Nombres de la política aparecen relacionados con las
principales empresas.
El próximo 5
de febrero termina el plazo para presentar enmiendas en el Senado al proyecto
de Ley de Seguridad Privada, un texto que se aprobó el pasado 10 de
diciembre en el Congreso y que amplía las competencias de los
vigilantes privados. No ha sido el único cambio en la legislación enfocado
a este sector. La reforma
del Código Penalpresentada por la cartera de Gallardón ya atribuía al
personal de seguridad privada el carácter de autoridad, una “demanda
conjunta de todos los agentes del sector”, según señala a DIAGONAL Eduardo
Cobas, secretario general de Aproser, asociación que agrupa a las 12 mayores
empresas de seguridad privada en el Estado español. Son nuevos cambios en la
legislación con los que se “quiere ayudar a consolidar el sector de la
seguridad privada”, en palabras del secretario de Estado de Seguridad,
Francisco Martínez. El sector de la seguridad privada agrupa a cerca de 1.500
empresas, de las que las 12 primeras acumulan el 70% de facturación del
sector, que, según datos de Aproser, ha bajado un 6,87% en el último año.
"Aquí hay un gran pastel latente que se está cocinando y hay mucha gente dispuesta a ganar dinero"
“Hay una tendencia a la privatización de toda la función pública de la seguridad, que en algunos países ya lleva muchos años de andadura, y aquí hay aún un gran pastel latente que se está cocinando y hay mucha gente dispuesta a ganar dinero”, afirma Pedro Oliver, doctor en Historia por la Universidad del País Vasco especializado en instituciones punitivas y autor del libro Burorrepresión. Sanción administrativa y control social. “Aquí hay que seguir la pista del dinero, y ver qué lobby de facto está ahí actuando para impulsar esta legislación, que se va a unir a otras políticas de privatización, como el negocio penitenciario”, continúa Oliver.
Entre las
empresas más importantes del sector, algunas destacan por su relación con
nombres de la política, como Prosegur, que tuvo en 2012 una facturación
de 3.670 millones de euros. Con 150.000 empleados repartidos en 400 sedes
de cuatro continentes, se ha posicionado como el gigante de la seguridad
privada. Sólo en 2013, en el BOE aparecen contratos a Prosegur por más de 8
millones de euros, entre los que destacan el de la vigilancia de los edificios de la AEAT
en Andalucía por 2,6 millones de euros, o la de los aparcamientos de
camiones y de la zona de cruceros del Puerto
de Barcelona. A su cabeza está Helena Revoredo, a través de la sociedad
Gubel, en la que también figura como apoderado Pedro Juan de Borbón. Banca
March o Bankinter son otras de las entidades relacionadas, al igual que José
Mayor Oreja, hermano del ex ministro de Interior Jaime Mayor Oreja, como da
por probado una sentencia del Juzgado de Primera Instancia nº 5 de
Vitoria.
La misma
sentencia señalaba también la relación laboral de Jaime Mayor Oreja con
otra de las grandes del sector, Eulen, en la que aparece como apoderada
Micaela Núñez Feijoo, hermana del presidente gallego, y que contó entre sus
directivos con Rodolfo Martín Villa. Entre las contratas conseguidas por Eulen
en 2013 está la de la seguridad y
vigilancia del Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Melilla, por
2,9 millones de euros. El 10 de enero la empresa era adjudicataria de un nuevo
contrato público para elservicio de seguridad
y vigilancia de los centros del Instituto Nacional de la Seguridad Socialde
Valencia, Alicante, Castellón y Murcia por 1,12 millones de euros.
Y también
aquí, la Gürtel
En 2009, el
El Mundo detalló cómo el extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas
hizo llamadas en 2007 al entonces consejero de Justicia de la
Comunidad de Madrid, Alfredo Prada, para que adjudicara a Serygur la
vigilancia de la Ciudad de la Justicia. Al frente de Serygur estaban el
exconcejal de Madrid Ignacio del Río y Álvaro de la Cruz, expresidente de la
Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), relacionado con la
Gürtel por contratar a Special Events para las asambleas especiales del
organismo. Serygur consiguió el contrato de la Ciudad de la Justicia por
400.000 euros, y también en 2007 recibió otros contratos públicos por
al menos 2,1 millones. En 2008, tuvo contratos públicos por al menos 5,6
millones, según aparece en el BOE, entre los que está la vigilancia de las
sedes de la Agencia para el Empleo en Madrid por 2,5 millones. En 2009,
antes de pasar a llamarse Alium, recibió el contrato para la vigilancia de la
Secretaría de Estado de Telecomunicaciones por 667.000 euros.
