jueves, 9 de enero de 2014

La nueva medida de exclusión del derecho a la asistencia sanitaria debe ser respondida



7/1/2014
Ángeles Maestro  Más artículos de esta autora aquí
Paso a paso, persona a persona, debemos recorrer el camino, que solamente se abre con la lucha, para construir nuestro propio poder. Paso a paso, persona a persona, debemos recorrer el camino, que solamente se abre con la lucha, para construir nuestro propio poder.

La Ley de Presupuestos para 2014i anula, desde el pasado 1 de enero, el derecho a la asistencia sanitaria a las personas sin trabajo que hayan agotado las prestaciones y subsidios por desempleo y que pasen más de 90 días en el extranjero. Dado el creciente número de personas, la mayor parte jóvenes, que se ven obligadas a emigrar en busca de empleo - se calcula que 2013 salieron 600.000 personas y en que 2012 lo hicieron 476.000 – la repercusión de esta medida puede ser muy importante.

La medida añade a la exclusión de los inmigrantes sin papeles del derecho a la sanidad a un colectivo indeterminado de personas, pero sin duda creciente debido a los elevados índices de desempleo y de precariedad, especialmente entre los jóvenes. El 56% de paro juvenil y más del 75 de empleo precario son cifras estremecedoras, que se unen al cerca del 24% de personas entre 15 y 29 que ni estudian, ni trabajan. La marcha al extranjero para trabajar y/o estudiar es la vía de escape de una situación sin salida que utilizan cada vez más jóvenes.

Pero lo peor es que el proceso no se detiene aquí. La finalidad central del Real Decreto 16/2012 que lleva por cínico título “medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones”es la introducción del concepto de “asegurado” (artº1). Este criterio es absolutamente inaceptable en un sistema sanitario financiado casi exclusivamente a través de los impuestos, que cada vez más son indirectos y que los pagamos todas las personas. El criterio sirve al objetivo de ir sumando requisitos e ir expulsando a los sectores con menos recursos del acceso a la sanidad pública.

Este Real Decreto ya obligaba a las personas mayores de 26 años que no estuvieran afiliadas a la Seguridad Social, y que no cobraran prestación o subsidio de desempleo a declararse como “sin recursos” en una oficina de la Seguridad Social para tener acceso a la cartilla sanitaria.

El camino que nos preparan, si no lo paramos, es sin lugar a dudas el de Grecia. De las personas paradas, griegas o inmigrantes, están excluidas de la asistencia sanitaria todas aquellas menores de 55 años que no hayan estado inscritos en la oficina del paro durante al menos doce meses y hayan cotizado 600 jornadas laborales, con un aumento de 100 jornadas por cada año para las mayores de 30 años. En el caso de las paradas de más de 55 años, el requisito es que hayan estado doce meses al menos inscritos en el paro y hayan cotizado tres mil jornadas. Cerca de la mitad del millón doscientas mil personas desempleadas no tienen asistencia sanitaria. Cuando se le diagnostica un cáncer a una persona sin seguro, “el sistema simplemente hace caso omiso de ella”, “No puede acceder a la quimioterapia, ni a la cirugía, ni siquiera a medicamentos sencillos”ii.

Cada vez está más claro que, junto a la destrucción y concentración de capital, las políticas de los gobiernos persiguen la destrucción de los sectores sociales que el capital no necesita como mano de obra y que considera un lastre porque consumen grandes recursos: personas mayores pobres, paradas pobres y enfermas crónicas pobres. Hay datos suficientes para afirmar que, a diferencia de lo que los gobiernos declaran, la eliminación física de estos grupos sociales constituye un objetivo y no una consecuencia “no deseada”, pero “inevitable” de sus políticas.

El ensañamiento con las personas jóvenes, que no tendrán jamás derecho a una pensión mínimamente digna, a quienes se condena vivir entre la precariedad y el paro, y a quienes se les niega ahora el derecho a la asistencia sanitaria en el caso de que se vean obligadas a salir al extranjero para trabajar, es un escarnio fruto de un capitalismo podrido que muestra su cara más bárbara: la destrucción de los sectores de la clase obrera que no necesita para la producción y especialmente de la juventud.

