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Aragón,
Asturias, Cantabria, Cataluña, Madrid y Murcia incluyen entre los objetivos de
sus políticas activas de empleo utilizar la figura de colaboración social
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Veinticinco
de los parados que desempeñaban esta figura en el Ayuntamiento de Alcorcón
(Madrid) han demandado a la institución por despido improcedente
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El
Supremo prohibió recientemente usar a los parados para cubrir tareas
"habituales y permanentes" como se están haciendo
Ana Requena Aguilar 27/04/2014
La figura de
la colaboración social (los llamados 'parados voluntarios', que las
Administraciones Públicas pueden llamar para realizar trabajos a cambio de
completar su prestación), está en auge. Su uso se duplicó en 2013 y es más que
probable que siga aumentando: seis comunidades autónomas han incluido entre los
objetivos prioritarios de sus políticas activas de empleo para 2014 los
"trabajos temporales de colaboración social", según recoge el
borrador del Plan Anual de Empleo, al que ha tenido acceso eldiario.es.
Son Aragón,
Asturias, Cantabria, Cataluña, Madrid y Murcia las comunidades que incluyen
entre sus objetivos fomentar la figura de la colaboración social. Todas
incluyen este propósito dentro del eje de "Oportunidades de empleo".
La Comunidad de Madrid va más allá y adopta también este objetivo en el eje de
"Formación".
El
Ministerio de Empleo y las comunidades autónomas están negociando el Plan Anual
de Empleo: el Ministerio traza unos objetivos y ejes generales sobre los que
las regiones deben presentar propuestas concretas. Por ejemplo, Empleo ha
instado a mejorar la empleabilidad de las personas jóvenes o los desempleados
de larga duración o mejorar la calidad de la formación para el empleo. Han sido
las comunidades las que, dentro de cada eje, han planteado las medidas a
ejecutar.
El texto
actual es un borrador sobre el que el Ministerio y las comunidades aún
trabajan, pero que se aproxima mucho a lo que será refrendado por el Consejo de
Ministros en los próximos meses.
La decisión
de estas seis comunidades se toma después de que hace pocos meses el Tribunal
Supremo dictara una sentencia en la que señalaba que las
administraciones no pueden usar esta fórmula para cubrir tareas habituales y
permanentes, sino que deben justificar que se trata de trabajos temporales acotados
en el tiempo. Su pronunciamento se produjo después de que dos desempleadas
demandaran a la Administración canaria por considerar que su colaboración
social había sido en realidad una relación laboral. El Supremo les dio la razón
y dictaminó que se trataba de un despido improcedente.
En una
reunión reciente, CCOO preguntó tanto al Ministerio como a las comunidades que
plantearon esta medida cómo iban a garantizar el cumplimiento de los nuevos
criterios de jurisprudencia marcados por el Supremo, pero no obtuvo respuesta.
Un portavoz de Empleo asegura que la ley que estipula la figura de la
colaboración social data de los años ochenta y son las administraciones
competentes (comunidades y ayuntamientos) las que deben velar por el
cumplimiento de todos los requisitos.
Denuncias por despido improcedente
La decisión
del Supremo ha hecho que los sindicatos refuercen su campaña para frenar el uso
fraudulento de las colaboraciones sociales e insistir en que estos programas
sean sustituidos por contrataciones ordinarias dentro de planes de
empleo.
Precisamente,
CCOO ha respaldado a 25 personas que han llevado a cabo tareas de colaboración
social en el Ayuntamiento de Alcorcón (Madrid) y que acaban de presentar una
demanda contra el Consistorio. Reclaman la improcedencia de su despido
"porque los trabajadores han hecho la misma labor que cualquier trabajador
de plantilla y, en definitiva, lo que la Administración quiere es sustituir a
trabajadores con derechos laborales por otros compañeros en condiciones precarias",
dice el sindicato.
CCOO
subraya, además, que en el caso del Ayuntamiento de Alcorcón los colaboradores
sociales han servido para sustituir en sus tareas a trabajadores que fueron
despedidos. "En los dos últimos años se ha despedido a 105 personas. De
los 53 despedidos el año pasado, 36 trabajaban en parques y jardines.
Precisamente, 36 de los parados que llamaron en 2013 fueron para cubrir tareas
de jardinería y parques. Se está dando un mal uso de esta fórmula: es sustituir trabajadores con contratos por
personas en paro a los que les pagan un complemento, pero que mientras están
gastando su prestación", explicó a eldiario.es el secretario general de
Administración Local de CCOO en Madrid, Juan José Regatos.
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