20/2/2013
Es
preciso que nos centremos en la creación y extensión de colectivos locales
capaces de pasar a la ofensiva
Mucha gente
piensa que la privatización de la sanidad es un fenómeno reciente producto de
las políticas del PP. Este es un grave error, un mal diagnóstico, que impide un
tratamiento adecuado de las causas, porque al igual en una enfermedad, si
tratamos sólo los síntomas no estamos actuando eficazmente y el proceso se
agrava.
Las
privatizaciones de empresas y servicios públicos forman parte medular de la
respuesta del gran capital a la gran crisis económica que vivimos ahora, que se
inicia en la década de los setenta y que se conoce como políticas neoliberales.
Se trata de una estrategia general dirigida a intentar reducir la caída de la
tasa de ganancia. De ella forman parte la drástica reducción de la fiscalidad
de las rentas del capital, la instauración de políticas de reducción del
déficit – con la correspondiente disminución de presupuestos sociales -, la
liquidación de derechos laborales y sociales y las privatizaciones.
Son
políticas de largo alcance, implementadas por gobiernos de todo color político,
en un marco de lucha de clases marcado por la cooptación de las cúpulas
sindicales y el correspondiente retroceso del poder de la clase trabajadora.
El primer
asalto de las privatizaciones tiene lugar sobre las empresas públicas. El
negocio privado está asegurado, no sólo porque se venden a precio de saldo y
prácticamente en régimen de monopolio, sino porque – en la medida en que
producen bienes de primera necesidad (luz, combustibles, transportes,
comunicaciones, agua, etc) la clientela está asegurada.
En el Estado
español este proceso se inicia a mediados de los ochenta, por el PSOE,
coincidiendo con la entrada en la CEE, y es continuado por los gobiernos del
PP.
El segundo
asalto son los servicios públicos, y sobre todo la sanidad, que consume un %
considerable del PIB (el 7% en 2013).
Ya con el
gobierno de UCD tuvieron lugar reuniones en el Ministerio de Sanidad en las que
participaron aseguradoras privadas, la industria farmacéutica, representantes
de bancos y grandes empresas, junto a dirigentes de los grandes medios de
comunicación. El objetivo era planificar, y financiar, campañas de desprestigio
de la sanidad pública. El argumentario es bien conocido: es burocrática,
despilfarradora, poco ágil y su personal rinde poco porque tiene sus puestos
asegurados, frente a la competitividad y la eficacia de la empresa privada.
En el año
1991 se pretendió dar un salto cualitativo. A semejanza de Gran Bretaña donde
se publicó un informe, “Working for Patients”, que sirvió como hoja de ruta
para la privatización y el desmantelamiento del mejor servicio sanitario de
Europa Occidental, el Pleno del Congreso aprobó la elaboración de un Informe
para la “Consolidación y Modernización del Sistema Nacional de Salud”.
El PSOE,
gobernando con mayoría absoluta, encargó su elaboración a Fernando Abril
Martorell, antiguo Procurador de las Cortes de Franco y vicepresidente del
Banco Central Hispano. El Informe era todo un programa de preparación de la
sanidad para su privatización, incluyendo la introducción de copagos por el uso
de servicios sanitarios y de los medicamentos para los pensionistas. La
presentación pública del Informe fue abortada porque como Diputada, entonces,
de IU, tuve acceso a sus conclusiones y pude hacerlas públicas,
convenientemente explicadas, antes de que fueran presentadas oficialmente. Ante
el enorme rechazo suscitado el Informe nunca fue votado en el Parlamento pero
sus propuestas básicas fueron ejecutadas.
Se procedió
a la privatización - “externalización” - de servicios hospitalarios tales como
limpiezas, lavanderías, cocinas, ambulancias, etc, y se ampliaron
progresivamente los conciertos con la sanidad privada de la cirugía de baja
complejidad (la más rentable), radiodiagnóstico, etc. Destaco por su
trascendencia la privatización de los servicios de limpieza hospitalaria, que
fueron a parar en gran parte a empresas constructoras tales como Ferrovial, FCC
o Dragados y que tuvo como resultado un drástico recorte de plantillas y
precariedad en el empleo. Estos hechos son directamente responsables del
espectacular aumento de las infecciones hospitalarias, con el correspondiente
incremento de la mortalidad y del gasto hospitalario1.
En el año
1997, gobernando el PP en minoría, se aprobó la Ley 15/97 de Nuevas Formas de
Gestión que ampara la entrada masiva de la empresa privada en la gestión de
todo tipo de centros sanitarios. Esta Ley fue votada por PP, PSOE, PNV, CiU y
CC. Al día siguiente de su votación, CC.OO. emitió un comunicado
congratulándose del gran apoyo parlamentario recibido “por una Ley clave para la
modernización del SNS”2.
La empresa
privada tenía abierto el camino y los diferentes gobiernos autonómicos (del PP,
del PSOE, o del PSOE con IU y otros partidos de izquierda como el tripartito
catalán o el pentapartito balear) lo ejecutaron. Era el negocio más seguro que
podían soñar, máxime en tiempos de crisis: financiación y clientelas públicas y
beneficio privado.