Si ese es el futuro que nos preparan, a nosotras y nosotros nos corresponde tomar las decisiones necesarias para impedirlo. Paso a paso, persona a persona, debemos recorrer el camino, que solamente se abre con la lucha, para construir nuestro propio poder.

En cuanto a la nueva medida de exclusión de la sanidad pública, la respuesta debe ser decidida. La juventud, junto a la clase obrera inmigrante y las organizaciones populares, deben organizar la movilización para echar atrás esa nueva norma criminal.

La organización y la fuerza se construyen paso a paso, y ésta es una buena oportunidad para avanzar en la conciencia de clase y para la construcción de la unidad con la clase obrera inmigrante. A medida que el poder muestra su rostro más bárbaro, más gente es capaz de identificarlo. Ahora la tarea es levantar la respuesta del pueblo.





Los parados que abandonen el estado español por más de 90 días, perderán el derecho a la asistencia sanitaria
Sábado.4 de enero de 2014
Primero te animan a buscar trabajo fuera, y luego aprovechan y te retiran la sanidad.
Parados de larga duración que salgan del país, definitivamente excluidos del sistema sanitario
Juana Martínez Fonseca — Madrid

Se ha publicado, en el Boletín Oficial del Estado del 26 de diciembre de 2013, la Ley 22/2013 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2014, en la que, gracias a las enmiendas propuesta por el Partido Popular (PP) y aprobadas recientemente por el Congreso de los Diputados, se establece que las personas sin trabajo, que hayan agotado la prestación y los subsidios por desempleo, y que se ausenten del país más de 90 días en un año, perderán el derecho a la asistencia sanitaria.

Como Acta Sanitaria  había informado (Ver “Parados que salgan del país, a punto de ser los siguientes excluidos del sistema sanitario“), ya que se aprobaron dichas  enmiendas, todo aquel que reúna estas condiciones será considerado “no residente” y, si regresa a España, ya no gozará del derecho a la atención sanitaria.

Puntualmente, la modificación hecha a la Ley 16/2003 de “cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud” determina que “tendrán la condición de asegurado” quienes se encuentren en la siguiente situación: “d) Haber agotado la prestación o el subsidio por desempleo u otras prestaciones de similar naturaleza, encontrarse en situación de desempleo, no acreditar la condición de asegurado por cualquier otro título y residir en España”.

Asimismo, se incorporó una nueva disposición adicional al Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, que señala:”Disposición adicional sexagésima quinta. Pérdida de residencia a efectos de prestaciones de la Seguridad Social [...] 2. A efectos del mantenimiento del derecho de las prestaciones sanitarias en las que se exija la residencia en territorio español, se entenderá que el beneficiario de dichas prestaciones tiene su residencia habitual en España aún cuando haya tenido estancias en el extranjero siempre que éstas no superen los 90 días a lo largo de cada año natural”. Era de esperarse que estas enmiendas fueran aprobadas, por la mayoría que ostenta el PP en el Congreso, y ahora es un hecho, ya que la nueva normativa tiene efectos desde el 1 de enero de 2014 y vigencia indefinida. Teniendo en cuenta la emigración económica forzada de la que están siendo víctimas muchas personas, especialmente jóvenes que no encuentran la forma de subsistir en este país, es de esperarse que el número de excluidos, afectados por esta reformas legales, sea realmente significativo.

Hay que tener en cuenta que, según las Proyecciones para el 2013 del Instituto Nacional de Estadística (INE), se calcula que alrededor de 600.000 personas abandonaron el país el año que acaba de terminar, en 2012 los registros del INE evidencian que 476.748 personas emigraron de España. En cuanto a las vulneraciones de derechos fundamentales, ya Médicos del Mundo señalaba que el sistema sanitario español “desechaba” 2.392 personas al día, cuando dentro de los colectivos excluidos no se encontraban los desempleados de larga duración emigrantes, es por lo tanto de esperarse que éstas aumenten en gran medida.










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