La
adjudicación de contratos de seguridad en edificios públicos madrileños también
ha puesto sobre la mesa la vinculación de otros nombres de la política con el
sector a raíz de la trama de espionaje en la Comunidad de Madrid. Segurisa,
una de las empresas que optaban al contrato de la seguridad del edificio de la
Puerta del Sol, ya había recibido en 2005 y 2006 contratos para el servicio
de vigilancia del Canal de Isabel II y de Metro de Madrid que
sumaban 59 millones de euros. Su presidente, Enrique Sánchez, fue diputado y
portavoz en la Diputación de Madrid entre los años 1978 y 1982. Pero la empresa
que se llevó el contrato de la Puerta del Sol y la Plaza de Toros, por 2,6
millones de euros, fue Segur Ibérica, en cuyo consejo figuraba
hasta 2009, como secretaria no consejera, Marta Gil de Biedma, familiar
de la expresidenta de la Comunidad de Madrid. Segur Ibérica, que ha sido
acusada de fraude por prestar los servicios de seguridad en la Universidad
Complutense con personal sin licencia, tuvo en 2011 como presidente al actual
ministro de Defensa, Pedro Morenés, y ha comenzado 2014 con un
contrato por 452.000 euros para el servicio de vigilancia de las
sedes de las Direcciones Provinciales de la Tesorería General de la
Seguridad Social y del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Bizkaia.
Cuatro
contratos en 2014
Pero la
empresa de seguridad que mejor ha comenzado el año en cuanto a contratas ha
sidoSeguridad Integral Canaria. La empresa de Miguel Ángel Ramírez
recibió en los diez primeros días de 2014 cuatro contratos públicos que suman
3,3 millones de euros. Un mes antes, Ramírez, que donó
50.000 euros al Partido Popular a través de su empresa Gestiones y
Asesoramientos 3000, según aparece en la contabilidad oficial del partido,
recibía también un indulto que lo libraba de los tres años de prisión a
los que estaba condenado por realizar obras ilegales en terreno protegido.
Otra de las
empresas importantes del sector es Castellana de Seguridad (Casesa),
cuyo nombre ha saltado recientemente a los medios de comunicación por el trato
que dos de sus vigilantes dieron la semana pasada a una pareja francesa en un
supermercado Carrefour en Torrevieja. Con sede en Las Rozas y participada por
la sociedad de capital riesgo Baring, que a su vez está participada por
CatalunyaCaixa, es una de las empresas de seguridad a las que parece que no ha
afectado la crisis. En 2012, su facturación creció un 10%, llegando
a los 155 millones de euros, a pesar de que el anuncio del fin de ETA
le hizo perder el negocio de los escoltas, que llegó a suponer para la
empresa una facturación de 30 millones.
La entrada de vigilancia privada en 21 cárceles costó 7,39 millones de euros que fueron a parar a ocho empresas
La entrada de vigilancia privada en 21 cárceles costó 7,39 millones de euros que fueron a parar a ocho empresas
El final del
negocio de los escoltas ha propiciado que las cárceles se conviertan en
nuevo centro de trabajo de los vigilantes privados. El programa
piloto, que empezó en verano en 21 cárceles y en el que participan ocho
empresas durante nueve meses, ha costado 7,39 millones de euros, un
monto que en gran parte va a ser beneficio directo para las empresas, según un
informe de la Unión Federal de Policía, que afirma que la
Administración está desembolsando por cada vigilante 3.200 euros al mes,
aunque el convenio del sector fija como salario 1.088 euros. Un panorama que,
según lamenta Pedro Oliver, dejará “cárceles llenas de pobres
custodiadas por otros pobres”.
12.388
nuevos vigilantes sólo en 2012
En 2012, el
número total de vigilantes de seguridad privada habilitados por el Ministerio
del Interior ascendía a 223.299, un 15,6% más de los que se contaban en 2011.
Sin embargo, el número de vigilantes que estaban en activo en el mismo año
descendió de los 89.000 a los 82.150 por la bajada del volumen de negocio del
sector, según explica un informe de la patronal de empresas de seguridad
privada Aproser. En comparación con las cifras sobre seguridad privada en la
Unión Europea, las del Estado español están levemente por debajo de la media,
con un vigilante por cada 513 habitantes.
Prosegur y
Securitas han comunicado hoy a los trabajadores su intención de iniciar
procedimientos de despidos colectivos en todos los centros
27/01/2014
Prosegur
y Securitas se preparan para la Ley de Seguridad Privada con recortes entre sus
plantillas
El negocio
de seguridad privada de la ultraderecha
http://seguridad.foroes.org/t8900-la-relacion-de-mayor-oreja-con-las-empresas-de-seguridad
Sobre la
Ley de Seguridad Privada
Rafael
Silva
07-01-2014
07-01-2014
La nueva Ley
de Seguridad Privada desata un 'boom' de los cursos para ser vigilante
13/01/2014 (
13/01/2014 (
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