Las empresas
constructoras, tras el estallido de la burbuja inmobiliaria, han entrado con
fuerza en la gestión de los hospitales de gestión privada: Sacyr, Dragados,
FCC, Acciona, .. una parte ellas implicadas en la trama Gürtel como BEGAR,
Ploder, Hispanica, otras “donantes” del PP como OHL, o el Grupo Cantoblanco de
Arturo Fernández. Estas empresas aparecen formando parte de UTEs junto a Cajas
de Ahorros “nacionalizadas” tras el correspondiente saqueo como la CAM o
receptoras de ingentes fondos públicos como BANKIA, y al lado de aseguradoras
privadas como Sanitas o Adeslas.
Mención
especial merece la empresa CAPIO, propiedad de CVC Capital Partners. Este
grupo, de capital riesgo y dedicado a la especulación, tiene una oficina
central en Londres y su sede se encuentra en Luxemburgo. Esta empresa tiene
todos los visos de llegar a ser en el gran monopolio de la gestión privada de
la sanidad pública, con sus negocios principales en Madrid (Hospitales Jiménez
Díaz, Móstoles, Valdemoro y Collado Villalba3, además de dos centros de
especialidades) en Castilla la Mancha (hospitales de Villarrobledo, Tomelloso,
Manzanares y Almansa) y en Cataluña, con importantes conciertos, y con el
Hospital Universitari Sagrat Cor, integrado en la red de utilización pública.
La
vinculación entre decisiones políticas e intereses empresariales es evidente.
Ex Consejeros de Sanidad como Manuel Lamela, con intereses en Capio, o Güemes,
que tuvo que dimitir como consejero de Unilabs, propiedad de Capio, empresa a
la que él adjudicó la gestión de análisis clínicos de seis hospitales, lo
ilustran. Otro caso es el Antonio Burgueño, actual Director General de
Hospitales de la Comunidad de Madrid, quien fue director médico de Adeslas,
empresa integrada en Ribera Salud y principal impulsor del primer hospital de
gestión privada, el de Alzira, y cuyo hijo, Antonio Burgueño Jerez, trabaja
como jefe de la Unidad de Desarrollo de Negocio y Calidad en Ribera Salud,
empresa adjudicataria del Hospital de Torrejón.
Pero el
fichaje de “conseguidores” no sólo se circunscribe a las filas del PP. Nicolás
Redondo Terreros es Consejero de FCC, empresa que gestiona el Hospital de
Arganda, al que hay que añadir la larga lista de ex Ministros y ex Ministras de
Sanidad de PSOE que son Consejeros de grandes multinacionales, incluidas las de
la industria farmacéutica4.
El robo de
la sanidad por las empresas privadas, con la connivencia necesaria de los
gobiernos, no es solamente un expolio de recursos públicos, es además un
crimen.
El negocio
en la sanidad, imposible si se presta una atención universal y de calidad, se
consigue atentando contra la vida y la seguridad de las y los pacientes, además
de incrementando el coste.
La
explicación de los mecanismos para conseguirlo sobrepasan los límites de este
artículo. Enumero algunos de ellos:
Disminución
de la cantidad de personal (en torno al 30%) y de la cualificación del mismo.
Selección de
pacientes, dejando los no rentables para la sanidad pública.
Sobreindicación
de intervenciones quirúrgicas rentables.
Priorización
de pacientes en función de los ingresos que su atención reporta a la empresa.
Presión
sobre las administraciones sanitarias, a través de la connivencia de políticos,
para elevar las cuantías que les paga la sanidad pública.
La ejecución
de los mecanismos de ahorro (altas precoces, baja utilización de recursos caros
de diagnóstico y tratamiento), vitales para conseguir el negocio, requieren de
la “colaboración” sobre todo del personal médico, que es quien indica el gasto.
Para lograrlo son determinantes los contratos temporales, la inseguridad en el
trabajo y que una parte importante del salario esté vinculada al cumplimiento
de objetivos de disminución del gasto.
La realidad
descarnada es que todo este engranaje tiene una cobertura legal incuestionable,
refrendada por sentencias de los tribunales ante los que se ha denunciado: la
Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión.
Dejo para la
reflexión de quienes lean estas líneas la valoración de lo que para sus propias
vidas supone la privatización de la sanidad y la consecuente decisión acerca de
la actuación necesaria para impedir que tamaña salvajada culmine.
Es preciso,
a mi juicio, que en este momento nos centremos, no tanto en manifestaciones
masivas, como en la creación y extensión de colectivos locales, suficientemente
coordinados, capaces de pasar a la ofensiva y bloquear la ejecución de los
planes de privatización. Es decir, que el poder popular se manifieste y actúe
con tres grandes objetivos:
Ni una
privatización más
Derogación de la Ley 15/97
Derogación de la Ley 15/97
Ley
15/1997, de 25 de abril, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del
Sistema Nacional de Salud.
Devolución a manos públicas todo lo privatizado.
* Ángeles
Maestro es Médica y Técnica Superior de Salud Pública. Militante de Red Roja
Notas
1) Entre los
numerosos estudios realizados puede verse: Rampling, A., Wiseman, S., Davis,
L., Hyett, P., Walbridge, A. N., Payne, G. C., & Cornaby, A. J. (2001). Evidence
that hospital hygiene is important in the control of methicillin-resistant
Staphylococcus aureus. Journal of Hospital Infection, 49: 109-116. 50
3) Capio
recibe por este hospital construido y cerrado, para ahorrar según la Consejería
de Sanidad de Madrid, más de 900.000 euros mensuales.
Red Roja.
Artículo publicado en http://blogs.publico.es/dominiopublico/6576/como-se-gesta-y-a-quien-beneficia-la-privatizacion-de-la-sanidad/
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