17-02-2014
José
Alcazar (izquierda) y Enrique Gil (derecha) a la salida de los juzgados el
pasado día 11 cuando el juez les comunicó la petición de 8 años y 3 meses de
prisión por los incidentes a las puertas de CASA durante huelga general del 29
de septiembre de 2010. / ccoo.es
La mañana
del 29 de septiembre de 2010 un piquete de trabajadores de la entonces CASA se
encontraba a las puertas de la compañía Airbus en la localidad madrileña de
Getafe. Hacía solo unas horas que había arrancado la huelga general que CCOO y
UGT convocaron a un zarandeado -dentro y fuera- José Luis Rodríguez
Zapatero. En las puertas de la compañía se vivían las situaciones que se
viven en estos casos a las puertas de los grandes centros de trabajo. Gritos,
consignas, insultos, personas que intentan acceder al trabajo, tensión con la
policía, incidentes, altercados… La recurrente estampa adquiere sin embargo
tintes épicos cuando leemos el informe
de acusación por el que Ministerio Público solicita un total de 66
años de cárcel para ocho sindicalistas que estaban allí aquella mañana.
“Así”,
relata el escrito del fiscal, “los acusados actuando de común acuerdo con ánimo
de menoscabar la integridad ajena y con claro conocimiento del derecho de los
trabajadores de acudir a su centro de trabajo, y pese a los intentos reiterados
de los agentes de la autoridad de que depusieran su actitud, procedieron a
intimidar a los trabajadores que pretendían acceder al recinto mediante todo
tipo de insultos (…), empujándoles, escupiéndoles, dándoles collejas o llegando
incluso a agredirles (…)”.
Y el fiscal
relata todavía más. ”Igualmente, los acusados, con ánimo de menoscabar la
integridad ajena y conocedores del carácter de agentes de autoridad de los
policías actuantes, al tiempo que les proferían todo tipo de insultos como hijos
de puta, cabrones, os vamos a matar, asesinos, en estado de gran
agresividad y haciendo caso omiso de los requerimientos que estos les
efectuaban de deponer su actitud, comenzaron a acorralarles y a empezar a
agredirles lanzándoles todo tipo de objetos como conos reforzados con hierro o
mochilas pesadas, para continuar la agresión mediante patadas, puñetazos,
golpes de todo tipo, resultando numerosos agentes lesionados y llegando incluso
a encerrarles a algunos en el interior del recinto al cerrar bruscamente la
puerta corredera de uno de los accesos al mismo (…), y no cesando en su actitud
hasta que uno de los agentes actuantes efectuó varios disparos al aire para
intentar controlar la situación”.
Tras este
trepidante relato de los hechos -en el que nada se dice de la actuación
policial ni de las lesiones sufridas por la contraparte en tan aparatoso
suceso-, el fiscal solicita ocho años y tres meses de cárcel para cada uno de
los ocho sindicalistas que participaron en los hechos. A todos lo mismo, como
si el grado de participación de todos y cada uno de ellos y sus acciones
hubieran sido exactamente las mismas. Ocho años y tres meses por los siguientes
delitos:
-Por el
delito contra los derechos de los trabajadores, la pena de 3 años y 6 meses de
prisión (…).
-Por el
delito de atentado, la pena de 1 año y 9 meses de prisión (…).
-Por cada
uno de los delitos de lesiones (10 agentes presentaron partes de lesiones), la
pena de 9 meses de prisión (…).
Y, además,
solicita que los procesados indemnicen a los perjudicados, conjunta y
solidariamente, por una cantidad superior a las 11.000 euros.
José
Alcázar, el
presidente del Comité Interempresas de CASA en aquella época, hoy ya jubilado,
es uno de los acusados a 8 años y 3 meses de prisión por participar en un
piquete hace casi cuatro, tal y como recoge el auto
dictado por el juez de primera instancia e instrucción número 4 de
Getafe del pasado 7 de febrero, auto que fue notificado a los procesados (siete
afiliados a CCOO y uno a UGT) el martes 11.
