaguarda de los derechos humanos.
Prensa
Embajada venezolana en España.- 10 de marzo de 2014.
VIDEO COMPLETO:
Conferencia Nacional de Paz, dirigida por Nicolás Maduro
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