EDITOR DE
ESTE BLOG: Le añadido la legislación que hace referencia y sobre los detenidos
el 22M
10/5/2014
Por La
Haine
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Podemos
afirmar que en el estado español se ha prohibido el derecho a opinar, siempre
que sea una opinión crítica con el régimen
Hace poco alertábamos
sobre la escalada represiva que el régimen está llevando a cabo contra la
libertad de expresión, estirando como un chicle el artículo
578 del código penal, ese al que llaman “delito de enaltecimiento del
terrorismo”.
La detención,
bautizada como “operación araña”, el pasado 28 de abril por orden del juez de
la Audiencia Nacional Eloy Velasco de 21 personas por simplemente opinar en las
redes sociales abre una puerta a la total persecución de la libre
expresión de ideas en público.
En los últimos días, además, se ha puesto de manifiesto que esta escalada
represiva contra cualquier opinión distinta a la del gobierno es la nueva línea
a seguir por el régimen, tanto desde la Audiencia Nacional como desde el resto
del aparato judicial.
La condena al
twittero L.J.M. a pagar 300 euros de multa, las costas del juicio y 1.000 euros
de indemnización a la delegada del gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes,
por llamarla “puta” en un comentario de twitter, constituye un absurdo, pero lo
realmente grave es que la fiscalía pedía 4 años de prisión por este hecho. Es
una muestra más de cómo el derecho a la libertad de expresión se está
reduciendo hasta límites insospechados y de cómo los poderosos usan su
privilegiada posición para amedrentrar e inculcar el terror a cualquiera que
ose llevarles la contraria.
Otro ataque más a la libre opinión y expresión ha sido la reciente denuncia por parte de la policía municipal de Iruña a un grupo
de personas que parodió una procesión en la pasada semana santa. A
estas personas se les acusa de un “delito contra la libertad religiosa”.
Cómo comentábamos recientemente, las condenas por delitos de opinión se
están haciendo habituales, como muestran las sentencias contra la twittera
@albacorazonnegro(1 año de prisión), Pablo Hasel (2 años de prisión),los Bastoners Solidaris (1 año
de prisión) o a Fernando
Sota, el Tafallés que ingresó el pasado domingo en
prisión por una condena de un año por haber puesto las fotos de dos
presos políticos de su pueblo. Este último caso ha causado un gran revuelo ya
que lo habitual cuando hay condenas no superiores a 2 años es dejar la condena
en suspenso.
Ahora a todo esto hay que sumarle las razzias policiales como la del
pasado 28 de abril.
En los últimos tiempos estamos viendo como cualquier ciudadano, simplemente
por protestar en la calle, es susceptible de ser apaleado impunemente, o
detenido semanas después en una nueva razzia policial, e incluso de ingresar
directamente en prisión, como en el caso de Miguel
e Isma, detenidos por el 22M. Tras imponer el terror contra el que se
atreva a protestar en la calle, el siguiente paso está siendo imponer el terror
contra el que se atreva a opinar públicamente, siempre que sea una opinión
contraria a la del régimen.
La inclusión en esta operación de personas como Aitor Cuervo, un poeta
antifascista con cierta relevancia, o de Aitor Martínez Ibarrola, que escribe
en el medio digital popular Topatu.info, pone de manifiesto la posibilidad de
que los comentarios en las redes sociales puedan usarse como una burda excusa
para perseguir y reprimir a activistas sociales, a gente relevante del mundo de
la cultura o a periodistas incómodos para el poder.
Las noticias difundidas por los mass-media, en las que dicen que se investiga otros 200 perfiles más de las redes sociales,
nos alertan sobre la clara posibilidad de que las siguientes detenciones sean
así: detenciones políticas en las que lo que se persigue son las ideas y el
compromiso con ellas, pero poniendo la excusa de que “el detenido afirmó una
vez en su cuenta de facebook que 'esta boca es mía' ”.
En definitiva, en el estado español el artículo
20 de la constitución, el que garantiza el derecho a la libertad de expresión,
ha sido derogado de facto. Hemos retrocedido años atrás en el tiempo, a los
años de la censura, el tijeretazo y la inquisición. Podemos afirmar que en el
estado español se ha prohibido el derecho a opinar, siempre que sea una opinión
crítica con el régimen.
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