José Alcázar
no comparte la versión del fiscal. “Eran las siete de la mañana y ya llevábamos
algunas horas allí. No sé si los policías estaban cansados, pero cuando se
produjo un forcejeo con un trabajador que quería entrar perdieron los nervios y
actuaron de forma desproporcionada. La tensión se mantuvo hasta el punto que
uno de los agentes efectuó siete disparos. Pudo ser una tragedia… Ahora, tres
años después, nos comunican que nos piden ocho años y tres meses de prisión a
cada uno. Es el mundo al revés”.
José Alcázar
recuerda también que la petición de penas es la mayor que se permite para cada
uno de los delitos y que no hay precedentes de una solicitud de condena similar
contra sindicalistas desde el llamado Proceso 1001, cuando, en
1973, el Tribunal de Orden Público del franquismo condenó a prisión a toda la
dirección de CCOO. Las penas, entonces, fueron las siguientes: Marcelino
Camacho (20 años), Nicolás Sartorius (19 años), Miguel
Ángel Zamora Antón (12 años), Pedro Santiesteban (12
años), Eduardo Saborido (20 años), Francisco García
Salve (19 años), Luis Fernández (12 años), Francisco
Acosta (12 años), Juan Muñiz Zapico (18 años) y Fernando
Soto Martín (17 años).
“Es una
vuelta de tuerca más del Gobierno contra la libertad de expresión de los ciudadanos y la acción de los sindicatos. No tiene
ningún sentido”, aseguró José Alcázar a cuartopoder.es. Así lo ha
expresado también CCOO en
una nota de prensa.
CCOO
combatirá el juicio político contra los sindicalistas de Airbus
La sensación
de retroceso en el tiempo en este asunto y en otros como la legislación sobre
el aborto, los ataques a la igualdad de oportunidades en la educación o al
derecho a la sanidad universal están llegando a resultar asfixiantes. Vaya que
sí.
El juicio contra los sindicalistas de
Airbus es una "gran causa" contra el derecho de huelga y los
representantes sindicales
“La
acusación contra los sindicalistas de Airbus no tiene precedentes desde la
Dictadura, y es una muestra de la involución que estamos sufriendo”, ha
denunciado el secretario de Acción Sindical de CCOO, Ramón Górri
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Febrero 2014
"La
Fiscalía, que sigue órdenes de instancias políticas, persigue criminalizar a
los que ejercen el derecho de huelga, castigar a los representantes sindicales
y amedrentar a la gente para que no se movilice", han denunciado este
lunes en rueda de prensa distintos responsables de CCOO en relación a la petición de la Fiscalía de 8 años de cárcel para 8
sindicalistas de Airbus por su participación en la huelga general de 2010.
“La
acusación contra los sindicalistas de Airbus no tiene precedentes desde la
Dictadura, y es una muestra de la involución que estamos sufriendo”, ha
denunciado el secretario de Acción Sindical de CCOO. En este mismo sentido, se
ha pronunciado el secretario general de CCOO de Madrid, que ha resaltado las
similitudes del proceso contra los sindicalistas de Airbus con el Proceso 1001
seguido por el franquismo contra la dirección de las Comisiones Obreras.
“No estamos
ante un proceso judicial, sino ante un juicio político contra el derecho de
huelga y los representantes sindicales”, han coincidido en señalar en rueda de prensa
José Alcázar, portavoz de los ocho sindicalistas de CCOO para los que el
Fiscal pide 64 años de cárcel, Mercedes González, secretaria
general de la Federación de Industria de Madrid, Ramón Górriz,
secretario confederal de Acción Sindical, y Jaime Cedrún,
secretario general de Madrid.
Es un juicio
político que CCOO va a combatir políticamente: “No lo vamos a consentir. Vamos
a dar todas las batalla que sean necesarias para frenar este ataque”, aseveró
Cedrún. “Vamos a pelear para que estos compañeros no vayan a la cárcel”,
insistió por su parte Górriz. Para ello, CCOO, además de dar todo su apoyo
jurídico, se va a dirigir a las asociaciones de jueces, fiscales y abogados,
entre otras instancias nacionales e internacionales, para denunciar la
actuación del Fiscal, que pretende, como señaló la secretaria general de la
Federación MInerometalúrgica de Madrid, criminalizar a los sindicalistas por
ejercer sus derechos y lanzar un menjade de miedo para que la gente no se
movilice.
Habrá
movilizaciones en defensa de los ocho sindicalistas de Airbus
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